A comienzos de febrero de 1988, exactamente el 11 de ese mes, en una reunión rutinaria a la que asistieron el Editor de El Nacional, el Jefe de Redacción, y los Jefes y Sub-jefes de Información de todas las áreas del periódico, se solicitó a la de Economía que prepara una página especial con motivo de cumplirse el jueves 18 de febrero cinco años del Viernes Negro.
De inmediato se hizo un esquema de trabajo, se ordenó el archivo de la redacción y asumimos la parte histórica, mientras que Amado Fuguet V., Jefe de Economía, se encargó de recopilar todo lo ocurrido en los cinco años siguientes al 18 de febrero de 1983, es decir durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en materia de política, medidas económicas y análisis de la situación que en ese ámbito heredaría a fines del mismo año quien resultara electo Presidente de la República.
El 18 de febrero de 1988 se publicaron dos escritos extensos: el de Fuguet, denominado " La crisis está viva" , y el nuestro, titulado " Fuga de 20.236 millones de dólares precedió al Viernes Negro" .
Nos tocó, cinco años después, volver a conversar con el carismático ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual, y con el no menos explosivo ex-ministro de Hacienda de Luis Herrera Campíns, Arturo Sosa. Los tres, sin duda, fueron los más importantes protagonistas de las medidas y hechos económicos ocurridos entre el 18 de febrero y el 15 de septiembre de 1983.
Para el 18 de febrero, último día hábil de libre convertibilidad del bolívar frente al dólar norteamericano, los egresos directos de divisas al exterior alcanzaron la astronómica suma de 22.695 millones de dólares -según las cifras suministradas por Sosa-, a propósito de la actualización del tema que se nos encomendó acometer.
De esta cifra, 2.459 millones de dólares se correspondieron con obligaciones del Banco Central de Venezuela, mientras que los otros 20.236 millones de dólares se " fugaron" producto de operaciones realizadas por particulares, en los tres meses precedentes.
Solamente en diciembre de 1982, los pagos de divisas del Instituto Emisor marcaron 1.025 millones de dólares; pero las ventas a particulares, por intermedio de la banca, sumaron 8.198 millones de dólares, para un total, ese mes, de 9.213 millones de dólares.
Ya en enero de 1983, el BCV disminuyó sus egresos directos a 731 millones de dólares, en tanto que desde la banca comercial se registraron operaciones de venta de divisas al exterior por 6.733 millones de dólares. La salida totalizó 7.464 millones de dólares ese mes.
En febrero, el mes crítico, las transferencias directas del Banco Central volvieron a disminuir a 703 millones de dólares, mientras que las colocaciones de particulares se redujeron a un nivel no menos preocupante de 5.315 millones de dólares, para un total este otro mes de 6.018 millones de dólares.
La salida de divisas adquirió un promedio de venta diaria de unos 200 millones de dólares y, específicamente, el Viernes Negro, 18 de febrero, de 160 millones de dólares.
Ya el daño estaba hecho. El anterior cuadro de cifras se cruzó con otros elementos importantes del contexto internacional que evidenciaron de una manera brutal los llamados desequilibrios estructurales " encubiertos" de la economía venezolana.
El liderazgo de nuestro país en el seno de la OPEP se vino a menos en las reuniones celebradas en enero anterior en Viena y Ginebra, donde no se pudo concertar una estrategia de defensa de los niveles de precio y producción, frente a la acción de acumular inventarios en los países industrializados.
Por otra parte, el caso México, nación que había iniciado el camino de las devaluaciones sucesivas hasta llegar al punto de declararse insolvente ante la banca acreedora internacional, fue el detonante que puso sobre el tapete la magnitud del endeudamiento externo del Tercer Mundo, especialmente de Latinoamérica.
La misma banca acreedora, en los meses previos, había solicitado al gobierno de Luis Herrera Campíns, el pago inmediato de unos 13.000 millones de dólares en créditos con vencimiento en el corto plazo, para lo cual las autoridades monetarias y financieras del momento negociaban la obtención de un crédito " superjumbo" de 2.500 millones de dólares, para empezar a enfrentar el problema. Pero la situación era demasiado dramática.
Corría el último año de gobierno de Herrera Campíns. Las elecciones nacionales que luego ganó Jaime Lusinchi estaban encima. Leopoldo Díaz Bruzual y Arturo Sosa protagonizaban, como presidente del BCV y por segunda vez Ministro de Hacienda, respectivamente, uno de los enfrentamientos más notorios de la historia monetaria, financiera y económica del país, sobre la manera de enfrentar la crisis.
Cinco años después del Viernes Negro, Arturo Sosa accedió a conversar con El Nacional, respecto a lo planteado.
- Cuando regresé al Ministerio de Hacienda - recordó en esos días- había tres problemas clave: 1) una reducción sustancial en los precios del petróleo de 38 dólares el barril a 28 dólares el barril, con tendencia a seguir bajando; 2) recién se fracasaba en la obtención de un crédito " superjumbo" por 2.500 millones de dólares solicitado a un supersindicato con el que se pretendía pagar parte de la deuda externa a corto plazo (comenzando a gestionar por Luis Ugueto); 3) en diciembre de 1982 ya la fuga de capitales marcaba un nivel de 9.213 millones de dólares mensuales.
Explicó Sosa en esta oportunidad que ya a fines de enero de 1983, le había sugerido al Presidente Herrera Campíns, implantar alguna fórmula de control cambiario. " Fue en La Casona - recordó -, con la gente de Cordiplan y del Banco Central" .
- Luis Herrera de inmediato mostró su absoluto rechazo a la idea, el Búfalo mostró reservas y, en aquel momento, no insistí más sobre el asunto. Díaz Bruzual y yo viajamos juntos a Estados Unidos y yo luego a Europa, a decirle a la banca que íbamos a reestructurar la deuda externa, por la baja de los ingresos y las reservas en divisas. El 16 de febrero de 1983 me llamó el Presidente y regresé. La salida de dólares continuaba. El sábado 19 de febrero me reuní todo el día con Díaz Bruzual y por la noche fuimos a La Casona con dos tipos de soluciones: la mía y la de él" .
Sosa dijo que era partidario de un sistema de control de cambios diferenciales que " repitiera la experiencia de los años sesenta, cuando se autorizaron dólares preferenciales para la deuda externa pública y privada, importaciones esenciales, y servicios de los poderes en el exterior; y otro esquema paralelo libre, para lo suntuario y particulares" .
- La otra fórmula fue la planteada por el Presidente del Banco Central de Venezuela. Consistía en una devaluación lineal que yo consideré insuficiente, porque no detenía la salida hemorrágica de los dólares y buscaba restablecer la paridad cambiaria entre 6,50 y 8 bolívares por dólar en el país. Mientras tanto se suspendieron las operaciones de compra y venta de divisas en dos oportunidades y por espacio de una semana, para buscar un acuerdo final.
Igualmente El Nacional entrevistó al ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual, para reactualizar, cinco años después, su análisis.
- Fueron tres las causas sumadas que provocaron esa situación en febrero de 1983: la sobrevaluación del bolívar frente al dólar norteamericano en el orden de 35 por ciento; el cobro abusivo de 13.000 millones de dólares de deuda ilegal externa por parte de la banca acreedora; y la caída de los precios de nuestro petróleo de 32 dólares el barril a 25 dólares el barril. Esto, como usted comprenderá, hacía imposible mantener un tipo de cambio a 4,30 bolívares por dólar y la libertad cambiaria en Venezuela.
Reiteró Díaz Bruzual que en febrero de 1983 le planteó al presidente Herrera Campíns una devaluación lineal, un tipo de cambio único de 6,50 bolívares por dólar, más un régimen de control de cambios flexible, que asegurara el abastecimiento al consumo e industria del país.
- Sin embargo, debido a múltiples presiones hechas sobre el gobierno de Herrera, provenientes del propio partido de gobierno (Copei), de las más diversas fuerzas económicas interesadas en sostener un dólar privilegiado a 4,30 bolívares, del partido Acción Democrática en la oposición; el lunes 28 de febrero, luego del cierre del mercado cambiario, se adoptó un sistema -aclara que no fue un control-, al cual me opuse rotundamente, porque incorporaba mayores distorsiones a la economía nacional.
Al ministro de Hacienda, Arturo Sosa, lo acompañaron en su enfoque, Hermann Luis Soriano (FIV), Maritza Izaguirre (Cordiplan), Nidia Villegas (Agricultura y Cría), Humberto Calderón Berti (Energía) y, al final, Enrique Porras Omaña (Fomento). Mientras que a Díaz Bruzual lo apoyaron, primero Porras Omaña, y en las últimas de cambio sólo contaba con los técnicos del Instituto Emisor, Oswaldo Padrón Amaré y Francisco Faraco.
Mientras a la luz pública todo el mundo supuso que el enfrentamiento era protagonizado fundamentalmente por Arturo Sosa y Leopoldo Díaz Bruzual, lo cierto fue que el peso técnico de las propuestas recayó sobre Hermann Luis Soriano, Ministro de Estado Presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, escogido por Sosa por ser muy cercano al Presidente Herrera (había sido Viceministro y Ministro encargado de la Secretaría de la Presidencia); y Omar Bello, uno de los hombres más capacitados del Banco Central de Venezuela, a quien El Búfalo le entregó la responsabilidad de armar la contrapropuesta.
- El lunes 28 de febrero -refresca su memora Arturo Sosa- el presidente Luis Herrera Campíns escuchó de nuevo las dos tesis, y finalmente, en Miraflores, sobre la madrugada, se decide la solución que yo sostuve y sobre ella se legisló. La validez del enfoque hoy queda demostrada en que, a pesar de un cambio de gobierno (de Lusinchi) y de un cambio en el partido de gobierno (Acción Democrática), en el fondo se sigue haciendo lo mismo. Se han cambiado las paridades por devaluación, ciertamente, pero en el fondo se trata del mismo enfoque cambiario. Sigue funcionando.
El ex-ministro de Hacienda señaló que todos los esfuerzos anteriores de restringir las importaciones excesivas y los aranceles fracasaron, " porque no se podía competir con ese pequeño monstruo llamado 4,30" .
- Cinco años después -comentó el actual presidente de Finalven- se ha creado una producción interna importante en varias ramas como la industria, la agrícola y los servicios. Ya no existe la euforia saudita de los dólares petroleros baratos y ya no existe la actitud colectiva de estar importando chucherías. El ajuste fue difícil. Por eso pienso que lo de Viernes Negro, especialmente lo de negro, pronto cambiará por otra denominación.
Un comentario final de Arturo Sosa, cinco años después, fue que el reconocimiento al pago de las acreencias de los deudores privados con dólares a 4,30 bolívares fue un acto de justicia. " Lo contrario hubiera significado una mera confiscación de activos" .
Por su parte, Leopoldo Díaz Bruzual, también cinco años después, dijo que " ese Viernes Negro para mi no existe, porque más bien el lunes 28 de febrero, lejos de ser negro, fue un lunes esclarecedor: se pusieron de manifiesto todas las fallas estructurales de la economía venezolana" .
- De más está decir que el tiempo me ha dado la razón -agregó en tono envolvente-. A partir de febrero de 1984, con el nuevo gobierno de Lusinchi, los entuertos de la economía se han agravado todavía más. De Allí el dicho enteramente popular que corre por todas las ciudades de Venezuela " El Búfalo tenía razón" .
Díaz Bruzual todavía piensa que fue un exabrupto reconocer el registro y posterior intención de pago con dólares preferenciales a la deuda externa privada. " El decreto del 15 de septiembre de 1988 autorizaba el registro de estas acreencias y estableció una posibilidad de pago. Durante el gobierno de Luis Herrera no pagué un solo dólar a 4,30 para la deuda privada externa. Eso sí es verdad que lo hizo el gobierno de Jaime Lusinchi. Desde allí sí se pagaron dólares a 4,30" .
- Desafortunadamente- escribió más tarde El Búfalo en su texto Crisis y Recuperación - mi tesis no fue la que triunfó, sino la del Ministerio de Hacienda, el que, más preocupado por las repercusiones de la devaluación sobre el nivel del endeudamiento externo privado, que por el reequilibrio de las cuentas externas de la Nación y la estabilidad futura del bolívar, propuso e hizo aprobar un régimen (cambiario) con cuatro tipos de cambio: 4,30 para la mayor parte de las importaciones de bienes y servicios, la deuda externa pública y los intereses de la deuda privada, así como las remesas para estudiantes en el exterior; otro de 6,00 bolívares por dólar, para los bienes y servicios considerados como no esenciales (de lista muy reducida por cierto); uno más -de hecho, pues no estaba contemplado en las disposiciones legales- de 9 bolívares por dólar, para las ventas efectuadas por el BCV - !Oh absurdo¡- por debajo del precio del mercado libre, y el tipo del mercado libre.
Carlos Rafael Silva, economista y ex-presidente del Banco Central de Venezuela, en un análisis titulado " Desenvolvimiento de la economía en el Siglo XX" , incluido en la edición " Venezuela moderna: medio siglo de historia 1926-1976" , comenta el desarrollo de la actividad cambiaria en el país hasta antes del Viernes Negro.
El experto financiero refiere que " uno de los sectores donde con mayor intensidad se pudo de manifiesto la discrepancia creada por el sector petrolero respecto al agropecuario tradicional fue el cambiario. Prácticamente desde que comenzó la explotación de hidrocarburos en el país se perfilaron dos sectores bien definidos que la literatura económica ha denominado ‘sector petrolero’ y ‘resto de la economía’" .
El sector petrolero -deja entrever Silva- se caracteriza por ser altamente técnico, muy productivo y rentable, con mercados exteriores estables, genera poca mano de obra y su control productivo es monopólico. Caso contrario, el de la agricultura, pues esta es rudimentaria, tiene mercados volubles, ocupa gran cantidad de pobladores y compite con productos provenientes de países con monedas devaluadas.
" Esto dificultó - agrega Carlos Rafael Silva- establecer un tipo de cambio uniforme para ambos sectores y obligó a buscar soluciones específicas, entre ellas el régimen de cambios diferenciales que, con ligeras alteraciones, permaneció vigente en el país por más de 35 años, desde 1940 hasta mediados de 1976, cuando se eliminó el dólar petrolero y se implantó una virtual unificación cambiaria" .
Silva clarifica que para que Venezuela tuviera un buen índice de rendimiento fiscal y en su balanza de pagos y para que la nación pudiera tener una mejor y mayor participación en el negocio petrolero, antes de la nacionalización, era " conveniente que el tipo de cambio del bolívar respecto al dólar se ajustase lo más posible a la paridad de entonces -3,06 bolívares por dólar- pues de ese modo las empresas petroleras tendrían que ofrecer una mayor cantidad de divisas a cambio de los bolívares que necesitaban para cancelar en Venezuela sus obligaciones con el Fisco, el pago de su personal y la adquisición de bienes de la más variada naturaleza" .
El dilema cambiario consistió hasta pasado el año 1935, en que las exportaciones no tradicionales, fundamentalmente agropecuarias, no recibían igual valor en divisas al cambio que el negocio petrolero.
En 1934 el Estado firmó con las empresas petroleras transnacionales el " Convenio Tinoco" , " según el cual -escribe Silva- el Ejecutivo Nacional adquiere los dólares vendidos por las compañías petroleras al tipo de 3,90 bolívares por dólar, siempre que las divisas provenientes de la exportación de café y cacao, más las aportadas por las citadas empresas, no excedieran la demanda de cambio extranjero existente en el mercado" .
Hacia 1936 cambió el esquema anterior y por vez primera el Estado venezolano participó en un régimen de pago de primas a las exportaciones con productos agrícolas. Un año más tarde, se creó la Oficina Nacional de Centralización de Cambios, donde se compraban y se vendían las divisas y demás exportaciones.
Con la fundación del Banco Central de Venezuela, en 1940, paralelamente se instauró en el país el patrón de cambios diferenciales, casi de manera permanente hasta 1976.
" Este mecanismo -recuerda Carlos Rafael Silva- fue sugerido por Hermann Max, economista alemán contratado para realizar algunos estudios relacionados con la organización del Instituto recién creado. Max compartió la tesis de que Venezuela no tenía una economía homogénea... juzgó que la política monetaria y cambiaria para ambos sectores -petrolero y agropecuario- no podía ser la misma, razón por la cual recomendó el establecimiento de un régimen de cambios diferenciales, que siguiera patrones similares a otros ya aplicados en Europa" .
Una vez las cosas así, en 1941, el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo eliminaron el sistema de pagos de primas a las exportaciones y se fijó el siguiente esquema de cambios múltiples: 3,09 bolívares por dólar para las compras a las empresas petroleras; 4,30 y 4,60 bolívares por dólar para las divisas agropecuarias (dependiendo del rubro); 3,355 bolívares por dólar para la venta de divisas del Banco Central de Venezuela a la banca; y 3,35 bolívares para la venta de dólares de la banca al público usuario.
Hasta 1960, " con muy pocas modificaciones" , permaneció incólume el anterior cuadro cambiario. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Venezuela ingresó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y durante muchos años tuvo que pedir prórrogas de entendimiento a sus sistema cambiario, pues el organismo internacional era partidiario del cambio único y contrario a las " prácticas monetarias múltiples" , según lo refiere Carlos Rafael Silva.
De 1965 en adelante comenzó en Venezuela el proceso de reunificación de la paridad cambiaria, el cual culminó en 1976, a propósito de la nacionalización y la desaparición del dólar petrolero. Surgió, entonces, el tipo único 4,30 bolívares que, luego, colapsó el Viernes Negro.
A propósito de la sobrevaluación del bolívar frente al dólar norteamericano, del colapso de los precios petroleros, de la crisis de la deuda externa y de la fuga masiva de capitales, como ya sabemos, triunfó en el Consejo de Ministros celebrado en Miraflores la madrugada del lunes 28 de febrero de 1983 la tesis defendida por el Ministro de Hacienda, Arturo Sosa.
Ese día Venezuela amaneció con un régimen que rompió con la tradición última de libre convertibilidad de la moneda. En uno de los decretos ejecutivos dictados antes del amanecer, se instruyó la creación de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, para que administrara las acreencias externas de la República y del sector privado. Se legisló sobre las remesas del sector público y de los poderes del Estado al exterior así como remesas a estudiantes y se congelaron los precios. Los integrantes de la Sección de Economía de El Nacional, no pudimos abandonar las instalaciones del rotativo hasta pasadas las tres y media de la madrugada, hora a la cual terminamos de redactar lo concerniente a la nueva estructura cambiaria y los términos de una rueda de prensa ofrecida en Miraflores por el Ministro de Hacienda.
Se corrió la bola de que Díaz Bruzual había renunciado, pero fue falso. Estaba " más caliente que plancha de chino" en la sala de reuniones del directorio del Banco Central, esperando que los ministros del gabinete económico llegaran para firmar los primeros convenios cambiarios entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria.
Así llegamos, un año después, al 2 de febrero de 1984. Desde que se creó hasta esta fecha (un año), la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales se vio acosada, interna y externamente, por las más variadas formas de ejercer el delito y la corrupción para acceder a los dólares baratos controlados por el sector oficial.
Durante ese año, El Nacional publicó 68 noticias e informaciones que dieron cuenta de los abusos y arbitrariedades que sobre el nuevo sistema cambiario se estaban desarrollando. Muchas de éstas fueron redactadas por nosotros, puesto que nos correspondió la cobertura informativa de la oficina desde que se creó.
El 2 de febrero de 1984, día de la transmisión de mando entre el gobernante saliente Luis Herrera Campíns, y el entrante Jaime Lusinchi, el diario publicó dos noticias vitales respecto de Recadi.
En una nota escrita por nosotros, abriendo la página D-7, titulamos: " En 6 meses el Banco Central absorberá gran parte de las Funciones de Recadi" .
Conseguimos un informe, de manera exclusiva, elaborado por Guillermo Pimentel (personaje sobre el cual regresaremos más adelante) para Reinaldo Leandro Mora, presidente de las comisiones de enlace del partido gobernante Acción Democrática, donde se afirmó que " en un plazo no mayor de seis meses el gobierno entrante procederá a reestructurar en forma íntegra la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, reduciendo al mínimo indispensable sus actuales atribuciones" .
Agregó el papel, entregado a mí por el propio Pimentel, en su oficina que quedaba en la sede principal del después intervenido Banco de Comercio, que " dentro del redimensionamiento planteado, el Banco Central de Venezuela, máxima autoridad monetaria del país, absorberá el grueso de las que, en materia de política, se derivan del régimen de control de cambios implantado por el Ejecutivo el 28 de febrero de 1983; conjuntamente con la formulación y administración del presupuesto nacional de divisas" .
Según el estudio elaborado por la comisión de enlace, curiosamente integrada solamente por Guillermo Pimentel -que supiéramos él era el único que acudía rutinariamente a reunirse con el primer director formal de Recadi, Miguel Rodríguez Molina-, " se define a Recadi, en los actuales momentos, como un despacho de programación cuya estructura administrativa interna arroja una dirección general, dos direcciones sectoriales y tres dependencias adscritas al director general" .
Adicionalmente, informamos que " el nuevo gobierno reconoce que, desde un punto de vista formal, deberán formularse las recomendaciones finales y sugerencias acordes, para preservar todos los frentes de actuación de Recadi, mientras se procede al futuro reparto de funciones con el Banco Central de Venezuela" .
Previamente, en La Ermita, la tarde del 5 de diciembre de 1983, apenas a dos días del triunfo electoral de Jaime Lusinchi contra Rafael Caldera, nos reunimos con José Ignacio Casal, asesor para las políticas económicas a desarrollarse durante el quinquenio 1984-1989. Casal nos declaró que la adscripción definitiva de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales al Instituto Emisor era " una decisión irreversible del presidente Lusinchi. Lo que está planteado es adscribir toda la problemática cambiaria donde debe estar y, de seguir funcionando Recadi, estará adscrita al Banco Central de Venezuela" .
Comentamos en esa oportunidad que " la idea que en torno a la administración del Régimen de Cambios Diferenciales maneja el equipo de asesores económicos que rodea a Lusinchi, contrasta con la expresada, apenas unos días antes, por Miguel Rodríguez Molina, actual director de Recadi, quien sugirió al nuevo gobierno que la misma debería seguir bajo la adscripción del Ministerio de Hacienda, ya que el volumen de divisas que hoy se maneja es mayor al que se controló desde el Banco Central de Venezuela en el período 1960-1964" .
La otra información aparecida el 2 de febrero en El Nacional, estaba totalmente alejada del campo político y económico. En la página D-20 se recogieron otras declaraciones donde el director de Recadi, Miguel Rodríguez Molina, denunció que un empresario le había falsificado la firma, buscando que le reconocieran su deuda externa privada" .
En realidad, la Oficina no estaba viviendo su mejor momento. En los días precedentes el propio Rodríguez Molina había resuelto intervenir la Dirección de Operaciones " hasta saber qué es lo que está sucediendo" . Por otra parte, la Disip efectuó varios allanamientos que afectaron, incluso, hasta el personal de relaciones públicas y prensa. Este, entre otros muchos casos de corrupción administrativa, duró varias semanas más allá de la transmisión de mando, y dio como resultado que la Juez XIII Penal y de Salvaguarda, Morita Hernández (la La Riva de la época) dictara el 14 de febrero de 1984 doce autos de detención contra los funcionarios: Pedro Rafael Molina, Ada Marubo Planeta, Jean Carlos Ríos González, Daniel Benito Scalera Cabrera, José Novoa, Francisco Antonio Cariol, Roque Vicente Rojas, José López, Arando Herrera, Ricardo Mora, Orlando Rojas, Oscar Escalante, Juan Rosas, José Sagarmundi, Xiomara Antonetti y Carmen Alicia Morales.
De estos doce, diez autos fueron confirmados por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público el 27 de julio de 1984.
El mismo día que conseguimos el llamado " Informe Pimentel" , comentado antes, nos llamó telefónicamente el director de Recadi, Miguel Rodríguez Molina, para confirmarnos (confidencialmente) que su sustituto al frente de la oficina sería Francisco Maldonado Cisneros, quien se venía desempeñando como Director de Deuda Externa, y a quien habíamos visto ya en algunas oportunidades. Esta otra información la reflejó también El Nacional en la primera página del 2 de febrero de 1984.
En setiembre de 1988, la jefatura y subjefatura de la Sección de Economía de El Nacional resolvieron hacer dos foros: uno al coordinador y secretario ejecutivo de la Comisión nacional del Programa de Gobierno de Carlos Andrés Pérez, Miguel Rodríguez Mendoza (no el de Cordiplan); y otro, al coordinador del Programa Económico de El Tigre Eduardo Fernández, José Ignacio Moreno León.
Nos correspondió conversar con Rodríguez Mendoza el 14 de septiembre. Sobre Recadi, dijo " que la oficina se convirtió en una distorsión más de la economía, porque se desnaturalizó la acción cambiaria en un sistema discrecional" . Moreno León, por su parte, planteó que necesariamente el Banco Central de Venezuela -de ganar Eduardo Fernández- sustituiría a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, puesto que " Recadi no significa otra cosa que la distribución arbitraria de dólares que tenemos actualmente, y ha generado una de las fuentes más escandalosas de corrupción" .
Ambos partidos con verdadero chance para ganar las elecciones del 3 de diciembre de 1988, estaban claros en cuanto al papel que jugó Recadi, en especial en los años 1987 y 1988, como instrumento de represión contra todos aquellos que " por fa o por re" estuvieron en desacuerdo con la administración Lusinchi.
Pero a la vez los candidatos, Carlos Andrés Pérez (AD) y Eduardo Fernández (COPEI) se sintieron tranquilos, porque con la unificación cambiaria se les quitaría el dolor de cabeza de los dólares preferenciales.