ALTO A LA MINERA SAN XAVIER

Mediante contratos ilegales obtuvo terrenos y logró permisos para su proyecto

Minera San Xavier despojó de tierras a habitantes de Cerro de San Pedro

Cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por pobladores de la zona

CARLOS MONTEMAYOR/ III Y ULTIMA PARTE

Decíamos en la entrega de ayer que los estudios realizados por la Minera San Xavier para valorar el riesgo de contaminación al acuífero del valle de San Luis y para cuantificar realmente el empleo directo de millones de metros cúbicos de agua y su pérdida por evaporación han sido insuficientes y tendenciosos, pues han ocultado la información que podría ser más significativa. Explicábamos, igualmente, que cientos de hectáreas quedarían incapacitadas para cualquier actividad productiva, pues los efectos en las tierras serán severos, irreversibles y permanentes.

Sin contar con los permisos necesarios, Minera San Xavier ha empezado a denudar el terreno donde pretende ubicar las piletas, patios de lixiviación y planta de beneficio, tareas que corresponden a la primera etapa del proyecto o preparación del sitio, que ya representan un daño irreversible a la flora y fauna del lugar, pues se arrasaron casi 100 hectáreas de flora con especies protegidas y en peligro de extinción. Esto trajo, por consecuencia, la migración de la fauna y la desaparición de algunas especies endémicas. A esto habrá que agregar después la pérdida de miles de empleos provenientes de las actividades agrícolas y ganaderas de las zonas aledañas que comenzarán a verse afectadas por el proyecto minero.

La Minera San Xavier no ha podido demostrar aún que su proyecto sea legal y menos que sea técnicamente viable. El proyecto afecta, como ya hemos dicho, el bienestar y salud de los habitantes del valle de San Luis por las condiciones de deterioro del acuífero de ese sitio, que podría verse inutilizado muy pronto por la sobrexplotación y contaminación. Pero la Minera San Xavier ha iniciado su expansión territorial por cauces ilegales, a pesar de que enfrenta una tenaz resistencia de los pobladores del Cerro de San Pedro.

Presión al presidente municipal

Se ha presionado recientemente al presidente municipal, Oscar Loredo Loredo, para que se otorgue a la empresa el permiso de operación y construcción. Esa medida apresurada viola un amparo concedido por el juez segundo de distrito interpuesto por los ejidatarios contra las autoridades municipales para evitar la afectación de sus tierras. Ahora el presidente municipal y parte del cabildo enfrentan una demanda por desacato, pues el trámite para el permiso municipal le fue suspendido a la empresa en sesión de cabildo, el día 16 de marzo de 2004, hasta que cumpliera con las condicionantes 10 y 12 de la autorización emitida por el Instituto Nacional de Ecología (INE), el 26 de febrero de 1999. Pero, sobre todo, se le exigió restituir el acceso de los caminos vecinales, de los que sin autorización se posesionó, como explicaré más adelante.

La condicionante 10 exige "obtener de manera previa a la ejecución del proyecto los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que sean requisito para su correcta realización". Pues bien, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha autorizado a Minera San Xavier el uso de 25 toneladas de explosivos diarios durante ocho años en el área del tajo, pues tal cantidad representaría un riesgo para la integridad de las construcciones y la vida de los pobladores de Cerro de San Pedro, situado a tan sólo 50 metros del tajo. Debe tomarse en cuenta, además, que el terreno sobre el que se asienta la mayor parte del poblado presenta minados subterráneos efectuados a lo largo de 300 años.

La condicionante 12 establece que de forma previa al inicio de los trabajos para la preparación del sitio y de cualquier actividad del proyecto, deben realizarse "las gestiones necesarias para la reubicación de los pobladores de las comunidades de Cerro San Pedro y La Zapatilla, así como de aquellos otros que pudieran verse afectados por el proyecto y así lo requieran". Para ello, debían contar "con todas las anuencias y permisos necesarios de ciudadanos, gobiernos municipales, estatales y federales conforme a la legislación aplicable".

Minera San Xavier, mediante el oficio de fecha 6 de febrero de 2004 enviado al biólogo Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desconoció algunos de los compromisos adquiridos con el INE, alegando que esta autoridad únicamente debía ceñirse a aspectos ambientales, por lo que subestimó el cumplimiento de la condicionante por referirse a aspectos sociales.

En forma sorpresiva, a partir de tal argumento insostenible, el biólogo Ricardo Juárez Palacios mandó un oficio a Minera San Xavier para comunicarle que no tenía objeción a que la empresa iniciara los trabajos de preparación del sitio. En ningún momento dijo que "autorizaba", decisión que no está dentro de sus facultades, sino del municipio. Sin embargo, Minera San Xavier utilizó este documento para sorprender a las autoridades locales e iniciar los trabajos de preparación.

Para ello ha procedido a comprar terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, mediante contratos al margen de la ley o por medio de la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido con falsos ejidatarios, el cual fue anulado por resolutivos tanto del Tribunal Agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito. Es decir, la Minera San Xavier cometió un fraude con los tres niveles de gobierno, que otorgaron los respectivos permisos para el proyecto minero sobre la base de una posesión de tierras que estaba viciada.

Con este falso contrato, Minera San Xavier tomó posesión de las tierras y realizó trabajos sobre inmuebles antiguos con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de trabajos de reubicación de flora protegida que causó la destrucción y muerte, por el descuido con que se procedió, de cientos de cactáceas en peligro de extinción, representando todo ello una pérdida irreparable al ecosistema.

Además, cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de La Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Rioverde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envuelve el poblado por el lado norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.

Un caso peculiar es el que atañe al ejido de Palma de la Cruz. Los ejidatarios arrendaron 136 hectáreas a Minera San Xavier para uso de talleres, pero no les informaron que las emplearían como un tiradero de material sulfuroso que no será lixiviable.

Acerca del permiso de uso de suelo, la empresa declara que el ejido arrendado pertenece a Cerro de San Pedro, cuando pertenece al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Esta confusión intencional tiene el propósito de evitar permisos de construcción, operación y uso de suelo, ya que está considerada como zona de preservación de flora y fauna; al declararlo parte de Cerro de San Pedro, justifican que el terreno tenga "vocación" minera.

Un regidor de Cerro de San Pedro expuso ante el juez segundo de distrito en San Luis Potosí que en una sesión de cabildo, celebrada la tarde del 7 de agosto de este año, el presidente municipal intentó pasar por encima del juicio de amparo 564/2004, con el propósito de autorizar las tareas de operación de la Minera San Xavier. El regidor entregó al juzgado una grabación de audio de la sesión con su transcripción estenográfica. En ella el presidente municipal se declara presionado por el presidente Vicente Fox y el gobernador del estado. Tal presión no tuvo los resultados esperados. ¿Qué sigue ahora?

La compañía ha intentado generar un escenario artificial de conflicto, manipulando a supuestos trabajadores de la empresa provenientes de otros estados de la República para llevar a cabo actos de provocación y violencia en la presidencia municipal.

El futuro de Cerro de San Pedro y de los habitantes del valle de San Luis no es un caso aislado en el México actual. Procesos semejantes, conflictos similares, despojos y desaparición inminente de comunidades y poblados están teniendo lugar en otras zonas de Guerrero y Oaxaca, también por la expansión de trasnacionales mineras. Como ocurre con Cerro de San Pedro, las voces de esas comunidades aún no llegan con nitidez a los oídos del México de hoy. Pero debemos escuchar esas voces, porque así defenderemos lo poco que nos está quedando para el México de mañana.