"Investigar sobrefacturación de Importaciones ordenó el Presidente Pérez", fue el titular principal de primera página con el que El Nacional abrió su edición correspondiente al viernes 24 de febrero de 1989.
Nunca imaginamos que nuestra exclusiva, confirmada a última hora del jueves 23, se convertiría en pocas semanas en el detonante que luego destapó el más grande escándalo de corrupción que haya sacudido a la opinión pública venezolana.
Como la noticia más importante de aquel día, reportamos que el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, ordenó a los ministros de la Secretaría, Hacienda y Relaciones Interiores, "abrir una rápida, exhaustiva y determinante investigación sobre un posible fraude a la Nación, derivado de la sobrefacturación de importaciones con dólares preferenciales, autorizados por Recadi a varias empresas del sector privado durante 1988, y cuyo monto podía ascender a 2.500 ó 3.000 millones de dólares"
En fuentes confiables del ejecutivo se conoció que el trabajo indagatorio que coordinaron los titulares Reinaldo Figueredo Planchart, Eglée Iturbe de Blanco y Alejandro Izaguirre, se reforzaría con la intervención de la Contraloría General de la República, los Tribunales de Salvaguarda, la Policía Técnica Judicial y la Dirección de Inteligencia Militar.
La pesquisa solicitada por el Primer Magistrado fue consecuencia lógica de la cuantificación levantada por el Gobierno en materia de cartas de crédito pendientes, que hasta ese momento sumaban, por concepto de importaciones efectuadas en 1988, unos 6.800 millones de dólares.
"Al gobierno le está llamando poderosamente la atención que, si bien el presupuesto de divisas para las importaciones del sector privado en 1988, fue aprobado por un monto determinante de 6.500 millones de dólares, se conozca ahora -revelamos- que el ejecutado fue próximo a los 11.000 millones de dólares. Es decir, que se está contabilizando un saldo contra las reservas internacionales superior a los 3.000 millones de dólares, con respecto a lo inicialmente pautado para el último año del gobierno de Jaime Lusinchi"
En ese momento El Nacional obtuvo información confidencial en el sentido de que las averiguaciones se concentraron en tres frentes específicos: investigación inmediata de las últimas gestiones cumplidas por los más recientes directores de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro; la administración de divisas para el Puerto Libre de Margarita; y la actuación de las empresas verificadores internacionales: Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance.
Ante el anuncio oficial de una inminente unificación cambiaria, el eventual reconocimiento de aquellas cartas de crédito vencidas sobre importaciones causadas y en tránsito, aperturadas en 1988 con dólares preferenciales a 14,50 bolívares, era el centro de la discusión económica entre el gobierno y los empresarios, en esos días de febrero de 1989.
El 11, precisamente, se instaló en Miraflores una comisión mixta, con la finalidad de estudiar paliativos ante la necesaria eliminación del cambio controlado de Bs. 14,50 para las importaciones. Ese punto detuvo los anuncios oficiales contenidos en el nuevo paquete de medidas económicas del reelecto Presidente Pérez y afectó las conversaciones iniciales con el Fondo Monetario Internacional.
Seis días más tarde, el viernes 17 de febrero, Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela, anunció en rueda de prensa que serían financiadas las cartas de crédito y que se aplicarían diversos mecanismos tanto para las generadas por importaciones que se encontraban en inventario como para las que ha habían sido consumidas por la población.
Ante este cuadro, la dirección del periódico solicitó a la Sección de Economía profundizar detalles en torno a la orden impartida por el Presidente. Así que el viernes 24 de febrero, pasamos prácticamente todo el día buscando información adicional. Al día siguiente, El Nacional insistió sobre el tema de la sobrefacturación y, nuevamente en primera página, se presentó el titular: "La policía sobre Recadi"
Básicamente, se divulgaron a los lectores las primeras cuatro denuncias en contra de la siempre cuestionada Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales. Señalamos que había indicios ciertos que indicaban que en 1988, efectivamente, se sobregiró el presupuesto de divisas correspondiente a ése año, bajo la administración de Edgalia Bastardo de Leandro, sin que ésta tuviera facultades legales para hacerlo; que la unidad dependiente de Hacienda fue policialmente intervenida desde diciembre de 1988; que las empresas verificadoras registraron un comportamiento antinacional, al margen de la Ley Orgánica de Aduanas, amparadas en la firma de contratos clandestinos; y que la ex-directora Edgalia Bastardo de Leandro, comenzó a ausentarse del despacho en las últimas semanas, al punto, que no le entregó el cargo formalmente a su sucesora, Eva Morales, designada por la Ministro Eglée Iturbe de Blanco, como liquidadora de Recadi.
Pero el mismo sábado 25 de febrero, junto a lo anterior, El Nacional también publicó una nota de corte policial, en la que se confirmó toda la información disponible hasta ese momento, es decir, que había sido reabierta una investigación, a cuyo frente estaban la Policía Técnica Judicial y la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda.
Incluso, en esta misma edición se presentó el primer grupo de reacciones en torno a las denuncias tan graves que se comunicaron a la opinión pública. Como celebramos contactos con algunos de los directivos y gerentes de las compañías Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance, difundimos su punto de vista: "Queremos ser investigados".
Hugo Mijares Flores, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Aduanales (Asonaga), aparte de confiarnos un espectro amplio de documentos enviados por su gremio al Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, en 1986, insistió, tres años después, en que los contratos suscritos entre el despacho de las Finanzas Públicas y las empresas certificadores de precios, calidad y cantidad fueron firmados "de manera clandestina".
El ex-presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de diputados, Paciano Padrón (Copei), declaró que "Recadi fue la fuente de corrupción más grande que tuvo la administración del ex-presidente Lusinchi. Millares de millones de dólares preferenciales fueron otorgados caprichosamente, atendiendo intereses de funcionarios o empresarios y a espaldas de la conveniencia nacional. Hace bien el Presidente Pérez al ordenar la investigación de este fraude que, por más de 3.000 millones de dólares, tiene su origen en la sobrefacturación de importaciones"
No obstante, el diputado copeyano alertó que era pertinente, junto a la oficial, abrir investigaciones paralelas en el Congreso, por intermedio de la Comisión de Contraloría, y por la vía judicial, porque "no puede dejarse la misma sólo en manos del Ejecutivo, pues ello sería como despacharse y darse el vuelto".
El ex-presidente Jaime Lusinchi, la tarde del mismo viernes 24 de febrero, hizo llegar un fax desde la célebre Ermita a las redacciones de los medios, de modo que el sábado 25 todos los periódicos recogieron sus primeras impresiones sobre el caso "Se ha llegado incluso a criticar por sí mismo el otorgamiento de conformidades de importación acordadas para garantizar el normal funcionamiento de la economía y se han manejado cifras que no se corresponden con la verdad. Confundiendo incluso lo solicitado con lo otorgado".
Agregó en la declaración escrita que "Ausente como está del país el ministro de Hacienda de mi gobierno, doctor Héctor Hurtado, me parece conveniente precisar yo que las conformidades de importación se acordaron muy por debajo de las solicitudes que hacía el sector privado, pidiendo una mayor cantidad de divisas para sus necesidades ordinarias; que todas ellas fueron publicadas en la prensa nacional como fue norma y que el Estado estableció un sistema mediante el cual firmas internacionales especializadas debían verificar precios, cantidades y calidad de las importaciones".
Por último, en su breve nota, el ex-mandatario planteó: "En consecuencia, responsablemente debemos decir, que cualquier otra conducta habría conducido a la paralización de la economía venezolana. No sin dejar de decir que soy el primer interesado en que se realicen todas las investigaciones necesarias para determinar si acaso hubo fraude de los importadores en la solicitud de las divisas, si hubo fraude de funcionarios públicos en el otorgamiento de las conformidades y si, como se ha afirmado, algunos importadores en complicidad con funcionarios del Estado y firmas verificadores, sobrefacturaron importaciones... Me atrevo a proponer que la Contraloría General de la República, organismo idóneo por todo respecto, instrumente los procedimientos indicados" .
Como en las denuncias e informaciones de El Nacional de los días 24 y 25 de febrero se señaló directamente a la última directora de Recadi del pasado gobierno, Egdalia Bastardo de Leandro realizó una rueda de prensa en su casa de Club Hípico, donde negó absolutamente todo lo escrito por nosotros.
-No estoy desaparecida. Estoy en mi casa y dispuesta a que hagan las investigaciones que quieran sobre mi gestión -dijo a Florencia Tovar, redactora de guardia ese fin de semana.
Desmintió que Recadi, posteriormente denominada Oficina General Sectorial de Divisas para la Importación, sobregiró el presupuesto de divisas correspondiente a 1988, que el despacho estuviera intervenido, y que hubiera sido removida del cargo.
No estuvimos de guardia ese fin de semana anterior a los graves sucesos que estallaron el lunes 27 de febrero. No obstante, fui localizado en Los Teques por el Jefe Encargado de garantizar las ediciones del domingo 26 de febrero y lunes siguiente, Amado Fuguet V., también responsable de la Sección de Economía de El Nacional, y nos trasladamos de urgencia a la sede del periódico.
Cuando llegamos a Caracas, nos enteramos de que Edgalia Bastardo de Leandro amenazó con emprender acciones legales en nuestra contra, frente a lo cual convinimos en hacer una reunión el lunes 27 de febrero -que nunca se pudo realizar por los sucesos que envolvieron el llamado Sacudón-, entre Amado Fuguet, Alvaro Benavides La Grecca, Jefe de Redacción, y este periodista, Sub-jefe de Información Económica, para fijar una nueva estrategia ante la actitud anunciada por la cuestionada ex-funcionaria.
De regreso a Los Teques, la tarde del domingo 26 de febrero, pensé y para ello trabajamos el resto del día -sin imaginar, por supuesto, lo que ocurriría a partir del lunes 27-, en la manera de profundizar, todavía más, las informaciones sobre el recién comenzado Caso Recadi.
A pesar de los cruentos sucesos de febrero de 1989, que demandaron un gran esfuerzo individual y colectivo a los periodistas de El Nacional, desde ese momento, hasta la Semana Santa siguiente, estuvimos realizando un trabajo de seguimiento, de contacto con ex-funcionarios de Recadi, ex-funcionarios de la recién finalizada administración Lusinchi, empresarios, políticos, funcionarios del gobierno y parlamentarios. Lo más importante que ocurrió fue que por todas partes comenzaron a aparecer documentos y datos, algunos confidenciales y otros no. Nos convencimos de que el hueso que teníamos en la mano, no se podía soltar bajo ningún respecto.
Los escritos, más una innumerable porción de testimonios claves y entrevistas confidenciales, sólo nos confirmaron los detalles que algunos venezolanos sabían, pero no se atrevieron a discutir públicamente.
Desde ese momento nos propusimos demostrar al país que el Régimen de Cambios Diferenciales implantado en Venezuela desde el 18 de febrero de 1983 hasta febrero de 1989, administrado por Recadi durante los gobiernos democráticos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi -especialmente a lo largo de esta última administración-, fue un instrumento utilizado por funcionarios públicos, empresarios, políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y ventajas económicas, evadir leyes y responsabilidades y lucrarse en grupo e individualmente, en detrimento de los intereses nacionales y de las mayorías populares.
Toda la suerte de desatinos cometidos en contra o desde la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, rebautizada más tarde como Oficina General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación del Ministerio de Hacienda, para acceder por la vía más fácil a los dólares baratos controlados por el Estado, acentuaron la corrupción administrativa y la crisis moral general del país, hechos estos fundamentalmente estimulados y protagonizados por las clases dirigentes.
La Gran Estafa cometida en este lapso de seis años se desarrolló, además, en el período más crítico que ha sufrido la economía y en el tiempo más calamitoso vivido por los venezolanos, desde el punto de vista de los sacrificios personales.
Ello, en el marco de una política obcecada y, tal vez, exageradamente inconveniente, de honrar los compromisos externos con la banca acreedora internacional, y en un contexto de acentuado deterioro del mercado petrolero mundial.
Esta mezcla antipatriótica de corrupción generalizada y degradante, de quiebra de valores, de políticas de desarrollo equivocadas, de agotamiento de las reservas internacionales, de colapso en las finanzas públicas y de todo tipo de distorsiones en la economía constituyeron, sin duda, algunos de los elementos que luego condicionaron la concepción y posterior aplicación del programa económico de ajustes del actual gobierno, cuyos efectos y consecuencias sufre la población desde hace ya un año.
Mientras nos organizábamos para cumplir con nuestro propósito, las secciones de Economía y de Política asumieron la responsabilidad, obvia, de darle seguimiento a las denuncias iniciales.
Así, se continuó con el trabajo de divulgar las reacciones. En la edición del lunes 27 de febrero, nuestros lectores, muy temprano por la mañana y antes de que comenzaran las revueltas de Guarenas, Los Teques, Caracas y del resto del país por el aumento en los precios de la gasolina y de las tarifas de transporte interurbano, convenidos con el Fondo Monetario Internacional, pudieron leer en la página D-2 la primera petición política de enjuiciar al ex-presidente Jaime Lusinchi.
José Vicente Rangel planteó que "la declaración del ex-presidente Jaime Lusinchi, quien admitió públicamente que la banca internacional lo engañó al no satisfacer las expectativas planteadas, debe ser el punto de partida para su enjuiciamiento. Es necesario determinar la verdad sobre este bochornoso proceso e investigar a todo el equipo económico negociador de la deuda externa, para establecer las responsabilidades, inclusive del propio Lusinchi" .
Por su parte, el también ex-mandatario Luis Herrera Campíns, a propósito del tema anterior, ripostó con uno de sus célebres refranes llaneros: "que tarde piaste pajarito" . Pero al abordar el caso Recadi, recién denunciado, precisó que "demando una investigación más exhaustiva, porque ahora el punto se plantea en un terreno más delicado" .
En esta misma edición del lunes 27 de febrero se publicaron dos información más, originadas en la Contraloría General de la República. Una, titulada "El Contralor advirtió falta de Control en Recadi " , basada en el informe correspondiente al año 1987, donde, en forma reiterada, hizo señalamientos sobre el mal funcionamiento de Recadi y precisó que se investigaban presuntos hechos irregulares en el otorgamiento de divisas preferenciales.
José Ramón Medina, por separado, reveló que "aún no hemos recibido oficialmente la solicitud de apoyo que requiere el Presidente de la República para investigar el organismo, pero adelantamos una investigación desde hace varios años que ha sido muy dificultosa de culminar, por cuanto Recadi resulta inauditable, debido al desorden que impera y que a todas luces parece deliberado" .
Aún con el torbellino y la velocidad de los acontecimientos acaecidos desde el lunes 27 de febrero afectándonos, por lo que todos veíamos en las calles de Caracas y por las noticias que llegaban desde el interior del país, el periódico siguió informando sobre el caso Recadi.
En la página D-15 del martes 28 de febrero, independientemente de los acontecimientos callejeros, se confiaron al lector unas declaraciones del dirigente accióndemocratista Antonio Ledezma: "Hay que aclarar las irregularidades en Recadi" . Argumentó que la Oficina "se convirtió en un tonel sin fondo, desde donde se cometieron hechos irregulares que ameritan ser esclarecidos" .
Después que se calmó El Sacudón y antes de que comenzara La Agenda Secreta, también se divulgaron más y nuevos hechos. Actuando de guardia de fin de semana, el sábado 18 de marzo realizamos una entrevista exclusiva a la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, quien había preferido hasta ese día no abordar el tema Recadi públicamente. Sin embargo nos informó que el despacho a su cargo estaba investigando 300 denuncias de corrupción en la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales por parte de empresas importadoras, conjuntamente con la Policía Técnica Judicial. Ella informó que esos 300 expedientes -algunos de los cuales tuvimos en nuestras manos tiempo después- no significaban un universo muy grande de particulares, en tanto que el registro de importadores en Venezuela sobrepasó las 14.000 firmas.
"En cuanto a las investigaciones sobre Recadi- nos precisó a una pregunta- quiero ser clara. No acepto, por definición, el cuestionamiento global de que las divisas se distribuyeron fundamentalmente por amiguismo, por favoritismo o cualquier otro criterio distinto al que estoy explicando y que era por cupos para cada empresa registrada en Hacienda y en el presupuesto de divisas. El sistema de cambios preferenciales, donde obtienes un producto que puedes incorporar a tu producción y vender con una sobreutilidad a precios del dólar libre o revenderlo, constituyó un incentivo muy grande para la corrupción. Era el propio sistema el que propiciaba esta situación. Por esto es que la unificación cambiaria tiene como uno de sus elementos importantes matar la discrecionalidad y te elimina un factor de distorsión moral en la sociedad venezolana..."
Dos días después de la entrega de nuestra entrevista con la nueva Ministro de Hacienda, quien a su vez fue Viceministro del mismo despacho en los meses finales del gobierno de Lusinchi, el diputado Douglas Dáger, estrenándose como presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara Baja, anunció oficialmente, el 20 de marzo, que el Congreso investigaría a Eglée Iturbe de Blanco, y a todos los funcionarios de la anterior administración que tuvieron que ver con la autorización y otorgamiento de los dólares preferenciales. Comenzó a negociarse en el Parlamento, por parte de las diversas fuerzas políticas, la integración de una sub-comisión que, inmediatamente, se convirtió en una supercomisión interpeladora con plenos poderes otorgados por la Cámara de Diputados.
El domingo 26 de marzo, el diputado por el Movimiento al Socialismo, Carlos Tablante, primer vicepresidente de la Cámara Baja y quien en poco plazo se convirtió en uno de los grandes protagonistas del caso, hizo su primera denuncia pública: "26 millones de dólares otorgó Recadi a empresas fantasmas" , reproducida por El Nacional en la D-1 de un domingo "calichoso" como lo fue el 27 de marzo de 1989.
Señaló directamente a las empresas Distribuidora Nueva Zelandia, C.A., Maquinarias Royal, C.A., Maquinarias Europa, C.A., Maquinarias Victoria y Maquinarias Onix, "todas pertenecientes a los ciudadanos chinos Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing, ambos con domicilio social falso y actividades comerciales totalmente desconocidas" . En la misma oportunidad se refirió a la sobrefacturación de importaciones de Manufacturas de Papel Manpa -caso que aclaró públicamente después, por haberse dejado engañar por unos abogados que quisieron aprovechar la confusión para cobrarle una cuenta pendiente a Manpa-, Xerox (cuyo expediente todavía conservamos en nuestro archivo) e Isanova S.A.
Los dos ciudadanos chinos fueron los primeros particulares denunciados en público por cualquiera de las instancias que investigaba, incluido El Nacional. Tiempo después el Juez Instructor Especial del Caso Recadi, el carismático Luis Guillermo La Riva, les dictó auto de detención y uno de los asiáticos, Ho Fuk Wing, fue apresado por un policía de tránsito en Valencia, cuando cometió infracción en un semáforo de la urbanización El Trigal. El agente -no recordamos su nombre- encabezó la Marcha de Los Pendejos, realizada en Caracas el 15 de Junio de 1989, inspirada en un concepto acuñado por Arturo Uslar Pietri en una entrevista que con respecto al desborde de la corrupción, concedió al programa Primer Plano moderado por Marcel Granier.
Carlos Tablante nos llamó por teléfono a El Nacional -primera vez que hablaba con él- y nos dio una cita en la sede de la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Por el hilo no quiso decirnos qué quería. Cuando llegamos al despacho, dos horas después, nos confió que se había equivocado con la empresa Manpa, y nos explicó la jugada del grupo de abogados. Finalmente, luego de revisar juntos los papeles disponibles, nos preguntó: ¿qué debo hacer?
-Decir la verdad -respondimos-. Me parece que si mencionaste a Manpa en una rueda de prensa, debes aclarar la situación de la empresa en otra rueda de prensa lo más pronto posible, conjuntamente con sus autoridades y hacer que la empresa admita también en público la situación creada por los abogados.
Así fue. Tablante, político hábil y de riesgos calculados, se reunió con la gente de Manpa, dio ruedas de prensa en Caracas y Maracay, buscó apoyo de los industriales de Aragua y salió airoso de su primera y única metida de pata.
La misma inquietud se la planteó telefónicamente, desde su recién adquirido (prestado) teléfono celular a José Vicente Rangel, la sombra asesora que acompañó a Carlos Tablante a lo largo de todo el proceso de investigación y denuncias.
El martes 28 de marzo, en una página antecedente de la Agenda Secreta, titulada El Escándalo Recadi, se dio cuenta en una información corta de que "el cogollito de Acción Democrática, reunido ayer en La Casona, decidió apoyar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones que adelanta la Contraloría General de la República en torno a supuestos fraudes cometidos contra la Hacienda Pública, por la vía del otorgamiento discrecional de dólares preferenciales en Recadi" .
Al día siguiente del apoyo al que las circunstancias obligaron al partido de gobierno y al propio gobierno, como consecuencia del curso que tomaron los acontecimientos asociados a Recadi, especialmente los divulgados desde El Nacional, el Fiscal 61 del Ministerio Público, Ramón Iglesias, solicitó por intermedio de la PTJ la nómina completa de todos los empleados de la extinta Oficina y anunció que se habían comenzado a instruir los primeros nueve expedientes.
Aunque las primeras denuncias fueron divulgadas el viernes 24 y el sábado 25 de febrero, fue un mes más tarde, el viernes 31 de marzo de 1989, cuando se inició la serie La Agenda Secreta de Recadi, que duró sistemáticamente unos tres meses y, con el trabajo previo y posterior (desde febrero hasta diciembre de 1989), un lapso de diez meses.
Así como el contenido parcial de la ponencia condenatoria elaborada por Silvestre Ortiz Bucarán, presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, se conoció desde unas dos semanas antes del miércoles 29 de noviembre de 1989, fecha en que se les dictaron autos de detención a los ex-ministros de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza y Héctor Hurtado; de Cordiplan, Modesto Freites; de Fomento, Héctor Meneses; al ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Mauricio García Araujo; al ex-presidente del Instituto de Comercio Exterior, Eduardo Mayobre; al ex-viceministro de Agricultura, José Azócar Aguilera; al ex-viceministro de Fomento, Francisco García Palacios; al ex-viceministro de Hacienda, Jorge García Duque; y la ex-directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro -todos miembros de la Comisión de Importaciones-, también ocurrió lo mismo con el espíritu relativo de la ponencia absolutoria preparada por el Magistrado Jesús Moreno Guacarán, integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Con la diferencia de que en el caso del escrito de Ortiz Bucarán, las filtraciones a la prensa no partieron del Presidente del Superior, sino de algunos allegados al Tribunal. En cambio, el mismo Moreno Guacarán dejó entrever a los periodistas, el jueves 15 de febrero de 1990, -cuando se inició la discusión del expediente de 104 páginas- que tenía "elaborada la ponencia en un determinado sentido y vamos a ver si tiene apoyo de la mayoría" .
A pesar de la discreción del Magistrado de la Corte y de la evasión para eludir "adelantar opinión" , en los días previos era dato atrasado que el dictamen estaba concebido para revocar los autos de detención contra los diez ex-funcionarios de la administración Lusinchi.
Algunos encontronazos políticos previos presagiaron y confirmaron varias veces la noticia, y el resultado absolutorio fue esperado por todos.
El también Magistrado de la Sala Penal Roberto Yépez Boscán, de tendencia socialcristiana, denunció el domingo 18 de febrero por El Nacional que sus colegas de Acción Democrática, Otto Marín Gómez, Jesús Moreno Guacarán y Cipriano Heredia Angulo, "no han ocultado la prisa con la que desean que el caso sea resuelto" .
-El proyecto de sentencia presentado por Moreno Guacarán -explicó Yépez Boscán- fue entregado a los jueces de la Sala Penal el pasado miércoles 14 de febrero, al mediodía, y el presidente de la Corte, Otto Marín Gómez, fijó su discusión para el día siguiente...
Hasta en el Estado Guárico sabían el contenido sentenciado por Jesús Moreno Guacarán. Rubén Souchet, Secretario Político del Comité Ejecutivo Seccional de AD en esa Entidad Federal anunció el mismo 18 de febrero, que un grupo de abogados guariqueños demandaría a Silvestre Ortiz Bucarán "por considerar que ha interferido la administración de justicia, tratando de dañar al Gobernador Electo, Modesto Freites" . Agregó que el presidente del Superior de Salvaguarda "actuó, desde un principio, como agente de un grupo dirigido por el Diputado Douglas Dáger y el Gobernador de Aragua, Carlos Tablante, y otros elementos perfectamente identificados" .
El cuadro descrito provocó que el Secretario General de Copei, Eduardo Fernández, desde el Pabellón Verde que se realizó ese día en Caracas, dijera en improvisada rueda de prensa, que las presiones sobre los jueces de Acción Democrática miembros de la Corte Suprema "eran censurables y tenían que ser investigadas" .
Desde el mismo evento aniversario de Copei, el Presidente de la Comisión Especial del Congreso, Douglas Dáger, precisó:
-Recadi amenaza con quedarse en el puro escándalo y los peces gordos impunes. Eso se sospecha de la mayoría conformada en la Sala Penal, para revocar los autos de detención, confirmándose así los temores de todo el pueblo de Venezuela en relación al triunfo de las fuerzas de la corrupción.
Todos los periódicos, en las ediciones del lunes 19 de febrero, insertaron notas de primera página, anunciando lo definitivo de la reunión de la Sala Penal de la Corte, convocada para las once de la mañana.
En efecto, luego de una tercera reunión, ese lunes la sala revocó los autos de detención previamente dictados por el Superior de Salvaguarda. El parte formal lo dio el presidente de la Corte, Otto Marín Gómez, acompañado por Jesús Moreno Guacarán y Cipriano Heredia Angulo. Yépez Boscán y el magistrado Gonzalo Rodríguez Corro, salvaron sus votos, por razones distintas.
-Nosotros tenemos -argumentó Marín Gómez- la obligación y así lo hacemos saber en esta decisión, de resolver con lo que está en los autos. Hay un párrafo muy importante que se agregó con motivo de la inquietud que tiene la opinión pública, que puede ser muy justificada, pero que no es quien tiene las atribuciones constitucionales y legales. Este párrafo especial dice que la terminación de la averiguación se refiere únicamente a los hechos por los cuales el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, decretó la detención de los mencionados ciudadanos y no ampara a ningún otro u otros hechos que tengan relación con las investigaciones en relación al otorgamiento, distribución y destino de las divisas bajo el Régimen de Cambios Diferenciales... Acuérdense que hay otras investigaciones en los Tribunales de Salvaguarda, incluso en el Superior se continúa investigando el otorgamiento de dólares...
El Presidente de la Corte Suprema siguió explicando la decisión:
-Hay dos votos salvados. Uno, del doctor Gonzalo Rodríguez Corro. Está de acuerdo con la revocatoria pero consideró, quizás atendiendo a la inquietud de la opinión pública, que debió haberse mantenido abierta la averiguación. Se le rebatió que por esos hechos, que están terminados, no se podía dejar abierta la averiguación, porque así lo decide la ley. Cuando se investigan unos hechos y se determina que no son punibles, no se pueden seguir investigando... El otro voto salvado es la justificación del doctor Roberto Yépez Boscán, quien dijo que se leyó la ponencia con mucho detenimiento, tanto que se reservó el fin de semana para hacerlo. Sin tener ninguna sospecha en cuanto al contenido de la misma y la traslación exacta a la ponencia de las actas del expediente, consideró que en un asunto donde la Sala Penal de la Corte está actuando como tribunal de segunda instancia, debió leerse el expediente. Como no ha tenido tiempo de hacerlo, salvó su voto también.
El ponente, Jesús Moreno Guacarán, justificó el dictamen con las siguientes palabras:
-Yo quiero apartar el elemento político de mis actuaciones como Magistrado. La ponencia es en base al estudio de los elementos que constan en autos y en base a la aplicación de los conocimientos que lógicamente debe tener un abogado de las ciencias del derecho. Nadie me ha presionado para hacer mi ponencia. Nadie se atreve a llamarme para presionarme y decirme cómo debo decidir en uno u otro sentido. Eso está erradicado en esta Corte y en mi caso.
Más adelante conceptualizó sobre el fondo del asunto:
- Cuando los hechos no revisten carácter penal, nosotros estamos en la obligación de declararlo... Nosotros hemos dicho que la conducta de los que integraron la Comisión de Importaciones, en el sentido de otorgar conformidades con los requisitos establecidos en las normativas jurídicas vigentes, no constituye delito, cuando se las otorga por encima del Presupuesto Nacional de Divisas, que es elaborado por el Banco Central de Venezuela. Y quien aprueba es el Ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros. El Presupuesto Nacional está en una Ley de la República y yo no quiero adelantar opinión. Ahora, el Presupuesto Nacional de Divisas está fundamentado en la Ley del Banco Central de Venezuela, pero no está contenido el Presupuesto de Divisas en una ley expresa.
Conocido el fallo, el Magistrado Gonzalo Rodríguez Corro declaró: "consideré justa la revocatoria de los autos por un lado, pero por el otro encuentro que es contrario a derecho la determinación de terminar la averiguación, por considerar que los hechos no revestían carácter penal. Aquí había hechos donde habían fundadas sospechas de que se cometieron acciones punibles en perjuicio del patrimonio público. Debió continuarse una averiguación que dejara clara la conducta de los presuntos indiciados, porque ésta no es que está justificada con la decisión, sino que no está clara" .
Mientras que Yépez Boscán insistió en su posición adelantada el fin de semana anterior: "Cuando la Corte Suprema de Justicia actúa como tribunal de alzada, debe hacerlo como cualquier Tribunal: remitirse al expediente. No puede uno decidir sólo en base a la ponencia, porque hay que tomar en cuenta el relativismo estimado de la prueba. Yo consideré que tenía que leer algunas actas del expediente y no pude hacerlo " .
El punto álgido de la ponencia determinó que "La Comisión de Importaciones, creada por decreto 1.546 del 6 de mayo de 1987, autorizó conformidades de importación para obtener divisas al tipo de cambio preferencial, por encima de lo estipulado en los respectivos Presupuestos de Divisas (experticia contable cursante en los folios 228 y 234 de la décima séptima pieza del expediente) y al actuar de esa manera no pudo incurrir en la comisión del delito de malversación específica pues, se repite, dicho presupuesto era una guía para orientar la atención que merecen los distintos mercados cambiarios, un instrumento de valor estratégico y de planificación, de carácter estimativo e indicativo, cuya ejecución no puede ser exigida dentro de los parámetros preestablecidos, porque desnaturalizaría el propósito y razón de su aprobación y existencia" .
Este punto fue rebatido, dentro de la ola de indignación nacional, por José Antonio Muci Rojas, quien en un artículo publicado por el Diario de Caracas el miércoles 21 de febrero, expuso:
- Se contradicen quienes afirman que el Presupuesto Nacional de Divisas es un instrumento de planificación del Estado, desposeído de carácter limitativo. Quienes han estudiado el proceso de planificación, saben que todo instrumento de planificación es, siempre, vinculante u obligatorio para el Estado, sujeto encargado de su ejecución. Este es el principio general, y el Presupuesto Nacional de divisas no constituye una excepción. El Presupuesto Nacional de Divisas es el resultado de un proceso lógico, cuyo objetivo fundamental es racionalizar el uso de un recurso limitado, como las divisas, a los fines de atender aquellas necesidades prioritarias, y lograr así las metas de desarrollo que el Estado se ha trazado... Es incontestable -escribió Muci Rojas-, por lo expuesto, la responsabilidad incurrida por los componentes de la Comisión de Importaciones, al exceder el Presupuesto Nacional de Divisas. ¡Lo demás son artilugios!
Después que el conocido alguacil Franklin, de la Corte Suprema de Justicia, llevó al Retén de El Junquito las boletas de excarcelación, salieron en libertad Modesto Freites, Gobernador electo de Guárico, y Eduardo Mayobre, los únicos señalados que se pusieron a derecho, mientras que los otros ocho, en su mayoría viajaron preferiblemente a Estados Unidos.
Por la tarde nos llamó Mauricio García Araujo, desde un móvil celular. Aunque en el caso Recadi tenemos opiniones divergentes, le oí decir por el teléfono que El Nacional, a pesar de todo, se había portado de manera ecuánime con él. Pero lo más importante que dijo fue que el Presidente del Banco Central de Venezuela, Pedro Tinoco -según García Araujo- le había ratificado por escrito el carácter indicativo del Presupuesto Nacional de Divisas, papel que fue determinante a favor de los argumentos de los abogados defensores.
Mayobre, presidente del Banco República, al salir en libertad expresó que "la decisión es en el sentido que esperábamos. Yo antes lo había dicho. La acusación estaba conceptualmente mal planteada, y no podía pensarse que existía delito. Creo que faltó diligencia de parte de los que investigaron" .
Por su parte, Freites Piñate destacó en su primer aire de libertad: "Creo que a pesar de que la Corte declaró que no tenemos responsabilidad en este caso, debió quedar muy deteriorada nuestra imagen ante la opinión pública" .
Sería muy largo enumerar todas las voces disidentes que se levantaron, en menos de una semana, contra lo resuelto por tres de los cinco Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Empero, veamos un corto resumen de los cuestionamientos más importantes: Eddo Polesel, Presidente de Fedecámaras: "fallo apresurado" ; el Diputado Paciano Padrón: "Otto Marín Gómez manipuló y presionó la decisión" ; Carlos Tablante, Gobernador de Aragua: "se cumplió la profecía de Pérez, delitos sin delincuentes" ; Freddy Muñoz, Secretario General del MAS: "un golpe a la democracia" ; el Fiscal Ramón Escobar Salom: "inadmisible que Recadi queda impune" ; Douglas Dáger, Presidente de la Comisión Especial del Congreso: "una emboscada contra la justicia" ; el Juez Instructor Luis Guillermo La Riva: "Perdí mi tiempo" ; Lolita Aniyar, Senadora del MAS: "la Corte ha consagrado la impunidad" ; Adelso González Urdaneta, Secretaria General del MEP: "La decisión fue presionada por el partido de gobierno" ; Luis Piñerúa Ordaz, miembro del CEN de AD: "Sería criminal no castigar a los culpables de Recadi" ; Rafael Caldera ex-presidente de la República: "Sentencia produce una gran preocupación" ; José Rafael Mendoza, Presidente del Consejo de la Judicatura: "El fallo afecta la moral del país" ; Abdón Vivas Terán., dirigente nacional de COPEI: "La decisión es un bochorno nacional" ; el Procurador, Juan José Rachadell: "La decisión sobre Recadi no es de impunidad total" ; Pablo Medina, Diputado de Causa R: "La Tribu de David (Morales Bello) orquestó el fallo de la Corte" ; Gonzalo Pérez Hernández, Diputado del Min: "Ex-funcionarios absueltos sí distrajeron fondos públicos"
Mientras creció la avalancha de opiniones inconformes, el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, acompañó a Modesto Freites en su acto de juramentación como Gobernado de Guárico, el miércoles 21 de febrero.
El mismo día se nos pidió un editorial donde planteamos que "en apenas 24 horas, el caso más importante y complejo de corrupción administrativa ocurrido alguna vez en el país se redujo, en lo sustancial, a la detención de un ciudadano chino que ni siquiera sabe hablar español; a la de seis desconocidos que están presos por emitir indebidamente documentos en varias aduanas, y al intento de suicidio de un ex-ministro... Ello significa que el Presupuesto Nacional de Divisas pudo ser una patente de corso para que se dilapidaran las reservas internacionales, y para que el desbordamiento en la asignación de dólares preferenciales desde Recadi y remesados por el Banco Central de Venezuela, alimentara la rapacidad de quienes sobrefacturaron importaciones en los últimos años" .
Al día siguiente, el Editor de El Nacional, Franklin Whaite, editorializó también. Escribió que "Sin ninguna tardanza -que no es habitual en ese cuerpo- la Corte Suprema procedió a dispensar de toda sospecha a los involucrados en la apreciación original del Tribunal de Salvaguarda. En la población, cuesta trabajo conseguir a alguien (no identificado políticamente con los sentenciadores), que acepte de buena manera el fallo de la Corte... La enorme mayoría del país venezolano... no siente en su corazón la palpitación de la verdad. Los disgustos y desconciertos se arremolinan en tensiones graves como las que preludian las explosiones sociales (que nadie desea)" .
Justo es resaltar a los pocos que se encargaron de defender la revocatoria dictada por la Corte Suprema. El primero fue el Secretario General de Acción Democrática, Humberto Celli. Con sobradas razones para hacerlo -entre ellas recuérdese que en el último CDN lo responsabilizaron de la derrota electoral del partido por dos razones: abstención y corrupción.
-Es evidente que había la intención de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que retrasara su sentencia y, en el caso de que Modesto Freites no lograra su libertad, se tuviera que ir a un nuevo proceso electoral, tal y como lo establecen las normas del Consejo Supremo Electoral.
El punto trajo una reacción de Eduardo Fernández, secretario general de Copei. Respondió a Celli que su partido no presionaba a los Jueces.
El segundo en autodefenderse fue el propio Presidente de la Corte, Otto Marín Gómez, el 22 de febrero:
- Es necesario conocer de leyes, ser abogado - respondió al acoso periodístico en medio de un abucheo generalizado en las puertas del Congreso - para poder comprender el contenido de la sentencia, la cual se explica por sí sola... No hubo delito. La sentencia se explica por sí sola... La sentencia no tiene nada que ver con violencia y quienes andan en esa onda tendrían que responderle al país de sus incitaciones...
El 23 de febrero, el presidente electo del Congreso de la República, David Morales Bello, dijo: "Yo si creo que hubo corrupción en Recadi. Pero creo que es una desviación de la realidad armar este escándalo alrededor de la decisión de la Corte Suprema. ¿Quiénes son los beneficiarios de los dólares? -se preguntó él mismo-, los empresarios - se respondió."
Fue otro que tuvo razones importantes para defenderla porque en todos los "mentideros" tribunalicios se sabe que Otto Marín Gómez proviene del Bufete de David Morales Bello.
Gustavo Tarre Briceño, director de la fracción parlamentaria de Copei, propuso que el Magistrado debía renunciar, "debe hacerlo por dignidad" , dijo.
- La decisión de la Corte en el Caso Recadi confirma la tesis de Copei, de que ningún partido debe controlar los órganos jurisdiccionales - comentó el diputado Tarre.
El Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, declaró a los periodistas el 22 de febrero, esto:
- Hay que poner las cosas en su sitio, porque le hace mucho daño a la democracia que se ponga en tela de juicio y se maltraten instituciones de las cuales depende el Estado de Derecho en Venezuela.
El Presidente pareció recordar en esta frase otra dicha por él anteriormente: "el escándalo Recadi ha perjudicado a Venezuela en el campo financiero internacional" , cuando alguna vez criticó -indirectamente- el despliegue dado por El Nacional a La Agenda Secreta de Recadi. También el Jefe del Estado aprovechó la coyuntura.
El Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, Presidente del MEP, apuntó que "...nada sabe de derecho Carlos Andrés Pérez. Considero como un principio extraño lo dicho por el Presidente, en cuanto a que no se deben criticar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia" .
El fallo de la Corte, además coincidió con una serie de protestas sociales en varias ciudades del interior del país y en Caracas, que se prolongaron unos tres días. La situación obligó al Ministro de la Defensa, Filmo López Uzcátegui, a precisar que "el país para salir de esta crisis lo que requiere es trabajo y estudio y no bochinches estudiantiles" .
Desde antes de que se conociera el dictamen, pensamos que una consecuencia lógica por producirse sería la renuncia del Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda. No por presidente, sino por haber sido Silvestre Ortiz Bucarán el ponente que motivó los autos de detención revocados. El 22 de febrero declaró que "la lucha contra la corrupción es muy cuesta arriba en este país, porque estamos viviendo en una sociedad de cómplices que lo domina todo" .
- La lucha por la justicia- afirmó en su característico tono lacónico- forma parte de la lucha por una nueva sociedad. Acato la decisión como corresponde a un Tribunal de primera instancia. La palabra renuncia no existen en mi vocabulario...
El mismo día que la Sala Penal resolvió la preanunciada ponencia del Magistrado Jesús Moreno Guacarán, los abogados asesores del Movimiento al Socialismo, Humberto Mendoza D´Paola y Tomás Mejías, se reunieron con Silvestre Ortiz Bucarán. A ellos confió que no pensaba renunciar ("eso no tiene sentido todavía" ).
- De aquí no saldrá una sola absolución sin mi voto salvado- habría confiado a los abogados del MAS.
¿Estaría pensando en la posible absolución derivada de un caso todavía no decidido hasta la salida de esta publicación, el de Blanca Ibáñez? La decisión de la Corte Suprema de Justicia, en apenas 24 horas y luego de un año de diversas investigaciones, colocó el escándalo Recadi, prácticamente, en cero otra vez.