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ALTO A LA MINERA
SAN XAVIER
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente
Departamento de Filosofía y Humanidades
Revista Xipe Totek
Derechos Humanos
y Grupos de Poder
Dr. David Velasco Yáñez, sj
Lunes 25 de abril de 2005
Introducción
Hay violaciones a derechos humanos que no son tan
visibles. Incluso hay la clara voluntad política de
invisibilizarlos. En el mejor de los casos, cuando
algún tipo de protesta social se presenta, se alega
el fiel cumplimiento de la ley. No deja de llamar la
atención, en los tiempos aciagos que estamos
viviendo, que nunca como ahora se nos bombardea con
espots publicitarios de respeto a la ley. ¿Por qué
ahora? No ha dejado de haber voces que llaman la
atención sobre una típica característica de nuestra
cultura política, que tiene que ver precisamente con
la falta de una cultura específica de la legalidad y
de aprecio por el respeto a la ley. No es casual,
por tanto, que la publicidad se centre en aparentes
pequeños detalles como robarse un chocolate en el
súper o pasarse un alto.
Cuando hablamos de violaciones no tan visibles de
algunos derechos humanos, queremos referirnos a
situaciones claramente percibidas como injustas o de
aparente normalidad, porque se impone el más fuerte
sobre los débiles. Pero también queremos señalar la
enorme dificultad, que ya hemos planteado en otras
entregas, para traducir esas situaciones sociales en
términos de violaciones a los derechos humanos. Como
que resulta más fácil asociar estas violaciones a
casos de abusos de la policía, o casos de tortura de
algún detenido y hasta las desapariciones forzadas
de personas las consideramos como “las” violaciones
a los derechos humanos. En cambio, sólo por poner un
ejemplo, no vemos que sea una violación a un derecho
fundamental, como el derecho al agua o el derecho a
un nivel de vida decoroso, por la práctica que cada
vez se nos hace más ordinaria de comprar un litro de
agua embotellada, que resulta más caro que un litro
de leche.
En esta entrega, queremos destacar dos casos de
flagrante violación a derechos humanos. El caso de
la Minera San Xavier, que casi pasa desapercibido,
si no fuera por el trabajo de algunos luchadores
sociales que ven el impacto que produciría el
proyecto de una mina de oro y plata a tajo abierto,
al grado de desaparecer el cerro emblemático del
escudo de San Luis Potosí; si algo sabemos de este
caso se debe a ellos y al trabajo periodístico de
varios medios nacionales. Un caso de
invisibilización de las violaciones a los derechos
humanos, al grado de que la mayoría de los potosinos
ni registra el hecho, ni parece que haya el ánimo
para la organización y la movilización en contra del
proyecto de la empresa canadiense. Por otra parte,
está el caso de gran notoriedad, como es el
desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Lic. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que, a pesar
de que prácticamente inicia con su gobierno, se ha
ido acelerando al grado de que observamos un
conjunto de movilizaciones masivas, como hacía mucho
no veíamos en todo el país, en una situación de
clara sucesión presidencial adelantada, pero además,
del mayor intento por eliminar de la contienda
electoral al candidato que encabeza las preferencias
electorales de la mayoría de los mexicanos, según
una diversidad de encuestas y estudios de opinión.
La idea de proponer una visión muy sencilla y
sintética de los dos casos, es para destacar la
necesidad de impulsar una verdadera cultura de los
derechos humanos, como una manera de ejercitar la
democracia, pero sobre todo, para instalar las
capacidades que posibiliten una verdadera política
de Estado en materia de derechos humanos, la cual
pasa necesariamente por la resolución de conflictos
como los que aparecen en torno a la minera en San
Luis Potosí y el desafuero de López Obrador.
a)
El caso de la Minera San Xavier
Es una historia de hace más de 10 años. Desde 1994,
la empresa Minera San Xavier (MSX) concibió el
proyecto de explotación del pueblo minero Cerro San
Pedro, situado a 12 kilómetros de la ciudad de San
Luis Potosí. Sus propietarios son las empresas
canadienses Metallica Resources Inc. y Gladis Gold
Ltd. En síntesis, el proyecto consiste en la
realización de un tajo a cielo abierto, para la
explotación de oro y plata, a partir del método de
lixiviación en montones, con concentraciones bajas
de cianuro.
Desde 1993, el gobierno de San Luis Potosí emitió un
Plan de ordenación de la ciudad capital y su zona
conurbada. En dicho Plan se establece que tres
cuartas partes del municipio de Cerro San Pedro
debían dedicarse a la restauración del desarrollo de
la vida silvestre y resalta – este punto es de vital
importancia – la falta de disponibilidad de agua
como un problema fundamental para
el desarrollo de la ciudad de San Luis Potosí, por
lo que establece la necesidad prioritaria de
conservar áreas de recarga del acuífero y
prohibiendo el desarrollo urbano e industrial en
ellas.1
Algunos años después, el 26 de febrero de 1999, la
Dirección General de Ordenamiento Ecológico e
Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología
(INE) otorgó la autorización de cambio de uso de
suelo en Cerro San Pedro, con lo que abrió el camino
al proyecto de la Minera San Xavier, a pesar de que
la autorización estableció a la empresa como
requisito indispensable el cumplimiento de 100
condicionantes. En opinión de la investigadora
Adriana Estrada, destaca la número 12, que establece
que previo a la preparación del previo a la
preparación del sitio y de cualquier actividad del
proyecto, la compañía deberá “realizar las gestiones
necesarias para la reubicación de los pobladores de
las Comunidades de Cerro San Pedro y La Zapatilla,
así como de aquellos otros que pudieran verse
afectados por el proyecto y así lo requieran”, lo
cual deberá hacerse “contando con todas las
anuencias y permisos necesarios de los ciudadanos,
gobiernos municipales, estatales y federales,
conforme a la legislación aplicable”2.
Como veremos más adelante, otra de las
condicionantes que destaca la investigadora Adriana
Estrada, es la número 68, que se refiere al uso del
agua, grave problema en la región. El INE establece
que “la empresa deberá considerar una propuesta para
la disminución del consumo del agua del acuífero de
la zona, con el uso de agua tratada o la existente
en los antiguos tiros de la misma”.3
El agua, recurso escaso en la región de Cerro San
Pedro y la ciudad de San Luis Potosí, y la
contaminación ambiental que se pueda seguir del
proyecto de explotación de Minera San Xavier, son
dos de los graves problemas que ocasionaría este
proyecto. La empresa canadiense obtuvo seis
concesiones por un volumen de 992,000 metros cúbicos
anuales, algunas de manera total y otras sólo
parcialmente, dado que alrededor del 36% del agua
autorizada se encuentra en litigio por parte de
personas inconformes con el procedimiento de
transmisión de derechos.
Como bien advierte la investigadora de Fundar, los
títulos de concesión violan el Decreto Presidencial
publicado por el Diario Oficial de la Federación el
30 de junio de 1961, en donde se establece veda por
tiempo indefinido para el “alumbramiento” de aguas
del subsuelo en el Valle de San Luis Potosí.
Además de irregularidades que implican violaciones a
la ley federal de armas de fuego y explosivos, la
declaratoria de Cerro San Pedro como Zona de
Monumentos Históricos y el arrendamiento de tierras
ejidales por parte de personas que no aparecen en el
Registro Agrario Nacional, hay la violación al
artículo 15º. de la Constitución del Estado de San
Luis Potosí a que establece el derecho de los
habitantes a gozar de un ambiente sano, con la
obligación de los gobiernos estatal y municipales, a
realizar programas para “conservar, proteger y
mejorar los recursos naturales de la entidad, así
como para prever y combatir la contaminación
ambiental”.
Como afirma Adriana Estrada, “al otorgar la
autorización del uso de suelo para permitir una
actividad industrial altamente contaminante y que
requiere cantidades abundantes de agua en una zona
de veda de agua y de recarga del acuífero, los
gobiernos estatal y municipal están incumpliendo su
obligación de velar por la protección del medio
ambiente”.4
No es sólo el problema del uso extensivo del agua
proveniente de un acuífero que se propone proteger.
Es la misma contaminación del manto, producto de los
derrames de cianuro utilizado en la lixiviación de
los montones acumulados. La investigadora de Fundar,
Adriana Estrada, explica de manera sintética esta
doble problemática, la escasez de agua y la
contaminación por cianuro.
“El proyecto propone utilizar 16 toneladas diarias
de cianuro para lixiviar el oro y la plata a partir
de un total de 32 mil toneladas de material rocoso
extraído del tajo. Esto implica una enorme y
peligrosa acumulación de material tóxico en el
lugar. Además, la solución cianurada requerirá un
uso ordinario de alrededor de un millón de metros
cúbicos de agua por año. Aunque originalmente se
planteó el uso de agua tratada, la empresa Minera
San Xavier ha tramitado ante la Comisión Nacional
del Agua la autorización para utilizar pozos de agua
que solían ser de uso agrícola.5
La contaminación del agua no es la única. También
habría contaminación del aire. El proyecto de la
Minera San Xavier se propone utilizar 13 toneladas
diarias de explosivos compuestos de Nitrato de
Amonio, a fin de extraer al día 75,000 toneladas de
material del Cerro de San Pedro.
Las voladuras producirían grandes cantidades de
polvos de difícil manejo, pues producirían un hongo
de polvo que podría afectar a la población aledaña.
La exposición crónica a este tipo de polvos puede
ocasionar padecimientos como fribrosis pulmonar y
“silicosis”, enfermedad irreversible e incapacitante
común entre los mineros.6
Los derechos al agua y a un medio ambiente sano, no
son los únicos derechos que se ven afectados por el
proyecto de la Minera San Xavier. Para el escritor
Carlos Montemayor, hay ocultamiento de información
importante, con lo que se conculca el derecho a la
información que, en estos casos, resulta
fundamental. El escritor afirma que “la postura
constante de Minera San Xavier ha sido minimizar y
encubrir información que ayude a valorar con
precisión los riesgos del proyecto. Por ello no ha
querido presentar un balance detallado de agua, que
por ley debió incluir en la Manifestación de Impacto
Ambiental. Es desconcertante, por decir lo menos,
que la Semarnat se niegue a exigir a la empresa el
cumplimiento de este requisito.”7 Para el escritor,
los estudios realizados por Minera San Xavier para
valorar el riesgo de contaminación al acuífero del
valle de San Luis han sido, pues, insuficientes y
tendenciosos, ocultando información significativa y
valiosa”.8
Además de los derechos violentados, para el escritor
Carlos Montemayor, la Minera San Xavier “no ha
podido demostrar aún que su proyecto sea legal y
menos que sea técnicamente viable. El proyecto
afecta… el bienestar y salud de los habitantes del
valle de San Luis por las condiciones de deterioro
del acuífero de ese sitio, que podría verse
inutilizado muy pronto por la sobreexplotación y
contaminación. Pero la Minera San Xavier ha iniciado
su expansión territorial por cauces ilegales, a
pesar de que enfrenta una tenaz resistencia de los
pobladores del Cerro de San Pedro”9.
En junio de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación “resolvió cancelar los permisos a la empresa
por violar las leyes ambientales del país. Sin
embargo, el Presidente de la República y el
gobernador presionaron e indujeron al alcalde del
lugar a desacatar la decisión judicial y aprobar el
proyecto de Minera San Xavier, la subsidiaria
mexicana de la trasnacional. Por tal razón, algunos
legisladores demandan investigar la actuación de
funcionarios federales en el caso, que ya costó una
vida”10.
En una nota publicada por el diario La Jornada, del
miércoles 24 de noviembre de 2004, se da cuenta de
la autorización de la Secretaría de la Defensa
Nacional a “Minera San Xavier para la compra y
consumo de explosivos el pasado 12 de octubre, (por
lo que) el núcleo agrario Cerro de San Pedro
interpuso un recurso jurídico, ya que la dependencia
habría incurrido en desacato.”11
Semanas después, la Sedena comunicaba la cancelación
del permiso para la compra y consumo de material
explosivo. A finales del año pasado, el Frente
Amplio de Oposición a Minera San Xavier envió una
carta a la embajada de Canadá para que el gobierno
de ese país exija a la empresa respetar el estado de
derecho del Estado mexicano y dejar de utilizar al
Tratado de Libre comercio como método de “chantaje y
presión” para forzar el inicio de sus operaciones,
pese a tener varias resoluciones judiciales en
contra.12
Este Frente, en un comunicado presenta un resumen de
las resoluciones judiciales que se han emitido en
contra de la empresa canadiense:
1. Un Tribunal Colegiado en México dictaminó por
unanimidad de 11 Magistrados ANULAR el permiso
principal de operación a MSX por violaciones a las
leyes ambientales.
2. El Tribunal Unitario Agrario por segunda ocasión
ANULÓ el contrato de arrendamiento de 290 hectáreas
de tierras del ejido de Cerro de San Pedro por ser
ilegal. Por lo tanto, MSX perdió las tierras donde
pretendía hacer el TAJO.
3. El día 24 de diciembre de 2004 la Secretaría de
la Defensa Nacional le suspendió a MSX el permiso
para uso de explosivos.
4. MSX tampoco cuenta con el permiso del Instituto
Nacional de Antropología e Historia El día 26 de
enero de este año el Tercer Juzgado de Distrito le
NEGÓ a MSX un amparo mediante el cual intentaba
recuperar el permiso.
5. MSX tiene una demanda penal por varios delitos
como son: asociación delictuosa, daños,
falsificación de documentos y declaraciones......
6. MSX enfrenta otra demanda penal por la
destrucción y posesión ilegal de una finca conocida
como Guadalupe.
7. El fallecido Presidente Municipal Baltasar Loredo,
antes de morir dejó una solicitud en el H. Congreso
del Estado para que se investigue la adquisición
ilegal de una buena cantidad de fincas adquiridas
por MSX en la cabecera Municipal.13
Por si esta relación fuera poca cosa, a principios
de este año, “la Minera San Xavier perdió otro
proceso judicial para realizar trabajos en Cerro de
San Pedro, San Luis Potosí, luego que el juzgado
tercero de distrito del estado le negó el amparo en
contra de la actuación del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), que pidió suspender
las detonaciones de explosivos por dañar el
patrimonio histórico”14.
Ante este cúmulo de violaciones a la ley, el Senado
de la república aprobó un punto de acuerdo. “Al
aprobar un punto de acuerdo mediante el cual se
exhorta a los titulares de las secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la
Defensa Nacional (Sedenda) a que informen sobre su
participación en el proyecto de la compañía de
capital canadiense, los legisladores también
advierten que los riesgos de la explotación minero
metalúrgica "son más que evidentes" para la
población y el entorno natural.15” El dictamen del
senado “admite que la Minera San Xavier ofrece
atractivos beneficios económicos. A pesar de ello,
apunta, este tipo de intereses no debe pasar por
encima de la salud humana, el equilibrio ecológico
y, en general, el bienestar social. Menos aún,
enfatiza, si se trata de empresas extranjeras.”16
Este panorama del caso de la Minera San Xavier,
desde la perspectiva de los derechos humanos, nos
coloca frente a la pregunta de cómo es posible tanta
impunidad y, además, con el enorme contrasentido de
que el mismísimo presidente de la república, Vicente
Fox Quesada, promueva el desacato a una orden
judicial en este caso, cuando en el otro de enormes
repercusiones nacionales e internacionales, se
muestra por el estricto cumplimiento de la ley. Para
no llamarnos a engaños ni escándalos, señalo el
antecedente del triunfo legal de una empresa
trasnacional, Metalclad Corporation, en contra del
Estado mexicano, por el que un Tribunal Arbitral
constituido con base en el Capítulo Once del Tratado
de Lbire Comercio de América del Norte (ICSID), e
integrado por Eliu Lauterpacht, presidente, Benjamín
R. Civiletti y José Luis Siqueiros, emitieron un
laudo por el que obligan al Estado mexicano a un
pago de más de 16 millones de dólares, con el
agravante de que “transcurrido dicho plazo (45
días), se acumulará un interés compuesto del 6%
mensual sobre esa suma o cualquier parte de ella que
permaneciera insoluta”17.
En opinión de Fernando Bejarano, de la Red Mexicana
Ante el Libre Comercio, “el panel del Tribunal del
ICSID ha excedido sus funciones al descalificar la
competencia constitucional del municipio de
Guadalcázar para negar el permiso de construcción a
Metalclad. El Tribunal tampoco explica las razones
para aceptar sólo las pruebas de la empresa y
desechar las del gobierno de México. El proceso del
panel es antidemocrático pues no hay audiencias
públicas, las partes afectadas no pueden formar
parte del proceso, no pueden tener acceso a los
expedientes y la decisión del Tribunal es
inapelable”18.
A la luz de esta experiencia, el caso de la Minera
San Xavier es otra experiencia de expoliación y la
posibilidad del sometimiento de las leyes nacionales
a los tribunales internacionales. De ahí que el
propio Bejarano afirme que “el dictamen del fallo
del panel de TLCAN crea un precedente terrible para
los gobiernos municipales y estatales no sólo de
México sino de Estados Unidos y de Canadá que pueden
ser cuestionados en sus facultades y competencias
para realizar acciones de protección a la salud y al
medio ambiente de sus poblaciones. De este modo, los
intereses de empresas extranjeras establecen su
primacía por encima de las consideraciones de salud
y bienestar de las poblaciones y comunidades en
donde los capitales trasnacionales pretenden
asentarse. Es también un rudo revés a la soberanía
de las naciones y muestra la inutilidad e ineficacia
de los acuerdos ambientales negociados en forma
paralela”19.
En esta perspectiva, lo que aparentemente es sólo la
primacía de los derechos mercantiles sobre los más
elementales derechos humanos, vemos confirmado que
se trata de algo mucho más grave, pues los
tribunales comerciales se imponen a los mismos
Estados, que son demandados por empresas
trasnacionales como muestra el caso de Metalclado.
En esta perspectiva, no deja de ser una declaración
de buenas intenciones las “Normas sobre las
Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y
Otras Empresas Comerciales en la esfera de los
Derechos Humanos”, que emitiera la Subcomisión de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de
la Comisión De Derechos Humanos, en su 55º período
de sesiones, el pasado 26 de agosto de 2003, en las
que, por ejemplo, señala como “obligaciones
generales”:
1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial
de promover y proteger los derechos humanos
consagrados en la legislación internacional y
nacional, asegurar que se cumplan, respetarlos y
hacerlos respetar, incluso velando por que las
empresas transnacionales y otras empresas
comerciales respeten los derechos humanos. Dentro de
sus respectivas esferas de actividad e influencia,
las empresas transnacionales y otras empresas
comerciales tienen la obligación de promover y
proteger los derechos humanos consagrados en el
derecho internacional y en la legislación nacional,
incluidos los derechos e intereses de los pueblos
indígenas y otros grupos vulnerables, asegurar que
se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar.
Si un Estado, como el caso de México, en particular
el municipio de Guadalcázar y el estado de San Luis
Potosí, del que forma parte, en defensa y protección
del derecho al medio ambiente sano, no son tomados
en cuenta en los paneles internacionales, ¿qué
alternativas existen para el caso del municipio
Cerro de San Pedro y el mismo estado de San Luis
Potosí para la defensa y protección de los derechos
humanos?
Es evidente la fragilidad de los sistemas de la ONU
y de la OEA para la protección y defensa de los
derechos humanos. Es evidente, además, el enorme
poder y autoridad que tienen los tribunales
comerciales, como hemos señalado. La movilización y
la resistencia pacífica por parte de los afectados,
directos e indirectos, de los proyectos de
inversión, más la solidaridad internacional y las
campañas de información y sensibilización, son sólo
una parte de la alternativa que se puede
implementar. de hecho, es el camino que han seguido
diversas organizaciones opositoras al proyecto de la
Minera San Xavier, y es lo que les ha dado
resultado, al menos para detener y posponer aspectos
del mismo proyecto.
El caso de la Minera San Xavier muestra que, una vez
más, la articulación de una buena estrategia de
defensa jurídica, la difusión y comunicación
adecuadas y la estrategia política de movilización,
pueden dar buenos resultados. El absurdo máximo es
que se deje el agua, como recurso escaso, al
capricho de un proyecto que, además de utilizar
enormes cantidades de agua para el lavado de los
metales, esa misma agua sea factor de contaminación
de los mantos freáticos que, de por sí, han sido
declarados en veda.
La mayoría de la población potencialmente afectada,
puede estar en espera silenciosa. Este período de
estiaje es sólo un momento para acumular información
de la situación que guarda el proyecto de la empresa
canadiense. En cuanto se reactive y afecte
masivamente, la movilización no se hará esperar.
Mientras tanto, la ilegalidad y violación de
derechos elementales sigue su curso, con la
complicidad de un presidente de la república que,
por otra parte, exige el más estricto cumplimiento
de la ley para deshacerse de un contrincante
político.
b) El caso del desafuero de Andrés Manuel López
Obrador
En contraste con el caso de la Minera San Xavier,
nos encontramos con una situación de enorme
repercusión política que ha rebasado los límites de
las fronteras nacionales. La multitudinaria marcha
del silencio, calculada en más de un millón de
personas y calificada como la mayor movilización de
nuestra historia reciente – incluso mayor a la del
12 de enero de 1994, cuando un ejército se
interpuso entre dos ejércitos o la del domingo
11 de marzo de 2001 con la llegada al Zócalo de la
Marcha del Color de la Tierra con la llegada
de los comandantes zapatistas –, ha colocado al país
de frente a lo que muchos consideran una de las
mayores afrentas contra los derechos políticos de
millones de mexicanos. “Nunca, en los últimos 50 o
70 años de la historia de nuestro país, una maniobra
tan turbia ha sido tan transparente”, diría don
Fernando del Paso20.
No es sólo la violación de los derechos políticos de
uno de los precandidatos presidenciales que encabeza
las encuestas sobre las preferencias políticas de
los mexicanos. Es el derecho a elegir lo que se pone
en juego. Con esto, privilegiamos el aspecto
estrictamente político, por encima del carácter
supuestamente jurídico de un desacato a una
suspensión ordenada por un juez. A pesar de que en
la opinión pública se ha expresado la interpretación
del hecho como una manera de hacer a un lado de la
contienda electoral al Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, buena parte de las notas periodísticas y
de los comentarios de radio y televisión, son
ocupadas por el debate jurídico. Constitucionalistas
y penalistas abordan las diversas aristas de un
conflicto político de enormes proporciones.
La historia no es reciente21. Se remonta al 10 de
noviembre de 2,000, cuando se presenta un decreto
expropiatorio de las dos fracciones del predio
denominado “EL ENCINO”, ubicado en la Zona la
Ponderosa, en la Delegación Cuajimalpa del Distrito
Federal, para ser destinadas a la apertura y
construcción de las vialidades Vasco de Quiroga y
Carlos Graef Fernández, lo que genera un conflicto
entre supuestos propietarios. Conflicto que, por
cierto, ha tenido menor relevancia. Todavía se
discute si las obras para construir una vialidad que
diera acceso a un hospital privado, se realizaron en
el predio expropiado o fuera de él. El caso es que
todavía es parte del debate si el desacato a la
orden de un juez, quien concede amparo a los
propietarios, merece la sanción que implicaría la
pérdida de los derechos políticos del Jefe de
Gobierno y, por tanto, su no participación en las
elecciones presidenciales. El 4 de diciembre de
2,000, la Promotora Internacional Santa Fe, S.A. de
C. V., interpuso demanda de amparo contra el decreto
expropiatorio.
El 14 de marzo de 2001, el licenciado Armando Cortés
Galván, Juez Noveno de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, concedió a
Promotora Internacional Santa Fe la suspensión
definitiva de los actos reclamados en el juicio de
amparo 862/2000. Para el 17 de agosto del mismo año,
ante el cambio del juez Álvaro Tovilla, se denunció
la violación a la suspensión definitiva en argumento
de que no se había respetado la suspensión otorgada,
en razón que no se paralizaron los trabajos de
apertura de las vialidades en las zonas expropiadas,
"sino por el contrario continúan con ellos y
bloquean los accesos al predio y con los cortes de
tierra y maya (sic) ciclónica impiden totalmente el
acceso tanto en forma peatonal como vehicular por
las alturas a que se están dejando los taludes
[...]", por lo que el juez declara que López Obrador
violó la suspensión en la que ordenó permitir el
acceso de la empresa Promotora Internacional Santa
Fe a las fracciones no expropiadas de El Encino.
Para el 14 de noviembre de 2001, la PGR inicia
averiguación previa contra López Obrador por
presunto abuso de autoridad.
Entre el 23 de enero de 2002, cuando el tribunal
colegiado en materia administrativa confirma que la
suspensión fue violada, y señala como responsable a
Obrador, y el 6 de abril de 2004, cuando el
presidente Fox convoca al Ministro Mariano Azuela a
Los Pinos para tratar el asunto, la PGR no ha sido
capaz de integrar la averiguación e incluso el 16 de
febrero de 2004, el Sexto Tribunal Colegiado en
Materia Penal confirma la sentencia del juez y da a
la PGR 30 días para resolver la averiguación. Es
hasta el 17 de mayo de 2004, cuando la PGR determina
que el Jefe de Gobierno es probable responsable de
abuso de autoridad y solicita a la Cámara de
Diputados desaforar a López Obrador.
Este impasse de más de año y medio es sólo uno de
los muchos elementos que generan las suspicacias y
que actualmente dejan ver con toda claridad, la
trama y los vericuetos jurídicos en los que todavía
se encuentra la PGR. De ahí que no sea gratuito que
una de las grandes demandas de los cientos de miles
que se manifestaron el domingo pasado, fuera
precisamente, la renuncia del titular de la PGR,
Rafael Macedo de la Concha y dos de sus
subprocuradores, en particular Carlos Javier Vega
Memije, quien se ha lanzado a la persecución
jurídica y política de AMLO.
Al desaseo manifiesto en el proceso jurídico, se
siguió un importante proceso en las manifestaciones
y movilizaciones de resistencia pacífica. La primera
megamarcha en contra del desafuero de López Obrador,
ocurre el 29 de agosto de 2004, siendo éste su
primer acto formal de campaña con miras a las
elecciones de 2006. En esa ocasión, AMLO presentó 20
puntos de su Proyecto Alternativo de Nación.
Muy temprano, el jueves 7 de abril de 2005, fecha
señalada por la Sección Instructora para tomar la
decisión sobre el desafuero de AMLO en la Cámara de
Diputados, el Zócalo de la ciudad de México volvió a
llenarse para apoyar a Andrés Manuel López Obrador.
Un hecho que no deja de llamar la atención, pues se
convoca a una movilización pacífica, a una hora muy
temprana, las ocho de la mañana, y a mitad de
semana, poco favorable para que la gente se pueda
movilizar. Y sin embargo, lo hizo. En esa
concentración, AMLO lanza su plan de ocho puntos,
muy concretos y muy sencillos:
1. Meditar, reflexionar y hablar en corto con
familiares y amigos, sobre lo que está sucediendo y
lo que debemos hacer para fortalecer el movimiento.
2. Portar el distintivo tricolor y colocar carteles
en autos y casas.
3. Llevar a cabo una Marcha del Silencio del Museo
de Antropología al Zócalo, el domingo 24 de abril.
4. Hacer reuniones informativas todos los domingos
en las plazas públicas del país.
5. Argumentar en medios de comunicación, hacer uso
del derecho de réplica y hablar o escribir a la
radio, la televisión y los periódicos. Utilizar
también, sistemas alternativos de información, como
volantes o Internet.
6. Les informo que al día de hoy, existen 4 mil 128
comités ciudadanos en los 31 estados y en el
Distrito Federal. Hay también comités ciudadanos en
el extranjero, en particular, en Estados Unidos, en
Canadá, en Francia y en Inglaterra.
7. Llamar a votar, y esta es una forma de hacer
resistencia civil activa, llamar a votar, ayudar a
promover el voto por nuestros candidatos, por la
candidata Yeidckol Polevsky, del Estado de México y
por el candidato Miguel Ángel Navarro Quintero, de
Nayarit. El 3 de julio son esas dos elecciones y
vamos a ganar las dos gubernaturas.
8. Informar a organizaciones sociales, políticas y
de defensa de derechos humanos de carácter
internacional,
sobre el intento de retroceso de la democracia
mexicana.22
Finalmente, cuando parecía que todo se resolvía con
el acuerdo de la Cámara de Diputados para desaforar
al Jefe de Gobierno, los diputados cometen un error
al integrar en una misma resolución el desafuero y
la separación inmediata del cargo, a pesar de las
advertencias que hiciera el coordinador del Grupo
Parlamentario del PRD, Pablo Gómez, en el sentido de
separar los acuerdos, por una interpretación del
artículo 111 constitucional que señala la separación
del cargo en tanto haya un proceso judicial.
El sábado 9 de abril, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, toma el acuerdo de que no procede
el desafuero del Jefe de Gobierno y, por tanto sigue
en el cargo y con el fuero constitucional. Acuerdo
que se basa en otra interpretación del mismo
artículo 111 constitucional. En opinión de Eduardo
Reyes, abogado del Centro Prodh, “cabe señalar que
el artículo 206 de la Ley de Amparo no señala la
pena aplicable a la desobediencia de la suspensión,
sino que establece que se castigará conforme a la
pena señalada para el delito de abuso de autoridad
por el Código Penal Federal. El delito de abuso de
autoridad está tipificado en 12 supuestos del
artículo 215 del Código Penal Federal, y en ninguno
de esos supuestos aparece lo señalado en el artículo
206 de la Ley de Amparo, y en los dos últimos
párrafos no se establece de manera clara y directa
cuál de las dos penas es aplicable a la
desobediencia de la suspensión. El artículo 14
constitucional establece que ‘en los juicios de
orden criminal, queda prohibido imponer, por simple
analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que
no esté decretada por una ley exactamente aplicable
al delito de que se trata’.”23
En opinión de muchos juristas, por aquí va el centro
del asunto: sin sanción, no hay delito. Dado que el
conflicto no es jurídico, sino político, el debate
actual se complejiza porque, por ejemplo, un grupo
de académicos de la UNAM está por presentar un
juicio de desafuero en contra de los 360 diputados
del PRI, PAN y PVEM que votaron a favor de la
inhabilitación del Jefe de Gobierno. El proyecto fue
presentado por el constitucionalista Raúl Carrancá y
Rivas, quien señala que “la iniciativa se sustenta
en que estos diputados violaron la Constitución,
porque el artículo 111, en su párrafo séptimo,
establece que el funcionario público, en este caso
López Obrador, será suspendido de su encargo hasta
que esté sujeto a proceso penal. Sin embargo, en el
dictamen, los legisladores hicieron alusión al
artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades
de Servidores Públicos, que señala la suspensión de
su encargo como efecto inmediato de la declaración
de procedencia, pero aun así, esta ley reglamentaria
no está por encima de la Constitución”.24
Sigue pendiente, la resolución de los ministros de
la SCJN, ante sendas controversias contradictorias,
presentadas por la Asamblea Legislativa del DF y la
Cámara de Diputados. De manera inesperada, el
viernes 22 de abril, a altas horas de la noche, el
juez 12 de distrito, Juan José Olvera López, negó la
orden de presentación solicitada en su contra por la
Procuraduría General de la República (PGR), con el
argumento de que “el Ministerio Público dispuso de
la libertad personal del indiciado sin que estuviera
a su disposición, pues al otorgar esa libertad López
Obrador no estaba detenido ni había en su contra,
pendiente de ejecutar, una orden de detención
ministerial fundada en la urgencia”25. Ese pago,
como dio cuenta la prensa, se fraguó en conciliábulo
entre personal de la PGR, la dirigencia nacional del
PAN y los dos diputados locales del DF que hicieron
el pago, supuestamente como una “obra de caridad”,
como señalara en el colmo del cinismo, el diputado
federal del PAN Federico Doping. Esta maniobra fue
criticada ampliamente, incluso hay señalamientos de
que fue un duro revés para la PGR y, los diputados
panistas del DF, corren el riesgo de ser demandados
penalmente por incurrir en un delito. En opinión de
renombrados constitucionalistas, como “el profesor
emérito Raúl Carrancá y Rivas, asesor jurídico del
proyecto de juicio político (contra los diputados
desaforistas), aseguró que no procede la caución que
pagaron los asambleístas del Partido Acción Nacional
(PAN), Jorge Lara y Gabriela Cuevas, porque ‘sólo se
paga fianza por una orden de aprehensión que no la
hay, por tanto, pagar fianza por una orden de
presentación -como es el caso- ¡es una locura!’
Con este argumento coincidió el también profesor
emérito Ignacio Burgoa Orihuela, quien aseguró que
‘el único que puede solicitar su libertad
condicional y otorgar la garantía’ es el propio
López Obrador.”26
Mientras tanto, la gira de resistencia civil
emprendida por AMLO por varios estados de la
república, demostró el amplio y masivo apoyo
popular. Tabasco, Jalisco, Nayarit, Guerrero vieron
algunas de sus principales plazas, llenas del
descontento popular en contra de una medida que
claramente es percibida como una maniobra política.
En la masiva concentración realizada en Guadalajara,
el escritor Fernando del Paso planteó cosas como
ésta: “En el mundo civilizado, en las democracias
sólidas y verdaderas, se desafora, se humilla, se
sentencia, se encarcela, se castiga, se condena a
los gobernantes ladrones, a los gobernantes en
connivencia con los narcos, a los gobernantes
asesinos. En este país no sucede esto. En este país
los gobernantes y los políticos ladrones, narcos
y asesinos gozan de impunidad. Pero en este
país, México, se consigna a un político por el
imperdonable delito – aún no probado – de continuar,
contra la orden de un juez, la construcción de una
calle. Y por lo que llaman abuso de autoridad, ¿que
no saben estos señores en qué país viven? Nosotros
sí.” Y preguntó al final de su discurso: “…cuando
consignen a nuestra democracia, ¿quién va a pagar la
fianza por ella? Cuando le pongan una mordaza a
nuestra democracia, ¿quién la va a amparar? Cuando
invaliden nuestra democracia, ¿quién le va a
devolver su libertad?”27
Antes de la marcha del silencio, hubo un debate
interesante que se continúa. Atañe a dos
instituciones de gran peso en nuestra cultura
política: la Iglesia Católica y el Ejército Federal.
La primera emitió un excelente comunicado a través
de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, baste
citar su primer párrafo: “Por el enrarecimiento del
ambiente político en nuestro país, causado por los
acontecimientos de las últimas semanas, los Obispos
de la Comisión de Pastoral Social no queremos
permanecer callados, pues nuestra misión de pastores
nos pide intervenir con oportunidad para que la luz
del Evangelio y los principios éticos que de él
brotan, iluminen coyunturas como la presente, que
por su trascendencia son un signo decisivo en el
rumbo de la transición a la democracia que nuestra
nación recorre desde hace años.” Por supuesto que a
la Secretaría de Gobernación no le gustó y, de
alguna manera, influyó para que el presidente de la
Conferencia del Episcopado Mexicano, José Guadalupe
Martín Rábajo, hiciera un deslinde SIN desautorizar
lo dicho por la CEPS, lo que no impidió que se
hablara de que el asunto AMLO divide a la Iglesia
Católica. Otro tanto ocurrió con el Ejército, cuando
el senador priísta, Humberto Roque Villanueva,
afirmara que no hay temas tabú y el Secretario de la
Defensa señalara que no habría declaraciones de
ningún miembro del ejército sobre el asunto del
desafuero, pues de lo contrario aplicaría el Código
Militar. Lo cierto es que también se debate sobre la
división al interior de las fuerzas armadas, en
torno al desafuero.
Con el respaldo político de más de un millón de
personas que se manifestaron este domingo en la
ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador se
presentó esta mañana del lunes 25 de abril, en su
oficina, para retomar su cargo como Jefe de
Gobierno, interpretando que la ley lo favorece en
este caso y no obstante las amenazas de la PGR de
que, en esa situación, incurre en actos ilegales
como la usurpación de funciones. Lo cierto es que,
ante tal maraña jurídica, lo que se espera es una
cierta incertidumbre, pues aun cuando la PGR puede
volver a presentar el expediente, en el que ahora sí
solicite la orden de aprehensión, luego de la
megamarcha dominical, las piezas del ajedrez
político comienzan a moverse con mayor lentitud, por
los costos políticos que se juegan en ambos lados
del tablero. Por ejemplo, el sábado 23 de abril, la
presidencia de la república anunció un mensaje a la
nación por parte del presidente Fox, para el domingo
en la mañana, antes de la marcha del silencio, cosa
que no ocurrió28. Por parte de AMLO, su presentación
en la Jefatura de Gobierno del DF esta mañana,
genera un espacio de difícil maniobra cuando, por
otra parte, se prevé que la PGR vuelva a
consignarlo. O, por el contrario, y ante el mensaje
político de la megamarcha, el Ministerio Público
Federal se vuelva a tomar el tiempo necesario para
pensar mejor su actuación, luego del grave error
técnico de “dar libertad a alguien que no estaba
preso.”29
Conclusiones
Hay violaciones a los derechos humanos más visibles
que otras. Para desentrañar lo que ocurre con el
proyecto de la Minera San Xavier, es necesario
explorar una telaraña de documentos y procesos
judiciales, que no son del dominio público, que,
además, no siempre han estado en la prensa nacional
y que, en general, se habla poco del asunto. Han
sido las organizaciones y personas interesadas en el
respeto al derecho al medio ambiente sano, quienes
han proporcionado esta información, además de las
investigaciones académicas que se encuentran en
proceso.
En cambio, el desafuero del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, ha ocupado las páginas de los
diarios y las transmisiones de radio y televisión,
como hacía mucho no ocurría en México. Hay una
verdadera lucha mediática entre medios desaforistas
y medios antidesaforistas. Quien, en México, lea
casi de manera simultánea La Jornada y Reforma, sólo
por poner un ejemplo, dirá que está leyendo sobre
dos países diferentes. Igual ocurre en radio y en la
televisión, medios en los que, de ordinario, no se
informa, puesto que los comentaristas editorializan
en lugar de informar y, de esa manera, crean opinión
pública. No deja de llamar la atención que, por
ejemplo, un comentarista deportivo se erija en juez
y señale a AMLO como un funcionario que violó la ley
sin dar ninguna demostración al respecto. A
diferencia de la Minera San Xavier, el caso AMLO no
se plantea de manera explícita, sino en muy raras
ocasiones, en términos de violaciones a los derechos
humanos. Se habla de los derechos políticos del Jefe
de Gobierno; con dificultad, pero con mayor
claridad, se comienza a hablar de los derechos
políticos de millones de mexicanos a los que se les
quiere quitar el derecho a elegir. Pocos, como el
juez Carlos Castresana Fernández, Fiscal
Anticorrupción de España y Profesor visitante de la
University of San Francisco, hablan de los derechos
de los electores, los que eligieron legítimamente a
AMLO como Jefe de Gobierno. Desde España, Castresana
reflexiona sobre “el sueño de Madero” y afirma: “Los
derechos electorales del precandidato, y sobre todo
los de millones de electores, deberían ser
preservados. La gobernabilidad del país y su
herramienta fundamental, el derecho de sufragio,
están, desde el más elemental sentido de la
responsabilidad, por encima de intereses personales,
políticos o de cualquier otra índole. Esa
responsabilidad histórica es de Vicente Fox: debe
impedir que el sueño de Madero se convierta de nuevo
en la pesadilla de México. De no hacerlo así, lo más
probable es que no sea recordado bien ni mal: no
será recordado en absoluto.”
En medio de innumerables pronunciamientos en contra
del desafuero, o a favor de la democracia, como
cambió recientemente la denuncia política, el
discurso de la violación de los derechos humanos no
ha sido destacado tan claramente como era de
esperarse. El pronunciamiento que, el 27 de marzo de
2005, hiciera la Red de Organismos Civiles Todos los
Derechos para Todos, de la que es miembro el Centro
Prodh, señala cuatro aspectos que son fundamentales,
para atender al “pleno ejercicio de los derechos
políticos”:
1. La decisión del Ministerio Público Federal (MPF)
de solicitar el juicio de procedencia para desaforar
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en las
condiciones que se ha desarrollado es un acto que de
acuerdo con la doctrina de los derechos humanos se
puede considerar arbitrario. Al respecto la
jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de la
ONU estableció que “no se debe equiparar el concepto
de arbitrariedad con el de contrario a la ley, sino
que debe interpretarse de manera más amplia a fin de
incluir elementos de incorrección, injusticia e
imprevisibilidad, así como también el principio de
garantías procesales”30 La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) por su parte ha declarado
que: “el término arbitrario es sinónimo de
irregular, abusivo, contrario a derecho”.
2. Además, hay que subrayar el hecho de que nuestra
Constitución no está acorde con los instrumentos de
derechos humanos ratificados por México al
determinar la pérdida de los derechos políticos
desde el momento que se dicta el auto de formal
prisión y no hasta que exista una sentencia de
culpabilidad; por lo tanto no se requerirá demostrar
plenamente la culpabilidad del Jefe de Gobierno ni
contar con una resolución judicial para privarlo de
sus derechos políticos.
3. Por otro lado, el Ejecutivo Federal y el
Procurador General de la República se han negado a
respetar el principio de presunción de inocencia y
han reiterado públicamente la culpa del actual jefe
de gobierno de la ciudad de México. El Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas ha determinado
que “En virtud de la presunción de inocencia, la
carga de la prueba recae sobre la acusación y el
acusado tiene el beneficio de la duda. No puede
suponerse a nadie culpable a menos que se haya
demostrado la acusación fuera de toda duda
razonable. Además, la presunción de inocencia
implica el derecho a ser tratado de conformidad con
este principio. Por lo tanto, todas las autoridades
públicas tienen la obligación de no prejuzgar el
resultado de un proceso.
(Comité de Derechos Humanos, Observación General No.
13, párr. 7)
4. Todo lo anterior puede constituir una situación
de “desviación de poder”. Al respecto la CIDH en
la resolución del caso de General Gallardo
estableció. “La desviación de poder es un abuso de
mandato, un abuso de derecho. Puede un acto
administrativo haber sido realizado por el
funcionario competente con todas las apariencias de
regularidad y, sin embargo, este acto discrecional
realizado, que el funcionario cualificado tenía el
derecho estricto de realizar, puede estar afectado
de ilegalidad si su autor ha usado sus poderes para
un fin distinto de aquel en vista del cual le han
sido conferidos...”
A partir del jueves 7 de abril de 2005, cuando
ocurre el desafuero de AMLO, y en particular con la
gigantesca marcha ocurrida el domingo 24 del mismo
mes, los ojos del mundo entero están más atentos de
lo ordinario a lo que, muchos mexicanos radicados en
el extranjero, han llamado “la democracia mexicana
en peligro”. En sus múltiples desaciertos y
desatinos, el gobierno federal, a través del
Canciller Luis Ernesto Derbez, anuncia una campaña
de “información” sobre el asunto del desafuero, al
que una vez más, llama “problema legal”31. De nueva
cuenta, el gobierno llega tarde, pues durante
prácticamente todo el mes de abril, la prensa
internacional ha comentado el asunto, en los mismos
términos: el intento por eliminar de la lucha por la
presidencia de la república, al candidato que
encabeza las encuestas de preferencias electorales.
El momento político que vive el país es grave. La
vigencia de los derechos humanos se pone en riesgo,
todavía más. El llamado de AMLO a la movilización y
la resistencia pacífica tienen su mérito. ¿Por
cuánto tiempo? La megamarcha de este domingo aporta
muchas lecciones. Basta ver la cantidad de
fotografías publicadas por diversos diarios, las
crónicas de los reporteros y las opiniones vertidas
en decenas de columnas, para darse cuenta de que el
domingo fue la ocasión para expresar la rabia, el
repudio y la humillación contenida. Su expresión, en
medio de tanto silencio, fueron las pancartas, las
mantas, los monigotes de cartón y otras expresiones
corporales.
¿Lo que viene? De pronóstico reservado. Difícilmente
el equipo comandado por el presidente Vicente Fox, y
quienes detrás de él operan lo que muchos llaman
‘golpe de Estado técnico’ o ‘fraude adelantado’,
dará marcha atrás. Pueden tomarse un tiempo de
impasse. El costo político en uno u otro caso son
considerables. Si la apuesta foxista es abrir el
camino expedito para su sucesor, Santiago Creel
Miranda, cualquier paso que den será medido con ese
criterio político, cálculo que, de nueva cuenta,
puede ser errado. Por parte de AMLO, todo el
movimiento de diversas piezas del ajedrez político
está en función de una campaña electoral que lo
lleve a la presidencia de la república, base de la
cual son los cientos de comités ciudadanos que se
han propuesto formar en todo el país… coordinados
por expriístas y un ciudadano. Así, el gran desafío
que se presenta para la configuración de un gran
movimiento civil es que no se reduzca a la campaña
electoral de AMLO, sino a los compromisos políticos
concretos y al propio enriquecimiento de su proyecto
alternativo de nación, al que, de hecho, ha
convocado.
Recuperar la génesis de lo que hace 18 años fue el
Frente Democrático Nacional, puede aportar numerosas
lecciones, aun cuando vivimos otros tiempos, en
otras circunstancias y, sobre todo, una mayor
pobreza y exclusión. Quizá por lo mismo, mayor rabia
y sufrimiento social contenido o expresado en nuevos
formas de violencia autoinflingida. Hace 18 años
estaban frescas las experiencias de la
reconstrucción de la ciudad de México, luego de los
sismos de 1985. Hoy no sucede lo mismo, a pesar de
todos los temblores económicos, políticos y sociales
que venimos padeciendo. Pero, es verdad, abajo y
a la izquierda, algo se está fraguando y es
importante estar atentos a su emergencia. No
reducirnos a la campaña electoral de AMLO, pero
tampoco dejarla de lado. Lo que no podemos aceptar
acríticamente es asociar democracia y AMLO.
En este sentido, una agenda estratégica de Derechos
Humanos es lo más elemental que pudiéramos aportar,
dado el fracaso de la reforma del Estado promovida
por el entonces presidente electo Vicente Fox. Su
capítulo primero, dedicado a los derechos humanos,
tiene todavía aspectos que son recuperables.
Transcribimos sus conclusiones y propuestas: Del eje
rector “Marco ordenador de los derechos humanos”,
destacan los siguientes consensos: garantizar la
exigibilidad de todo derecho fundamental por medio
de leyes constitucionales que reglamenten su debido
cumplimiento; establecer la supremacía de los
tratados internacionales de derechos humanos frente
al derecho interno, y reordenar el capítulo
constitucional de derechos humanos.
Respecto a los acuerdos formulados dentro del eje
“Defensa de los derechos humanos”: establecer formas
mediante las cuales sea posible dotar de efectos
generales a las resoluciones de amparo dictados en
contra de normas generales; fortalecer las
recomendaciones de los organismos protectores de los
derechos humanos por medio de mecanismos de
participación del poder legislativo y adoptar el
principio de solución pacífica de conflictos como
mecanismo de arreglo en caso de estallidos sociales
internos; elaborar un nuevo código penal federal
así como de su correspondiente orden procesal, y
reformar de manera integral el sistema de
procuración de justicia.
Los principales consensos logrados en la materia de
“Derechos civiles y políticos” son: diferenciar
claramente la libertad de expresión del derecho a la
información, incluso expresando esta diferencia en
artículos constitucionales distintos, de manera que
se pueda adecuar la reglamentación de la liberta de
expresión y dotar de nuevos contenidos y alcances al
derecho a la información; elevar al rango
constitucional, el principio de no discriminación, y
revisar todo el marco legislativo, eliminando
cualquier forma de segregación; formular enunciados
afirmativos que den sustento a la equidad de género;
eliminar la disposición constitucional relativa a la
expulsión discrecional de extranjeros y garantizar
el derecho de audiencia y legalidad; inscribir el
tema de libertad religiosa en el contexto de otras
libertades que son su base o se encuentran asociadas
con ella, como la libertad de conciencia, la
libertad de pensamiento, la libertad de expresión y
de asociación.
Por lo que se refiere al eje “Derechos económicos y
sociales”, se planteó la urgente necesidad de darles
vigencia y exigibilidad a estos derechos,
reglamentando los compromisos mínimos del Estado en
materia de educación, salud, vivienda, alimentación
y trabajo por medio de leyes constitucionales.
Finalmente, el eje “Derechos ambientales, culturales
y de los migrantes”, los principales consensos
fueron:
Retomar en el orden jurídico el concepto de
sustentabilidad del medio ambiente como base de
permanencia de la vida humana; asegurar a los
distintos grupos sociales la libertad de asumir en
condiciones de igualdad el goce y disfrute de sus
valores y prácticas culturales, siempre que no
lleguen a interferir en las funciones básicas del
Estado; concretar las modalidades en el marco de
acuerdos bilaterales y multilaterales, que
garanticen el libre tránsito entre fronteras.32
Si comparamos estas conclusiones y propuestas de
aquélla reforma del Estado, con los dos casos que
hemos analizado, en términos muy generales, vemos
que es necesario retomar y relanzar la propuesta.
Hay derechos que, como el derecho a la información,
requieren de un tratamiento diverso, máxime que nos
encontramos con los preparativos de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información, y lo
que ahí se pone en juego no es cualquier cosa, sino
la base fundamental para la exigibilidad de otros
muchos derechos, en particular, los derechos
económicos, sociales, culturales – en la era de la
imposición cultural homogénea de una expresión
particular de un estilo de vida, las resistencias
culturales son cuestiones de vida o muerte – y, como
vimos en el caso de la Minera San Xavier, los
derechos ambientales nos colocan ante el futuro de
la humanidad misma.
Por tanto, enriquecer aquellas propuestas a la luz
de la experiencia fracasada del sexenio de la
alternancia, y en especial del intento de regresión
autoritaria que implica el desafuero de AMLO, es más
que un imperativo. A las propuestas de la reforma
del Estado en materia de derechos humanos, podemos
agregar, corregir y afinar las más de 500 propuestas
y las 31
Recomendaciones Generales que aparecen en el
“Diagnóstico sobre la situación de los Derechos
Humanos en México”, que coordinara la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México.
* El presidente Vicente Fox Quesada, en mensaje a la
nación el miércoles 27 de abril, da un giro al
anunciar la aceptación de la renuncia del Procurador
General de la República y que someterá a revisión
exhaustiva el expediente de El Encino. Con este
anuncio se genera una distensión política, recibe la
crítica exacerbada del presidente nacional del PRI,
el cierre de filas del PAN con el presidente y el
PRD y AMLO toman la medida con mesura y sin
triunfalismos. Sin embargo, la lucha política
continúa. La breve entrevista de Fox y AMLO el
viernes 6 de mayo abre nuevas posibilidades para
otros encuentros y otras negociaciones, que
posibiliten apuntalar una democracia que se vio
seriamente amenazada.
1 Adriana Estrada, Impactos de la inversión minera
canadiense en México: Una primera aproximación.
Fundar, Centro de Análisis e investigación, México,
DF., Septiembre de 2001, p. 16
2 Instituto Nacional de Ecología, autorización DOO
DGOEIA 001130, citado por Adriana Estrada.
3 Ibid.
4 Ibid., p. 21
5 La investigadora Adriana Estrada, cita varios
documentos proporcionados por las organizaciones que
integran la Alianza Ciudadana Opositora a Minera San
Xavier
6 Ibid., p. 22
7 Carlos Montemayor, “Minera San Xavier pone en
peligro la vida de casi 2 millones de personas”,
segunda entrega publicada en el diario La Jornada
del martes 19 de octubre de 2004.
8 Ibid.
9 Carlos Montemayor, “Minera San Xavier despojó de
tierras a habitantes de Cerro de San Pedro”, tercera
entrega publicada en el diario La Jornada del
miércoles 20 de octubre de 2004.
10 Jesús Ramírez Cuevas, De cómo el Presidente mide
con dos varas. Fox promueve el desacato, publicado
en el Suplemento Masiosare, No. 349, del diario La
Jornada, del domingo 29 de agosto de 2004.
11 Nota publicada en el diario La Jornada, miércoles
24 de noviembre de 2004, titulada “Autorizó a Minera
San Xavier para la compra y uso de explosivos.
Permiso otorgado por la Sedena “viola” amparo.
Firmada por la reportera Angélica Enciso L.
12 “Piden a Canadá obligar a Minsera San Xavier a
respetar ley mexicana”, nota publicada por el diario
La Jornada el 28 de diciembre de 2004, firmada por
el reportero José Antonio Román.
13 Tomado de la página
electrónica:
www.mexico.indymedia.org
, consultada el 13 de abril de
2005.
14 Nota del diario La Jornada, del jueves 3 de
febrero de 2005, firmada por la reportera Angélica
Enciso L.
15 Nota publicada en el diario La Jornada del
domingo 27 de febrero de 2005, firmada por la
reportera Ángeles Cruz Martínez.
16 Ibid.
17 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones, Caso No. ARB(AF)/97/1, 30
de agosto de 2000.
18 Fernando Bejarano, “El
depósito de residuos tóxicos de Metalclad, en
Guadalcázar, San Luis Potosí”, Tomado de la página
electrónica:
http://www.rmalc.org.mx/documentos/caso1.pdf
, consultada el lunes 25 de
Abril de 2005.
19 Ibid., p. 21
20 Fernando del Paso, Discurso
publicado íntegramente en la edición del diario La
Jornada del viernes 22 de abril de 2005. Tomado de
la página electrónica:
http://www.jornada.unam.mx/2005/abr05/050422/008a1pol.php
, el lunes 25 de abril
de 2005.
21 En la reproducción de esta cronología, sigo el
trabajo del abogado del Centro Prodh, Eduardo Reyes,
“Breve cronología del caso AMLO y El Encino”.
Documento interno del Centro Prodh. Abril de 2005.
22 Discurso de Andrés Manuel López Obrador en el
Zócalo de la ciudad de México, el jueves 7 de abril
de 2005 por la mañana. Publicado íntegro en varios
diarios de circulación nacional. Consulté la página
electrónica de El Universal.
23 Eduardo Reyes, Op. Cit.
24 Nota publicada por el diario La Jornada,
Especialistas de la UNAM demandarán juicio político
contra 360
diputados, firmada por la reportera Karina Avilés,
el viernes 22 de abril de 2005.
25 Nota publicada por el diario La Jornada, el
sábado 22 de Abril de 2005, firmada por los
reporteros Gustavo Castillo, Alfredo Mendez y
Gabriela Romero.
26 Ibid.
27 Fernando del Paso, op. cit.
28 Columna “Bajo Reserva”, del diario El Universal,
del lunes 25 de abril de 2005, consultada en la
página
electrónica: http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/web_columnas_new.detalle?var=47519
29 Rayuela, del diario La Jornada del lunes 25 de
Abril de 2005.
30 Comité de Derechos Humanos, caso Van Alphen c.
Países Bajos, párr. 5.8 (1990), reiterado
textualmente en
Mukong c. Camerún, párr. 9.8 (1994). Citado en
O´Donnel Daniel, Derecho Internacional de los
Derechos
Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los
sistemas universal e interamericano, Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, abril 2004, pág. 283
31 Nota publicada en el diario La Jornada, del
viernes 22 de Abril de 2005, firmada por la
reportera Georgina Saldierna.
32 Comisión de Estudios para la Reforma del Estado.
Conclusiones y propuestas. Coordinador: Porfirio
Muñoz Ledo.
Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección
General de Publicaciones y Fomento Editorial,
México,
Primera Edición 2001, páginas 47 y 48.
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