El Viernes 20 de octubre de 1989 llamamos por teléfono al Diputado Douglas Dáger, presidente de la Comisión Especial designada por la Cámara Baja para investigar las irregularidades cometidas en contra o desde Recadi, durante el gobierno de Jaime Lusinchi.
Teníamos conocimiento de que el informe del grupo de trabajo apoyado con los recursos de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados estaba casi listo. Una vez en la oficina del Diputado copeyano, nos percatamos que nuestro dato era correcto. Junto con él estaban el Diputado Roseliano Ojeda, coordinador de la comisión técnica de apoyo que indagó los archivos de Recadi, y el Comisario General Víctor Rivera, asesor de Dáger e instructor de muchas de las denuncias formuladas por Carlos Tablante y por el propio presidente de la Comisión de Contraloría.
Estaba lista la parte general del informe preliminar, la cual pudimos obtener de inmediato y divulgar en la edición del sábado 21 de octubre. Nos empeñamos en conseguir este material porque el caso Recadi estaba moribundo, en tanto que muchas de sus piezas judiciales básicas habían sido cerradas por el Tribunal Superior de Salvaguarda. Ello significaba que varias de las decisiones tomadas por el Juez Instructor Especial, Luis Guillermo La Riva, habían sido revocadas.
Sin entrar en las conclusiones fundamentales del papel de trabajo elaborado por Douglas Dáger, es oportuno tomar de allí los aspectos centrales de lo que fue la política económica del gobierno de Jaime Lusinchi, para poder determinar que, además del pago obcecado de la deuda externa -dentro del célebre mejor refinanciamiento del mundo- y de la caída de los precios del petróleo, la entrega irracional de divisas preferenciales desde Recadi fue el otro ingrediente que obligó al Presidente Carlos Andrés Pérez a decir -en su discurso de toma de posesión, el 2 de febrero de 1989- que habían colapsado las reservas internacionales del país.
El esfuerzo intelectual y académico de ubicar el caso Recadi dentro del contexto de las políticas macroeconómicas ejecutadas en el quinquenio 1984-1989 es un mérito que debemos atribuir al economista y Diputado José Miguel Uzcátegui, también asesor de Dáger para esta finalidad.
Recordemos, entonces, del informe preliminar elaborado por el presidente de la Comisión Especial, el peso que tuvo la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, en el manejo de la política económica durante los últimos cinco años.
La ponencia elaborada por Dáger dice que " la Comisión Especial designada por la Cámara de Diputados para investigar presuntas irregularidades ocurridas en Recadi, ha elaborado el presente informe sobre la evolución, normativa y procedimientos, y las fallas o anomalías ocurridas en dicha oficina desde su inicio en febrero de 1983 hasta su liquidación en marzo de 1989" .
En términos macroeconómicos, " durante ese período ingresó al Banco Central de Venezuela un total de 86.765 millones de dólares, y se produjo un egreso de 90.169 millones de dólares, evidenciándose un déficit neto (sin considerar los ajustes) de 3.404 millones de dólares el cual provocó una caída neta en las reservas internacionales. La situación planteada tiene otras connotaciones desde el punto de vista administrativo y económico, en especial en lo relativo a la deficiente gerencia de los recursos del Estado, por la adopción de medias incoherentes y la ausencia de acertadas políticas que garantizaran el mejor uso de los cuantiosos recursos en divisas que ingresaron al país" .
| Ingresos y egresos de divisas de Venezuela | |||
| Período 1983-1988 | |||
| (Millones de dólares) | |||
| Período considerado | Ingreso de divisas | Egreso de divisas | Saldo |
| 1983/1988 | 86.765 | 90.169 | -3.404 |
| 1983/1985 | 49.625 | 45.748 | 3.844 |
| 1986/1988 | 37.140 | 44.383 | -7.243 |
La Comisión Especial " ha creído conveniente analizar las medidas adoptadas y los resultados obtenidos para el lapso de seis años: febrero de 1983 a marzo de 1989, dividiéndolo en dos períodos. El primero que incluye el ejercicio 1983 hasta finales de 1985, correspondiente a un sobreajuste de la economía y, el segundo comprende los años 1986, 1987 y 1988, en los cuales se observa un elevado gasto interno expansivo que provocó profundos desajustes en las cuentas internas y externas de la economía nacional. Las cifras y los cuadros estadísticos y financieros que se incluyen, fueron elaborados en base a informes publicados por el BCV, Hacienda y la Oficina Central de Presupuesto" .
En cuanto a la etapa de sobreajuste, " la política económica fue contraria a varios objetivos y lejos de cortar la salida de capitales y contener las importaciones, éstas registraron un incremento anual en contraposición a los ingresos petroleros que iniciaron su nuevo descenso en 1985. Sólo el ingreso petrolero hasta ese momento, con tendencia hacia la drástica reducción de los años siguientes, permitió que las reservas internacionales iniciales de 10.039 millones de dólares ascendieran a 12.469 millones de dólares y, que las operativas (líquidas) de 5.389 millones de dólares se ubicaran en 8.207 millones de dólares" .
De modo que " los ingresos durante los años 1983-1985 totalizaron 49.625 millones de dólares, observándose un superávit de 3.844 millones de dólares. En cuanto a las transacciones de mercancías en las balanzas de pagos (importaciones y exportaciones FOB -sin fletes y seguros incluidos-), en el lapso comentado las exportaciones totalizaron 44.904 millones de dólares y las importaciones 21.059 millones de dólares, resultado un saldo positivo en la cuenta de mercancías de 23.559 millones de dólares" .
Por lo demás, " este saldo permitió cubrir los saldos negativos de la balanza de pagos en cuenta capital. A esto se agregan los superávits del sector público consolidado, obtenidos en 1984 y 1985. No obstante, la política económica existente provocó un estancamiento del Producto Territorial Bruto Interno, un incremento en la tasa de desempleo abierto, la reducción drástica del salario real y, especialmente, cambios en la estructura productiva nacional en detrimento de la producción de bienes y servicios no comerciales, destinados sólo al mercado interno (desabastecimiento), afectando así la capacidad de absorber la fuerza de trabajo semiclasificada y no clasificada (desempleo descubierto)" .
Pero a partir de 1986, " se inicia una política expansiva del gasto fiscal, lo que estimula una expansión de las importaciones beneficiadas con el mantenimiento de un tipo de cambio controlado (14,50), muy por debajo del prevaleciente en el mercado libre de divisas, es decir, determinándose una amplia brecha cambiaria" .
En otras palabras, " el Ejecutivo (Lusinchi) no debió permitir que fuese más rentable la especulación con el dólar que su inversión en bolívares en el país" .
Entre 1986 y 1988 " se produjo un ingreso de divisas de 37.140 millones de dólares y un egreso de 44.383 millones de dólares, lo que significó un déficit de 7.248 millones de dólares. Este hecho provocó que las reservas de cierre que se situaron en 9.858 millones de dólares, disminuyeran a 6.671 millones de dólares al 31-12-88, evidenciándose una pérdida neta de 3.187 millones de dólares. Con respecto a las reservas operativas, éstas sufrieron una merma de 4.273 millones de dólares a 2.229 millones de dólares. Estas cifras corresponden a desembolsos reales de divisas o erogaciones efectivas de caja por parte del Banco Central de Venezuela" .
En cuanto a la balanza de pagos, " el saldo de la balanza de mercancía, es decir exportaciones e importaciones FOB, (lo cual no incluye gastos por concepto de fletes, seguros y otros servicios pagados), el comportamiento fue el siguiente: las exportaciones totales durante los años 1986, 1987 y 1988, alcanzaron la cifra de 29.450 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron a 28.248 millones de dólares, con la cual se reflejó un saldo en la balanza de mercancías de solamente 1.202 millones de dólares" .
Incluso, " el saldo señalado fue insuficiente, como es lógico suponer, para cubrir los otros conceptos que incluye la balanza de pagos: transporte y seguros, viajeros, ingresos sobre inversiones, gastos del gobierno y otros conceptos de pago de la balanza de servicios y menos aún, para satisfacer las demandas de pago de capital no monetario, que abarca los servicios y la amortización de la deuda pública y privada externa. Surge entonces una pregunta, a la luz de esta investigación: ¿qué hicieron o cómo manejaron el negocio para disfrazar la quiebra de la República?" .
Del proyecto de informe que el Diputado Douglas Dáger presentó a la consideración de las otras fuerzas políticas representadas en la Comisión Especial, se desprende que Jaime Lusinchi, como Presidente de la República, desatendió innumerables alertas hechos desde el Banco Central de Venezuela, en materia de la conducción de la política económica.
Especialmente en lo que atañe al manejo de la política cambiaria y en relación con la autorización, desde el Ministerio de Hacienda y la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (luego denominada de Autorización de Divisas para la Importación) de divisas preferenciales contra la situación crítica de las reservas internacionales.
Con el agravante de que las autoridades del Instituto Emisor también hicieron caso omiso a sus propias observaciones.
A este respecto, el Informe Dáger precisa que " lo peculiar del gasto en esta etapa de la historia fiscal venezolana (1984-1989), es el hecho de su financiamiento mediante artificios monetarios, en lugar de la aplicación de criterios ortodoxos que recomiendan financiarlo con recursos orgánicos originados por las actividades económicas en sus manifestaciones internas y externas" .
Se añade que " este gasto, pese a la baja del ingreso petrolero, se mantuvo expansivo, financiándose con devaluaciones del signo monetario, utilidades cambiarias, incremento de la deuda pública interna y con la utilización de las reservas del Tesoro" .
Realmente, " este gasto público deficitario motivó un incremento de la producción de bienes y servicios, pero en términos no autosostenidos, debido a las condiciones generales de la economía venezolana, tal como paradójicamente lo advirtió el Banco Central de Venezuela, pues el mismo organismo emisor lo inobservó" .
Entre otras observaciones desatendidas por el Ejecutivo Nacional de entonces, pero también olvidadas con rapidez por las propias autoridades del Banco Central, están las siguientes:
1) Existencia de un esquema cambiario que no resulta viable en el contexto de la fuerte restricción que afecta al sector externo, y que no brinda ya estímulos suficientes a los sectores que sustituyen importaciones, y que, además, puede facilitar la exportación de bienes en los cuales el país no tiene ventajas comparativas, todo lo cual reduce la oferta interna de bienes, incrementa injustificadamente los precios y dificulta la inestabilidad del tipo de cambio del mercado libre y las posibilidades de nuevo financiamiento externo al sector privado.
2) Reducción progresiva de las reservas internacionales, lo que se constituye en una restricción para atender los requerimientos de divisas, inducidos por el mayor dinamismo que generó la política de demanda sobre la actividad económica real del país.
3) Vigencia de un tipo de cambio en el mercado controlado que no se corresponde con la situación del sector externo, afectado por la drástica caída de los términos de intercambio del país.
4) Funcionamiento de un mercado libre de divisas altamente sensible al comportamiento del mercado petrolero internacional y a la acción especulativa, con lo cual el tipo de cambio que allí se fija emite señales que se traducen en presiones inflacionarias y en asignaciones ineficientes de los recursos productivos internos.
5) Creciente importancia de las expectativas inflacionarias, lo que se traduce en una expansión anormal del consumo de algunos bienes durables en detrimento del ahorro y en una presión adicional sobre el tipo de cambio del bolívar en el mercado libre de divisas.
En el proyecto que Dáger consignó se aduce que " llama poderosamente la atención que los responsables de la política económica, ignoraron en su oportunidad dichas recomendaciones. Sin embargo, hoy esos mismos responsables han concurrido ante la Comisión Especial Parlamentaria que investiga el mayor desastre financiero en la historia de la República, y declaran que esos hechos era impredecibles" .
El texto dice que " se ha señalado en este informe que la gestión pública entre 1983 y 1985, ambos inclusive, resultó superavitaria con resultados positivos en el sector externo, asunto que se revirtió en el período que se inicia en 1986 y termina en 1988. En este último, la balanza de pagos registró déficits consecutivos de menos 3.885 millones de dólares en 1986, de menos 876 millones de dólares en 1987 y de menos 4.672 millones de dólares en 1988" .
Cabe destacar " que las causas de estos continuos déficits se deben al significativo crecimiento de las importaciones públicas y privadas (autorizadas desde el Ministerio de Hacienda o Recadi y pagadas o remesadas por el Banco Central de Venezuela), a niveles sin precedentes en un período de crisis económica, y cuando más se necesitó sentido de la responsabilidad y una gerencia eficiente en la administración de las divisas que ingresaban al país" .
Se escribió que " es oportuno señalar que las importaciones para el año 1988 ascendieron a 11.581 millones de dólares, lo que obliga a la siguiente reflexión: en una economía abierta donde impere un tipo de cambio libre, flotante o flexible, el movimiento en ambos sentidos de las compras y los pagos para liquidar importaciones y exportaciones, lo regula el mercado cambiario mediante la fijación del tipo de cambio. En el supuesto de que las importaciones se incrementen a un ritmo mayor que las exportaciones del país, la moneda extranjera tiende a aumentar de precio, hecho que desestimula las importaciones que se encarecen" .
Pero " el caso venezolano fue diferente. Se trató de un cambio fijo preferencial destinado a importaciones, concedido por el Estado a la discrecionalidad de funcionarios públicos, quienes debieron basar su actuación en leyes, normativas y resoluciones que regían la administración de las divisas. Asimismo debieron observar los parámetros de un presupuesto de divisas, elaborado por el Banco Central de Venezuela y aprobado por el Consejo de Ministros, el cual sólo podía ser modificado por el Presidente de la República, previo estudio del instituto emisor. En consecuencia, la existencia y disponibilidad de un dólar preferencial y el manejo de que fue objeto, estimuló crecientes importaciones que produjeron el exceso o sobregiro en la administración del Régimen de Cambios Diferenciales (expresado en Recadi)" .
Más adelante el documento elaborado por Dáger para la Comisión expresa que " es necesario señalar que el mantenimiento de un dólar preferencial a un tipo de cambio fijo significó un inmenso sacrificio fiscal para la República, puesto que el 95 por ciento de las divisas que ingresan son propiedad del Estado. Si se hubiese adoptado un sistema único de cambio libre, seguramente éste se hubiese situado por encima del tipo de cambio fijo preferencial establecido y el Fisco Nacional habría obtenido más ingresos en bolívares por las ventas de las divisas a un precio mayor" .
Pero, por el contrario, " fue adoptado el sistema de cambios múltiples que por las razones expuestas se distorsionó, provocando una brecha para los últimos meses de 1988, entre el cambio preferencial y el libre, en más de 150 por ciento, lo cual significó una invitación a hechos fraudulentos en contra de los propósitos implícitos en el sistema, en detrimento de la República" .
Por otra parte, " el déficit de balanza de pagos fue cubierto en buena parte, con el financiamiento a corto plazo a las importaciones que alcanzaron en 1986 unos 1.355 millones de dólares, en 1987 unos 2.342 millones de dólares y, en 1988, estos instrumentos comerciales fueron renovados hasta por la cantidad de 2.247 millones de dólares. Todo esto significa que el Ejecutivo Nacional otorgó además conformidades de importación por 5.578 millones de dólares, que fueron implementadas mediante cartas de crédito aperturadas por la banca nacional y extranjera, con financiamiento a corto plazo, cubriendo a sí los déficits de balanza de pagos correspondientes a los ejercicios 1986, 1987 y 1988" .
En realidad, el informe preliminar elaborado por Dáger -sin quitarle méritos, por supuesto- se nutrió de otro coordinado por el Diputado Gonzalo Pérez Hernández del MIN y miembro de la Comisión Especial, quien se ocupó de las importaciones del sector público.
Pero el estudio presentado por Pérez Hernández, a su vez, fue producto del trabajo realizado por el Comisario General de la PTJ, Víctor Rivera. A este culto policía lo conocimos en la oficina de Carlos Tablante. Simultáneamente asistió a Tablante, a Dáger -por recomendación de Paciano Padrón- y a Pérez Hernández, desde que comenzó la investigación parlamentaria.
En dos oportunidades nos reunimos con el Comisario Rivera en el bufete del abogado Humberto Mendoza D`Paola (primo de Víctor Hugo D`Paola, jefe de la fracción del MAS e hijo del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, José Rafael Mendoza), coordinador de los asistentes legales de Tablante.
Este último grupo tenía algunas dudas en cuanto a que, efectivamente, los funcionarios de la administración Lusinchi hubieran incurrido en excesos o sobregiros en el presupuesto de divisas de 1988. Ya en El Nacional del sábado 25 de febrero de 1989 insertamos una pequeña información en la página D-1, donde se hacía tal afirmación. Tablante había denunciado a los integrantes de la Comisión de Importaciones por tal motivo, pero el feed-back que venía del Tribunal Superior de Salvaguarda, presidido por Silvestre Ortiz Bucarán, era que los funcionarios señalados tenían suficiente argumentación para negar los excesos.
Tiempo después el Comisario Rivera, el día que fuimos a buscar el informe en la oficina de Dáger, nos confesó que le había " costado un mundo" consolidar las cifras que demostraran, fehacientemente, que sí ocurrieron los sobregiros contra el presupuesto de divisas y en detrimento de las reservas internacionales.
Luego el Tribunal Superior de Salvaguarda dictó, el 29 de noviembre de 1989, los diez autos de detención contra los ex-ministros y funcionarios del gobierno de Lusinchi por malversación de fondos públicos, originada en los excesos presupuestarios.
Cuando tuvimos los informes elaborados por el Comisario Rivera para Dáger y Pérez Hernández en las manos, nos dimos cuenta de que habíamos sido nosotros los que nos quedamos cortos en este tema del presupuesto nacional de divisas (PND).
Pero pasemos al contenido fundamental del documento de Pérez Hernández, luego absorbido por el de Dáger y difundido por El Nacional, el 20 de octubre de 1989. Detalla este otro informe preliminar que " el Presidente de la República, Jaime Lusinchi, en Consejo de Ministros, en las sesiones de los días 31-12-83, 26-12-84, 26-12-85, 30-12-86, 27-04-88 y 03-01-89, aprobó los presupuestos nacionales de divisas (PND) que comprenden los rubros de ingresos y egresos de divisas del Banco Central de Venezuela, a regir en los ejercicios comprendidos entre 1984 y 1989" .
El viernes 20 de octubre revelamos en El Nacional que " los presupuestos de divisas para los años 1987, 1988 y 1989, en momentos de agudización de la crisis, fueron aprobados por el Presidente en Consejo de Ministros, bajo una óptica distinta a la realidad del país, bajo criterios que difieren en lo cuantitativo y cualitativo con el objetivo nacional de mantener nuestra estabilidad monetaria, la solidez y el desarrollo ordenado de nuestra economía y, por tanto, en actitud contraria al interés público que consagra la Constitución Nacional, y a la sana administración de la Hacienda Pública Nacional a que está obligado el Presidente de la República" .
Por otra parte, " los presupuestos nacionales de divisas en cuestión, además de su característica deficitaria, dependientes de los agotables reservas operativas del país, fueron aprobados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, primero fuera del lapso previsto en el artículo 92 de la Ley del Banco Central de Venezuela, como puede desprenderse de los presupuestos para los años 1988 y 1989, y segundo, con una potencial orientación a satisfacer a toda costa el gasto y las importaciones de los entes públicos y privados, superando estos rubros lo presupuestado para atender los requerimientos de Petróleos de Venezuela y lo relativo al servicio de intereses de la deuda externa pública y privada externa" .
Como puede derivarse " lo establecido en el respectivo presupuesto nacional de divisas, para gastos e importaciones (CIF con costos de fletes y servicios y de seguros) de los sectores público y privado, durante el lapso 1985-1989, supera notablemente lo atribuido a PDVSA y la deuda externa, evidenciando ello un propósito desmesurado del Presidente de la República y del Consejo de Ministros, enfocado a mantener una economía artificial, agotando nuestras reservas internacionales y provocando una distracción de divisas hacia gastos e importaciones que, en muchos casos, no constituían carácter prioritario o de interés general" .
Aparte, además, dieron lugar a todo género de corrupción y aprovechamiento fraudulento, en beneficio de funcionarios o de terceros. Cabe señalar " que al cierre del ejercicio 1986, las transacciones externas en divisas arrojaron un saldo deficitario, entre otras razones conocidas, por el flujo financiero que propició el incremento sostenido en los años subsiguientes del gasto presupuestario, y ejecutado luego en exceso, para importaciones de los entes públicos y privados, a expensas de nuestras reservas operativas" .
De acuerdo con el escrito, " estas decisiones del Presidente en Consejo de Ministros, a sabiendas de que la política de financiamiento externo sustentada en la obtención de nuevos créditos, dependía en buena parte del marco de restricciones que impuso el sector externo (de la economía) y de la conveniencia o no de un mayor endeudamiento, llevó a las reservas operativas que al 30-06-86 se ubicaban en 7.137 millones de dólares, al punto de insolvencia (con la banca acreedora internacional), es decir a su nivel crítico, en virtud de experimentar una reducción al 31-12-88 que las situó en 2.044 millones de dólares, incluyendo las reservas del Fondo de Inversiones de Venezuela" .
| Reservas Operativas de Venezuela | ||
| (Millones de dólares) | ||
| Saldo al 30/6/86 | Saldo al 31/12/88 | Disminución neta |
| 7.137 | 2.044 | 5.093 |
Si a esto agregamos " los 5.578 millones 40 mil dólares en cartas de crédito pendientes por honrar al 13-03-89, por vencer a partir del 14-03-89, por concepto de gastos e importaciones de los sectores público y privado, necesariamente tenemos que concluir que el Presidente de la República en Consejo de Ministros, durante la administración anterior, aprobó presupuestos nacionales de divisas que a la luz de la realidad económica que vivió y vive el país, y desde el ángulo socio-político, ocasionaron un profundo daño al patrimonio nacional y al país en general... a expensas de nuestras reservas internacionales y de la seguridad y estabilidad económica de la Nación" .
De manera que " el exceso observado en las remesas de divisas por parte del Banco Central de Venezuela, dentro de una cadena de decisiones, contravenciones y sus consecuencias, constituye, como hemos dicho, una distracción de fondos públicos en poder del ente emisor, en beneficio o provecho de terceros, aplicados en importaciones que, en algunos casos, como por ejemplo: cosechadoras, tractores, novillas, configuraron, además, un aprovechamiento fraudulento de esos fondos en detrimento del patrimonio público" .
En otro orden de ideas, " durante el período 1985-1988, el Ministerio de Hacienda excedió las disposiciones del presupuesto de divisas en 680 millones 500 mil dólares (sector público) y en 11.194 millones 130 mil dólares (sector privado). En síntesis, Recadi realizó actos administrativos sin verificar las disponibilidades de divisas, que generaron compromisos a la República por 11.874 millones 630 mil dólares en exceso y que en la medida en que se fueron materializando, constituyeron una distracción de bienes del patrimonio público, vale decir, de nuestras reservas internacionales" .
Por lo que " esta conducta del Ministerio de Hacienda, lesiva, fue agravada por la falta de sistemas y dispositivos de control en el ejercicio de las responsabilidades que le correspondieron en materia del Régimen de Cambios Diferenciales. Se dio el caso, incluso citado, de que los Ministros de Hacienda, reiteradamente, giraron instrucciones a Recadi para que, en efecto, se excediera el presupuesto nacional de divisas" .
Se agrega que " llama la atención que la Oficina Sectorial de Programación y Control del Presupuesto de Divisas, que se refiere en la Resolución 1.931 del 25-10-83 del Ministerio de Hacienda, nunca fue estructurada y puesta en funcionamiento" .
En el proyecto de informe que se comenta, también se asevera que " durante los años 1987 y 1988, la Comisión de Importaciones creada mediante el Decreto 1.546..., el Ministro de Hacienda, el Director General de ese despacho y/o el Director General Sectorial de Divisas para Importación (nuevo nombre de Recadi) y el resto de los integrantes, procedieron a asignar, aprobar y autorizar, según el caso y la oportunidad, importaciones con divisas preferenciales por un monto de 21.726 millones de dólares al sector privado" .
Igualmente, " que este monto fue distribuido en cupos iniciales para materia prima, insumos, material CKD, respuestos y productos varios, bienes de capital para el sector agrícola, industrial y comercial; productos agrícolas, insumos industriales, programa de insumos básicos para la exportación (PIBE), Zona Franca de Paraguaná, Licores y Puerto Libre de Margarita" . Pero el caso es que las autoridades que conformaron la Comisión de Importaciones durante los dos últimos años de gobierno de Jaime Lusinchi " excedieron en la cantidad de 11.668 millones 900 mil dólares, las previsiones que, en tal sentido, para el mismo lapso y por un monto de 10.057 millones 10 mil dólares, indican los respectivos presupuestos de divisas, de por sí deficitiarios en su concepción y aprobación previa" .
| Conformidades para Importaciones del Sector Privado | |||
| (Miillones de dólares) | |||
| Año | Conformidades presupuestadas | Conformidades autorizadas | Sobregiro registrado |
| 85 | 5.040 | 6.397 | 1.357 |
| 86 | 4.251 | 5.752 | 1.501 |
| 87 | 4.473 | 10.331 | 5.858 |
| 88 | 5.583 | 8.088 | 2.505 |
| 85/88 | 19.347 | 30.568 | 11.221 |
Desde el punto de vista estadístico, se tiene en cuenta que en 1987 el presupuesto nacional de divisas aprobado por el Presidente en Consejo de Ministros convino en apartar 4.473 millones 600 mil dólares para las importaciones del sector privado, pero se asignaron 10.892 millones 530 mil dólares, incurriendo la Comisión de Importaciones en un sobregiro del tenor de los 6.418 millones 930 mil dólares en contra de las reservas internacionales.
Mientras que en 1988, el presupuesto nacional de divisas aprobado para las importaciones del sector privado fue de 5.583 millones 500 mil dólares, pero se asignaron 10.833 millones 470 mil dólares, con lo que en este año se provocó otro exceso por 5.249 millones 970 mil dólares.
Se hace la aclaratoria que " a partir del 1º de enero de 1989 hasta el día 20 de ese mismo mes, oportunidad en que tuvo lugar la reunión 54 de la Comisión de Importaciones, y el día 14 de febrero de 1989, en que fue sometido a la consideración y aprobación de la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, el último punto de cuenta respecto a una solicitud de importación de bienes de capital por un monto inferior al millón de dólares, al tipo de cambio preferencial de 14,50 bolívares, aparece autorizado un total de 1.895 millones 48 mil dólares, cantidad que no se incluye en el estudio" .
Por su parte, " la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales y la Dirección General Sectorial de Divisas para Importación, expidieron durante los años 1985, 1986, 1987 y 1988, conformidades de importación por la cantidad de 30.542 millones 330 mil dólares, monto éste que excede en 11.194 millones 130 mil dólares, la cifra global de 19.348 millones 200 mil dólares que contemplaban a tales efectos los correspondientes presupuestos de divisas" .
De tal suerte que en 1985 el presupuesto contemplaba 5.040 millones 100 mil dólares, Recadi autorizó conformidades al sector privado por 6.397 millones 580 mil dólares, incurriendo en un sobregiro de 1.357 millones 480 mil dólares; en 1986, el presupuesto previó 4.251 millones de dólares, Recadi expidió conformidades por 5.752 millones 200 mil, provocando otro sobregiro de 1.474 millones 20 mil dólares; en 1987, el presupuesto convenido era por 4.473 millones 600 mil dólares, Recadi autorizó a privados 10.331 millones 250 mil dólares, para un nuevo exceso por 5.857 millones de dólares.
Finalmente, en 1988, el presupuesto apartó 5.583 millones 500 mil dólares, Recadi dio 8.088 millones 400 mil y, nuevamente, se operó otro sobregiro contra las reservas internacionales de 2.054 millones 980 mil dólares.
Aclara el documento, entonces provisional, que " durante el lapso entre el primero y el 17 d enero de 1989, fecha de la última conformidad de importación emitida por la Dirección General Sectorial de Divisas para Importación (antigua Recadi), la antes mencionada dependencia expidió conformidades de importación al tipo de cambio de 14,50 bolívares, que suman 1.233 millones 540 mil dólares, lo cual no se incluye en el análisis comparativo anterior" .
Se argumentó también que " correspondió al Banco Central como ente de naturaleza pública, la fase determinante de ejecutar o traducir en remesas de divisas al tipo de cambio preferencial fijado... todas aquellas conformidades de importación que emanaron del Ministerio de Hacienda y que, de acuerdo con los documentos de nacionalización de mercancías presentados en cada caso por los importadores, debieron materializarse en bienes y servicios ingresados al país, en los términos de calidad, cantidad y precios" . Pero el caso es que "el organismo emisor, desestimando, ignorando y desde luego, en actitud violatoria de lo aprobado por el Presidente en Consejo de Ministros (los mismos funcionarios de la Comisión de Importaciones)... procedió a erogar o remesar divisas preferenciales entre 1985 y 1988 por concepto de importaciones CIF hasta por la cantidad de 22.011 millones 800 mil dólares, suma ésta que significa un exceso de 2.662 millones 800 mil dólares, con respecto a lo presupuestado y que para ese lapso alcanza la suma de 19.348 millones 200 mil dólares" .
De modo que en 1985, el presupuesto de divisas para importaciones privadas -como ya indicamos- contempló un apartado de 5.040 millones 100 mil dólares, el BCV pagó 5.453 millones de dólares, incurriendo en sobregiro de 412 millones 900 mil dólares; en 1986 el presupuesto fue de 4.251 millones, el Instituto remesó 4.570 millones, para un exceso de 319 millones de dólares; en 1987, el presupuesto previó para privados unos 4.473 millones, la autoridad monetaria canceló 4.859 millones, estableciéndose otro exceso de 385 millones; y en 1988 el presupuesto aprobado fue de 5.583 millones 500 mil dólares, el BCV erogó 7.129 millones, ocasionando otro sobregiro por 1.545 millones 500 mil dólares.
Advierte este escrito de Pérez Hernández que " el organismo emisor, durante el lapso entre el primero de enero y el 31 de julio de 1989, erogó por igual concepto (importaciones privadas) la cantidad de 1.540 millones de dólares, que tampoco se ha considerado en este análisis, pero que sin duda alguna, de manera sustancial se corresponden con importaciones autorizadas o nacionalizadas en ejercicios económicos anteriores" .
En este sentido, " el BCV actuó en franca violación de los principios, fundamentos y parámetros cuantitativos considerados en la formulación y aprobación de los presupuestos nacionales de divisas, ignorando en todo momento su facultad y discrecionalidad en cuanto a limitar, restringir o suspender el otorgamiento de divisas, en función del régimen de cambios diferenciales y del supremo interés nacional. Así pues, asumió una actitud permisivia y optó por disponer, comprometer o vender divisas preferenciales a importadores privados, sin otro razonamiento, vigilancia, regulación o gestión, distinta a la simple recepción de documentos..." .
Ello, " pone de manifiesto la actitud sumisa e irresponsable e irregular asumida por el Banco Central de Venezuela, ante hechos y medidas económicas de interés público, tales como el agotamiento progresivo de las reservas internacionales, el incremento desproporcionado e irracional de las importaciones, y sus efectos en los flujos de caja y apertura de cartas de crédito con divisas preferenciales y, en su oportunidad, la devaluación de nuestro signo monetario y desbordamiento de las divisas que, entre otros aspectos, esto ocasionó" .
Las autoridades de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, reestructurada en 1987 y denominada luego Dirección General Sectorial de Autorización de Divisas para Importación emitieron, durante el período 1985-1988, Autorizaciones de Retiro de Divisas (ARD) al sector público hasta por 9.612 millones 800 mil dólares, excediendo en 680 millones 500 mil dólares, el monto de 8.932 millones 300 mil dólares señalados en los presupuestos nacionales de divisas correspondientes a los mismos años.
| Autorizaciones de Retiro de Divisas (ARD) para Importaciones del Sector Pùblico | |||
| (Millones de dólares) | |||
| Período | Presupuesto | ARD Autorizados | Sobregiro registrado |
| 1985/1988 | 8.932 | 9.612 | 680 |
Mientras que las del Banco Central de Venezuela, en el mismo lapso de 4 años, erogaron o remesaron divisas preferenciales para los mismos gastos e importaciones públicas, por la cantidad de 11.545 millones de dólares, sobregirándose con respecto a lo señalado en los PND de 1985, 1986, 1987 y 1988 en la suma de 2.612 millones 700 mil dólares.
Aunque los excesos por inferiores no dejan de ser menos graves, no consideramos discriminarlos año a año, como se hizo con las importaciones del sector privado.
Los informes atrás reseñados, elaborados por Gonzalo Pérez Hernández y Douglas Dáger, fueron públicamente adversados por Hernán Anzola, ex-presidente del Banco Central de Venezuela y bajo investigación por el Tribunal Superior de Salvaguarda, los días 29 de octubre y 5 de noviembre de 1989, respectivamente.
Fundamentalmente este funcionario, formado en el mundo petrolero (fue viceministro y varias veces ministro encargado de Energía y Minas) sostuvo la tesis de que los presupuestos nacionales de divisas son instrumentos meramente indicativos -cosa que también expresó Mauricio García Araujo en otro papel que le hizo llegar a Douglas Dáger- y que su interpretación como instrumento de trabajo, no puede ser la misma que la del presupuesto ordinario de la Nación, que obedece a una ley sancionada por el Congreso de la República. Aunque también discrepó de las cifras a las que habían llegado los informes del Congreso -siempre se cuidó Anzola de defender el pedacito de su gestión de año y medio-, su argumento principal fue el referido.
Al escrito de Pérez Hernández lo tildó el 5 de noviembre, desde El Nacional, como " superficial y confuso" , mientras que al de Dáger de " carecer de rigor técnico" , el 29 de octubre.
Sería para nosotros un absurdo y, además un abuso con nuestros lectores, seguirlos sobrecargando de cifras. En todo caso, las réplicas de Hernán Anzola refutan, una a una, las estadísticas de los textos parlamentarios.
Previamente, en una reunión sostenida entre nosotros y Hernán Anzola en la Jefatura de la Sección Económica de El Nacional, el ex-presidente del BCV -y el periódico también lo difundió en junio de 1988- entregó un largo documento titulado " En defensa de una institución y de mi gestión al frente de ella" . La tesis central, apartando la supuesta responsabilidad personal y administrativa de Anzola, no es otra que precisar que el Instituto Emisor es una institución seria y respetable, por lo que no puede ni debe atacarse y se encuentra alejada de las situaciones irregulares detectadas en Recadi o Hacienda.
Tal como lo recogen los informes de Gonzalo Pérez Hernández y Douglas Dáger, ciertamente fueron innumerables los alertas lanzados por el Banco Central de Venezuela, sobre el cuadro de deterioro que estaba acusando la maltratada economía nacional, desde el punto de vista de los efectos y las distorsiones que estaban provocando las políticas oficiales.
Pero no solamente los alertas se dejaron colar en algunas parrafadas que acompañaron la introducción de los presupuestos nacionales de divisas confeccionados por el Banco Central para la consideración del Presidente de la República en Consejo de Ministros, en los correspondientes ejercicios.
Recientemente, algunos días antes de que el Tribunal Superior de Salvaguarda dictara los autos de detención a los funcionarios de la administración Lusinchi, " encontramos en un archivo oficial" , varias cartas enviadas de manera confidencial y privada por el Presidente del Banco Central de Venezuela, en este caso el mismo Hernán Anzola, al Presidente Jaime Lusinchi, con copia al Ministro de Hacienda, Manual Azpúrua Arreaza, entre mayo y octubre de 1987.
En una del 11 de mayo, Anzola escribió a Lusinchi recomendándole " algunas políticas tendientes a armonizar las políticas fiscal y monetaria, a los fines de reducir en lo posible el problema inflacionario y apuntalar la posición de nuestras reservas internacionales" .
- Una revisión selectiva de la situación monetaria de Venezuela, para el primer cuatrimestre -suponemos que esto lo leyó Lusinchi- pone de manifiesto varios hechos que, objetivamente, comprometen la estabilidad del bolívar.
Así, entre las más importantes observaciones Anzola escribió las siguientes:
- Las reservas monetarias internacionales, en poder del BCV, han disminuido sistemáticamente desde el inicio de la caída de los precios petroleros, a principios de 1986, y hasta mediados de abril de 1987 en 4.342 millones de dólares, cantidad que excede en 631 millones de dólares el incremento de esas reservas habido entre 1983 y 1985.
- El tipo de cambio en el mercado libre ha continuado depreciándose y, a la fecha más reciente, su cotización evidencia una desviación del 74,0 por ciento respecto de la paridad cambiaria oficial (14,50 por dólar).
- Las reservas internacionales operativas, en poder del BCV, están ya en un nivel que es considerado crítico (3.636 millones de dólares en ese momento), al ubicarse por debajo del límite aconsejable para atender los pagos externos imprescindibles, incluido un nivel mínimo de tres meses de importaciones. De persistir la actual tendencia deficitaria en el saldo cambiario del BCV, las reservas operativas se aproximarán al nivel fijado como de incumplimiento, según lo previsto en el acuerdo General de Reestructuración de la Deuda Pública Externa (2.000 millones de dólares), situación que podría tener lugar hacia el tercer trimestre de 1987.
- La aludida limitación en el nivel de reservas, aunada a la tendencia de deterioro en la tasa real de cambio del bolívar, por la intensificación inflacionaria interna, en un contexto de tasa de cambio oficial fija, dificultan objetivamente la capacidad de la autoridad monetaria para garantizar la credibilidad del nuevo sistema cambiario, hecho que se expresa diariamente en una mayor depreciación de la tasa de cambio del bolívar en el mercado libre dado el monto de las asignaciones previstas a estos efectos en el presupuesto nacional de divisas.
Finalizó Anzola su carta de alarma a Lusinchi diciendo: " La capacidad de defensa del signo monetario venezolano está prácticamente y potencialmente comprometida en el actual estatus de precios relativos, niveles de demanda y limitaciones de financiamiento externo" .
Anzola, de nuevo por escrito el 4 de agosto de 1987, insiste en términos confidenciales, y dice a Lusinchi: " En el mes de septiembre de 1986 hice llegar al Ejecutivo Nacional -por intermedio del Ministro Manuel Azpúrua- un documento titulado Situación económica de Venezuela, problemática financiera del sector público y política económica. Con posterioridad al citado documento, sobre el cual no tuvimos ninguna reacción del Ejecutivo, contribuimos decididamente en la definición de las medidas de política económica que se adoptaron a principios de diciembre de 1986" .
Pero el 6 de octubre, en otro memorándum confidencial, Anzola dice a Lusinchi esto: " Necesidad de adoptar un programa económico respaldado por el Banco Mundial, a fin de poder concretar un plan de financiamiento externo adecuado a las necesidades del país a corto y mediano plazo" .
Entre otras medidas, Hernán Anzola en 1987 planteó al máximo nivel Ejecutivo, las siguientes: reducción del déficit fiscal, incremento de las tasas de interés, simplificación del régimen de importaciones, simplificación del régimen cambiario, incentivo de las exportaciones no tradicionales.
" El programa económico que se estructure alrededor de los puntos antes mencionados -en buena medida ahora contenidos en el paquete de Pérez- iría apoyado por un plan de financiamiento que sería el que se presentaría y discutiría con la comunidad financiera internacional... Finalmente, señor Presidente, estoy convencido de que no es posible demorar más la toma de decisiones definitivas sobre los aspectos arriba señalados, so pena de entrar en un proceso de pérdida de credibilidad ante la comunidad financiera internacional y de tener que hacer grandes esfuerzos para obtener pocos recursos financieros en cada operación, con el deterioro consiguiente de la situación económica del país" .
Al poco tiempo Anzola renunció a la presidencia del BCV, fue sustituido por Mauricio García Araujo, luego con auto de detención sobre su cabeza; nunca se tomaron las medidas económicas que a mediados de 1987 pudieron aminorar el efecto y el impacto de las que desde febrero de 1989 está aplicando el Presidente Carlos Andrés Pérez, apoyado por el FMI.
Es bueno recordar que a fines de 1987, en noviembre, el entonces Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Juan José Delpino, dio una declaraciones al diario Panorama, de Maracaibo, donde denunció con gran fuerza que en Recadi se cobraba peaje por cada dólar autorizado. Las palabras de Delpino ameritaron una comunicación del Presidente Lusinchi al Ministro Encargado de Hacienda, Jorge García Duque, instruyéndole para que, a su vez, remitiera las denuncias a la Fiscalía General de la República. El titular, Héctor Hurtado, pasó aquella navidad convaleciente de una operación en la Policlínica Metropolitana.
El 25 de diciembre de 1987 fue la última oportunidad que tuvimos de hablar directamente con el Presidente Jaime Lusinchi, cuando acudió a visitar a su Ministro de Hacienda en la Policlínica Metropolitana.