CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Siendo un joven militante del Partido Liberal de Honduras (PLH), en 1944 sufrió un período carcelario de varios meses por participar en una manifestación contra el dictador Tiburcio Carías Andino, del Partido Nacional de Honduras (PNH) y llegado al poder en las elecciones de 1932. Tras ser puesto en libertad en febrero de 1945, estuvo exiliado en El Salvador, hasta su retorno a Honduras en diciembre de 1947.

Recibió una variada formación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por la que se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1954, y en las universidades de Cambridge, Londres y París-Sorbona, así como en el London Institute of International Affairs, donde realizó un posgrado. Buen conocedor del idioma inglés, obtuvo asimismo un diploma en francés por el Instituto Pantheon de la Escuela Berlitz, en París.

En 1965 adquirió el título de abogado y notario. En su carrera profesional desempeñó funciones tales como juez en el tribunal de paz de Tegucigalpa (1953-1954), encargado de negocios en la embajada hondureña en Londres (1956-1957), subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores (1958-1959), miembro de la delegación hondureña en el Tribunal Internacional de La Haya -donde defendió a su país en el litigio territorial con Nicaragua- (1959) y embajador de Honduras en Francia (1960-1963). Las misiones gubernamentales y diplomáticas citadas discurrieron bajo la presidencia de su jefe de filas partidista, José Ramón Villeda Morales.

En el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos (TIADH), Reina ejerció de juez (1979-1985) y presidente de la Corte (1981-1983), y de 1980 a 1988 estuvo destacado de nuevo ante el Tribunal de La Haya, ahora a propósito del contencioso fronterizo con El Salvador. En añadidura, en todos estos años representó a su país en varias conferencias de agencias de la ONU y en otros encuentros sectoriales de los países del hemisferio. Como universitario, impartió clases y conferencias sobre temas jurídicos en la UNAH y varios centros académicos del extranjero.

Su oposición al régimen del general Oswaldo López Arellano, que en octubre de 1963 derrocó el Gobierno legítimo de Villeda y se adueñó del poder, le acarreó períodos de prisión, nada más producirse el golpe de Estado, en octubre de 1963, y más tarde, en 1968, cuando López Arellano presidía el país con soporte constitucional y político del PNH.

El 12 de febrero de 1965 Reina salió elegido diputado por el departamento de Francisco Morazán en las elecciones al Congreso Nacional con mandato de Asamblea Nacional Constituyente, convocadas por el dictador para legitimarse en el poder. En 1966 presidió la Asociación Liberal de Profesionales y hasta 1968 dirigió el órgano de prensa del PLH, El Pueblo.

Fue presidente del Consejo Central Ejecutivo (CCE) del PLH entre 1965 y 1970, y desde 1971, año en que coordinó la campaña electoral del candidato liberal a la Presidencia, Jorge Bueso Arias, quien fue batido por el hombre de confianza de López Arellano, Ramón Ernesto Cruz Uclés, hasta 1977 sirvió como diputado del Congreso. Por un tiempo ejerció de vicepresidente del Legislativo y hasta 1973 desempeñó igual función al frente del Parlamento Latinoamericano.

Tras la restauración de la democracia en enero de 1982 al cabo de 19 años de dominio político-militar del PNH y las Fuerzas Armadas, Reina y su hermano Jorge Arturo crearon dentro del PLH la facción Alianza Liberal del Pueblo (Alipo), heredera de la anterior Izquierda Democrática, con el objeto de contestar la política exterior del presidente de la República y correligionario Roberto Suazo Córdova, que juzgaban excesivamente complaciente con Estados Unidos y la guerrilla contrasandinista nicaragüense, la cual hallaba en el territorio hondureño plenas facilidades operativas para lanzar incursiones contra el país vecino, lo que alimentaba la permanente tensión prebélica entre Honduras y Nicaragua.

Prosiguiendo la tradición del faccionalismo y la heterogeneidad ideológica en el PLH, los hermanos reina entraron en conflicto con la corriente organizada del oficialismo, el Movimiento Liberal Rodista (MLR), al que pertenecía Suazo y que tomaba su nombre del que fuera candidato en las nunca celebradas elecciones presidenciales de 1963 (trucadas por el golpe de López Arellano), Modesto Rodas Alvarado, fallecido en 1979.

Sin embargo, al poco tiempo estalló el conflicto en el seno de la Alipo en el contexto de una intensa porfía de las personalidades fuertes del liberalismo. Los Reina optaron por segregarse y formar el Movimiento Liberal Democrático Revolucionario (M-Líder), que adoptó una línea más progresista, incluso socialdemócrata, con toques populistas y abiertamente antimilitarista, mientras que la sigla del Alipo la siguió animando el empresario Jaime Rosenthal Oliva. Los comentaristas consideraron al M-Líder la corriente más izquierdista del PLH, con contactos con la Internacional Socialista. Por lo que se refiere al MLR, las trifulcas intestinas no le afectaron en menor grado y esta facción se partió en tres.

Carlos Roberto lanzó su precandidatura para las elecciones presidenciales del 24 de noviembre de 1985 y, merced a un proceso de primarias inconcluso, ya que el PLH fue incapaz de consensuar un candidato unitario, pudo concurrir directamente en la elección nacional, teniendo como rivales a tres conmilitones liberales y a tres nacionalistas. El procedimiento electoral entonces vigente establecía que cada partido podía presentar varios candidatos, sólo que en el escrutinio se hacía suma de todos los votos sumados por cada partido, de manera que la Presidencia se la llevaba el candidato más votado de la sigla más votada.

De esta manera, Reina fue rotundamente batido por José Azcona del Hoyo, cabeza de una de las facciones salidas del MLR y defensor de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, y, con un magro 5,5% de los votos, fue superado también por el hombre del oficialismo que contaba con el aval de Suazo, Óscar Mejía Arellano, y por el presidente del Congreso saliente, José Efraín Bu Girón.

Siete años después Reina volvió a presentar su precandidatura presidencial al frente de su nueva facción, el Movimiento Liberal Reinista. Llegó a las primarias del 6 de diciembre de 1992 con un alto grado de apoyos internos, en la cima de su prestigio por toda una vida dedicada a defender la democracia y los derechos de los hondureños, y convertido en presidente del CCE, el supremo órgano dirigente del partido que teóricamente regía sobre facciones y camarillas, de suerte que no causó sorpresa su victoria, con el 47% de los votos, frente a su rival más directo, Jaime Rosenthal, que recibió el 26%.

En su campaña presidencial, Reina empleó un vigoroso discurso antimilitarista, de lucha contra la corrupción y partidario de esclarecer las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en la década anterior. A estas propuestas, resumidas en el lema "la revolución moral", se añadió la promesa de revisar las políticas de ajuste practicadas por el Gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas Romero, con efectos discretos sobre la macroeconomía y desastrosos en el terreno social. 6

Con estas divisas, Reina se impuso con el 52,3% de los votos al postulante oficialista, José Oswaldo Ramos Soto, antiguo presidente de la Corte Suprema, mientras que en las legislativas el PLH se hizo con 71 de los 148 escaños del Congreso. El 27 de enero de 1994 El Gallo Colorado, como le conocían sus seguidores, o El Hombre del Machete, apelativo que se ganó a pulso por sus advertencias de que iba a "cortarles las uñas largas a los corruptos" con este instrumento propio del campesino hondureño, tomo posesión como cuarto presidente constitucional de Honduras desde 1982 y con un mandato cuatrienal, dispuesto, según sus palabras, a "derrotar la corrupción y cambiarle a la patria su rostro avergonzado”.

Llevando la prédica a los hechos, Reina emprendió acciones definitivas para subordinar al poder civil los últimos mecanismos con los que las Fuerzas Armadas habían tutelado a los sucesivos gobiernos constitucionales. Pasos decisivos para la desmilitarización del Estado, que era como decir el fortalecimiento de la democracia y la sociedad civil, fueron la creación de una Policía Civil y la abolición del servicio militar obligatorio (6 de abril de 1995), considerado por Reina innecesario tras la desaparición de las tensiones regionales con la consolidación de los procesos de paz en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. En febrero de 1995 el Gobierno anunció que el objetivo no era otro que la total profesionalización del Ejército, al que se llegaría de forma paulatina.

La Presidencia puso en marcha la Comisión Interventora y Fiscalizadora del Estado para investigar los actos de corrupción, pero las bienintencionadas y sinceras iniciativas de Reina para moralizar las instituciones y la vida pública hondureñas se saldaron con resultados bastante dudosos.

Así, las investigaciones judiciales sobre el entorno del ex presidente Callejas por presuntos delitos de corrupción y abuso de autoridad fracasaron, mientras que menudeaban los escándalos de corrupción administrativa que golpeaban de lleno al Ejecutivo liberal. Los casos más sonados fueron la venta ilícita de pasaportes para ciudadanos asiáticos, que supuso la ruina política y personal del ministro de Exteriores Ernesto Paz Aguilar, apartado del cargo en 1995, el desvío de recursos de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor) hacia el Banco Continental, o el desbarajuste contable del comité organizador de los Juegos Centroamericanos en San Pedro Sula. Mayor fortuna tuvo el Ministerio Público en la promoción de juicios contra altos mandos militares involucrados en violaciones de los Derechos Humanos perpetrados en la década de los ochenta.

Simultáneamente, los desmanes, crecientemente osados, de las florecientes bandas del crimen organizado colocaron la inseguridad interna a la cabeza de las preocupaciones de los hondureños. Este último problema adquirió tanta gravedad que dio pábulo a un fenómeno no menos inquietante, la llamada "justicia popular", aplicada sumariamente por civiles constituidos en partidas de vigilantes allí donde las fuerzas de seguridad del Estado se mostraban incapaces de combatir los delitos.

Signos de los tiempos en que el reciclaje de la institución castrense afianzaba la democracia hondureña mientras los desafíos al Estado pasaron a representarlos las redes delictivas invariablemente relacionadas con el narcotráfico, en abril de 1994 explotó una bomba en el mismo lugar donde Reina presidía los actos de colocación de la primera piedra del hotel Intercontinental de San Pedro Sula. A raíz del incidente, las Fuerzas Armadas anunciaron haber frustrado un plan para asesinar al presidente, en el que estaban implicados un ciudadano hondureño y tres nicaragüenses. Dos años después, un desconocido arrojó otro artefacto explosivo contra su residencia particular en Tegucigalpa, atentado que no causó daños personales pero que dejó un boquete en la vivienda.

Por lo que respecta a la economía, el balance, mixto, fue objeto de diversas interpretaciones. Reina apostó por unas políticas de austeridad financiera y de reajuste de la plantilla de funcionarios, conforme a los preceptos liberales, si bien complementadas con programas sociales para aliviar el impacto de las lentas transformaciones estructurales y para los que obtuvo aceptación del FMI a fuer de unas provechosas negociaciones. En general, el diálogo con los organismos de crédito internacionales, públicos y privados, para la condonación o la reestructuración de las diversas partidas de deuda produjo resultados. Transcurridos los cuatro años, la deuda externa experimentó un tímido recorte, de un centenar largo de millones de dólares, quedándose el monto total en los 3.800 millones. A cambio, eso sí, al Estado se le duplicaron las cargas de la deuda pública interna.

En el cuatrienio reinista la media de crecimiento del PIB fue del 2,5% por culpa de la recesión del 1,9% de 1994, ya que 1995 y 1997 registraron una tasa positiva del 4,5%. La inflación se mantuvo los tres primeros años por encima del 25%, y sólo en el último descendió hasta el 12,7%, comportamiento que fue parejo a las recuperaciones de la cotización del lempira con respecto al dólar y del nivel de las reservas de divisas. Las subidas impositivas y el encarecimiento de la cesta de la compra crearon descontento social, y el irregular crecimiento de la economía no fue notado en absoluto por una amplia mayoría de la población afectada por estrecheces y penurias de toda índole. La crisis energética que al comienzo del mandato generó interminables apagones eléctricos, trajo perjuicios añadidos a la economía nacional.

Además de asistir a las cumbres anuales iberoamericanas y a otras multilaterales del hemisferio, en el hacer exterior de Reina se destacó la organización de la XVII Cumbre de presidentes centroamericanos, en San Pedro Sula del 13 al 15 de diciembre de 1995, donde, entre otros instrumentos jurídicos, fue firmado el Tratado de Seguridad Democrática en Centroamérica, por el que los seis países se comprometieron a alcanzar un equilibrio de fuerzas militares a través de un sistema de limitación de armas y el intercambio de informes anuales sobre la presencia de consejeros extranjeros en los respectivos territorios nacionales. El tratado también establecía la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando de armas, así como en las campañas de repatriación de los refugiados y desplazados de la región.

Reina concluyó su mandato el 27 de enero de 1998 con la toma de posesión del presidente salido de los comicios del 30 de noviembre de 1997, su compañero de partido Carlos Roberto Flores Facussé. El 28 de octubre de 1998 Reina se convirtió en el octavo presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacén), función que desempeñó hasta el 28 de octubre de 1999.

En el último tramo de la administración de Flores, Reina, continuando su trayectoria de político pugnaz y maniobrero, fue el promotor, codo con codo con su hermano, de un intento liberal de descalificar constitucionalmente al precandidato nacionalista para las elecciones de noviembre de 2001, Ricardo Maduro Joest, con el argumento de que poseía sólo la nacionalidad panameña, no la hondureña. La iniciativa suscitó una agria polémica nacional hasta que en noviembre de 2000 una comisión especial de juristas consensuada por los principales partidos dictaminó que Maduro era efectivamente hondureño por nacimiento; el aspirante del PNH se llevó entonces la nominación de su partido y, a la postre, la Presidencia de la República.

Aquejado en los últimos tiempos por un cáncer de páncreas y convaleciente de una intervención quirúrgica en Texas, Estados Unidos, que, en apariencia, le había devuelto a casa el 7 de agosto con un aspecto físico sumamente mejorado, el 19 de agosto de 2003 saltó la noticia luctuosa de la muerte de Reina, a los 77 años de edad, en su domicilio sito en la colonia Loma Linda Norte de Tegucigalpa. En una primera versión del deceso, que fue recibido con muestras de consternación por la opinión pública hondureña y, en especial, por la compungida militancia liberal, los medios informaron simplemente que el estadista había muerto por una complicación de la enfermedad que le afectaba al páncreas y la glándula biliar.

Sin embargo, al cabo de unas horas trascendió que Reina, en realidad, se había suicidado. Según el nuevo cuadro del trágico suceso descrito por los medios, el ex presidente fue hallado en su dormitorio por su esposa, la estadounidense de nacimiento y madre de sus dos hijas, Bessy Watson, y su médico de cabecera, que se hallaban en la vivienda en ese momento, vestido con ropa de cama y con un balazo detrás de la oreja derecha: su mano derecha tenía aferrada una pistola del calibre nueve milímetros, al parecer sustraída a un guardia de seguridad. No se facilitaron noticias sobre ninguna nota de despedida o explicación personal de las razones que impulsaron al político a quitarse la vida, aunque nada sugiere que el suicidio no guardara relación con su dolencia glandular, causa de padecimientos y de una gravedad inciertos.

El cadáver de Reina fue sometido a autopsia, que certificó la causa de la muerte, en la capilla de la Fuerza Aérea Hondureña. Ese mismo día tuvieron lugar el velatorio y las honras de Estado del difunto en la Casa Presidencial en presencia de la familia y el presidente de la República en ejercicio, Ricardo Maduro. En la jornada siguiente Reina recibió un último homenaje en la sede partidaria del PLH en Tegucigalpa, donde pronunciaron elegías su hermano Jorge Arturo, el ex presidente Flores Facussé y el candidato presidencial del PLH en 2001 y actual presidente del CCE, Rafael Pineda Ponce. A continuación, sus restos fueron trasladados a la basílica capitalina de Suyapa, donde se celebró una misa funeral antes de ser inhumados en el cementerio de los Jardines de Paz anexo a la iglesia.

Después de dejar la Presidencia, Reina fue miembro de la Asociación Hondureña de Estudios Internacionales, la Academia Hondureña de la Lengua y la Asociación Interamericana de Profesores de Derecho Internacional Privado. Estuvo en posesión, entre otras distinciones, de la Gran Cruz Placa de Oro del Congreso Nacional de Honduras, la Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia, la Orden del Sol de Perú y la Orden del Libertador de Argentina, y las universidades South Pacific de Nueva Orleans, Católica de Fu Jen (China), Senshu de Tokyo y Americana de Washington, así como el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París (CEDS), le otorgaron sendos doctorados honoris causa. Publicó los libros, algunos de semblante autobiográfico, El reto democrático en Centroamérica, Honduras: realidad nacional y crisis (como coautor), Entre el Ágora y el Aula, Una senda hacia el nuevo siglo y Huellas de una lucha.