El primer pronunciamiento político y público del partido de gobierno, Acción Democrática, en cuanto a apoyar las investigaciones abiertas por la Contraloría, la Policía Técnica Judicial, el Tribunal XXXVII Penal y el diario El Nacional, para determinar responsabilidades en la administración y autorización de dólares preferenciales desde Recadi, ocurrió el sábado 8 de abril de 1989, trás la realización de un Comité Político Nacional (CPN), en Parque Central.
En esta sesión de la dirección ampliada se concluyó que Acción Democrática consideraba que había suficientes fundamentos planteados como para INDAGAR las actividades cumplidas por la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales durante los últimos años, en especial durante la administración del ex-presidente Jaime Lusinchi.
AD ratifica hoy -declaró Humberto Celli, secretario general del partido del pueblo-, lo que hemos sostenido. Vemos con agrado la investigación sobre Recadi. Ratificamos que hay fundamentos suficientes para hacer la investigación, pero condenamos que se quiera predeterminar quiénes son los culpables del caso. Este CPN ofreció su apoyo a la gestión del ex presidente Jaime Lusinchi, escuchó detalles del reciente viaje del Presidente Pérez a Estados Unidos y ratificó que aprueba el actual programa económico del Gobierno, aunque insiste en la aplicación de mayores medidas sociales.
A medida que fueron avanzando las acusaciones contra exfuncionarios de la administración Lusinchi y parlamentarios del partido, en la misma proporción e intensidad repercutieron a lo interno de la Organización los efectos del caso Recadi en el plano político.
Luis Piñerúa Ordaz, ex-candidato a la presidencia de la República y miembro nato del CEN destacó el 10 de abril:
- Lo primero que se me ocurre, es que debe hacerse una distinción entre quienes tienen un rango de dirigentes políticos y quienes son simples funcionarios públicos. Sobre los primeros yo tengo ya una posición definitiva. El valimiento o la influencia que depara la condición de dirigente no debe utilizarse para orientar las decisiones de entes de la administración pública. Para mi, es absolutamente antiético que un dirigente -en clara alusión al Diputado Alberto Finol- máxime si se trata de un parlamentario, se valga de su condición de tal para hacer gestiones de carácter oficial, en las cuales tenga el dirigente un interés personal.
Agregando:
- Pero ratifico mi posición de principios, según la cual es contraproducente que Finol concentre la triple condición de miembro del CEN, diputado y factor principal de empresas que tienen relaciones directas con el Estado... En cuanto a Luis Guevara, a quien no se le conocen relaciones comerciales precisas, pero de quien mucho se dice que de una u otra forma, personalmente o por interpuestas personas, ha incrementado su patrimonio en forma súbita e inexplicable" .
El 16 de junio siguiente, Octavio Lepage, presidente del Congreso de la República, admitió públicamente que las investigaciones en el parlamento tenían a "Acción Democrática contra la pared" .
- AD no tiene por qué sentirse desmoralizada. En una confrontación en el terrero de la corrupción AD puede participar con la frente en alto, porque en la peor hipótesis de que altos funcionarios del gobierno anterior o algunos dirigentes políticos importantes resultaran culpables de prácticas irregulares, tráfico de influencias o de enriquecimiento ilícito, no tendría por qué afectar al partido como colectivo, porque se trata de culpables estrictamente personales.
Pero fue el viernes 16 de junio cuando Carlos Canache Mata, Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática, planteó al descubierto la necesidad de que AD integrara el tribunal de ética partidista, solicitud también reiteradamente hecha por Luis Piñerúa Ordaz.
- En 1985 se Creó el Tribunal de Etica de Acción Democrática -explicó Canache Mata en un pleno de dirigentes en Catia La Mar- y han pasado cuatro años desde su creación y hasta ahora no han sido designados los integrantes del mismo. En todo caso, Acción Democrática no se creó para que se enriquecieran sus dirigentes. Se debe integrar este tribunal interno, para que, sin contemplaciones, empiece a conocer las acusaciones que se están haciendo contra dirigentes y exfuncionarios militantes y decida si existe culpabilidad o no.
Piñerúa volvió a la carga el 14 de julio y desde Barquisimeto insistió en que "Acción Democrática ha debido ser más diligente en las investigaciones del caso Recadi y no esperar que sean otros los que hagan las denuncias, porque esto no es sino actuar como el avestruz y esconder la cabeza" .
- Sin duda que en el Caso Recadi hay cosas muy graves -remató -, pero es bueno señalar que cuando se sindica o se acusa a alguien, no se debe reaccionar violentamente contra sus acusadores. Lo correcto, lo que debe hacerse, es demostrar que esas acusaciones son falsas y mientras no se demuestre eso, quedará en entredicho ante la opinión pública o como se hace con los animales enfermos, hay que colocarlos en cuarentena.
Luego, unos días más tarde, dirigentes nacionales como el mismo Luis Piñerúa Ordaz, Carlos Canache Mata, Reinaldo Leandro Mora, Lilian Arvelo y Armando Sánchez Bueno, coincidieron en que el Tribunal de Etica de Ad, convenido en la última modificación de los estatutos para sustituir a la vieja Comisión de Etica en 1985, estaba pendiente y la gravedad de las denuncias no admitía más demoras en su integración.
Así, fue el lunes 7 de agosto cuando el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática designó a los integrantes del tan deseado Tribunal de Etica.
La presidencia del mismo recayó sobre el dirigente sindical Gastón Vera y el resto de los elegidos fueron: el médico Feliciano Acevedo, el dirigente campesino Rubén Lanz, el dirigente regional Ramón Herrera León y el ex-secretario de AD en Mérida, Bernardo Aranguren; todos como principales. Los suplentes nombrados fueron: Angel Borregales, parlamentario jubilado; César Hernández, fundador de AD Carabobo; Clarisa Sanoja, ex-presidente del Consejo de la Judicatura; Arturo Tovar, dirigente destacado en organización; y Edmundo Egui, abogado y juez, responsable de asuntos jurídicos del CEN.
Con su característico estilo irreverente y retador, el ex-presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Juan José Delpino, declaró el 15 de agosto que ni Blanca Ibáñez ni Jaime Lusinchi le harían caso al recién integrado Tribunal de Etica.
De inmediato el tribunal se abocó a conocer los casos de Blanca Ibáñez, José Angel Ciliberto, Luis Guevara y Alberto Finol. Todos, excepto Ibáñez, fueron en varias oportunidades a rendir su declaración interna partidista. En este mismo orden los fueron expulsando entre agosto y noviembre de 1989, aparte del Diputado Finol, a quien le dejaron averiguación abierta y luego renunció voluntariamente, previendo males peores para su reputación.
La reacción general de Copei frente al caso Recadi, por supuesto, fue diferente a la del partido de Gobierno, al que le estaban señalando a ex-funcionarios militantes y parlamentarios.
El secretario general del Partido Socialcristiano Copei, Eduardo Fernández, declaró el sábado 1 de abril de 1989 que cuando era candidato a la presidencia de la República, en diciembre de 1987, "y sin esperar que cayera el gobierno de Jaime Lusinchi, desde la misma Recadi denuncié al país que era un monumento a la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia" .
- Yo estoy dispuesto a respaldar y a ofrecer los votos de Copei, para que esa investigación se traduzca en castigo a los responsables de defraudar a la Nación, cualesquiera sea su rango, importancia o militancia política. Tenemos que reconstruir moralmente el país y debemos empezar por los delincuentes de cuello blanco.
El 3 de abril Fernández recibió en su oficina al Diputado denunciante Carlos Tablante. Este solicitó al primero apoyo político para la investigación.
En realidad, la presencia sistemática de Copei sobre el caso Recadi, desde el comienzo, no pasó más allá de la labores intensas que cumplió el presidente de la Comisión Especial del Congreso y de Contraloría de Diputados, a la vez militante verde, Douglas Dáger.
Esta apreciación es tan cierta que en una oportunidad llamó a la redacción de economía de El Nacional una persona allegada a Copei y conversamos el tema. De esta charla inicial surgió una reunión formal con Eduardo Fernández, en una casa de un amigo financista de él, ubicada en la parte más alta de Altamira, casi debajo de la Cota Mil. Amado Fuguet, Jefe de Información Económica del periódico y este redactor nos reunimos en privado con Fernández, la primera quincena de junio del 89.
El punto fundamental planteado por nosotros fue que cómo era posible que teniendo Copei una ficha dirigente al frente de la Comisión del Congreso y de la de Contraloría que le estaba "metiendo el pecho al asunto" , prácticamente con las uñas, no se notara el respaldo de la organización a nivel político, dentro y fuera del parlamento.
Incluso, dijimos a Eduardo que más intenso era el trabajo de los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, con menos recursos y gente, que lo que estaba haciendo Copei. Fernández contraargumentó, pero aceptó amigablemente la crítica.
Una semana después, empezaron a notarse los resultados. El lunes 12 de junio de 1989, Enrique Pérez Olivares, Subsecretario General de Copei, dio una contundente declaración en la que afirmó que "la sanción a los culpables del caso Recadi debe incluir la responsabilidad del ex-presidente Jaime Lusinchi, sus ex-ministros, los ex-directores de la Oficina de Cambio Diferencial, funcionarios del Banco Central. Incluida la secretaria privada de la Presidencia, Blanca Ibáñez" .
- Creemos que las instituciones representativas de los sectores económicos, laborales y los partidos políticos en especial, no deben asumir como ataque institucional -advirtió Pérez Olivares- la apertura de una investigación a uno de sus miembros o militantes, ni el enjuiciamiento de uno de ellos. Eso si, creemos que en éste, como en todos los casos, se deben garantizar los derechos a un proceso sometido a la ley y con pleno derecho a la defensa, exento de los repudiables atropellos a la persona humana que se han presenciado últimamente.
En esta misma línea de acción, el Comité Nacional del partido Copei aprobó un documento que se divulgó el 13 de junio, en términos por igual consistentes:
"El caso Recadi es el escándalo más grande de corrupción en la historia de Venezuela. Asimismo, es el hecho de mayor incidencia en el dramático deterioro de nuestra situación económica y la causa principal de desaliento, desconfianza y resentimiento reinantes hoy en día en la conciencia popular" .
De seguidas se analizó: "Lo afirmado obliga ahora a una investigación que constituye un examen severo de los mecanismos a través de los cuales opera la administración pública y a un juicio global de una política y de una manera de gobernar que nos condujeron al desastre económico y moral que hoy caracteriza la vida de la Nación, afectando casi todas sus instituciones" .
En otro pasaje se concluyó que "durante el mandato del ex-presidente Jaime Lusinchi, a pesar de las innumerables y muy serias denuncias acerca de lo que ocurría en Recadi, no se pasó de algunos simulacros de investigación, en medio de una indiferencia cómplice tanto de la bancada de AD en el Congreso, como del mismo ex-presidente Lusinchi y su tren ejecutivo. Embriagados por el poder y la adulancia tarifada que en abundancia tuvieron los personeros de la anterior administración, jamás atendieron las advertencias y denuncias que como las formuladas por nuestro secretario general, Eduardo Fernández, debieron bastar para frenar el festín de Recadi" .
Por igual, "iniciada ya una investigación parlamentaria seria y a fondo, los medios de comunicación y la opinión pública en general, descubren asombrados la verdadera magnitud del desastre. Nos encontramos con la irresponsabilidad discrecionalidad de que gozaron algunos personajes que operaron desde Miraflores como la señora Blanca Ibáñez, secretaria del ex-presidente, así como de los ministros que junto a sus directores generales, asumieron la tarea de otorgar las conformidades de dólares preferenciales instituyendo mecanismos para el manejo de esa monumental cifra de más de 30.000 millones de dólares, que fueron siempre una invitación al abuso de poder, al peculado, al enriquecimiento ilícito, a la malversación, al tráfico de influencias y al aprovechamiento fraudulento de bienes del patrimonio público" .
En la condena política de Copei se señaló que "es esta esfera de la negligencia donde más está comprometida la responsabilidad de los ex-ministros Azpúrua, Hurtado y Meneses, de sus ex-viceministros, de los ex-directores de Recadi y también de una institución poco tocada en todo este asunto y sin embargo íntimamente relacionada con él, como es el Banco Central de Venezuela, pues era allí donde efectivamente se entregaban los dólares y allí se debió impedir que el desaguadero de divisas continuara" .
El escrito del partido Socialcristiano Copei identificó tres razones básicas que determinaron que, luego, se cometieran cualquier cantidad de ilícitos:
1) Concepción errada de la política económica: al pretenderse que el inmenso sacrificio fiscal que el Estado hacía al vender a los importadores dólares a precios tres o cuatro veces por debajo de su valor en el mercado libre, iría en beneficio de los productores y consumidores, aún sin implementar medidas adicionales que obligaran a vender esas mercancías a un precio relacionado directamente con el costo artificialmente bajo que permitían los dólares preferenciales obtenidos por los empresarios en Recadi.
2) Falta de controles eficaces en el Ministerio de Hacienda y en la propia oficina de Recadi, todo lo cual permitió que muchas empresas recién constituidas sólo para importar, fueran beneficiadas sin garantía apropiada con millonarias sumas de dólares preferenciales.
3) Negligencia grave, al no ejercerse las acciones que el Estado por órgano del Ministerio de Hacienda, debió emprender para ejecutar los créditos a su favor, tales como las fianzas de fiel cumplimiento emitidas por los importadores en favor del Fisco y con el respaldo de los bancos comerciales. Asimismo, las acciones para obligar a los reintegros de aquellos dólares obtenidos y no utilizados de acuerdo a su compromiso por los importadores, casi nunca llegaron a ponerse en marcha.
Finalizó el escrito con la siguiente frase: "Hemos creído nuestra obligación hacer estas reflexiones frente al país, junto con la expresión más categórica de apoyo a las investigaciones que se adelantan, exhortando a las instituciones que las llevan a cabo a que se realicen de la manera más objetiva, desprejuiciada, valiente y con el firme propósito de llegar al fondo del asunto, sin enlodar injustamente ninguna institución o persona, pero sin el temor de afectar, cuando existan razones para ello, a quienes se encuentran comprometidos en maquinaciones que defraudaron y lesionaron el patrimonio público" .
El documento de Copei fue respaldado con algunos proposiciones dirigidas a las otras fuerzas políticas, en busca de una concertación sobre el tema de la corrupción administrativa en democracia: reformas legales para robustecer al Poder Judicial, dotar de presupuesto apropiado a los organismos encargados de combatir la corrupción, crear unas brigadas anticorrupción para determinar pruebas, crear la figura del testigo de cargos en la Ley de Salvaguarda, enmendar la Constitución para crear la figura de la confiscación de bienes, incorporar la recompensa para los denunciantes, designación del nuevo Tribunal Superior de Salvaguarda, pedir a la Contraloría que acelere sus investigaciones, exigir al Presidente una actitud más firme del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción.
De inmediato, los dirigentes nacionales de Copei comenzaron a bombardear a la opinión pública sobre los puntos contenidos en el documento. Por ejemplo, el senador Felipe Montilla, uno de los más fieros adversarios del ex-presidente Jaime Lusinchi, declaró el domingo 25 de junio que "mientras más se avanza en la investigación, más se evidencia la responsabilidad política que tiene Acción Democrática como partido y el ex-presidente Lusinchi y su alto gobierno. En Recadi se batieron todos los récords en sobrefacturación, tráfico de influencias, reconocimientos ilegales de deuda a empresas fantasmas y las más inimaginables corruptelas que se pueden concebir... Todo evidencia que Recadi era una alcabala para recaudar fondos para el partido y en nombre del partido y en nombre del partido se crearon las más fabulosas fortunas, saqueando de manera impune el tesoro nacional. La carta de Meneses y su intento de suicidio, es un episodio dramático, pero elocuente, de la complicidad que tiene el alto gobierno de Lusinchi" .
Otra declaración importante fue la del ex-presidente Luis Herrera Campíns, el 2 de agosto, después de cinco años de tolerar la frase "la culpa es del gobierno anterior" .
- El caso Recadi -dijo- no tiene ningún antecedente ni comparación en la Venezuela contemporánea. Es un caso muy complejo, porque se percibe que hay una poderosa retícula de complicidades al amparo de lo que comprendió Recadi. El caso Recadi no tiene parangón, que yo recuerde. Por eso hay necesidad de que todo se esclarezca, que se establezcan las responsabilidades y que la justicia sancione donde debe y según lo alegado y probado en los autos.
Además de Acción Democrática, partido sometido por el escándalo al escarnio público, el Socialcristiano Copei y el Movimiento al Socialismo, organizaciones fundamentalmente acusadoras por intermedio de sus delegaciones parlamentarias expresadas en la comisión especial; también otros grupos más pequeños pero con representación popular, como la Causa R y Nueva Generación Democrática, emitieron criterios sobre el caso Recadi.
Para Andrés Velásquez, diputado por la Causa R y miembro de la Comisión Especial del Congreso, "las investigaciones quedarán en nada, no sólo por el débil piso moral de nuestras instituciones, sino porque además Estados Unidos presiona para que se deje en paz a las empresas privadas que supuestamente estarían involucradas" .
- El caso Recadi -dijo el 19 de julio de 1989- ha provocado una conmoción que nos asquea y está encaminado a no parar en nada. Habrá uno que otro preso menor, pero ninguno de los ex-ministros o funcionarios públicos se pondrá a derecho. En el Congreso tampoco hay voluntad ni decisión para encarcelar a los culpables. Continúa funcionando la sociedad de cómplices. Las presiones políticas para que Recadi y su escándalo desaparezcan vienen de Miraflores y de los partidos Acción Democrática y Copei. Sólo la amonestación moral de los medios de comunicación social será el resultado de esta investigación.
Antes, el 9 de abril, el diputado Germán Febres, jefe de la fracción parlamentaria de Nueva Generación Democrática, expresó que "el partido acompañará al MAS para verle el hueso al problema de Recadi y a sus más variadas manifestaciones de corrupción y para que las investigaciones que adelanta el Parlamento se cumplan con absoluta responsabilidad e imparcialidad política" .
- Algunas denuncias públicas dejan la sensación de que los empresarios son solamente los responsables. Entre ellos no tengo dudas de que existen unos que estimularon las corruptelas, pero, no obstante, también es grueso el número de funcionarios oficiales que a todos los niveles deshonraron el servicio público, estableciendo alcabalas para el cobro de peaje y conceder las divisas preferenciales.
Pero la línea política de Nueva Generación Democrática no se materializó con el tiempo, puesto que un senador de la organización, José Marsicobetre -cuya mano era decisiva- votó en contra de que la también Senadora Lolita Aniyar de Castro, del Movimiento al Socialismo, ejerciera un derecho de palabra en la Cámara Alta con la finalidad de plantear una investigación y un juicio político al ex-presidente Lusinchi.
Como para remendar el entuerto, luego del episodio recordado como "El Lepajazo" , y ante la proximidad de las elecciones donde era candidato a gobernador en Miranda por Nueva Generación Democrática, Vladimir Gessen, declaró, el 31 de octubre de 1989, "votaremos en el Congreso para condenar el Régimen de Cambios Diferenciales expresado en Recadi. La Cámara de Diputados debe discutir y emitir un pronunciamiento sobre la gestión política, administrativa y moral del ex-presidente Jaime Lusinchi" .
Otro criterio importante y no precisamente político levantado desde Maracaibo, fue el planteado por el Obispo de Maracaibo, Monseñor Antonio López Castillo. El 12 de mayo declaró al corresponsal en el Zulia que "si el caso Recadi no se lleva hasta sus últimas consecuencias, la democracia venezolana perderá credibilidad y con ello la situación puede verse muy compleja" .
- El pueblo ya está cansado de tanta política y corrupción y lo que quiere es que lo escuchen porque desea participar más en la dirección y en las decisiones de la sociedad.
Mientras tanto Fedecámaras, órgano cúpula empresarial que celebró su última asamblea anual en Maracay, por la vía de su presidente, Eddo Polesel, el 18 de julio, pidió ante el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y unos mil empresarios "castigo a los políticos de Recadi" .
El pedimento estaba basado en que, hasta ese momento, el Juez Luis Guillermo La Riva López, Instructor Especial del caso Recadi, le había puesto la mano a demasiados empresarios. De acuerdo con sus atribuciones, sólo podía requerir en calidad de testigos a los funcionarios públicos pero nunca decidir judicialmente sobre ellos, como después lo haría el Superior de Salvaguarda.
En el sector privado se empezó a desarrollar la angustia de que los responsables no solamente podían y debían ser empresarios. Necesariamente tenían que estar involucrados políticos y funcionarios públicos. La reacción expresada por Eddo Polesel no tenía otra explicación: la detención de un empresario tradicional, próspero y símbolo, Nicomedes Zuloaga. De modo que también cuestionaron al Juez La Riva, en su momento.
En los días iniciales de La Agenda Secreta de Recadi, el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, declaró a los medios de comunicación social que "se justificaba armar un escándalo público de tal magnitud".
No obstante, el pensamiento del Primer Mandatario Nacional fue evolucionando con el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos y denuncias.
El sábado 29 de abril de 1989, en cadena de radio y televisión dijo a los venezolanos: "no vacilamos para tomar la decisión de introducir las medidas de ajustes, a sabiendas del impacto negativo que tendrán a corto plazo, pero con la seguridad de que sus frutos relanzarán al país por el camino del trabajo y la producción a mediano plazo. Lo contrario era, sencillamente, ocultar la cabeza en la arena, hacer como si aquí no hubiera pasado nada, seguir haciendo malabarismos contables para continuar distribuyendo la riqueza, con la diferencia de que, agotadas las reservas internacionales, ya no era posible mantenernos distraídos de la crisis unos meses atrás" .
No fue la primera vez que Carlos Andrés Pérez, sin mencionar directamente a la administración anterior -la de su compañero Jaime Lusinchi- criticó la política económica reciente. A propósito de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, de seguidas acotó:
- Si hubiéramos mantenido el Régimen de Cambios Diferenciales y a Recadi, no sólo habríamos tenido que seguir manteniendo una fuente de corrupción, sino que la orientación de la economía habría paralizado al país. Nos habríamos visto privados del acceso al crédito internacional que requerimos con urgencia, mientras reordenamos la economía.
Pero otra parte advirtió: "Y no faltan, desde luego quienes aprovechen el desconcierto para la especulación y el aprovechamiento inescrupuloso, manipulando precios o manipulando informaciones que agudicen las dificultades, provocando zozobra e inseguridad en el país" .
Tras el auto de detención librado por el Juez Instructor del Caso Recadi, Luis Guillermo La Riva López, contra el conocido empresario Nicomedes Zuloaga -del cual hablaremos en el capítulo que sigue- el Presidente Pérez, amigo personal del "Amo del Valle" dijo, ante un pleno nacional de organización de Acción Democrática, celebrado el 27 de mayo en Cumaná, que "tengo la seguridad y la esperanza plena que mi amigo el dirigente empresarial Nicomedes Zuloaga saldrá bien librado de esta situación" .
- No hay duda que con buena o mala justicia, esta es la justicia venezolana y nosotros debemos luchar cada vez más porque los jueces y los tribunales respondan a los requerimientos de una patria digna y moderna, y no podemos negarnos a los juicios que emitan las autoridades judiciales... Abrir los diarios día tras día, es enfrentar con nuestros ojos escándalos tras escándalos que se vienen produciendo a diario, seguramente con bases de verdad, reflejando sin lugar a dudas los problemas que vive el país, pero también lamentablemente con exageraciones y muchas veces con malas intenciones.
Fue el sábado 11 de junio siguiente cuando el diputado Carlos Tablante, del MAS, denunció en la página D-6 de El Nacional, que el Presidente Pérez tenía una actitud cómplice en el caso Recadi.
Si el Presidente Pérez hubiese querido luchar contra la corrupción, habría ordenado crear una comisión integrada por técnicos y autoridades policiales, cuyos integrantes en un plazo de apenas un mes le hubieran elaborado un informe en torno a las múltiples denuncias y los presuntos culpables. En cambio, Pérez se ha limitado a hablar, a decirle al país frases clisé, como esa de que no podemos continuar teniendo delitos sin delincuentes.
En los actos de celebración del 178 aniversario de la firma del Acta de Independencia, el 5 de julio de 1989, el Presidente Pérez insistió en el tema de la corrupción: "se ha convertido en una subcultura nacional" .
- A la sombra degradante de la corrupción se han cobijado muchas veces, tanto el alto funcionario como el pequeño, tanto el empresario como el ciudadano que de algún modo se relaciona con el Estado.
Ese mismo día, pero un poco más tarde, el jefe de la fracción parlamentaria de Copei, Gustavo Tarre, con motivo del ritual en el Congreso por la misma festividad, sentenció: "Debemos empezar y el país no nos perdonaría no hacerlo, por sancionar a los prevaricadores que se enriquecieron con los malabarismos oscuros perpetrados en ese centro de extorsión y chantaje que se llamó Recadi" .
Mientras Tarre habló como orador en el Congreso, el Diputado Miguel Henrique Otero hizo lo propio en la Asamblea Legislativa del Estado Miranda. Desde la tribuna de oradores exclamó:
- Venezuela está presenciando hoy el proceso a Recadi. Estas siglas se han convertido en el Leit Motiv de la corrupción. Huelgan las evidencias de la corrupción que allí protagonizaron pólíticos burócratas y empresarios corruptos. Pero, curiosamente, sólo se han dictado autos de detención en contra de la gente del sector privado. Es necesario aclarar que Recadi fue una invensión de los políticos, una alcabala obligatoria para todos los importadores. No había forma de importar ni de comprar dólares si no se pagaba el peaje a los corruptos de la administración anterior. Esa es la verdad....
Al intervenir en la clausula de la XLV Asamblea Anual de la Federación de Asociaciones de Comercio y Producción, Fedecámaras, el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, destacó que "hay que crear un clima de moralidad social, capaz de sancionar con el repudio colectivo a los conciben los dineros del público con un botín al que se puede asaltar sin miramientos" .
En su discurso de ese día, viernes 21 de julio, Pérez agregó:
- Hay que reconocer con dolor, pero con firmeza, que ha habido dolo contra los recursos de todos los venezolanos... No es cierto que todo empresario sea sospechoso de corrupto, o que todo funcionario público tuvo que ver con la asignación de dólares preferenciales sea un delincuente, o todo el que tuvo que ver con Recadi sea una persona descalificada. Comprendo la preocupación de ustedes, pero no puedo entender el maniqueísmo que significa presuponer que todos los empresarios son inocentes y que todos los políticos son culpables. Tampoco lo contrario.
Las frases de CAP no le pasaron desapercibidas al ex-presidente Luis Herrera Campíns. Este, al día siguiente -consultado por El Nacional- dijo: "las palabras de Pérez han sido la estocada más a fondo que desde las propias filas adecas y del gobierno se le ha dado al gobierno del presidente Jaime Lusinchi" .
Ya para finalizar el año 1989, exactamente el sábado 18 de noviembre, el Presidente Pérez, desde Maracaibo, comentó: "yo creo que el poder judicial no marcha todo lo bien que debe marchar. Desde la Corte Suprema de Justicia para abajo hay demoras, hay dilaciones en los fallos que deben dar y para los cuales las leyes establecen plazos que no se cumplen. Y también hay muchos casos en que uno se queda extrañado con las decisiones que toman los tribunales, pero para eso hay alzada en la justicia" .
Por estos mismos días se exoneró a Vinicio Carrera y a Rodolfo José Cárdenas y, en parte, a Rosario García Serrano, en una seguidilla de decisiones que cayeron mal en la opinión pública, pero que hicieron revitalizar al ex-presidente Herrera Campíns.
Uno de los primeros en reaccionar frente a las denuncias iniciales difundidas por El Nacional en torno a las irregularidades ocurridas en contra o desde Recadi fue el ex-presidente Jaime Lusinchi. En efecto, el 24 de febrero envió un fax al periódico -como ya apuntamos anteriormente- y en éste precisó que "soy el primer interesado en que se realicen todas las investigaciones necesarias... Esto es fundamental y así exijo que se proceda sin contemplaciones de ninguna naturaleza.
Ya con varias entregas en la calle de La Agenda Secreta, la dirección del periódico encargó a la Sección Política un trabajo que salió insertado el sábado 8 de abril de 1989, en el cual se buscó respuesta a una sola interrogante: ¿se puede juzgar a un ex-presidente?
Las respuestas las dieron dos dirigentes de la oposición y uno del partido de gobierno. Pedro Pablo Aguilar, de Copei, comentó en esa oportunidad que las responsabilidades presidenciales estaban consagradas y claramente establecidas en la Constitución Nacional. Solamente que el poder de un Jefe de Estado en Venezuela estaba desnaturalizado por que no funcionaba el proceso de rendición de cuenta ni el juicio de gestión, por lo que "no se podían evitar dos males igualmente perversos: la tolerancia cómplice ante los abusos de poder y la pasión desatada contra el que está caído propiciando venganza" .
Gastón Navarro Dona, de Acción Democrática, en eminente tono constitucionalista, explicó que los procedimientos para emprender un juicio a un ex-mandatario también están pautados en la misma Carta magna, pero que no creía que prosperara en el caso de Lusinchi, "porque no se le puede atribuir todo lo malo o todo lo bueno que haga una administración a la figura de uno de los órganos de esa administración" . No obstante, precisó que en los casos de omisión o extralimitación se prevén las responsabilidades civiles, penales y administrativas sobre casos puntuales de la estricta incumbencia del Presidente de la República, en su esfera particular de decisión.
El dirigente de Nueva Generación Democrática, Vladimir Gessen, sin embargo, apuntó -más políticamente- que un hombre público debe ser responsable de sus actos.
En esa misma edición pero en otra página, el presidente de la CTV, Juan José Delpino, de manera enérgica planteó que "el ex-presidente Lusinchi tiene que demostrar que él desconocía absolutamente lo que estaba sucediendo en Recadi. El tiene que ayudar a que las investigaciones y las denuncias tengan un fin exitoso" .
Luego de unas cinco semanas en Miami, Lusinchi reapareció en la escena, en una rueda de prensa efectuada en La Ermita el mediodía del lunes 10 de abril.
- En cuanto a los comentados dólares preferenciales -dijo este día-, debo señalar someramente que unos cuantos de quienes atacan señudamente la política de otorgamiento de divisas, fueron más de una vez a distintas y altas oficinas públicas a buscar esos dólares a como diera lugar. Se les concedieron en la medida de lo posible, lo legal y lo conveniente; pero sus ambiciones al parecer quedaron insatisfechas.
Sin duda que esta parte de su declaración oficial estaba dirigida a contraatacar a El Nacional, por La Agenda Secreta de Recadi. Esto quedó claro a lo interno del periódico.
En torno a la posibilidad de ser enjuiciado y el temor que tal posibilidad le pudiera estar causando, respondió:
- Ninguno, ¿Por qué? Yo me siento injuriado y calumniado, pero acusado no me he sentido jamás... Nunca le he escurrido el bulto a la vida y aquí estoy, por eso he venido. De tal modo que no tengo, sinceramente, temor alguno. Pretender establecer responsabilidades para el Presidente que pudiesen estar sustentadas en la conducta de algún funcionario en un contrasentido y una locura...
En realidad Lusinchi regresó en esa oportunidad a Caracas porque el jueves 6 de abril el diputado por Copei, Paciano Padrón, planteó en un debate en Cámara el enjuiciamiento al ex-mandatario. Frente a esto el jefe de la Fracción de AD, Carlos Canache Mata, comentó el mismo día que habló Lusinchi con la prensa, que el partido socialcristiano modificará tal propuesta -como en verdad ocurrió- en tanto que el jefe copeyano, Gustavo Tarre, no estuvo de acuerdo con una posibilidad considerada como muy vaga en ese momento.
- AD es solidaria de los aciertos y errores del gobierno de Jaime Lusinchi - agregó Canache.
Antes de conversar con los periodistas, Lusinchi, muy temprano, se reunió con el Comité Operativo de Acción Democrática en La Casona, con la asistencia del Presidente Pérez.
Sobre la marcha, el diputado Douglas Dáger exhortó al viajero recién llegado para que concretara "ese interés que dice tener para que esto se esclarezca" .
- No me atrevería a decir que esta investigación es la piedra angular de un juicio político a una administración, pero sin querer hacer ningún señalamiento o acusación específica y formal contra el ex-presidente Lusinchi, como venezolano afirmo que él tiene que darle muchas explicaciones al Congreso y al país, porque lo que ocurrió en Recadi fue tan público y notorio, que no puedo creer que el Presidente de la República pudiera haber ignorado lo que allí estaba ocurriendo.
En esta misma línea dura opositora, su "eterno rival" , el senador copeyano Felipe Montilla, con su característico tono superácido, le dijo a Lusinchi el 15 de abril que "nunca antes de Jaime se había protagonizado una experiencia pasional tan desviada y atormentada, que permitió que se cometieran las peores tropelías y los más incalificables atropellos. En nombre de esa pasión se quizo convertir a todos los sectores de la sociedad en celestinos del Presidente y su secretaria (Blanca Ibánez)" .
Gonzalo Barrios, presidente de AD salió al paso y respondió el 24 de abril: "creo que Lusinchi desconocía las irregularidades" . Mientras tanto el debate en el Congreso siguió. Cuando el 27 de abril tomó la palabra la diputada paulina Gamus -ex-ministra del gobierno de Lusinchi- consideró que era un absurdo el juicio al ex-mandatario, "porque no hay ningún elemento que permita demostrar su responsabilidad en hechos aislados" .
Este primer debate sobre la posibilidad de enjuiciar a Lusinchi tuvo una escaramuza importante: la oposición subió a los palcos del público el 9 de mayo para impedir, rompiendo el quorum reglamentario, que AD aprobara la forma de como no investigar al ex-presidente.
Dos días más tarde, el propio centro de la discusión, Lusinchi, apareció en un programa de televisión moderado en el canal cuatro por el periodista Nelson Bocaranda y algunos colegas invitados.
La noche del jueves 11, Jaime Lusinchi dijo claramente, ante todos los que le escucharon, que la responsabilidad del caso Recadi recaía sobre quienes fueron sus ministros de Hacienda. Pero también acusó directamente a El Nacional de haber ejercido presiones para obtener divisas preferenciales, lo cual vino a confirmar nuestra sospecha en torno a lo apuntado por él en la rueda de prensa de La Ermita, un mes atrás.
Luego se supo que este programa de televisión fue planificado el sábado anterior en La Ermita, quinta que fue propiedad de Francisco "Pancho" Lander, en una reunión donde participaron los ex-ministros Carlos Croes y Carmelo Lauría, un directivo de Venevisión y Lusinchi. Se escogieron las ideas básicas que no debían dejar de decirse, al moderador y, además, a los periodistas que debían asistir y que en este caso el ex-presidente consideró como sus amigos.
Posteriormente, el 27 de mayo Lusinchi cumplió años y, en medio de la celebración declaró: "he leído con estupor las declaraciones del doctor Nicomedes Zuloaga relacionadas con el auto de detención que le fuera dictado. He seguido también con asombro el barrage infamante dicho por el doctor Zuloaga, señalando nombres que él en ningún momento mencionó y que pretende cargar sobre mí y Acción Democrática la autoría de la decisión judicial. He leído también con indignado desprecio la irresponsable declaración del señor Paúl Delfino, un intemperante consuetudinario y enemigo histórico de Acción Democrática" . Agregó que no veía peligro en AD, derivado del calor de la situación y las denuncias.
El 7 de junio el jefe de la Fracción Parlamentaria de Copei, Gustavo Tarre, declaró que el escándalo Recadi era "un hecho profundamente adeco" y que, en todo caso, "el ex-presidente Lusinchi no podría librarse de la investigación" .
El Nacional reportó una nueva reunión sostenida por el Presidente Pérez y el ex-presidente Lusinchi. Se encontraron en Miraflores muy tarde en la noche, el 15 de junio.
El 5 de agosto, una vez más, el ex-Jefe de Estado volvió a viajar a Miami. Antes envió un fax a todos los periodistas menos a El Nacional, que tuvo que trabajar con la portada de El Mundo, donde dejó establecido que "salgo al exterior dejando un clima en el cual la legalidad y la justicia se encuentran seriamente amenazadas, por cuanto sus principios inminentes parecen coartados o mediatizados al deseo de construir escándalos" .
- De ningún modo evadiré mi responsabilidad para enfrentar la realidad y luchar por la verdad y la justicia... Anuncio que regresaré a Venezuela a luchar denodadamente en defensa de la integridad del Estado de Derecho -apuntó antes de abordar un avión de Alberto Finol.
Los Secretarios Generales tanto de AD como de Copei, por diversas razones cuestionaron la ida de Lusinchi. El primero, por considerarlo como una imprudencia y una debilidad política, y el otro por estimar que era un error que el texto dejado no lo aclaraba.
Otro ex-presidente, Rafael Caldera, consideró como muy dramática la situación política y personal de Lusinchi. Recuérdese que días antes, el 19 y 20 de junio, El Nacional ya había denunciado el caso de los jeeps y que, además de Recadi, se ventilaban en el nuestro y otros periódicos todos los detalles sobre irregularidades en el Centro Simón Bolívar, Urbanización Juan Pablo II, el Registro Automotor Permanente y el Instituto Nacional de Hipódromos.
Luis Piñerúa Ordaz, enemigo interno y candidato a enfrentar a Lusinchi por la presidencia de AD -para sustituir a Gonzalo Barrios, ya en relativo retiro de la actividad política-, salió a la carga el 9 de agosto y argumentó: "rechazo como falaz el argumento de que toda denuncia que se haga sobre supuestos o reales hechos de corrupción, tengan alguna intención desestabilizadora del sistema político" .
- Por el contrario - afirmó- aún siendo enemigo del escándalo, quiero expresar que la democracia vive un momento estelar. Por fin se han puesto las cartas sobre la mesa, y las denuncias se ventilan a la luz del sol, con una libertad inusitada. Aprecio como importante la ruptura de lo que parecía un pacto tácito, pero no preconvenido, que les permitía a los partidos del status defenderse mutuamente.
Agosto 23. Lusinchi regresa una vez más. Comentó que enfrentaría solo sus responsabilidades.
- Yo creo que aquí existe una conspiración contra el sistema democrático y que aquí existe un proyecto político para liquidar el sistema democrático. De eso no me cabe la menor duda -respondió a una pregunta con el mismo argumento tantas veces manoseado por Gonzalo Barrios y Blanca Ibáñez-, vamos a dejar la dosis hasta aquí. Yo tengo muchas cosas que decir y las voy a decir en su momento oportuno. Voy a esperar que las situaciones se vayan disipando y tengo la impresión de que ya estamos en una etapa de descanso, porque la capacidad de denunciar se agotó.
Nunca se imaginó el ex-mandatario que, luego, el caso de los jeeps y de los dólares extraviados en Relaciones Interiores lo volverían a colocar "contra la pared" y de nuevo en el umbral de un juicio parlamentario.
Lusinchi viajó de nuevo a Estados unidos y regresó el sábado 9 de septiembre. En el aeropuerto de Maracaibo, agresivo como de costumbre, amenazó con mandar a investigar a los medios de comunicación. Todo el mundo le volvió a caer encima. El secretario general de Copei, Eduardo Fernández, ripostó que "los venezolanos no podemos aceptar que ahora se pretenda seguir con la misma política de amenazar a los medios de comunicación, ni por parte de voceros del gobierno anterior, ni por parte de la actual administración" .
Al secretario general de AD Humberto Celli, no le quedó otra que tratar de remendar el entuerto del ex-presidente: "Hay que comprender las circunstancias emocionales en las que se mueve el ex-presidente Lusinchi. Se siente hostigado y agredido en base a una campaña de supuesta corrupción administrativa durante su período" .
Así las cosas, el Movimiento al Socialismo planteó de nuevo la posibilidad de investigar a Lusinchi en el Congreso, pero ahora a nivel del Senado, su cámara natural, el 29 de septiembre de 1989.
Freddy Muñoz dijo: "resulta absurdo que si el mismo ex-presidente consignó una comunicación ante la presidencia del Congreso, en la cual se responsabiliza de las actuaciones de sus funcionarios, que a todos ellos se les hagan averiguaciones mientras que al mismo Lusinchi no" .
Mientras tanto, Paciano Padrón expresó el 1 de octubre, en una frase muy sencilla, "Lusinchi debe ir preso" . Dos días después el secretario general de AD, Humberto Celli replicó:
- El derecho de palabra solicitado por el MAS para abrir una investigación sobre la presunta responsabilidad que pueda tener el presidente Jaime Lusinchi sobre actos de corrupción o irregularidades administrativas, no puede tener carácter de urgencia en el senado... El MAS busca beneficios políticos-electorales.
La Senadora Lolita Aniyar de Castro, del MAS, prácticamente desconocida hasta para sus propios electores del estado Zulia, precisó que "lo básico es ver qué relación hay en la gestión de Lusinchi, entre él como Presidente y todo lo que pasó a su alrededor" .
Como fue su costumbre, una vez olfateado de nuevo el peligro inminente, Jaime Lusinchi regresó por cuarta vez de Miami el 6 de octubre, pero esta vez en un avión de Relaciones Interiores.
Caldera se reunió con Barrios el sábado 7 de octubre y el primero no asistió, luego, a la votación en el Senado que hizo perder la segunda oportunidad de encontrar consenso para enjuiciar a Jaime Lusinchi en la Cámara Alta. Comenzó a funcionar la trama que finalizó con la cómica puesta por el senador de Nueva Generación Democrática, José Marsicobetre y el famoso Lepajazo, perfectamente diseñado por Acción Democrática.
El domingo 8 de octubre se realizó una reunión de estrategia en la casa de Reinaldo Leandro Mora, con la asistencia de Carmelo Lauría y Carlos Canache Mata. El lunes 9, Copei se plegó oficialmente a la propuesta del MAS y José Curiel, Sub-secretario General, indicó que "el debate sobre Lusinchi hay que iniciarlo de inmediato" .
Una jugada política inesperada del Presidente Pérez, para que el Congreso pudiera recibir en cámara plena al ilustre visitante Presidente de Francia, François Mitterrand, logró anular el derecho de palabra previamente solicitado por Aniyar de Castro el lunes 9 de octubre. Esto le dio más tiempo a los adecos de pulir los cañones. Freddy Muñoz comentó: "A Jaime sólo le dimos un receso" .
El 11 de octubre Lusinchi en persona argumentó que no era enjuiciable.
- Yo tengo cara de tonto, pero la administro -sentenció Lusinchi ante media docena de periodistas-. El enjuiciamiento a un presidente es algo con lo que no se puede jugar.
Aniyar de Castro, al día siguiente contestó: "demostraré que sí es enjuiciable" . Pero del propio Acción Democrática, los miembros del Tribunal de Etica señalaron que no aceptaban las groserías de Lusinchi, quien les dijo que las expulsiones ocurridas eran "superficiales e inconvenientes" .
El viernes 14 de octubre el senador José Marsicobetre dijo con toda precisión que "investigar a Lusinchi demostrará nuestra madurez política" . Nadie se ha podido explicar qué le paso a este representante del pueblo, pero lo cierto del caso es que el 16, el mismo Marsicobetre volvió a sorprender a los venezolanos cuando puntualizó: "no votaré para que enjuicien a Lusinchi" .
Las versiones sobre el cambio de opinión fueron disímiles. Se habló desde nuevas cuentas bancarias hasta de ofrecimientos de cargos diplomáticos, pasando por viejos y desempolvados expedientes. Luis Herrera Campíns, con muchas ganas de sacar dividendo político, tras cinco años tolerando la famosa frase "la culpa es del gobierno anterior" , comentó que "el juicio a Lusinchi no se debe quedar en el aire" . Incluso, anunció que votaría a favor del punto en la Cámara de Senadores.
El hecho culminante se desencadenó el lunes 17 de octubre y la historia recordará el episodio como El Lepajazo.
- La solicitud no tiene carácter de urgencia y además es extemporánea -leyó Octavio Lepaje, Presidente del Congreso y ex-ministro de Lusinchi- antes de que cortaran el sonido a los micrófonos y dejaran el discurso de solicitud que leería Lolita Aniyar de Castro sobre su curul.
La reacción del MAS fue fuerte "Si Lolita no habla no aprobaremos el presupuesto" , con lo que estuvo de acuerdo Copei, a quien le faltó en sus filas Rafael Caldera.
De todos modos se obtuvo la intervención de Aniyar de Castro: "la responsabilidad de Lusinchi es por negligencia" .
Un viejo amigo militante compañero de Lusinchi en otros tiempos de unidad partidista, Luis Beltrán Prieto Figueroa, consideró repugnante el incidente en la Cámara de Senadores.
- Jaime Lusinchi se mostró como un pobre diablo y Octavio Lepaje como su subalterno -declaró el 18 de octubre... Lusinchi volvió a la condición primitiva de los hombres sin categoría de ninguna especie.
El ex-presidente volvió a la carga el jueves 19 de octubre:
- Se dice que pronto presentarán el informe sobre Recadi. Desde ya lo veo incompleto, porque si se trata de juzgar una política, como fue el régimen de cambios diferenciales, debe analizarse el asunto en todo su contexto: en sus causales y en el curso completo de su administración. A todos les digo a la hora de las cuentas claras no quedarán defraudados.
Finalmente Lolita Aniyar de Castro pudo hablar, pero con retraso, el 23 de octubre. Las cosas se calmaron un poco, hasta el sábado 4 de noviembre, cuando el periodista Alfredo Peña levantó otra liebre: "se perdieron 337 mil dólares del ministerio de Relaciones Interiores" , cuando José Angel Ciliberto era ministro de Jaime Lusinchi.
El 3 de diciembre sucedió algo prácticamente anecdótico. El ex-presidente Lusinchi decidió no regresar otra vez de Miami a ejercer el derecho al voto para elegir directamente gobernadores, alcaldes y concejales.
El día que el Congreso decidió, por denuncia de la Fiscalía ante la Corte Suprema de justicia, que a su vez encontró méritos para que el Tribunal Superior de Salvaguarda siguiera investigando, allanar la inmunidad parlamentaria del ex-ministro Ciliberto, una vez más, pero esta vez Copei, planteó investigar al ex-presidente Lusinchi para determinar su responsabilidad en la compra de los famosos jeeps.
Desde el autoexilio, Lusinchi mandó una carta a su ex-ministro Carlos Croes, publicada en El Universal, donde expresó - el 22 de enero de 1990 -: "Afuera permanecí en atención a esa condición del militante que siempre he sido. Hoy me arrepiento de haber procedido así... Estamos, pues, en los límites del ejercicio de la legítima defensa. Ya está bueno de que fariseos vengativos sigan jugando con la honra de los demás y que unos pocos mediocres audaces quieran constituirse en ductores del país" .
Tratando de evitar que le volvieran a caer encima, el senador José Marsicobetre, ahora independiente y desvinculado de Nueva Generación Democrática, sumó su voto a otros 11 para lograr mayoría y aprobar una investigación parlamentaria a Jaime Lusinchi, al menos en el caso que buscaría determinar la responsabilidad del ex-mandatario en la compra de los rústicos de Ciliberto.
La antesala a la llegada, por sexta vez de Lusinchi desde 1989, la planteó Morris Sierralta, quien argumentó el sábado 3 de febrero de 1990, que la Comisión Delegada "usurpaba funciones" .
El ex-presidente regresó por La Carlota en el avión de su financista y amigo Franco D´Agostino, y con los pies sobre suelo venezolano sentenció: "Yo niego en forma absoluta haber intervenido en eso (lo de los jeeps). Lo de la delegada es agavillamiento con premeditación y alevosía" .
- Voy a poner las cosas en su lugar en el Senado. Voy sencillamente a solicitar que se investiguen todos aquellos hechos que se considere fueron irregulares durante mi gobierno.
Previamente, Lusinchi mandó otra comunicación solicitando ejercer un derecho de palabra en la Cámara Alta, una vez que se reanudaran las sesiones ordinarias de 1990.
Sobre el tema de los jeeps, en la comisión especial conformada por la Delegada, el Contralor José Ramón Medina acusó que Lusinchi no había cumplido con las leyes.
Pero lo más impactante fue lo dicho por el ex-ministro José Angel Ciliberto en su correspondiente interpelación ante la misma instancia investigadora:
-El ex-presidente tiene una conducta indigna, dijo.
El 14 de febrero de 1990, la comisión especial designada por la Delegada, en su informe preliminar, determinó que Jaime Lusinchi sí autorizó la compra de los rústicos marca Wrangler que originalmente -se había dicho- estaban destinados para operaciones de cedulación y seguridad del Estado, y terminaron en manos de dirigentes medios y bajos de Acción Democrática y fueron utilizados en la precampaña electoral del ex-ministro Octavio Lepaje, y luego, en la campaña presidencial del actual Presidente, Carlos Andrés Pérez.