- |
|
Participando
N° 76
Junio de 2005 |
El
valor de la palabra
En estos tiempos que corren es normal escuchar
este comentario: “debemos pensar con cabeza de gobierno y no de oposición”.
Como dice el Pepe, “como te digo una cosa, te digo la otra”.
Cuando hablamos de participación
popular, ¿hablamos de que participe la gente en lo que nosotros
(dirigentes) queremos que participen?,¿o también se trata
de que la gente en sus Organizaciones Sociales, Gremios, Cooperativas,
Comités de Base, Coordinadoras, Plenarios, Comisiones Vecinales,
etc., también van a realizar planteos, que querrán respuestas
y resoluciones, y que muchas veces pueden estar en contra de lo que piensan
los dirigentes?
Cuando éramos oposición, ¿lo
éramos porque estaban blancos y colorados en el Gobierno o porque
pensábamos distinto, porque teníamos mejores propuestas para
el País, y por lo tanto combatíamos las malas propuestas?
¿Alguien piensa que por ganar nuestra
fuerza política el Gobierno, nuestro pueblo y sus diversas organizaciones
políticas y sociales dejarán de aportar mejores ideas y soluciones
para el país, que las que puedan tener nuestros parlamentarios y
ministros?
Si hay algo que cambió y cambió
esencialmente, es que ahora esas dos vertientes necesarias para construir
el país que soñamos podemos articularlas, hacerlas funcionales,
que se retroalimenten, que sirvan para elevar el nivel de conciencia de
nuestro pueblo y el de nuestros legisladores.
No podemos pensar en la Refundación
Nacional, sin pensar un país en que el Gobierno Nacional y el Pueblo
tengan un nivel de compromiso compartido, en el que todos los uruguayos
nos sintamos parte de un proyecto porque diariamente lo construimos juntos,
porque creamos los ámbitos para que aquello que era oposición
se transforme en una relación fermental.
Existe mucha gente que tiene las cosas muy
claras, que saben cómo se deben hacer, pero hay muy pocos que además
de eso tienen la voluntad necesaria para hacerlo. Esto último sucede
cuando se junta la emotividad y el conocimiento.
Hemos escuchado en miles de discursos, que
a este país lo sacamos entre todos, o no. Para sacarlo entre todos
debemos sentirlo, y para sentirlo debemos participar en su construcción.
Cuando el Comité Ejecutivo del MPP
sacó el comunicado convocando a discutir en el órgano nacional
más democrático del Frente Amplio, su Plenario Nacional,
el tratado con EE.UU, está planteando justamente lo que comentábamos
más arriba. Sabemos que todos los Comités de Base estudiarán
el tema en cada rincón del País, sabemos que llegaremos a
una solución en la que todos los frenteamplistas se sentirán
comprometidos.
Somos conscientes que estas instancias no
deben ser convocadas para cualquier cosa. Es importante saber discernir
cuáles son las cosas que comprometen a todo el país, cuáles
son las que la humildad del dirigente político debe primar por encima
de sus certezas personales.
Cuando el pueblo votó por la papeleta
amarilla y perdimos los que queríamos el voto verde, respetamos
el mandato en ese momento y hasta el día de hoy. Y lo respetaremos
siempre, mientras las reglas de la lucha política en nuestro país
sean respetadas como nosotros lo hacemos. Únicamente cambiaremos
de actitud, si el Soberano se pronuncia y cambia el veredicto popular.
La palabra de los hombres debe valer en todos
los escenarios posibles de la lucha política. Valió ayer
cuando esta línea política que hoy continuamos se expresó
con otros métodos, como lo vale hoy al aceptar nuevos caminos.
Nunca mentimos a nadie lo que somos, ni nuestros
objetivos revolucionarios. Porque estamos firmemente convencidos que son
justos y que tienen en su base la felicidad de nuestro pueblo como guía.
Cuando el Frente Amplio en su ultimo Congreso
se definió anti-oligárquico y anti-imperialista, nosotros
integrantes de este Frente, como todas las organizaciones integrantes,
como todos los representantes de los Comités de Base, como los ciudadanos
independientes, dimos nuestra palabra. El valor de la palabra es fundamental
cuando de construir entre todos se trata.
Cuando analizamos el Tratado de inversiones
con EE.UU, cuando sobre él tomamos resoluciones, participan en nuestras
discusiones la palabra empeñada por nuestra Organización
frente a miles de frenteamplistas. No somos oportunistas en política,
no nos definimos en aquel momento anti-imperialistas por ganar réditos
políticos, lo hicimos porque siempre lo fuimos y porque somos los
frenteamplistas herederos de aquél que levantó la bandera
que guía nuestra fuerza, la Bandera de Otorgués, la bandera
de Artigas.
“No venderemos el rico patrimonio de los Orientales
al bajo precio de la necesidad”. De cosas como éstas está
construida la estatura moral de nuestra fuerza política, el Frente
Amplio. De cosas como éstas está construida la historia de
lucha que nos condujo a este triunfo histórico.
Fuerza
Política y Gobierno Progresista
Éste ha sido un tema polémico
en el Frente Amplio y -si bien fue saldado en su Congreso- no es de extrañar
que reaparezca nuevamente cuando estén en juego posiciones concretas
y no sólo los aspectos teóricos del relacionamiento como
hasta el momento. Este tema, en realidad, define las características
del futuro Gobierno progresista poniendo en juego las distintas concepciones
sobre la fuerza política, cómo gobernar y la relación
con las organizaciones sociales, sindicales y empresariales. Pone sobre
la mesa, también, la discusión sobre la relación entre
los sindicatos y el Partido y el concepto de independencia de clase.
Con respecto a la relación entre la
fuerza política y su Gobierno creemos en el ejercicio político
de éste, creemos que no puede haber divorcio entre la fuerza política
y el equipo gobernante. El Gobierno popular tiene que ser ejercido por
la fuerza política; ella pone el programa, los candidatos, los votos,
el esfuerzo militante y, luego de ganar las elecciones, ésta no
puede divorciarse del Gobierno. Por el contrario tiene que velar por el
cumplimiento del programa, asegurar que se cumpla, resolver sobre los cambios
estratégicos o los virajes que haya que emprender.
La fuerza política no se agota en el
Gobierno, ni tampoco se organiza solamente en él: tiene que construir
la utopía, construir el futuro y organizar el presente en función
del futuro, debe relacionar el plan de gobierno con el programa de largo
plazo, organizar la transición y no puede olvidarse que la medida
del gobierno popular también está en sentar las bases para
el desarrollo del programa de fondo.
Discrepamos profundamente con el divorcio
entre fuerza política y gobierno. No importa si ese divorcio se
produce de común acuerdo o por la sola voluntad del segundo. Discrepamos
con el modo tecnocrático de gobernar, con la idea de que aquello
que no se puede hacer en el gobierno hay que ir retirándolo del
programa de la fuerza política o ponerlo tan en el largo plazo que
deje de ser aspiración real de la fuerza política como si
hubiera dejado de ser necesidad profunda y urgente de los pueblos.
Ese camino nos lleva a la burocratización
de la fuerza política o, lo que es lo mismo, nos lleva a transformar
el gobierno en el verdadero partido. Si el gobierno termina conduciendo
a la fuerza política, los funcionarios del gobierno se transforman
en gestores burocráticos y tecnocráticos de las posibilidades
y de la desesperanza de la gente.
El gobierno y los técnicos no pueden
mandar al gobierno ni, mucho menos, al partido. |
Tratado
de Inversiones... ¿recíproco?
Es evidente que el Tratado de Promoción
y Protección Recíproca de las inversiones entre Uruguay y
los Estados Unidos, posee por sobre todos los tecnicismos propios de esos
documentos internacionales, un profundo significado y valor político.
Es que por más que se nos quiera hacer
creer que por este intermedio llegarán copiosas inversiones estadounidenses
a nuestro país, todos sabemos que ello es más que dudoso.
¿No tiene acaso nuestro país una generosa y liberal ley de
inversiones desde 1998? ¿No alcanza con ese instrumento? ¿Existe
alguna norma en Uruguay que impida la inversión de alguna nación
o de algún empresario nacional o extranjero? Es claro que no.
Cabe entonces preguntarse si este Tratado
no será un instrumento más de los que EEUU acostumbra a llevar
adelante, aprovechando la asimetría muchas veces dramática
que se da en sus negociaciones bilaterales. Es imposible comprender estos
asuntos a partir de los aspectos técnicos exclusivamente, los que
son meramente instrumentales; es imposible sin entender la vocación
de nación dominante, como potencia que son los Estados Unidos de
Norteamérica.
Como legisladores y como dirigentes políticos,
tenemos la obligación de asistir ante este Tratado – del que se
dice que es inocuo – con todas las prevenciones del caso, sea con quien
sea, pero mucho más aún si se trata con la más grande
potencia de que da cuenta la historia de la humanidad. ¿Alguien
puede suponer acaso, que tamaña potencia ande por el mundo repartiendo
beneficios sin que exista un interés que concuerde con sus políticas
de dominio? Es por ello que el MPP ha actuado con responsabilidad nacional
en este asunto, tal cual lo consigna el comunicado que se libra en esta
edición.
Muchos ciudadanos preferirían que no
se discutieran estos temas, en virtud de tal o cual aspecto comercial que
incidiría en nuestra balanza comercial, sin embargo es obligación
de todo uruguayo hablar estos temas, por la sencilla razón que no
hemos elegido ser un Estado Libre y Asociado como Puerto Rico, o como bien
lo ha definido el Canciller de la República, “no somos una colonia”.
Por esa razón es que tenemos nuestras cautelas, pues es obvio que
la potencia universal busca poner su pie en el centro del MERCOSUR y afectar
su desarrollo y en ese marco lo difícil es encontrar salidas equilibradas
que no nos enconen con los Estados Unidos, pero que no afecten nuestra
presencia – hasta hacernos segregar – de los niveles regionales.
Renglón aparte, y que confirman nuestra
debilidad como país, son las clásicas intervenciones y reproches
políticos del embajador Silverstein, quien públicamente se
manifiesta sobre aspectos que deberán ser dirimidos por los representantes
de la soberanía nacional. Sus amenazas e ironías desmerecen
a su nación y están muy lejos de confirmar que cuando de
su persona tengamos que opinar, lo podamos hacer en atención a su
ponderación y equilibrio. El embajador norteamericano es circunstancial,
también lo es el Tratado. De lo único que estamos seguros
es que nuestra lucha y desvelos van en el sentido de que nuestro país,
y sus intereses, serán siempre un problema permanente y no de circunstancia.
Para ello nacimos aquí.
Introducción
La Dirección Nacional del M.P.P. ha
efectuado un pormenorizado análisis del Proyecto de Tratado entre
R.O.U. y E.U.A. relativo a la Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones.
Una primera precisión que queremos
efectuar es que el M.P.P. considera positiva la inversión productiva
de países extranjeros en Uruguay. En ese sentido son bienvenidas
las inversiones extranjeras de esa naturaleza sobre nuestro país.
Por lo tanto no descartamos el establecimiento de tratados sobre la materia
con el pueblo norteamericano a través de los respectivos gobiernos.
No obstante lo anterior consideramos que el
proyecto a estudio del Senado contiene una serie de puntos que hacen inconveniente
su aprobación en su actual redacción.
A continuación haremos una breve síntesis
de la cronología de este Tratado y de aquellos elementos del mismo
que consideramos inconvenientes.
Cronología
Como consecuencia de la Cumbre de las Américas
celebrada en Washington en las postrimerías del año 2001
donde se planteó formalmente la voluntad de EE.UU. con fuerte apoyo
de Batlle de establecer el A.L.C.A., en noviembre del 2003 se reúnen
los Ministros de RR.EE. de los países americanos en Miami a efectos
de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas.
En dicha reunión las notorias diferencias entre Brasil y Argentina
por un lado y los EE.UU. por el otro tuvieron como consecuencia la flexibilización
de los términos de acuerdo futuro del ALCA y se dejó librada
la vía de los acuerdos bilaterales para que los países que
lo desearan pudieran convenir acuerdos más ambiciosos en la liberalización
comercial.
El 18 de noviembre del 2003, luego de culminada
esta reunión, marca el inicio de las negociaciones que dieron lugar
al actual proyecto de Tratado a estudio.
El 7 de setiembre del 2004 culminan las negociaciones
y el 25 de octubre del 2004 (a 6 días del triunfo electoral de la
izquierda) es suscrito por las partes.
Finalmente el 22 de febrero del 2005 el Poder
Ejecutivo saliente envía al proyecto al Senado para su aprobación
a 8 días de haberse instalado las nuevas cámaras con mayoría
absoluta de la izquierda y faltando solo 9 días para la asunción
del nuevo presidente. En todo este periodo de transición jamás
fueron consultadas las futuras autoridades nacionales.
Objeciones
1- Luego de haber efectuado un exhaustivo
análisis del proyecto se puede afirmar que si bien no se han detectado
en el mismo cláusulas que contradigan la normativa vigente en el
MERCOSUR es notorio que aparecen claras contradicciones con la filosofía
del desarrollo del bloque económico que integramos junto a Brasil,
Argentina y Paraguay. En ese sentido las cláusulas de trato nacional
y de trato de nación más favorecida implicarían que
en todo momento las inversiones estadounidenses deben ser tratadas de forma
idéntica a las nacionales y de otros países con lo cual se
limitaría totalmente las posibilidades del bloque MERCOSUR de establecer
cláusulas o normativas que beneficien específicamente
a las inversiones de los países socios del bloque regional por cuanto
ello automáticamente beneficiaría a las de EE.UU..
2- En cuanto a la solución de controversias
Privados-Estado o Estado-Estado consideramos altamente inconveniente la
respuesta ensayada en el Tratado por cuanto implica la prorroga de tribunales
que determina que nuestras empresas o el propio Estado uruguayo pueden
terminar teniendo que litigar ante un Tribunal de Arbitrajes o una dependencia
judicial de los EE.UU. con todo lo que ello implica de asimetría
y costos (ya lo sufrimos con el Banco Comercial).
3- El concepto de inversión que se
maneja en el Tratado es excesivamente amplio y abarcativo no conociéndose
antecedentes en otros tratados firmados por nuestro país. Tal cual
están definidas las inversiones en el Tratado y la nebulosa que
rodea el concepto de pre-inversión podrían determinar condiciona-
mientos y posibles indemnizaciones altamente
cuestionables.
4- La cláusula que determina la denegación
de beneficios para países con los cuales EE.UU. no mantiene relaciones
diplomáticas o malas relaciones (Cuba, Venezuela, Irán,etc.)
implica no solamente denegar los beneficios del Tratado a cualquier empresa
uruguaya integrada con capitales de dichos países sino que es a
nuestro juicio un apoyo tácito al bloqueo a Cuba. Al respecto cabe
consignar la vigencia de una resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobada con el voto uruguayo que prohibe promulgar
leyes o firmar tratados que vayan en contra de la libertad de comercio
que el preámbulo de dicha resolución establece que significa
el bloqueo a Cuba. A nuestro juicio la aprobación de dicha cláusula
violaría el compromiso asumido por Uruguay ante las Naciones Unidas
y significaría un gesto inamistoso a la hermana República
de Cuba.
Conclusión
Por las objeciones antes reseñadas
el M.P.P. considera inconveniente para el Uruguay la aprobación
del Tratado en su actual redacción. |
Colombia
no está tan lejos
Para quienes vivimos
en el Interior, a veces hay determinados hechos, ciertas formas de ver
hechos políticos o cuestiones de la vida, que el lugar donde nos
paramos nos lleva a verlos de diferentes maneras.
¿Qué quiero
decir con esto?. Que en estas sociedades hay siempre una insistencia en
tratar de ver los grandes temas con la óptica de la “baldosa” donde
estás parado, y que te importe solamente ella, sin lograr interpretar
el resto del universo que está a su lado.
Así, todos los
procesos los vemos descolgados, o nos obligan a intentar verlos descolgados
de determinadas situaciones o relaciones que los unen.
Por eso, por ejemplo,
los que vivimos en el Interior y quienes viven en un pueblito, nos llevan
a tratar de ver con una cabeza muy separada de los grandes problemas y
resolver esos temas con una visión esencialmente de la ”baldosa”;
y cuando digo la “baldosa” digo separada del conjunto de las otras que
hacen a la vereda y que hacen al todo.
Es así que no
se pueden analizar los problemas de indigencia que existen en algún
pueblito del Interior, o todos los problemas que tenemos los uruguayos,
separados de un análisis de lo que nos pasa como país.
Y no podemos analizar
lo que nos pasa como país sin tener una visión del mundo.
Parece algo lógico, pero en la realidad, a veces, no siempre lo
analizamos o lo vemos así.
En el proceso que está
viviendo nuestra América Latina (AL) y las situaciones que vive
el mundo en general, el mundo en determinados hechos, es importante analizarlo
también cómo repercute en la “baldosita” donde estamos
parados. Qué le pasa a esa “baldosita” si el mundo se corre para
determinado lugar o si toma determinadas decisiones, o si seguimos en función
de lo que algunos países que tienen la manija de sus intereses para
que el mundo camine de ese lado, nos lleve o determine nuestras vidas.
Por eso que hoy, más
allá de este planteo, de esta visión, quería estampar
realidades que a nosotros nos pueden llegar a condicionar si no entramos
a mirarlas, si no entramos a procesarlas, si no entramos a difundirlas.
Y me quiero referir puntualmente a la situación que vive Colombia.
A nosotros nos tocó
concurrir a Bogotá. Hacer un viaje a Colombia desde el 25 al 29
de abril, decisión adoptada por las organizaciones políticas
que integran el Foro de Sao Paulo. En el grupo de trabajo del Foro se resolvió
en noviembre del año pasado, la importancia de que parlamentarios
de estos partidos políticos concurrieran a Bogotá para tener
una primera visión de lo que pasa allá y teniendo conversaciones
con diferentes organizaciones políticas, sociales, organizaciones
de trabajadores, de campesinos de indígenas, la Iglesia, comisiones
de conciliación, comisiones de derechos humanos. Y en ese sentido
es que fuimos.
Esta ida también
fue avalada por la Red Parlamentaria Mundial que en enero se reunió
en el Foro Social Mundial, como parte de un compromiso, en primera instancia,
a divulgar en todos nuestros países, sensibilizar a los gobiernos
de la situación que vive Colombia. En el marco de lo que decíamos
en el comienzo, de lo que pasa en Colombia, más tarde o más
temprano nuestra AL tiene que entenderlo porque en gran medida nuestro
futuro también se está jugando ahí.
La situación
de Colombia es muy compleja y en un artículo no se desmenuza para
quienes no la conozcan pero sí podemos poner, hoy, arriba de la
mesa los temas fundamentales, o los temas que nosotros entendemos importantes
que la opinión pública los maneje.
En esas reuniones que
estuvimos pudimos palpar una realidad, más allá de lo que
escuchamos o lo que nos transmitieron, sino lo que vimos. La sociedad,
con una violencia encarnada, muy metida en sus vidas, una violencia que
está en alguna medida amparada, legalizada hace decenas de años.
Números fríos que determinan lo complejo de la realidad y
números fríos que determinan de qué manera el Imperio
en Colombia está haciendo un gran ensayo para tratar de ser en el
resto de la región una especie de “grano en el ojo”, para que no
se pueda desarrollar un proceso de integración política,
social y económica con los nuevos vientos que corren por esta zona.
Por eso es importante también manejar ese concepto y empezar a entender
esa realidad.
En Colombia se empezó
a aplicar a instancias primero, de una propuesta del gobierno de Pastrana
en el año 1998, en lo que se denomina ahora el Plan Colombia. Ese
Plan Colombia, que tuvo como primera expresión la lucha contra el
narcotráfico, hoy la realidad nos demuestra que está muy
lejos de lo que en alguna medida quisieron plantear que fuera para eso.
Hoy, básicamente
es un plan que tiene un gran componente militar. Para que se comprenda
mejor este elemento: de acuerdo a estimaciones del propio gobierno colombiano
el costo total del Plan Colombia es de aproximadamente 7.500 millones de
dólares que se ejecutarán durante 5 años. De este
total estimado, Colombia aportaría 4.000 millones y los 3.500 millones
restantes provendrían de EE.UU, o sea que ha comprometido 1.600
millones, la UE con 1.000 millones y diferentes organismos financieros
que aportarían 900 millones.
El Congreso de EE.UU
aprobó incrementar en 500 millones de dólares aparte para
destinarlos a la creación de un Fondo para otros países de
la región. Sin duda que esa partida está vinculada con los
intereses que determina el plan. Esos países son Ecuador, Perú
y Bolivia.
El Plan Colombia fue
presentado el 20 de octubre de 1999 en la Sesión N° 106 del
Comité de Relaciones Exteriores del Congreso Norteamericano, proyecto
mediante el cual el gobierno colombiano solicita una ayuda adicional de
1.500 millones. Lo interesante de esto es como, se desglosa el total de
dinero aprobado y son: 740 millones para los militares colombianos, 250
millones para la Policía y la Armada, 410 millones para medidas
de seguridad regional en países vecinos de los cuales 325 millones
para gastos adicionales de agencias de EE.UU y 85 millones para mejoramiento
de los programas en Perú, Bolivia, Ecuador y Panamá. Cien
millones para apoyar la aplicación de la Ley, los derechos humanos
y la Paz.
Números más
que claros, irrefutables, indiscutibles para demostrar el verdadero objetivo
del Plan Colombia, la guerra, ya que no es posible concluir lo contrario
cuando 1.400 millones de un total de 1.500 millones (esto es el 93.3 %)
se destina para la guerra y sólo 100 millones (equivalente al 6.6
%) se orientan hacia la paz.
Quien puede determinar
lo contrario, es solamente alguien que se juega en la aplicación
de este plan y que tenga intereses diferentes en esta región. ¿Quién
puede afirmar que con este plan ha sido exitosa la lucha contra el
narcotráfico o el tráfico de las drogas pesadas hacia EE.UU
o Europa que fueron los motivos iniciales y los que siguen dando con bombos
y platillos como el gran objetivo de este plan? ¿Quién puede
determinar que este plan tiene como gran componente establecer relaciones
humanitarias y de Paz en Colombia?
Para evitar que quede
alguna duda, hay números que siguen aclarando la situación
sobre las verdaderas intenciones del Plan Colombia. Es bueno decir que
las cifras anteriores determinan que del dinero aprobado por EE.UU para
su Plan de Paz en Colombia destinan 700 de cada 1.000 dólares a
gastos militares, por lo que Colombia se convierte, tras Israel y Egipto,
en el mayor receptor de ayuda militar norteamericana del mundo en virtud
del Plan de Paz en Colombia, a lo que debe agregarse que los mayores gastos
se destinan a 30 helicópteros Black Hawk y otros 33 Huei,
así como el entrenamiento, dotación y manutención
de 3 batallones del Ejército colombiano para combatir en el
sur del país, zona que estaba bajo control de las fuerzas insurgentes.
(sigue en pág 5) |
Objetivo ratificado, incluso por la secretaria
de Estado de los EEUU (Madeleine Albright) cuando declara que el primer
uso de la ayuda es el entrenar y equipar a la fuerza de seguridad
colombiana para que una mayor parte del país sea puesta bajo el
control de la democracia y el imperio de la ley. Un plan que, a juicio
de analistas, desestabilizará toda la región en la medida
en que involucra militarmente a países limítrofes como Ecuador,
donde EEUU lleva instalado una nueva base militar, la base Manta, Perú,
Brasil y Venezuela. Sobre esto es bueno aclarar la visión del actual
Gobierno de Uribe Vélez: inclusive los días que nosotros
estábamos en Bogotá hubo una declaración del Ministro
de Defensa que iban a solicitar al Gobierno estadounidense, a través
de la presencia en Colombia, en esos días también de Condoleezza
Rice, de que se construyera una nueva base en otra zona de Colombia. Esto
para afirmar el proyecto militar de querer condicionar determinado rumbo
en un punto neurálgico de la región.
Afirmando esto con lo que decíamos al
principio, este conflicto excede las fronteras colombianas y la solución
de él de una manera u otra puede jugar o va a jugar en la
realidad del contexto latinoamericano en los próximos
años.
Siguiendo con los ejemplos: en los mismos
días que nosotros estuvimos en la zona, se dio un debate en el Senado,
en el cual tema fundamental a discutir era el papel que está
jugando el gobierno venezolano y la decisión que había tomado
unilateralmente de la compra de armas para reforzar el control de zona
fronteriza. Eso en Colombia fue una gran campaña mediática,
básicamente contra Chávez y contra la línea que está
llevando adelante el gobierno venezolano, sin duda, para tratar de condicionar
una postura en el pueblo colombiano que enfrente a sus hermanos venezolanos,
y sí tendrá mucho que ver en nosotros aunque estemos a muchos
miles de quilómetros. de distancia con esa zona conflictiva en cuanto
al papel que se pueda jugar por esos países en el tiempo que viene.
Sin duda Venezuela ahí significa, para la estrategia norteamericana
en la región, un problema y a través del conflicto de Colombia
Cómo no vamos a estar involucrados como
Uruguayos, donde nuestra visión desde el punto de vista de integración
política, social y económica esos países también
tienen que jugar un papel fundamental, y dentro de esta estrategia aislar
a Venezuela está planteada también.
En todas la reuniones que mantuvimos con más
de 15 organizaciones políticas, sociales, religiosas, había
un hilo conductor, un mismo planteo: el cambio humanitario de prisioneros
y el caminar en forma sostenida hacia un proceso de paz, hacia una salida
negociada en Colombia. Eso fue coincidente en todas la reuniones. Ese pedido
a gritos de todas las organizaciones era hacia nosotros para que lo hiciéramos
como una polea de transmisión y que todas las instancias internacionales
e internas de nuestros partidos políticos, de las Cancillerías
de nuestros Gobiernos se pudiera empezar a conversar con un eje común
sobre el proceso colombiano.
En Colombia se vive una grave crisis humanitaria
caracterizada por cerca de 3 millones de habitantes expulsados: la
violencia los corre de sus tierras, de sus casas y la mayoría de
esos expulsados terminan siendo muertos de guerra. Y estamos hablando de
civiles, estamos hablando de campesinos, de trabajadores, ellos son las
víctimas de este conflicto en su gran mayoría.
Los paramilitares poseen en el entorno de 4 millones
de hectáreas, están en gran medida y con gran peso, en la
economía colombiana, poder en las decisiones políticas. Sin
lugar a dudas el eje de su movilización, es con la sociedad civil.
Cerca de 2.000 desaparecidos tienen en su haber y un dato que no es menor,
hay zonas en Bogotá que son patrulladas y vigiladas por los paramilitares
y ¿qué implica eso? Implica que si no te gusta sos “boleta”,
y la mayor acción la tienen gurises de entre 13 y 15 años,
reclutados en esas zonas.
Sin dudas el elemento más trascendente,
que rompe los ojos, es a qué grado ha llegado la militarización
en Colombia, de qué manera el Gobierno actual públicamente
llega a reconocer que tiene casi de 2.500.000 de colombianos que juegan
el papel de vigilancia de sus propios hermanos. Algo parecido a lo que
ocurrió por estos lugares en la década del 70 con la Doctrina
de la Seguridad Nacional, de una militarización y control permanente
de la sociedad. Hoy en Colombia vive, con las características del
lugar, una población de 40 millones de habitantes, donde 2.500.000
son una especie de policías civiles para controlar la vida y arte
de sus vecinos, y eso determina que, por ejemplo, hoy el Estado colombiano
diga que tiene más de 12.000 terroristas presos y donde si uno analiza
cómo fueron procesados, se concluye que quienes están vinculados
a la guerrilla directamente no pasan de 600 y el resto son simples ciudadanos,
que de una u otra manera han quedado entrampados en esta gran militarización
de la vida.
Esos aspectos, más allá de ser
anécdotas o hechos que podemos contar de lo que vivimos, deben ser
una preocupación y más allá de esto, una búsqueda
de lo que se pueda aportar en ese proceso, una salida que no sea la que
hoy están proponiendo quienes quieren regir nuestras vidas desde
el supremo imperio de ver las cosas desde allá arriba.
Cuál fue o cuál debe ser nuestro
compromiso desde nuestra fuerza política, desde nuestros lugares,
creo que uno y el más importante es dar a conocer esta realidad.
De los 4 diputados que fuimos a Colombia: Frente
Farabundo Martí, Partido de los Trabajadores, Movimiento 5a. República,
asumimos como compromiso, transmitir a nuestras organizaciones políticas
una propuesta de agenda de trabajo en la cual nos comprometamos a buscarle
una lucecita o una salida a esta situación,con las diferentes organizaciones
en todo el mundo.
Testimoniamos y pudimos ver la lucha tenaz emprendida
por las organizaciones humanitarias, sindicales, indígenas populares,
políticas y religiosas en la construcción de un verdadero
proceso de diálogo nacional con vistas a una solución para
el conflicto. El planteo nuestro y queremos hacerlo en todos los ámbitos:
actuar junto con los gobiernos nacionales en el sentido de una urgente
solidaridad humanitaria para las víctimas civiles del conflicto.
Actuar en el sentido de ampliar la voz internacional para la implementación
inmediata de acuerdos humanitarios que abarque a los prisioneros civiles
y militares. Buscar ante los organismos internacionales (sobre todo la
ONU) reconocimiento del estado de beligerancia en Colombia, tornando efectiva
la aplicación de normas humanitarias internacionales para la situación
de guerra.
Buscar ante la OEA que actúe efectivamente
en el sentido de garantizar la vigilancia de los derechos humanos y que
no se permita la impunidad a los crímenes practicados a lo largo
de este extenso conflicto, y la expropiación final de las tierras
de los campesinos indígenas. Movilizar a los Parlamentos y a la
opinión pública de nuestros países para acciones de
solidaridad activa por la paz y la justicia social en Colombia, inclusive
a través de la creación de comités de solidaridad.
Como propuesta central, organizar un encuentro
mundial de parlamentarios y movimientos sociales para el acuerdo humanitario
y la paz en Colombia.
En resumen: la idea de que esta situación
que viven millones de hermanos en una tierra lejana a la nuestra, no se
analice desde la óptica de la “baldosa”, desde algo que está
lejos y no tiene una cercanía a nuestra realidad.
Desde el punto de vista político, desde
el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que significa una
visión de región diferente, es importante que no lo analicemos
con esa óptica de solamente mirar la punta del zapato, porque a
la larga o a la corta, no tengo dudas, nos vamos a dar cuenta que Colombia
no está tan lejos.
* Anibal Pereyra |
Pautas
de conducta del futuro
Gobierno
Municipal de Montevideo
El resultado electoral del pasado 8 de mayo, muestra
un renovado entusiasmo hacia las propuestas progresistas en Montevideo.
El nuevo mapa nacional nos desafía a mirar más lejos, a imaginar
nuevos horizontes. Nuestra fuerza política, se encuentra hoy, ante
el desafío de gobernar Montevideo por cuarto período consecutivo.
La cercanía a nuestros ciudadanos, su vínculo con la gestión,
así como la transparencia de nuestras acciones, se vuelven, hoy
más que nunca, imprescindibles para lograr un mayor involucramiento
y una mayor participación ciudadana.
En la reunión de la Agrupación
Nacional de Gobierno, celebrada el pasado martes 17 de mayo, se dijo, y
lo compartimos plenamente, que estábamos allí presentes,
como autoridades electas por la ciudadanía, pero, en primer lugar
era una reunión de «militantes», calidad que no debemos
perder, sino por el contrario, incrementar. Es por eso, que me comprometo,
— y los invito a compartir la decisión— a respetar las disposiciones
legales y reglamentarias nacionales y municipales, que regulan la conducta
funcional, así como los «LINEAMIENTOS DE CONDUCTA
PARA LA FUNCION PUBLICA» aprobados por el Plenario Nacional
del F.A. el 19/4/04.
Pero nuestra militancia nos debe llevar,
mas allá de lo que significa el cumplimiento estricto de esas normas,
a emitir un mensaje a la ciudadanía de Montevideo, con las auto-limitaciones
que pasaré a exponer, aplicables a toda persona designada para desempeñar
cargos de confianza o de cualquier otro tipo, que entrañe alguna
forma de representación política.
Por lo expuesto, los invito a compartir los siguientes
lineamientos:
1) No debemos mantener vínculos por razones
de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que
presenten ofertas para contratar la Intendencia Municipal de Montevideo
ya sea directamente o a través de terceros o de organismos internacionales.
2) Deberemos abstenernos de intervenir, cuando
nos competa autorizar un gasto, si nos consta que tenemos vinculaciones
con el contratante, por razones de parentesco, hasta el cuarto grado por
consaguinidad o tercero por afinidad.
3) Los que tengamos cometidos de dirección
superior, no podremos, simultáneamente, ser dependientes, asesores,
auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas
al control de la Comuna.
4) Nos comprometemos a formular una «declaración
jurada de implicancias», incluyendo las que se puedan considerar
dudosas.
5) Aunque parezca obvio, aclaramos que nos abstendremos
de recibir regalos o aportes u otros beneficios, ya sea personalmente como
a título de contribución para hacer regalos a superiores,
en colectas o suscripciones de cualquier naturaleza. Se admitirán
reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos internacionales
o entidades sin fin de lucro y los gastos de viaje y estadía recibidos
de las mismas entidades, para participar en eventos internacionales. También
las «atenciones» de entidad razonable que se reciban con motivo
de las Fiestas tradicionales.
6) Seremos en extremo cuidadosos cuando estemos
autorizados al uso de celulares y solamente se efectuarán comunicaciones
de larga distancia cuando estén expresamente autorizadas.
7) No podremos trabajar en la misma oficina con
personas a las que nos vinculen lazos de parentesco hasta el segundo grado
por consaguinidad o afinidad.
8) El uso de locomoción, combustible,
repuestos y servicios de reparaciones, deberá limitarse a lo estrictamente
necesario y siempre que cuente con autorización superior.
Consideramos que esta serie de pautas y
limitaciones junto a declaraciones juradas de todos los cargos de dirección
política son una clara señal de nuestro rumbo y un compromiso
de responsabilidad con todos los montevideanos. Estamos convencidos que
esto facilitará un real involucramiento en nuestra tarea y que promoverá
la mayor participación ciudadana que todos deseamos.
El mercosur
también existe
Los pasados 17 y 18 de mayo, el Diputado
Juan José DOMINGUEZ participó en Brasilia de la IX Reunión
Birregional de la Comisiòn Parlamentaria Conjunta del Mercosur (CPC)
con la delegación para Mercosur del Parlamento Europeo, y de la
Reunión de la Mesa Ejecutiva de la CPC.
El Tratado de Asunción (de creación
del Mercosur) establece en su art. 24 la creación de la Comisión
Parlamentaria Conjunta (CPC).
Actualmente la CPC se encuentra abocada a la
creación del Parlamento del Mercosur, tarea que tiene como fecha
límite el 31 de diciembre de 2006.
El Diputado JUÁN JOSÉ DOMINGUEZ
integra la Mesa Ejecutiva de la CPC. La sección Uruguay de la CPC
está compuesta por 16 miembros de todos los partidos políticos
(salvo Partido Independiente) con una Mesa Ejecutiva de 5 miembros, 3 del
EP-FA-NM, 1 Del Partido Nacional y 1 del Partido Colorado. Hasta ahora,
desde su conformación en este período, se celebraron dos
reuniones plenarias y algunas más de la Mesa Ejecutiva.
Los otros tres países tienen los mismos
organismos, todo en el marco de lo establecido en el Protocolo de Ouro
Preto que es el que autoriza a que el conjunto de las CPC de los cuatro
países miembros sea la que lleve adelante las tareas de creación
del Parlamento del Mercosur. La reunión celebrada en Brasilia fue
la de la Mesa Ejecutiva de la CPC Mercosur, compuesta por la reunión
de las Mesas Ejecutivas de los países miembros.
Toda la preparación de estos acuerdos
político-institucionales es acompañada por el grupo denominado
Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) que está compuesto por
diferentes figuras técnicas y políticas de los partidos que
integran la C.P.C., como por ejemplo Gerardo CAETANO, Gonzalo AGUIRRE,
José KORZENIAK (hijo)y el Licenciado Gabriel BIDEGAIN (sociólogo
y actual presidente de la Fundación Vivián Trías.
Las misiones en las que ha participado DOMINGUEZ en lo que va de esta legislatura
se desarrollaron en Paraguay, Bélgica (Bruselas, sede del Parlamento
Europeo) y Brasilia. Las reuniones estuvieron manejadas dentro de estrictos
mecanismos protocolares, con rendimiento aceptable en cuanto: 1) Preparar
el protocolo del Parlamento del Mercosur con la discusión correspondiente,
con buena asistencia de los cuatro países; 2) Acuerdos de asistencia
financiera del Parlamento Europeo con relativos buenos resultados (aquí
faltaron los representantes del Partido Colorado y el Partido Nacional
en la Mesa Ejecutiva de la CPC); 3) Reencuentro con representantes del
Parlamento Europeo, en particular Massimo D’ALEMA, encargado principal
para asuntos del MERCOSUR, con el cual no se había podido tener
entrevista en ocasión de encuentro en Bruselas. En esta ocasión,
en Brasilia, culminó el proceso de acuerdos con claro respaldo a
la marcha de los apoyos de la Unión Europea al Mercosur.
En ese marco, con la presencia de los representantes
de la Unión Europea, la Comisión Parlamentaria Conjunta emitió
una declaración de apoyo a Argentina con respecto a la inclusión
de las Islas Malvinas entre los “países y territorios de ultramar”
en el texto de la futura Constitución de la Unión Europea.
El tema que más interesa a Uruguay actualmente
es la asunción de Tabaré VAZQUEZ como Presidente Pro-témpore
el próximo mes de junio en Asunción-Paraguay, conjuntamente
con la entrega de los aspectos del Protocolo del Parlamento del Mercosur
recientemente acordados.
Este Protocolo tiene sus complejidades, en particular
con respecto a los acuerdos para la composición del Parlamento,
en principio serían 36 representantes de Brasil, 31 de Argentina,
16 de Paraguay y 16 de Uruguay.
Durante los seis meses de duración de
la Presidencia Pro-témpore para Uruguay, las cuatro Presidencias
y las respectivas cancillerías estudiarán ese borrador de
Protocolo para luego, durante el año 2006, ir a la aprobación
definitiva que tiene como fecha límite el útlimo día
de ese año, el 31 de diciembre de 2006.
No se debe olvidar que paralelamente a estas
acciones institucionales, al pueblo, a la gente, se le deben dar señales
desde ya. A vía de ejemplo, se tuvo una reunión con el Viceministro
de Agricultura de Brasil quien expresó que era cierto que la sobreoferta
de arroz a la interna fue mayor que nunca (2:200.000 toneladas sólo
en Mato Grosso) pero que la decisión federal es la de cumplir los
acuerdos Mercosur, a pesar de esa sobreoferta y de la caída de los
precios a nivel mundial. En definitiva, fue una buena gestión que
acompañó lo que ya había iniciado el Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca. |
Estado,
Pueblo y Trabajo
El Frente Amplio no surgió a la vida política
como el resultado de un acuerdo ideológico establecido entre sus
fundadores. Surgió como expresión política de las
luchas que se libraron en el país a lo largo de los años
sesenta. La unidad política del pueblo oriental fue antecedida por
la unidad sindical de los trabajadores uruguayos. Y alcanzar ésta
última significó un esfuerzo descomunal realizado durante
décadas y décadas: cada corriente política tenía
su central de los trabajadores propia y estas estaban teñidas de
intereses partidarios. La falta de unidad no surgía sólo
de distintos intereses laborales, sino de las diferencias partidarias que
se ponían por delante de la unidad sindical…
La lucha de los sesenta, tanto de los trabajadores
como de los estudiantes, tuvo graves consecuencias desde el punto de vista
de la represión –palos, tiros, cárceles y muerte–, sufrida
por los sindicalistas obreros y los gremialistas estudiantiles. Pero también
construyó un importante grado de unidad logrado desde abajo y a
partir de la diversidad ideológica y política.
En la calle coincidieron marxistas y cristianos,
anarquistas y nacionalistas revolucionarios, blancos y batllistas… Juntos
construyeron el Movimiento de Defensa de la Libertades, como claro antecedente
en el que estuvieron presentes distintas corrientes políticas e
ideológicas que después participaron en los trabajos de construcción
del Frente Amplio.
A diferencia de otros países, en que marxistas
y cristianos se encontraron enfrentados hasta en los más mínimos
detalles de la vida cotidiana, en el Uruguay se unificaron en una experiencia
vivida en los años sesenta, apoyada en los elementos solidarios
y en la intención de reivindicar el papel de los trabajadores o
de los humildes, de los pobres o de los perseguidos por causa de la Justicia,
que subyacía en los fundamentos religiosos o filosóficos
de ambas corrientes, como también estaban presentes en los principios
anarquistas, en el pasado de los blancos que lucharon por el voto popular
y la representación proporcional o en el de los batllistas que trataron
de establecer elementos de justicia social.
El acuerdo político se apoyó en
lo que tenían en común todas estas corrientes, así
como en una revisión de la historia nacional, en una revalorización
del artiguismo y en una nueva relación entre la cuestión
nacional, el antiimperialismo, el socialismo y la integración latinoamericana.
Y se apoyó, sobre todo, en una práctica política y
militante que se había producido en los años precedentes…
Los frenteamplistas, desde el ejemplo del Che
o los preceptos del Sermón de la Montaña o de los 10 Mandamientos,
siguieron procesando una práctica común apoyada en los elementos
de unificación que se habían establecido: a pesar de sus
propias definiciones y de sus propios objetivos trabajaron empecinadamente
por resolver la contradicción oligarquia-pueblo, por entender que
los cada vez más grandes privilegios de una oligarquía íntimamente
aliada y entrelazada con los imperialistas era la causa de problemas crecientes
que sufría el pueblo oriental. Esa práctica en común,
a su vez, fue estableciendo elementos ideológicos comunes del conjunto
de los frenteamplistas, vinieran de donde vinieran y fuese cual fuese su
ideología original.
La actualización ideológica en
marcha debe producirse a partir de estos elementos, sin que nadie renuncie
a sus propias definiciones ni tampoco le exija a los otros la que su sector
particular ha hecho. La discusión, sin embargo, se da entre sectores
que tienen definiciones muy precisas, tanto por la reafirmación
de sus viejos principios como por la revisión que otros han emprendido.
Pero nadie le puede imponer a los demás sus propias definiciones
así como tampoco nadie va a renunciar a sus convicciones: ¿dónde
está, entonces, el margen de la discusión? Está en
todas aquellas cosas que cada sector entiende que debe ser el FA, en los
temas que son propios del FA y no de cada organización. Pero esto
está más allá de los acuerdos más sencillos
El FA, a pesar de que habló de los problemas
que acarreaba el gran capital al pueblo oriental, nunca hizo una clara
definición anticapitalista y mucho menos socialista: más
allá de que la mayor fuerza militante que estuvo presente en sus
orígenes se consideraban socialistas, luchaban por derrocar el sistema
capitalista y emprender un proceso de construcción del socialismo,
no se lo exigieron al FA ni nunca fue una condición para integrarse
a él. Esto no cambió en la evolución y el desarrollo
del Frente, y parecería que son temas que no están o que
no deberían estar en discusión. De todas maneras cualquiera
puede replantear el tema, y de hecho, entre los documentos que están
circulando, en alguno se da por sentado, de forma absolutamente equivocada,
que el FA ha tomado esas definiciones.
El margen de la discusión, más
allá de los acuerdos sobre la empecinada lucha por una nueva organización
del trabajo, basada en la justicia social y en relaciones más solidarias
entre hombres y mujeres, las contradicciones que se dan giran alrededor
de 3 ó 4 temas centrales: la contradicción oligarquía-pueblo,
el papel del Estado y el papel del Mercado.
(sigue pág. 8) |
La contradicción
oligarquía-pueblo
A lo largo de los años, es obvio, se han
producido importantes cambios en la composición social de nuestro
país. No sólo se han terminado las grandes concentraciones
fabriles y han cambiado las características de los barrios en que
estaban instalados los complejos fabriles, no sólo se ha dispersado
y desregulado el trabajo asalariado, aumentando la informalidad y el trabajo
en negro o el aumento de las façones como otra forma de organizar
la producción, no sólo han cambiado las características
y el peso del comercio independiente, sino que también cambió
la composición de la oligarquía: ha disminuido su número
y ha aumentado su peso y su participación en la apropiación
de las riquezas, se ha concentrado aun más y ha desplazado a sectores
que antes la integraban o que estaban aliados a ella. Todo ello es cierto.
Pero la oligarquía como tal, socios nativos del imperialismo transnacional,
socios sin los cuales el imperialismo no podría operar, sigue pautando
la gran contradicción que tiene que resolver el pueblo oriental.
Sin embargo, a partir del reconocimiento de los
cambios que se han producido, también se llega a la conclusión
de que ya no existe la contradicción oligarquía-pueblo.
Ello lleva a enumerar los sectores que deberían
ser el sujeto de los cambios, pero no se reconoce mayores contradicciones
con otros sectores sociales y económicos. Seguir este camino supone
tomar al FA como la representación política del conjunto
de los uruguayos y, si bien se ha ampliado muchísimo su base de
apoyo, para llevar adelante el programa económico y social del pueblo
oriental es imprescindible afectar los intereses de aquellos sectores caracterizados
como oligarquía: los integrantes del sector financiero internacionalizado,
los vinculados al sector exportador e importador, y el gran comercio instalado
en Uruguay que está barriendo con los pequeños, medianos
y hasta con los que hace poco se consideraban grandes comerciantes… Esos
sectores, y poco más, constituyen la oligarquía hoy en nuestro
país.
El concepto según el cual ya no existe
la contradicción oligarquía-pueblo paga tributo a otro concepto
en boga en algunos sectores de la izquierda europea: la defensa del Catch
all party, el partido que toma de todos… Para los que pensamos que de esos
sectores que consideramos oligarquía hay muy pocas cosas que tomar,
como no sean los recursos para financiar el programa popular, se nos plantea
la opción de hierro de tener que cuestionar el concepto.
Es más, la contradicción oligarquía-pueblo
ha reforzado el entrelazamiento con la contradicción imperio-nación.
Esta es producto de otra forma de expresión, de aquella contradicción.
En el marco de la globalización la oligarquía ha renunciado,
como nunca antes, a la defensa de un proyecto nacional y, de hecho, se
pone en duda o en cuestión la viabilidad de los países dependientes
y subdesarrollados de nuestra América Latina. Se pone en cuestión
la viabilidad de los orientales como pueblo y de Uruguay como país.
No sólo sigue existiendo la contradicción
oligarquía pueblo, sino que se ha reforzado aun más.
El papel del Estado
A caballo del concepto anterior aparece el problema
del Estado y, sobre todo, el debilitamiento del Estado-Nación. En
los años que se gestó el Frente Amplio, en la medida que
no estaba en juego la nación, sino el proyecto que las fuerzas en
pugna tenían para emprender el desarrollo nacional, se tenían
distintas visiones sobre el Estado y su papel. La oligarquía fortalecía
el papel del Estado, sobre todo en lo que tenía que ver con el desarrollo
de la fuerza pública: Policía y Ejército, para sostener
su política represiva y antipopular. Al mismo tiempo mantenía
sin cambios la burocracia del Estado, y no se le ocurría cuestionar
la propiedad estatal de las empresas estratégicas para el desarrollo
nacional: UTE, ANCAP, OSE, AFE…
La izquierda, mientras tanto, centraba su relación
con el Estado a través del papel de la fuerza pública: la
que la tenía a mal traer con la represión generalizada de
los años sesenta. De los aportes de Lenin sobre el Estado lo que
más pesaba era el análisis de la Policía, los destacamentos
especiales, las cárceles y los cuarteles; se tenía una actitud
despectiva con la burocracia estatal y, sin embargo, se iba más
lejos que Lenin con respecto a las empresas estratégicas, debido
a que Uruguay tenía una larga tradición sobre la propiedad
estatal de esas empresas y Lenin no había escrito demasiado sobre
ello.
La oligarquía actual, bien mandada por
sus socios, encara de otra forma su relación con el Estado: no se
plantea fortalecer las Fuerzas Armadas, como en los sesenta y los setenta,
sino achicarlas, debilitarlas y, bajo un mando supranacional, ponerlas
a disposición de la política de defensa nacional elaborada
por los Estados Unidos de América, con la creación de las
Fuerzas Especiales de Despliegue Rápido capaces de intervenir en
aquellos países donde la Policía o las Guardias Nacionales,
según los casos, hayan sido superadas por las fuerzas populares.
La oligarquía también se plantea
disminuir la burocracia estatal y rebajar la calidad de los servicios que
le caben al Estado: educación, salud pública, seguridad social…
Ni que hablar de lo qué piensa hacer con las empresas del Estado:
privatizarlas y poner a disposición de las grandes multinacionales
no sólo las ganancias que son capaces de generar, sino –sobre todo–
poner en manos de aquellas las decisiones estratégicas claves para
el desarrollo y que, de ese momento en adelante, se tomarán para
acrecentar las ganancias y no para sostener el desarrollo.
El debilitamiento del Estado-Nación va
de la mano del cuestionamiento de la viabilidad del país y del proyecto
nacional. Y, por supuesto, que también se cuestiona la viabilidad
de la producción y el trabajo nacional, la tierra en manos de los
orientales, el procesamiento industrial de nuestras materias primas y el
desarrollo del comercio interno. Se pone en cuestión nuestras costumbres,
nuestra gente y nuestra historia como base de la proyección futura.
El mercado
Si el FA no levanta un programa socialista, no
plantea tampoco sostener una economía dirigista y estatizada totalmente.
Por lo tanto deja lugar al Mercado y su desarrollo. Pero tiene que discutir
a fondo la relación entre Estado y Mercado, y cuando empieza esa
discusión, lo hace influenciado por el fundamentalismo de mercado
que los neoliberales han establecido en Uruguay.
Las clases dominantes colonizaron al Estado,
y fueron capaces de utilizarlo exclusivamente para sus intereses, pero
cambiaron de estrategia cuando debido a las luchas populares el Estado
adquirió una cierta autonomía relativa. A partir de ese momento
la oligarquía comienza a desechar al Estado y propugna un fundamentalismo
de Mercado donde poder continuar con la dominación y el privilegio.
Hicieron del mercado un fetiche y del consumo
la máxima expresión de felicidad.
El consumismo
exaltado impera hoy en Uruguay y la ideología
del Mercado nos marca en todos los aspectos de la vida. Pero el FA, sin
cuestionar la existencia de éste, tiene que poner arriba de la mesa
otro concepto: el desarrollo del mercado interno con la producción
nacional de alimentos, ropa y calzado, tiene que proteger la producción
y el trabajo nacional y, si para ello tiene que poner limitaciones a la
entrada de productos de afuera de los acuerdos del MerCoSur, no puede dudar
en hacerlo.
No se trata, o por lo menos, no se trata solamente
de tomar medidas económicas para consolidar el mercado interno,
sino que se trata, fundamentalmente, de crear la mentalidad necesaria para
emprender el ahorro interno nacional. Hay que partir de la base de que
no se puede emprender una política salarial de aumento de la capacidad
de consumo dirigida a la compra de productos para el consumo suntuario
o innecesario, sino que se necesita orientar el consumo hacia una política
orientada a modificar los términos de intercambio y a la reactivación
del aparato productivo nacional… Si ello no se produce, el país
en conjunto y los orientales particularmente no podremos salir del endeudamiento
externo e interno, y vamos a reproducir con más fuerza aun la misma
situación de la que tratamos de salir hoy.
El trabajo
Por último, hay que destacar el papel
del trabajo como fuente de todas las riquezas, materiales e ideológicas.
Por ello la lucha por un país productivo y solidario, que está
indisolublemente unida a la lucha por el trabajo y por una nueva organización
del trabajo, constituye uno de los ejes del esfuerzo de los frenteamplistas.
«El Frente Amplio ha tratado y trata de
ser la organización que expresa el más amplio espectro de
trabajadores y de gente vinculada al trabajo –expresa el documento elaborado
por la Comisión de Actualización
Ideológica para la discusión del próximo Cogreso–:
trabajadores manuales e intelectuales; asalariados; propietarios y vinculados
a la producción familiar; administrativos y profesionales universitarios;
los que están en actividad y los que se han jubilado, formales e
informales, del campo y de la Ciudad, de la industria y del comercio… El
Frente Amplio trata de expresar a todos los orientales que, de una forma
u otra están o estuvieron vinculados al mundo del trabajo y que
forman la inmensa mayoría de la población».
Ello requiere una nueva organización del
trabajo, sobre bases solidarias y en las que se resalte la cooperación
y una relación de iguales entre los iguales: implica darle un lugar
en la nueva sociedad a todos los que, de una forma u otra, ahora o en los
tiempos por venir, están dispuestos a encontrar nuevas formas de
relación con el trabajo, con la producción y el intercambio,
con el comercio y con las profesiones universitarias.
Nuestra sociedad construyó sus valores
más elevados, la solidaridad, la cooperación y la igualdad
en la lucha, cuando estaba moldeada y estructurada por el trabajo, cuando
predominaban las concentraciones fabriles y los barrios obreros, cuando
era un orgullo ser un trabajador y cuando se estaba más cerca que
ahora del ideal por el que murieron los mártires de Chicago y por
los que se desangró la clase obrera en el mundo: 8 horas para el
trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para el ocio creador.
Hoy, a partir de la desestructuración
que produce el desempleo y la pérdida de valores que provoca la
desregulación laboral y la lucha salvaje por la sobrevivencia, el
sindicalismo ha perdido pie entre los trabajadores: disminuye la solidaridad
y no se comparte el trabajo, unos acumulan más de un empleo, mientras
otros, y son muchos, no tienen ninguno.
La hora extra se ha transformado en una reivindicación
y los sindicatos, muchas veces, la avalan con su práctica.
Sin embargo, la explicación de los problemas
no encierra una justificación de los mismos, y el rescate de los
mejores valores ideológicos y éticos de los trabajadores
deben servir para tratar de recuperar una conducta que, a veces, se va
perdiendo, aun entre los dirigentes, y los frenteamplistas, a la hora de
emprender la actualización ideológica y el rescate de nuestras
mejores tradiciones, tendriamos que sentir el imperativo moral de recuperar
las viejas conductas de los compañeros que nos antecedieron, y volver
a darle al sindicalismo un prestigio que está perdiendo.
Trabajo y burocracia
Ello adquiere una importancia fundamental entre
los trabajadores del Estado. El valor que recibe un trabajador del Estado,
lo paga directa o indirectamente el trabajo del resto de los trabajadores
que componen la sociedad. Los burócratas del Estado son quienes
se aprovechan de su ubicación en la trama laboral para engullir
mucho más valor del que producen. Esta deformación burocrática
es mucho peor que la explotación burguesa, pues no pone nada, no
arriesga nada y trabaja con los dineros de la sociedad: termina chupando
a todos, sin poner nada. Es parasitismo total.
Durante años nuestro Estado se fue hipertrofiando,
porque manejar su dirección, de hecho, se transformó en causa
propia, en perpetuarse como director se hizo amiguismo y clientelismo.
Y, por esta vía, se fue burocratizando el Estado. No es cuestión
de personas, es cuestión de marco global.
Ese marco también involucró a los
trabajadores y ayudó a que se desarmara el valor moral del trabajo
y de los trabajadores.
Desde la izquierda se pensó que había
que llegar a la cabeza del Estado para cambiarlo y se concibió que,
lo más importante en el trabajo del Estado, eran las decisiones
políticas que se pudieran tomar, y no el desarrollo de la ética
del trabajador, pobre criatura bombardeada por los valores generales, apretado
por la doble pinza del amiguismo y el clientelismo y la necesidad de definirse
políticamente hacia la izquierda.
En el fondo, estaban en juego dos caminos distintos
y dos caras distintas para dominar e imponer al trabajador estamentos burocráticos.
Pero la burocracia no es de derecha ni es de izquierda, puede tener los
dos rostros, y ambos están prohijados por la humana tendencia al
menor esfuerzo. Necesita poder y tranquilidad: la democracia formal le
sirve, la democracia real no, es su enemigo, pues siempre trata de atesorar
información y canales: siempre logra aparecer como imprescindible.
Pero ¡ojo!, todos podemos terminar como
burócratas, si no nos purifica el huracán de la democracia
real, el juicio colectivo y permanente de los compañeros. Esto no
existe, esto hay que rescatarlo con la lucha y con la actualización
ideológica, significa meterse en la gestión, en el reparto,
en la participación, en el rescate de una ética del trabajo
y del trabajador, en el papel de múltiples funciones sociales del
Estado. |
|
- |