Cuando El Nacional, desde La Agenda Secreta, comenzó a denunciar personas, empresas y situaciones ligadas al proceso de otorgamiento de dólares preferenciales en los últimos seis años, el país todavía vivía las secuelas de ese lapso absurdo y paralizante que desencadenó la transmisión de mando de un gobierno saliente, el de Jaime Lusinchi, a otro entrante, el de Carlos Andrés Pérez
A pesar de ser ambos gobernantes militantes del mismo partido, Acción Democrática, en realidad lo que se sentía en todos los despachos oficiales era que la transición estaba ocurriendo entre un gobierno saliente de Copei y el entrante de Carlos Andrés Pérez.
Uno de los síntomas más importantes que arrojó aquél cuadro fue la presencia, no para pocos inadvertida, de un profundo y gran vacío de justicia que puso en entredicho la garantía de un verdadero Estado Derecho.
Los períodos formales para que desempeñaran sus funciones el Fiscal General, el Contralor, los Magistrados del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, estaban todos vencidos y sus titulares tenían que ser ratificados o sustituidos. Pero lo cierto del caso es que nadie hacía nada o muy poco con las denuncias que se estaban formulando.
No sin razón desde El Nacional se trató de presionar el esquema reinante, y por ello invitamos al cambio de la situación. Escribimos el 11 de abril de 1989, justo a la semana de haber comenzado La Agenda Secreta lo siguiente: " Corresponde al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público y a los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal en esta materia, en su condición de instructores directos de estos procesos contra la administración pública, incluidas las denuncias de El Nacional, ordenar las correspondientes averiguaciones para que, en definitiva, se determinen los delitos cometidos y la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, particulares y terceros, en esas conductas antijurídicas y antinacionales" .
En realidad, el caso estaba en la calle porque lo planteó el periódico. Luego se fueron incorporando las iniciativas primero individuales y luego institucionales de algunos diputados como Carlos Tablante, Douglas Dáger y Orlando Fernández, más el resto de los parlamentarios que formaron, posteriormente, la Comisión Especial de la Cámara Baja. Es bueno decir ahora que no todos estos representantes del pueblo trabajaron con la misma intensidad y constancia. La Comisión Recadi del Congreso fue expresión del trabajo de unos pocos políticos, apoyados en gente de gran capacidad técnica.
A la iniciativa de El Nacional, tres semanas después, se plegaron El Diario de Caracas, con el Expediente Recadi, y Ultimas Noticias, con el Escándalo Recadi.
El miércoles 5 de abril de 1989, a petición de los Fiscales del Ministerio Público Ramón Iglesias y Ana María Padilla, el Juez XXXVII Penal y de Salvaguarda, Luis Guillermo La Riva López, primo del Diputado por Copei Emilio López, abrió la investigación referida al caso Recadi.
Basaron su argumentación los referidos Fiscales en un conjunto de recortes de prensa donde se estaban señalando " graves irregularidades cometidas en la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales con el otorgamiento de dólares preferenciales" .
- No hemos señalado casos específicos para no limitar al Tribunal. Aparte de las publicaciones de prensa, hemos aportado información recibida por la Fiscalía y más adelante presentaremos una lista de empresas fantasmas, para que sean investigadas en los registros y ver quiénes son sus directivos. Todo lo investigaremos, -declaró el Fiscal Ramón Iglesias.
Agregó este funcionario que " lo publicado por la prensa revista tal gravedad, que requiere una investigación lo más pronto posible" .
Por su parte, el Juez La Riva dictó inmediatamente el auto de proceder para iniciar la instrucción de un sumario, en coordinación con los fiscales. " Vamos a citar a todas las personas que vayan apareciendo en el curso de la averiguación" .
Dos días después, La Riva recibió un expediente elaborado inicialmente por los Fiscales, referido a dos empresas que pidieron 225.000 dólares preferenciales a 7,50 bolívares para importar tractores.
El 17 de abril, La Riva tomó su primera decisión: prohibió la salida del país a unos 30 ex-directivos y empleados de Recadi, y ya tenía iniciados 14 expedientes diferentes, por sectores.
Humberto Celli, Secretario General de AD, declaró el 22 de abril que Acción Democrática apoyaba plenamente las actuaciones del Juez La Riva López, en torno a la medida dictada.
- Consideramos que hay fundamentos -dijo Celli- para que las investigaciones se realicen hasta sus últimas consecuencias y el partido prestará toda su colaboración y esfuerzo para que esa investigación se efectúe, porque debe ponerse cese a los actos de corrupción y porque tenemos la seguridad de que la crisis que vive el país no solamente es producto de la deuda externa y la baja de los precios del petróleo, sino también en gran parte es por los hechos de corrupción administrativa.
La primera inspección judicial en Recadi, realizada por el juez de la causa, tuvo lugar el martes 25 de abril. Acompañado por el presidente de la Comisión Especial del Congreso, Douglas Dáger, La Rivas dijo: " Este acto tiene como única y exclusiva motivación la de preservar los documentos y registros en general que, de una u otra forma, puedan servir en el proceso de investigación que se sigue en torno a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales" .
Como ya había comenzado una polémica en torno a si el Tribunal XXXVII Penal y de Salvaguarda estaba capacitado para dictar autos de detención a funcionarios públicos de nivel, aparte de los particulares, el juez aprovechó esta oportunidad para opinar que, " en efecto, no es competencia de este tribunal, pero el mismo sí está capacitado para presentar los recaudos ante el Superior de Salvaguarda, que sí tiene competencia en la materia" .
Con motivo de la larga huelga emprendida por los empleados de los tribunales, la cual estalló en mayo y se prolongó hasta junio de 1989, el juez La Riva tuvo que constituir el suyo en la sede de la Policía Técnica Judicial.
A propósito de la situación, Carlos Tablante, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados y denunciante individual de situaciones referidas al caso Recadi, reclamó el 21 de mayo que " el Tribunal Especial está virtualmente paralizado, mientras que pareciera que el Ejecutivo y el Consejo de la Judicatura tienen poco interés en que se restablezca la normalidad en la administración de justicia, por el paro de los gremios tribunalicios. Es necesario que se le dé una solución rápida a estas justas aspiraciones, para que se pueda garantizar una administración sana y efectiva de justicia, como lo reclama el país en el caso Recadi" .
El jueves 25 de mayo, en acto ritual, el Juez La Riva impuso autos de detención a los únicos seis detenidos por el caso Recadi: Livio Pernetz, representante de la empresa verificadora Caleb Brett; Nina Giovanna Calazza Pocaterra, empleada de la Société Généralé Surveillance; y los empleados del Banco Italo Venezolano: Lola Consuelo Ardila, Ana Gioconda Gil Balza, Pablo Antonio Mata Cedeño y Angelo Tiso Meola.
A continuación ofrecemos una relación de las actuaciones más importantes del Juez La Riva, en materia de decisiones judiciales:
- Prohibición de salida del país a directivos y empleados de Recadi.
- Prohibición de salida del país a directivos y empleados de las empresas verificadoras.
- Detención judicial de los directivos de las empresas verificadoras: Livio Pernetz (Caleb Brett); Richard Gautier (Sociéte Généralé Surveillance); y André Marcel Le Dem Matt Dominique (Bureau Veritas).
- Retención judicial de 347 tractores en Punto Fijo.
- Prohibición de salida del país al ganadero Alejandro Trías.
- Auto de detención contra el veterinario Francisco Elías Moya y contra el ingeniero agrónomo William José Ruiz López.
- Auto de detención contra el ganadero Antonio José Grimaldi.
- Inhibición en el caso de Alejandro Trías, por ser amigos.
- Detención en Maiquetía de Tony Canavés.
- Ordena investigar a los 20.000 beneficiarios de los dólares.
- Recauda la carta de Héctor Meneses.
- Prohibe salir del país a presidentes y directivos de ensambladoras.
- Autos de detención a los chinos denunciados por Tablante, Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing.
- Auto de detención a Tony Canavés.
- Todos los funcionarios de Recadi y Ministros son citados al tribunal para declarar.
- Ordena allanar y custodiar las sedes de las empresas verificadoras como consecuencia del asalto misterioso a la Bureau Veritas.
- Autos de detención contra Nina Giovanna Calazza, de la verificadora S.G.S.; y a los empleados del Banco Italo, Lola Consuelo Ardila Vezga, Ana Gioconda Gil Balza, Angelo Tiso Meola y Pablo Antonio Mata.
- Captura en Valencia del chino Ho Fuk Wing.
- Autos de detención contra los molineros Nicomedes Zuloaga, Néstor Mario Rapanelli, Oleg Williamson de la empresa Gramoven; Giácomo Calabresse, de Molinos Guacara; Ricardo Ponce de León, de Molinos Monaca; Vicente Vegas y Michael Stewart Denger, de Pillsbury; y a Héctor Aníbal Hidalgo de Molinos Hidalgo.
- Citación a Blanca Ibánez, Porfirio Valera y Alfredo Paúl Delfino.
- Envía al Superior recaudos de los ex-ministros Hurtado, Meneses y Aspúrua y de los ex-directores de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, Francisco Maldonado Cisneros y Jorge García Duque.
- Arresto disciplinario a Alfredo Paúl Delfino.
- Niega habeas corpus en favor de la libertad de Delfino.
- La Riva manda a recabar en Miraflores las cartas firmadas por Blanca Ibánez y el diputado Luis Guevara.
- Autos de detención contra Julio César Mendoza y Luis Donna, abogados de la empresa Cristalandes, y para Francisco José Madrid y Joubel Renato de la empresa Química Mara.
- Ordena resguardar bienes de los molineros.
- Prohibe de nuevo salir del país a directivos de las ensambladoras.
- Por apelación, envía al Superior de Salvaguarda el expediente de los molineros con autos de detención.
- Detienen en Maiquetía a Adalberto Prinz y María Elena Almeida, ejecutivos de Capricornio.
- Autos de detención contra Jhon Arthur Dalhorsforda y Luigi Vicenzetti, de la empresa Robiplast.
- Auto de detención contra el Fiscal del Ministerio Público José Gregorio Rodríguez, por chantaje y extorsión.
- El Juez Cristóbal Ramírez Colmenares, dicta autos -por inhibición de La Riva en el caso Trías-Capricornio-tractores- a los franceses Gerard Dabasse, Christian Lachaise Mury y Claude Gordard, Adalberto Prinz, Fernando y María Elena Almeida, Edgar Rodríguez, Simón Pinto, Carlos López, Ciro Núñez; y deja averiguación abierta a Alejandro Trías, Regino Burgos, Francisco Hernández, Tomás Domínguez, Humberto Salazar y Saidi Raimondi. Todos relacionados con la denominada "Conexión Francesa" , denunciada por el diputado Orlando Fernández.
- Dicta autos de detención contra cuatro directivos de Ford.
- Prohibe salir del país a directivos de pastificios y laboratorios médicos.
- El Superior de Salvaguarda prohibió salir del país a los funcionarios Héctor Hurtado, Héctor Meneses, Manuel Azpúrua Arreaza, Edgalia Bastardo de Leandro, Jorge García Duque y Jóvito Martínez, de la administración Lusinchi.
- Autos de detención contra Andrés García, Pedro González Hernández, Tulio Alvarez Rojas y Jesús Armando Ramírez, de la empresa Omega.
- Prohibición de salida del país para Fenuy Anuy Makarem Urdaneta, Samir Makarem Urdaneta, Cecilia Sánchez Contreras, Nelson Salvatierra, Vitol Medina, Sauky Kasy, Omar Mantilla y Carlos Sánchez.
Lo anterior significó que el Juez Instructor, Luis Guillermo La Riva, dictó cerca de 90 decisiones individuales en un lapso de 120 días. Esta situación contrasta con lo que ocurrió después. Como se sabe, se nombraron nueve jueces especiales adicionales, todos con facultades penales y de salvaguarda, a fines de julio. Sin embargo diez jueces, incluyendo a La Riva, en cinco meses no tomaron ninguna decisión importante, al menos que sepamos en El Nacional (julio a diciembre de 1989).
El contraste apreciado deja mucho que pensar. Algunos abogados consultados al respecto, entre ellos Braulio Jatar, asesor de Douglas Dáger, presidente de la Comisión de Contraloría del Congreso y presidente de la Comisión parlamentaria que investigó el caso, nos confiaron que una de las principales virtudes del Juez La Riva fue precisamente que tomó decisiones, buenas o malas, pero actuó con celeridad, para evitar presiones sobre su Tribunal. Otro problema era que esas decisiones fueran confirmadas o revocadas por el Superior de Salvaguarda.
Estos escándalos quedan impunes por las presiones que se ejercen contra el Juez -diría La Riva en esos días a nuestro colega Roberto Giusti, en una célebre entrevista que éste hizo al magistrado y cuya publicación ocurrió el 9 de julio-. Puede que me equivoque de buena fe, pero yo prefiero ser Juez, llegar hasta las últimas consecuencias... Yo voy a seguir cortando cabezas... Me encanta el poder...
La Policía Técnica Judicial, desde el comienzo de la actuación del Juez La Riva, lo apoyó a materializar sus decisiones. Ligado a Recadi creemos que hubo un solo caso el cual merece ser destacado, que contó con la atención exclusiva y directa de la PTJ: el del asesinato, el 11 de mayo de 1989, del ganadero Guillermo Nieves, en la carretera Soledad-El Tigre, en el Estado Anzoátegui. Los diputado de la Organización Renovadora Auténtica (ORA), Jorge León Díaz y Gabriel Niño (a ellos los conocimos en la sede de Recadi, cuando ayudaban a Roseliano Ojeda en la comisión técnica que asistió al Congreso) habían entregado en la central policial una serie de recaudos, a propósito del crimen.
Supuestamente, Nieves era gestor de muchos ganaderos de los Estados Táchira, Falcón, Zulia y Bolívar, para la obtención de dólares preferenciales, en representación de las empresas Bvenca y Agropecuaria Transandina, firmas, a su vez, investigadas por los diputados Edgar Mora (Copei) y Orlando Fernández (MAS).
Este último nos confió alguna vez que Nieves fue su informante y por eso, entre otras cosas, lo habían matado, tirándole una gandola en sentido contrario en la mencionada carretera Soledad-El Tigre.
Otra versión que circuló respecto al crimen del ganadero Nieves fue que no murió por el impacto y, en consecuencia, a quienes atentaron contra él no les quedó más remedio que acribillarlo dentro de su Ford Sierra Blanco, placas XFS-043.
Fue a comienzos de abril de 1989 cuando la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, presidida por Douglas Dáger, designó una sub-comisión que quedó facultada para investigar Recadi. No hablaremos de ésta, porque su tiempo de actuación fue muy breve. Solamente se instaló y tuvo la oportunidad de interpelar a Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, el lunes 8 de abril.
El jueves once sostuvimos una reunión de trabajo con Dáger. Primera vez que hablábamos con el presidente de la Comisión de Contraloría. Obtuve de él unas declaraciones que luego fueron publicadas el 13 de abril. De este encuentro vale la pena recordar las críticas formuladas por nosotros a la forma en que fue llevada la interpelación de Edgalia Bastardo (" muy pobre, tanto por las preguntas como por las respuestas" ). Dáger respondió que se trataba de la primera y que sobre la marcha los parlamentatios se irían poniendo en el tema.
El otro punto importante expresado por nosotros al presidente de esta subcomisión, fue ver qué pensaba Dáger del hecho de que uno o dos primos de él habían sido gestores en Recadi. Nos dijo que su compromiso en la investigación pasaba por meter presa " a su madre, si era necesario" . En realidad al diputado no le gustó mucho que le planteáramos el tema.
A mediados de abril la Cámara Baja en pleno sustituyó aquélla subcomisión por una superespecial con plenos poderes, la cual tuvo la siguiente conformación:
Las únicas tres subcomisiones sectoriales que funcionaron plenamente y cuyos avances rutinariamente fueron conocidos y divulgados por la prensa, y sus integrantes complementaron la investigación con denuncias simultáneas ante los órganos de justicia fueron: la del Sector Agropecuario, por esfuerzo constante de Orlando Fernández y Edgar Mora; la del Sector Verificadoras, por la acción de Carlos Tablante y Nelson Chitty La Roche; y la del Sector Aduanas, integrada por Nelson Chitty y Orlando Fernández.
Otras dos subcomisiones marcharon un poco por el interés de sus presidentes, que no por el resto de los integrantes: Sector Público (Gonzalo Pérez Hernández) y Alimentos (Alexis Ortiz).
Del resto de los subcomités sectoriales y de los diputados nunca se supo qué hicieron, con quién se reunieron, a quién interpelaron o si, finalmente, produjeron algún informe sectorial que pasara a nutrir el de Douglas Dáger.
Al menos, cuando fueron abordados sus integrantes por la prensa, éstos no sabían qué decir o informar.
Otro aspecto importante a destacar es que, por ejemplo, el Juez Luis Guillermo La Riva había dictado autos de detención en los sectores alimentos, automotriz, financiero, industrial, comercial, y las correspondientes comisiones sectoriales nunca estuvieron a la par de la investigación judicial.
No obstante, el viernes 8 de abril el Contralor General de la República, José Ramón Medina, se reunió en su despacho con el Presidente y algunos miembros de la Comisión Especial del Congreso junto con Fiscales del Ministerio Público que estaban conociendo algunos expedientes. La idea del encuentro fue cohesionar el trabajo, para evitar dispersión o duplicidad de esfuerzos.
Aparte del trabajo sectorial, entre abril y junio de 1989 la Comisión Especial citó a Manuel Azpúrua, ex-ministro de Hacienda; Héctor Hurtado, ex-ministro de Hacienda; Eglée Iturbe ex-viceministro y luego Ministro de Hacienda, hoy en el directorio de PDVSA; Jorge García Duque, ex-viceministro de Hacienda; Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de Recadi; Ana Teresa Herrera Valduz, ex-directora de Inspección y Fiscalización y de Recadi; Jesús Vargas Chirinos ex-director de Aduanas, para ser interpelados. Algunos comités sectoriales realizaron también interpelaciones, como las efectuadas por las subcomisiones de Aduanas y Verificadoras.
La Comisión Especial estuvo respaldada por un comité técnico que presidió el Diputado Roseliano Ojeda e integraron: Humberto Redondo, Humberto Mendoza D`Paola, Manuel Rivero Sanabria, Angel Augusto Franco, Juan Lugo Méndez, Juan Pedro Uzcátegui, Tatiana Uzcátegui, Marcos Guánchez, Gilberto López Zacarías, Jorge Herrera, Víctor Rivera, Marisol Arcia, Alberto Quintero y otros. Allí concurrieron abogados, policías, detectives, médicos, expertos financieros, economistas, analistas de sistema, consultores, auditores, interventores de aduanas, repartidos en los diversos sectores y comisiones.
Este último grupo fue el que fundamentalmente actuó en los propios archivos e instalaciones de Recadi en la Torre Provincial.
Los diez asesores principales de la Comisión Especial, a su vez apoyados en equipos secundarios, tenían bajo investigación, el 13 de julio de 1989, a 14.000 de las 26.000 firmas privadas que importaron con dólares preferenciales todo tipo de mercancías en los últimos seis años.
En principio, ello no suponía que todas estas 14.000 empresas hubieran cometido actos reñidos con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público y otras normas legales fundamentales del país. Simplemente, diputados y asesores estaban tratando de hacer de una manera más eficiente y rápida lo que en su oportunidad le tocó acometer a las propias autoridades de Miraflores, Gabinete Económico, Hacienda, BCV y Recadi y no lo adelantaron en forma apropiada: cruzar por computadora los distintos archivos que luego estuvieron bajo custodia de la Guardia Nacional, para ver qué se obtenía y profundizar donde fuera necesario.
Con el apoyo de unos pocos empleados de sistemas y secretarias que deseaban colaborar con la investigación, y con algunos terminales y computadoras readaptados para la nueva finalidad, es decir con el recurso de una aplicación denominada Contra-Recadi, se procedió a cruzar los archivos existentes.
El resultado de ese cruce, a su vez, se intercambió con la información en poder del Banco Central, Instituto de Comercio Exterior y los Ministerios de Hacienda y Fomento. El entrelazamiento debía arrojar, como resultado general, cuando menos, tres niveles de información básica: empresas en situación regular, empresas en situación irregular y empresas fantasmas.
La información sobre cada empresa usuaria de dólares preferenciales fue clasificada en una proforma que recibió los siguientes datos: 1) sector económico; 2) número de Registro de Información Fiscal (RIF); 3) número de expediente abierto; 4) nombre de la empresa importadora; 5) presupuesto en dólares correspondiente a 1988; 6) dólares otorgados en 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989; 7) total de dólares otorgados; 8) solicitud de dólares preferenciales; 9) referencias; 10) dólares aprobados en cada año desde 1983 hasta 1989; 11) bancos por los cuales se tramitaron cada año las conformidades de importación; 12) fechas válidas para las tramitaciones; 13) artículos importados.
La última casilla de la proforma era la más importante; 14) tipo de irregularidad cometida u observada.
El equipo de investigadores y asesores estableció una tabla o código de 6 irregularidades tipo:
1)Posible sobrefacturación (discrepancias entre el precio ofertado y la valorización de las mercancías); 2) Mal uso de divisas preferenciales (discrepancias en el precio de venta final del producto); 3) Relación inconveniente entre proveedor e importador; 4) Relación anormal entre el capital constitutivo de la empresa con el monto de dólares otorgados y sus correspondientes fianzas en favor del Fisco; 5) Empresas con diferentes Registros de Información Fiscal (RIF); y 6) No aparece en el Registro de Información y Propiedad Industrial (RIPI).
Una vez que los asesores completaran la proforma de cada una de las 26.000 firmas importadoras, en la misma medida se enviaría la información correspondiente a todas y cada una de las subcomisiones sectoriales del Congreso, para que éstas revisaran el expediente y, de ser necesario, se enviara al Juez Instructor Especial, Luis Guillermo La Riva, para que decidiera judicialmente.
A pesar de este esfuerzo bien planteado, la fluidez del sistema previsto no coronó en el éxito, por varias razones. En primer lugar, el virus de la informática contaminó muchas archivos del Banco Central de Venezuela -tal vez a propósito-; luego, los propios archivos de Recadi no estaban organizados de la mejor manera. Pero dejemos que sea la palabra del diputado Roseliano Ojeda la que describa la situación:
- Sólo la utilización de la informática -declaró a El Nacional- para el cruce de los datos que se encuentran dispersos en los diferentes archivos relacionados con Recadi, permitirá establecer, en forma precisa, dónde están las irregularidades, cómo se cometieron y quién las perpetró. De acuerdo a un estudio preliminar, los diferentes archivos relacionados con el otorgamiento de divisas preferenciales se encuentran aislados entre sí. La oficina llevaba sus archivos sin clasificación alguna y sólo ordenados según el ingreso de documentos, mes a mes. En mi opinión, estos archivos fueron concebidos, precisamente, para amparar la corrupción, de acuerdo con el grado de desorden y la falta de método que muestran" (13 de mayo de 1989).
Noventa días más tarde, el mismo Ojeda refirió lo siguiente:
- Mas de sesenta ex-funcionarios de Recadi, están colocados ahora en cargos estratégicos, medios y bajos del Ministerio de Hacienda, desde donde siguen mandando sobre los archivos Recadi.
En el fondo lo que estuvo planteado fue una lucha de poder por el control de los valiosísimos archivos de la otrora alcabala de la extorsión y del favoritismo palaciego.
Al Juez Instructor La Riva no le gustó que el archivo fuera revisado por parlamentarios o sus asesores; o a éstos no les gustó que las autoridades judiciales estuvieran chequeando papeles sin su visto bueno; y la Ministro de Hacienda, Eglée Iturbe de Blanco, tampoco vió con buenos ojos que magistrado o congresantes entraran y salieran de las bóvedas de papel a cada instante.
El " peloteo" por el control del archivo fue ley a lo largo del proceso, al menos durante todo el año 1989.
Fue el miércoles 23 de noviembre, ocho meses después de iniciado el trabajo desde el Parlamento, cuando el presidente de la Comisión Especial y de la de Contraloría del Congreso, Douglas Dáger, sometió a la consideración de sus colegas un proyecto de informe preliminar -el que referimos en sus partes más importantes en el capítulo precedente- sobre el caso Recadi.
Ya El Nacional, como apuntamos, lo había divulgado casi en su totalidad.
-La reunión de la Comisión Especial sirvió para reactivar la discusión sobre las irregularidades cometidas en Recadi, caso que había languidecido en los últimos meses -expresó Dáger en la sesión-. Hemos acordado realizar un cronograma de trabajo para ir desglosando parte por parte el papel de trabajo, para irle incorporando las observaciones de cada uno de los parlamentarios y partidos representados en la Comisión, junto con el cuerpo de asesores que ha venido trabajando en la investigación.
Ese día ocurrió un incidente pequeño, pero que no dejó de ser de interés. "La reunión, que se prolongó por unas tres horas, se inició con un debate sobre la reciente destitución hecha por Dáger de dos de los asesores técnicos. Estos, cuya identidad no fue revelada por ninguno de los parlamentarios, habían sido acusados por el coordinador del equipo técnico, Roseliano Ojeda, de matraqueo, desde la subcomisión del Sector Alimentos, presidida por el Diputado Alexis Ortiz; pues, supuestamente, alteraron datos para ocultar irregularidades al menos cometidas por la empresa Alimentos Souto" , divulgó el periódico.
Ortiz se defendió diciendo que Ojeda no había presentado pruebas que sostuvieran la afirmación y que actuaba por franca rivalidad profesional. El informe del sector alimentos, que nutrió el general coordinado por Dáger, determinó que no había pasado nada con las empresas de alimentos. Sin embargo, los miembros de este subcomité, Luis Emilio Rondón (AD) y Luis Hómez (MAS), sacaron en cara a Alexis Ortiz que no respaldaban el escrito. Dentro del contrapunteo, Ortiz dijo que había adelantado su investigación con otros diputados porque ni Rondón ni Hómez asistían a las reuniones de trabajo.
La anterior es una muestra de cómo cumplieron con el mandato encomendado por la Cámara de Diputados en pleno, los integrantes de las sub-comisiones por sectores en el caso Recadi.
El proyecto de informe elaborado por Douglas Dáger, sin embargo, dejó entrever las siguientes responsabilidades administrativas, civiles y penales, no obstante que fue tildado de " copeyanizado" por AD:
A fines del mes de noviembre de 1989, el Tribunal Superior de Salvaguarda dictó autos de detención a más de la mitad de los arriba mencionados por el delito de malversación específica de fondos públicos.
La primera reacción del Tribunal Superior de Salvaguarda sobre el caso Recadi dejó atónitos a todos los venezolanos que leyeron El Nacional del 12 de abril de 1989. Su presidente -ya casi para salir-, Guillermo Urbina Cabello se expresó en los siguiente términos:
- En estos casos, cuando están implicados sobre todo altos funcionarios públicos, es muy difícil, por no decir imposible, comprobarles la comisión de un acto de corrupción, porque son personas generalmente universitarias, ilustradas y con cierta cultura que además, para cometer estos delitos, se asesoran por abogados, auditores, contabilistas, economistas... son los llamados ladrones de cuello blanco.
A José Vicente Rangel no le quedó otro remedio que declarar al día siguiente que " era lamentable la actitud del Tribunal Superior de Salvaguarda" , y advirtió que " la trama de intereses era muy poderosa" .
También sorprendido con lo declarado por Urbina Cabello, un abogado amigo (cuyo nombre preferimos reservarnos ahora), nos pidió una cita para entregarnos una fotocopia de la ponencia elaborada por el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Rodríguez Corro, a fines de 1988 -a título de decisión-, donde sugirió que los jueces titulares del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público -Guillermo Urbina Cabello, Luis Marcel Urosa Savino y Angel Betancourt Ríos-, podían ser destituidos de las funciones atinentes a los cargos que desempeñaban y, a la vez, firmemente, ser objeto del correspondiente procedimiento disciplinario.
Rodríguez Corro sostuvo la tesis, publicada el 21 de mayo de 1989 y nunca decidida por cierto en aquella oportunidad por sus colegas de la Corte Suprema de que " ...dicho órgano judicial no obstante su alto rango y el riguroso sistema de designación a que está sujeto, se ha tornado en un pésimo ejemplo para la administración de justicia, en nuestro país, siendo proverbial su ineficiencia, su indisciplina, aspectos que de ningún modo pueden ser desvinculados de la responsabilidad que pudiera corresponder a todos y cada uno de los jueves que lo integran. Ello ha dado lugar a gravísimos retardos procesales, con peligro de prescripción de muchas causas, tal como lo ha observado la Fiscalía General de la República" .
Remató Rodríguez Corro su ponencia de 38 páginas alertando lo siguiente: " ... el Consejo Judicial tiene que agilizar los trámites para que los jueces deshonestos no continúen deshonrando a la Judicatura" .
Fue el sábado 13 de mayo de 1989 cuando reaccionó el saliente Presidente del Tribunal, Urbina Cabello, frente a la ponencia del magistrado Rodríguez Corro: " Existe una campaña de descrédito que pretende descalificar injustificadamente al Tribunal Superior de Salvaguarda... Rodríguez Corro -dijo- actúa motivado por el afán de resentimiento y notoriedad" .
Un arreglo político -para variar- pactado entre Acción Democrática, el Partido Socialcristiano Copei y el Movimiento al Socialismo (MAS), el martes 27 de junio, logró sustituir a los criticados magistrados arriba citados. De manera que Silvestre Ortiz Bucarán se convirtió en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, acompañado de los Jueces Carmen Alaide Mazzarri Mendoza (prima de Humberto Mendoza D`Paola, a quien referirnos ya en capítulo precedente) y Enrique Sánchez Falcón. El primero, candidato de consenso de los tres partidos mayoritarios; la segunda, impuesta por AD, y el tercero por Copei.
La renovación del Superior de Salvaguarda fue acogida con beneplácito por muchos venezolanos deseosos de que impartiera verdadera justicia en este y otro casos igualmente importantes. Ortiz Bucarán venía recomendado con las mejores cartas: miembro destacado de la Junta Patriótica que conspiró contra la dictadura de Pérez Jiménez en los años cincuenta y miembro calificado de la Comisión Contra el Enriquecimiento Ilícito, en los años sesenta.
- Tenemos cinco años- dijo - y les garantizo que haremos kilómetros de justicia... Vamos a trazar una línea divisoria. No queremos juicios sobre lo hecho hasta hoy. Estamos claros que el Tribunal Superior de Salvaguarda, como parte del país no escapa a la crisis de Venezuela. La administración de justicia es cuestionada y está en una situación difícil... Tenemos un concepto muy sencillo de lo que es justicia: sancionar a los culpables y absolver a los inocentes. Lo vamos a aplicar. No habrá fuerza ni influencia que nos haga torcer. No condenaremos inocentes, pero tampoco absolveremos culpables. Cumpliremos.
Al serle tocado el caso Recadi, el nuevo Magistrado respondió: " Hemos venido a trabajar. Fuimos electos por unanimidad y el Tribunal Superior de Salvaguarda es el ojo del huracán. No realizar una investigación contra el caso Recadi puede constituir un atentado contra la estabilidad democrática" .
El 3 de julio de 1989 se descubrió que los miembros del Tribunal saliente de Salvaguarda, Guillermo Urbina Cabello y Luis Marcel Urosa Savino, con el voto salvado de Angel Betancourt Ríos, resolvieron cerrar la averiguación penal contra la empresa Interamericana de Aviación y su presidente, Julio Mendoza Silva, " por considerar -los primeros dos- y esta fue la primera decisión en el caso Recadi en contra o a favor de algún particular- que hasta el presente no se ha ocasionado ningún daño al patrimonio público en el otorgamiento de dólares preferenciales, dado que el Fisco Nacional puede ejecutar la fianza otorgada. Por tanto, este otro hecho denunciado no reviste tampoco ningún ilícito penal" , decía la ponencia.
Por su parte, Betancourt Ríos, al razonar su voto salvado, expresó que " mediante actos fraudulentos se aprovecharon y distrajeron en provecho de otro (Inversiones JRM) el dinero, valores o bienes recibidos de un organismo público (Recadi) por su representada por alguna forma de contratación con lesión del patrimonio" .
En realidad, todo el país se dio cuenta de cómo los jueces superiores salientes trataron, sin éxito y aceleradamente, de hacer en la última semana de su ejercicio, lo que no habían podido en cinco años: " administrar justicia" . Mucho tiempo después también se supo que igual ocurrió con el cierre de la averiguación a la Corporación Venezolana de Guayana y algunas de sus empresas subsidiarias (especialmente las del Sector Aluminio), cuando, nuevamente con el voto salvado de uno de los magistrados (Marcel Urosa Savino), se cerró el expediente originado en el Congreso y la Contraloría General de la República por el famosísimo " Informe Espinoza" . Escándalo, este otro, que marcó el inicio periodístico de 1988.
Los nuevos jueces superiores, Ortiz Bucarán, Carmen Alaide Mazzarri Mendoza y Enrique Sánchez Falcón, causaron buena impresión pública, cuando a las cuarenta y ocho horas de ejercer funciones dictaron prohibición de salida del país a todos los funcionarios de la Comisión de Importaciones y los comenzaron a citar a declarar en la instancia de alzada.
Luego que el Juez instructor del caso, Luis Guillermo La Riva, dictó auto de detención a Nicomedes Zuloaga en el expediente de los molineros y que, a su vez, le fue desempolvado su pasado conspirador por el Diputado Oswaldo Alvarez Paz, los jueces superiores de Salvaguarda, el 17 de julio, decidieron nombrar otros nueve jueces instructores más para investigar el escándalo.
Quedó la Riva (XXXVII Penal) en el expediente de alimentos, Francisco Caracciolo Lamus (XL Penal) en el agropecuario, Efraín Medina (XXVIII Penal) en el industrial, Aura Brandt de Grisanti (XVIII Penal) en el comercial, Esther Franco La Riva (XXIX Penal) en la industria farmacéutica y medicinas, Diamora Ramírez de Simancas (XXXIV Penal) en el Sector Público, Luisa Doris Castellanos (XXXIII Penal) en el Sector de las Empresas Verificadoras y Olimpia Suárez de Algarra (VII Penal) -la misma que venía investigando a Blanca Ibáñez, secretaria privada del ex-presidente Lusinchi, y el caso de los jeeps- en el Sector Financiero.
Estos nombramientos se hicieron luego que las autoridades del Superior se reunieron con la asamblea de jueces penales del Distrito Federal y Estado Miranda, instancia de donde antes había sido seleccionado Luis Guillermo La Riva López.
Previamente, los abogados de Zuloaga, especialmente Jesús Ramón Quintero, habían solicitado la nulidad del nombramiento de La Riva -que le dictó auto al Amo del Valle- porque en la asamblea que lo eligió -los demás se declararon incompetentes ante la complejidad del caso- no se actuó por mayoría sino con 12 votos a favor y 2 abstenciones, de 24 posibles.
De manera que la resolución del Superior de Salvaguarda dijo que " en virtud de que los jueces superiores penales se declararon incompetentes para designar nuevos instructores especiales, el Tribunal Superior de Salvaguarda, conforme a los artículos 86 y 108 de la Ley que lo rige y el 25-A del Código de Enjuiciamiento Criminal, designa nueve jueces como instructores especiales, a la vez que ratifica al Juez La Riva, que queda encargado de investigar el área de alimentos".
El expediente acumulado por La Riva, de donde se desprendieron las 90 decisiones ya comentadas, se distribuyó de la misma manera en que estaban subdivididos los sectores en la comisión parlamentaria que investigaba en paralelo el caso Recadi desde el Congreso.
La designación de nueve jueces adicionales y la división del expediente por sectores específicos creó la sensación, en la opinión pública, de que el escándalo en contra o desde la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales pasaría a una nueva etapa de decisiones signadas por la administración de justicia que esperaba impaciente el pueblo venezolano. Más no fue así. Como veremos en el capítulo referido a los casos más importantes de La Gran Estafa, muchos de los expedientes abiertos y decididos por La Riva, fueron cerrados por sus colegas instructores designados por Salvaguarda.
Los primeros actos del Tribunal Superior de Salvaguarda -prohibiciones de salida del país a funcionarios y nombramiento de más jueces- se cayeron por su propio peso y, una vez más, la desconfianza, el desconcierto y la indiferencia se apoderaron del público. La nueva magistratura colegiada, compuesta por Ortiz Bucarán, Mazzarri Mendoza y Sánchez Falcón, absolvió al ex-ministro de Transporte y Comunicaciones del gobierno de Luis Herrera Campíns, Vinicio Carrera Arismendi, el 18 de agosto de 1989, de los cargos de peculado que en su momento le hizo el fiscal Enrique Iglesias. Este advirtió que apelaría de inmediato.
Pero antes, la Juez Penal Clara Rosa Peñaranda, por su parte dejó en libertad el viernes 28 de julio el ex-gobernador de Caracas, Rodolfo José Cárdenas, quien también ejerció el cargo durante la administración de Luis Herrera Campíns.
En todos los mentideros políticos se comentó que estaba en marcha un arreglo convenido entre Acción Democrática y Copei, para absolver a señalados blancos y verdes por corrupción administrativa en el Tribunal Superior de Salvaguarda.
El jueves 5 de abril de 1989, el Contralor General de la República, José Ramón Medina, nos concedió una entrevista exclusiva, además de fondo, sobre el caso Recadi. Se trató de la primera información sólida donde este funcionario tomó partido en la investigación, desde el punto de vista de las responsabilidades administrativas que pudieran acarrear luego, procesos civiles y penales.
Por considerar que en el Régimen de Cambios Diferenciales administrado por Recadi intervino una multiplicidad de órganos públicos y privados, dentro de un complejo sistema de otorgamiento de un bien público -divisas controladas, explicó el Contralor-, la Contraloría General de la República decidió cambiar el enfoque de sus averiguaciones que venían desde 1986 y 1987 y, resolvió investigar al Banco Central de Venezuela y, si fuera necesario, las actividades de las cuatro empresas verificadores y las operaciones del Puerto Libre de la Isla de Margarita.
Medina expuso que, en principio, " los hechos que se dicen ocurrieron en Recadi originarán responsabilidades administrativas como también civiles y penales. De acuerdo con esto, a la Contraloría le corresponderá señalar las primeras, dentro de lo que es su esfera de acción, pero a la Fiscalía General de la República y a los Tribunales de Salvaguarda les tocará pronunciarse sobre las segundas" .
La declaración principista de José Ramón Medina no buscó otro objetivo que deslindar las responsabilidades, previniendo -sabiamente- que en un futuro no muy lejano el caso pudiera abortar y que quedara, entonces, bien parado el nombre de la Contraloría General de la República, a cuyo frente fue reelecto después que Carlos Andrés Pérez tomó por segunda vez la jefatura del Estado y del Gobierno.
- Es necesario que quede claro- enfatizó Medina- y sin lugar a dudas, que el organismo contralor cumplirá esas investigaciones sin aceptar ni tolerar ningún tipo de presiones políticas, ni de ninguna otra índole. No seremos permeables al incontenible y vicioso enfrentamiento de posiciones individuales y de grupos. Tampoco estamos dispuestos a permitir que se creen en la opinión pública falsas expectativas sobre los resultados de las actuaciones de la Contraloría, resultados que no podrán alcanzarse, simplemente, porque están fuera de competencia. Rechazo que pueda pensarse que estamos eludiendo el problema o evadiendo el deber que nos corresponde. Por el contrario, estamos conscientes de la complejidad del asunto, y asimismo, estamos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades y llevar adelante las investigaciones a que hubiere lugar, con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar todas las actuaciones de los órganos contralores, pero sólo podemos hacerlo conforme a lo que la ley nos ordena.
Ya la Contraloría General de la República había entregado en las páginas 95 y 96 del Tomo I de su informe anual al Congreso, correspondiente a 1987, un compendio de irregularidades detectadas en los procesos de liberación de fianzas por el uso de dólares preferenciales. El despacho había resuelto incorporar dentro de la programación de inspecciones fiscales de ese año, una actuación completa al respecto en la Dirección General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación, nueva denominación de Recadi.
La gama de vicios y anormalidades reflejada en el informe iba desde la carencia de controles para saber qué fianzas debían ser liberadas, pasando por la falta de reintegros al Banco Central de Venezuela de las divisas no utilizadas o la falta de un catálogo de precios unitarios actualizados para evitar la sobrefacturación de importaciones, hasta la recepción de documentos clave totalmente ilegibles.
De estas irregularidades preliminares detectadas por la Contraloría, se derivaban consecuencias jurídicas que comprometían la responsabilidad penal de funcionarios públicos, particulares y representantes o directivos de empresas. " Estas conductas antijurídicas -escribimos el 6 de abril-, se encuentran perfectamente definidas en la Ley de Salvaguarda, como acciones punibles, conocidas en la doctrina penal con las denominaciones: 1) procuración ilegal de utilidad en actos de la administración pública; 2) cohecho pasivo o conducta de cualquier funcionario público que por hacer u omitir algún acto de sus funciones, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad; 3) concierto de funcionarios con particulares interesados o intermediarios en contratos o servicios o suministro de haberes o efectos del patrimonio público, en perjuicio de la Administración Pública; 4) aprovechamiento de fondos públicos; 5) enriquecimiento con certificaciones falsas; 6) tráfico de influencias; 7) expedición ilegal de certificaciones; 8) alteración de documentos en perjuicio de la administración pública; y 9) negligencia en la defensa de derechos o acciones de organismos públicos" .
El 11 de junio, dos meses después de su primera declaración impactante, el Contralor Medina volvió a aparecer en El Nacional. En esta oportunidad dijo: " preferimos un trabajo lento, pero de ninguna manera extemporáneo, y no un trabajo apresurado que pueda quedar en el aire" .
El Contralor General fue inquirido a este respecto, pues los venezolanos también conocen la exagerada lentitud con la que trabajan los entes encargados de determinar las diversas responsabilidades administrativas, políticas, penales y civiles que se pueden derivar de un escándalo, en un momento dado.
Muchas veces, esta lentitud no provoca un efecto distinto al de la prescripción de muchos casos.
En el caso concreto de la Contraloría General de la República, -apartando el de Recadi-, por ejemplo, la investigación que inició el despacho a propósito del célebre Informe de Anelo Segundo Espinoza contra la Corporación Venezolana de Guayana y las empresas del aluminio, en febrero de 1988, dos años después no ha podido pasar de su eternizante etapa preliminar.
Pero también hay que admitir que un ingrediente determinante para que las investigaciones no marchen a la velocidad que reclama la sociedad, es la asfixia financiera que sobre los organismos aplican los partidos políticos a la hora de aprobar el presupuesto ordinario de la Nación o un crédito adicional en el Congreso para una finalidad investigativa compleja.
A los cuestionamientos que se le venían haciendo al Fiscal General de la República, Héctor Serpa Arcas -incluido el inolvidable episodio de la Lolapol-, se añadió uno relacionado con el escándalo Recadi: negligencia.
Esta constituye una flagrante violación del artículo 41 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, que establece multa entre 10.000 y 500.000 bolívares para los funcionarios públicos que, según el ordinal 8 del mencionado artículo, " dejen prescribir o permitan que desmejoren acciones o derechos de los organismos, por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente" .
Este fue el estreno del Fiscal Héctor Serpa Arcas en La Agenda Secreta de Recadi, en su edición del 6 de abril de 1989.
Resulta que el 23 de agosto de 1988, la Contraloría General de la República -aun cuando lenta en sus procederes- envió una comunicación al Ministerio Público (específicamente al Fiscal), remitiendo documentación importante sobre " presuntos hechos irregulares" que se habrían cometido en Recadi a lo largo de 1987.
El texto enviado por Marieli Marrero Santana, Directora General de Control de Administración Central de la Contraloría a Serpa Arcas, explicó que " de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, enviamos expediente conformado por cuatro piezas de 877 folios, contentivo de informes de fecha 18 de agosto de 1988 y documentación sobre presuntos hechos irregulares, determinados por esta Contraloría en el curso de una averiguación que se adelanta en relación con el otorgamiento de divisas al tipo de cambio preferencial por parte de Recadi" .
El párrafo siguiente decía: " A los fines de la determinación de las acciones legales que procedan por parte del organismo a su cargo, por cuanto del contenido del referido expediente se deriva que particulares y presumiblemente funcionarios públicos, han incurrido en la comisión de hechos que pudieran haber afectado el patrimonio de la Nación" .
Entre otras, a esta comunicación oficial el Fiscal Serpa Arcas no habría hecho ningún caso. En otras palabras, la Contraloría nunca recibió pronunciamiento o resultados de parte del Ministerio Público, a este respecto.
Durante la administración de Héctor Serpa Arcas, digamos, la Fiscalía General de la República no vivió su mejor momento. Al final del escándalo Recadi, se le denunció por haberse autojubilado con privilegios y primas que superaban los 140.000 bolívares mensuales, de por vida.
Pero volviendo al desarrollo de lo que fue la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, el viernes 5 de mayo de 1989 Luis Beltrán Prieto Figueroa sentenció de la manera más categórica que " Recadi me ha tenido muy preocupado por ser señal de una corrupción generalizada en las funciones públicas y eso tiene que preocupar, a su vez, a todos los venezolanos, porque los empleados públicos son servidores públicos y si son corruptos la administración no marcha...El Fiscal General -se refería a Serpa Arcas- no hace nada contra la corrupción. Y si no hace nada para castigar a los culpables que abusaron de sus cargos para desfalcar a la nación, es un hombre inútil que no cumple con sus obligaciones..." .
Fue el 11 de junio cuando Ramón Escovar Salom abandonó la embajada de Venezuela en Francia para sustituir a Serpa Arcas al frente de la Fiscalía General de la República. Este cambio de mando siguió llenando lo que antes describimos como el " vacío de justicia" .
Una semana más tarde anunció al país que había resuelto incorporar a las investigaciones iniciales sobre Recadi a dos fiscales adicionales a los seis ya existentes.
-La incorporación de Emilia Estée y Néstor Contreras es para fortalecer y profundizar las investigaciones. Ordené a los fiscales que participan en el caso que se abstengan de dar declaraciones públicas sobre materias que están en proceso sumarial. En este asunto, como en cualquier otro, el Fiscal General de la República debe contribuir a que los jueces actúen sin presiones.
Pero la fuerza inicial que le imprimió la nueva administración de la Fiscalía, con Ramón Escovar Salom al frente y Antonio José Herrera en la dirección general, se vio derrumbada por el auto de detención dictado por el Juez XXXVI Penal, Frank Vecchionacce, al Fiscal LXIII del Ministerio Público, José Gregorio Rodríguez, el 22 de junio, por complicidad en tráfico de influencias, en perjuicio de la empresa Balgrés.
Este caso, a su vez, estaba ligado a una denuncia particular formulada por el presidente de la Comisión Especial del Congreso, Douglas Dáger, contra los ciudadanos José Antonio Zapata y Rosa Yajaira Santaniello Rosales, por pedir dinero a empresarios, bajo la promesa de eliminar las pruebas en su contra. A estos dos también el Juez Vecchionacce les dictó auto de detención el mismo día que al Fiscal Rodríguez.
Como para amortiguar el desprestigio al que sometió a la Fiscalía José Gregorio Rodríguez, Antonio José Herrera, director general de Ministerio Público, en rueda de prensa efectuada el miércoles 28 de junio, anunció la incorporación de 32 nuevos fiscales a la investigación Recadi. Así, sumaban 40 los representantes del Ministerio Público y la cantidad permitió adaptar a la Fiscalía al esquema sectorial manejado desde el Congreso y a la incorporación hecha por Salvaguarda de nueve jueces instructores especiales para completar diez, agrupados también por áreas investigativas.
Para el momento del anuncio de Herrera, ya estaban acumulados 62 expedientes diferentes y la capacidad de sustanciación de la Fiscalía había mermado considerablemente.
Sintetizó en tres las razones para tomar la medida: 1) en los actuales momentos existen 62 causas vinculadas al caso Recadi, que cursan ante el Tribunal XXXVII Penal y de Salvaguarda (el del Juez La Riva); 2) dada la estrategia procesal de La Riva, se prevé un incremento sustancial de expedientes; y 3) de todas las dificultades y limitaciones señaladas por el Juez de la causa para la instrucción de los numerosos y voluminosos expedientes, hay una a cuya solución puede contribuir efectivamente el Ministerio Público.
El Juez La Riva se reunió con el ejército de Fiscales designados el 3 de julio y comenzó a repartir los expedientes y causas, a un promedio de dos por cabeza.
El 17 de noviembre el Fiscal Ramón Escovar Salom, desde San Cristóbal declaró lo siguiente: "Recadi fue un caso de corrupción que traspasó las fronteras venezolanas y que llegó a todos los rincones del mundo. Precisamente por las dimensiones, es que no puede quedar en la nada, sino que deben adelantarse las gestiones y procedimientos para que los que aparezcan como responsables puedan ser castigados con todo el peso de la Ley. En lo que respecta a la Fiscalía, puedo asegurar que haremos todo lo que sea posible, todo lo que esté a nuestro alcance y en nuestras manos, para tratar de contribuir al esclarecimiento de ese bochornoso asunto" .