España - Guinea, 1969:

la estrategia de la tensión

por Xavier Lacosta

Las relaciones diplomáticas entre España y Guinea Ecuatorial han sido cualquier cosa menos ideales desde que, el 12 de octubre de 1968, el ministro de Información y Turismo, Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, firmó la declaración de independencia con quien luego sería el sangriento dictador Francisco Macías Nguema. Menos de 6 meses después, casi siete millares de españoles abandonaron la ex colonia, dejando atrás un patrimonio y una experiencia vital que la diplomacia española no supo, o no quiso, defender. En los meses siguientes, Guinea iniciaría una cuesta abajo económica y social debida precisamente a esa repatriación, de la que aún no se ha recuperado pese al petróleo.

Pero, ¿en qué hechos concretos se originó la tensión entre ambos países que devino en tan absurdo resultado? Un detenido repaso a cada uno de los acontecimientos, no sólo a la ‘crisis de las banderas’, revela una cierta voluntad de injerencia por parte española en el devenir de la joven nación, lo que no disculpa las puras incitaciones a la violencia hechas por Macías. Para comenzar a averiguar en qué consistieron tales hechos -desde simples desaires a una ocupación militar- hay que remontarse a la primera reunión de la Conferencia Constitucional de Madrid, convocada en acatamiento de la resolución 2.230 de la ONU, entre el 30 de octubre y el 15 de noviembre de 1967 ([i]).

España había sido renuente una y otra vez a ‘mover ficha’ para que Guinea Ecuatorial llegara a la independencia de forma pacífica. Desde 1955, fecha en que los primeros independentistas -Acacio Mañé, Atanasio Ndongo...- hacen llegar una primera petición a la ONU, este organismo reconviene a España sobre Guinea en un mínimo de 9 ocasiones. En tanto, España declara la región primero provincia (1956) y luego territorio autónomo (1963), con el claro ánimo de que Guinea fuera tenida no como colonia sino como ‘parte integrante’ de la nación.

Sorprendentemente, diez años después, España rompe esta línea e invita en agosto de 1966 a que una delegación del Comité de Descolonización de la ONU visite Guinea. El 10 de octubre, España anuncia en la ONU que se iniciará el proceso de independencia, que constará de una conferencia para elaborar la Constitución, la votación de ésta en referéndum, seguida de elecciones generales y por último la independencia. Este solo anuncio es ya un motivo de roces futuros, porque Macías -un funcionario fiel condecorado por el régimen que padece una enfermedad mental con brotes psicóticos muy violentos- era partidario de obtener primero la independencia, y luego dotarse de Constitución sin la intervención de la metrópoli ([ii]).

La conferencia reúne a 46 guineanos, de los que sólo 10 permanecían con vida en 1979 cuando Teodoro Obiang derrocó a Macías Nguema. Participan el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial (MONALIGE, Atanasio Ndongo), Unión Bubi (Edmundo Bossio), Movimiento de Unidad de Guinea Ecuatorial (MUNGE, Bonifacio Ondó Edu) y otros grupos de manera que apenas ninguna etnia guineana queda sin representación ([iii]). El clima de las reuniones sube grados hasta acusar a varios jerarcas del franquismo: Nieto Antúnez, Carrero, Díaz de Villegas, de ‘hacendados del capitalismo’. También se hacen patentes las maniobras de los delegados bubis para intentar una independencia de Fernado Poo separada de Río Muni, lo que contraviene la doctrina descolonizadora internacional.

En la sesión del 3 de noviembre, Macías sorprende al resto de los delegados declarando su admiración por Hitler y su fidelidad al régimen de Franco y critica a la prensa española; Atanasio Ndongo le descalifica y se distancia de él. Macías se desliga del MONALIGE y crea el ‘Secretariado Conjunto’ con otros delegados dentro de la conferencia. El 15 de noviembre la metrópoli decide suspender la conferencia de forma unilateral, lo que le vale una nueva reconvención de la ONU.

El 17 de abril de 1968 se abren de nuevo las sesiones de la Conferencia, que se alargarán hasta el 22 de junio. En esta segunda parte, España impone de facto un proyecto constitucional, rechazando el aportado por Macías -redactado por su asesor García Trevijano- y el de los partidos bubis que establecía que ‘Fernando Poo es un estado soberano’. Hasta 33 delegados guineanos rechazan el proyecto de la metrópoli, pero deben ‘tragar’: la representación española afirma que sólo ayudará a la futura república si se aprueba esa constitución. A partir de este momento, Macías se opondrá siempre a este texto constitucional “que nos ha impuesto España” ([iv]).

Pero nada de esto se trasluce en la prensa madrileña ya que, vista la expectación de la anterior fase, se han declarado como secretas las actas de las sesiones. España, que entre 1950 y 1966 había dilatado la independencia, insta ahora a acelerar el proceso: Ramón Sedó, representante español en la Conferencia, ‘aclara’ que “España no impone una Constitución, lo único que sí va a imponer es la independencia para este año, con o sin Constitución”. El ministro de Exteriores, Castiella, advierte a Gori Molubela, bubi, quien moriría asesinado en junio de 1972: “Si la mayoría de la gente de Guinea vota en contra de esta Constitución, España se lava las manos y abandona esto”. ¿Se puede abandonar una colonia, como quien deja en la calle un armario viejo?

Lo que sí se trasluce en la prensa nacional es el viaje de Manuel Fraga, el 20 de julio, a Santa Isabel, capital de la colonia, para regalar unos estudios de TV cuya emisora, a 3.100 metros de altura, es calificada por PYRESA como ‘la más alta de Europa (sic)’ por un coste de 26 millones de pesetas, con equipo directivo absolutamente español. Fraga anuncia en ese acto nuevos regalos audiovisuales que nunca llegarán. La TV resulta ser, con el tiempo, un regalo envenenado y una fuente de problemas.

Y llega el momento del referéndum para aceptar el texto constitucional. Macías, astuto, propugna la abstención. España aporta un comité electoral, encargado de depurar el censo y verificar el proceso, con participación de observadores internacionales. El censo de 1967 según el ‘Boletín Oficial de Guinea’, establece 46.835 habitantes residentes en Fernando Poo, 200.106 en Río Muni y 2.000 en Annobón. Total: 248.941.

Pero esas cifras son más que dudosas: existen entre 30.000 y 40.000 trabajadores nigerianos, que en virtud de un acuerdo de emigración con España pueden establecerse como residentes al cabo de tres años, hay 7.000 españoles -funcionarios, docentes, empresarios, militares, finqueros, misioneros, médicos...- y cifras más bajas de portugueses, cameruneses y gaboneses. Pero sólo los guineanos ‘de nacionalidad española’, según el legislador, tienen derecho a votar en el referéndum constitucional del 11 de agosto ([v]). Los funcionarios españoles que depuran el censo, dirigidos por Ángel Escudero y Jaime Castro García, establecen un cuerpo electoral de sólo 125.253 electores válidos. La depuración del censo afecta especialmente a la población de Fernando Poo, en donde pueden ejercer el voto nada más que 16.446 electores ([vi]).

Ya sólo faltan las elecciones generales para dar el salto definitivo hacia la independencia. Para esta ocasión, el censo aparece crecido en cuestión de unas semanas, hasta llegar a los 137.755 electorales. Los comicios, a dos vueltas a partir del 22 de septiembre, son ganados por quien se oponía a la Constitución, por Macías, al integrar en su candidatura los partidos de Edmundo Bossio y Atanasio Ndongo, con el fin de aislar a Bonifacio Ondó Edu ([vii]).

Llegados a este momento cabe realizar diversas puntualizaciones sobre la sociedad de la colonia. Pese a las buenas y autocomplacientes palabras de los dirigentes españoles ([viii]) sobre el alto nivel de renta per capita en Guinea, el monto de las inversiones públicas o el número de camas hospitalarias, la realidad tiene otra cara muy diferente: en 1968 sólo hay 5 médicos indígenas en toda Guinea y no existe ni un solo economista guineano. Se calcula que en Río Muni hay 300 kilómetros de carreteras, de los que sólo el 30 por 100 están asfaltados.

España ha impuesto un complejo sistema de subvenciones y exenciones a las cooperativas agrarias, que dependen totalmente del Estado paternalista para la adquisición de material y venta del producto, y que sin embargo no funciona: en 1965, el Ministerio de Trabajo debe socorrer al patronato de cooperativas con un préstamo de 43,5 millones de pesetas.

La metrópoli invierte menos de 700 millones anuales en el presupuesto colonial, su última aportación es de 104 millones de pesetas en obras públicas, en tanto el PIB ronda los 4.000 millones de pesetas. El sueldo de un bracero nigeriano es de 700 pesetas, el de un funcionario de la colonia, 3.000; el de Bonifacio Ondó Edu, presidente del Gobierno Autónomo, 35.000. El sueldo anual de Macías como jefe del Estado en este ejercicio es de 516.000 pesetas, unos 17.200 dólares ([ix]).

Pero la economía diaria registra muy escaso capital circulante, al punto que muy pocos pagan sus transacciones en metálico y al momento, sino mediante ‘vales’ o recibos... que se hacen efectivos al mes siguiente, cuando el estado español paga los sueldos de militares y funcionarios o las subvenciones a los cooperativistas, lo que significa una nueva inyección de dinero en metálico. Ante la proximidad de la independencia y la desconfianza hacia lo que traiga ésta, muchos españoles, particulares y empresas, deciden colocar su capital en España, con lo que se ‘evaden’, aunque de manera legal, hasta 2.000 millones de pesetas.

No existe un proyecto de presupuesto general guineano a medio o lago plazo para aplicar al día siguiente a la independencia, sino que todos, colonizados y metrópoli, confían en que todo vaya a seguir igual, como una ‘prolongación’ natural del mismo estado de las cosas. Por no existir, no existe ni proyecto de un banco estatal, ni de moneda propia: el 13 de octubre de 1968 siguen circulando las pesetas ‘rubias’ con la misma paridad española como si no pasara nada.

En la firma del acta de independencia se incluyen varios convenios entre ambas partes. Se prorroga el presupuesto bianual de la colonia para lo que queda de 1968 y todo 1969, y se ‘ceden’ por ese mismo tiempo los funcionarios españoles de Hacienda, Puertos, Correos, etc. que cobrarán sus sueldos de ese presupuesto cedido.

Así, en un protocolo semisecreto, se prorroga igualmente la estancia por dos años de la Guardia Civil, la Armada y el Ejército del Aire. Así, se crea en Madrid un ‘Mando de las Fuerzas Españolas en Guinea' el 22 de septiembre de 1968, con un Comisario General para las tropas españolas en Guinea, que es operativo hasta el 6 de junio de 1969. Así, se obliga Guinea Ecuatorial a mantener las concesiones petrolíferas realizadas por España. Así, se obliga también la república a la protección de los españoles residentes.

En esa ebullición de gestos y buenas intenciones, aparecen de tanto en tanto indicios de desconfianza. Por ejemplo, un número indeterminado de guineanos ‘con nacionalidad española’ solicita su ingreso en distintas academias militares españolas, en la esperanza de seguir siendo españoles el resto de su vida ([x]). Pero las solicitudes no son cursadas: se quedan en un cajón de la administración colonial. Es de suponer que parte de los solicitantes fue muerto o padeció represión años después, es de suponer también que, quizás, se convirtieran ellos mismos en represores.

La víspera de la independencia, Ondó Edu, el perdedor de las elecciones, el rival de Macías, el presidente del Gobierno Autónomo, el fang partidario de la independencia separada, es condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Otro gesto de España que no debió escapársele a Macías...

Pero en fin, llega ese Día de la Independencia del 12 de octubre de 1968, muy celebrado la víspera a cuenta de la ‘paga extra’ concedida por el ya presidente Macías al pueblo. De nuevo aparece Manuel Fraga para firmar las actas ([xi]) y se registran disturbios. Se planifican dos actos de firma, uno en Santa Isabel y otro en Bata. En la primera localidad, a las 12.00 horas, los guineanos vejan la estatua de Ángel Barrera, gobernador de la colonia en la década de los 20. En Bata, horas más tarde, Infantería de Marina y Guardia Civil crean un ‘pasillo’ de seguridad empleando la fuerza contra una muchedumbre que, la noche antes, había quemado dos iglesias y amenazado claramente a los españoles. Aviones y barcos hacia España comienzan a salir llenos de esposas e hijos...

Y llega el día siguiente a la independencia. Macías debió llevarse un disgusto al comprobar que el palacio presidencial, la antigua residencia del Comisario General en Santa Isabel, había sido previa y completamente vaciado de muebles y enseres por los funcionarios españoles, que no dejaron ni el aire acondicionado: hay testigos que vieron cómo los obreros tapiaban los boquetes.

Un funcionario de esa ya extinta Comisaría General se presenta ante Macías como el embajador de España en Santa Isabel: se llama Juan Durán Lóriga, es subdirector general para África del Ministerio de Exteriores y durante semanas, como eficaz ‘tapado’, ha cursado órdenes estrictas de actuación al equipo directivo español de la TV en Guinea sobre qué políticos guineanos debían salir en pantalla y qué tratamiento informativo debía dárseles. Algunos periodistas de la TV, por orden de la superioridad, colaboraron en la campaña de Bonifacio Ondó Edu: el ahora presidente no era el candidato favorito de la metrópoli. Entre Macías y el embajador surge una antipatía mutua casi al instante.

Y pasan las primeras semanas, y llegan los primeros incidentes. La policía y orden público se traspasa a la república, con todas las fichas de los españoles que poseen armas, largas o cortas. Macías ordena que sean entregadas todas las armas, y muchos coloniales las entregan inutilizadas.

Ondó Edu, huido a Gabón temeroso por su vida, es atraído de vuelta con engaños en los que colabora la embajada española. Macías lo pone bajo arresto domiciliario. Pero al resto de sus partidarios, que la Guardia Nacional -la antigua Guardia Territorial, creada y entrenada por España-, localiza y detiene, los manda encerrar en la prisión de Black Beach. Cuando el fiscal, funcionario aportado por España, se interesa por los cargos, Macías lo expulsa del país.

Las nuevas autoridades guineanas, porque lo han visto hacer así a las antiguas españolas, intentan imponer sus criterios a su TV, la que les regaló Fraga. Y se encuentran con que no, con que los directivos españoles no les obedecen, con el argumento de que no se ha hecho una cesión formal. Directivos del ente que en la Villa y Corte hubieran perdido la parte trasera de su anatomía ante un deseo levemente insinuado por cualquier mandamás ministerial, espetan ahora a ministros y secretarios de la nueva república que ‘dependemos de Madrid’ y no reconocen su autoridad. Sí reconocen, en cambio, la autoridad de los censores españoles que visan los programas en Madrid antes de ser pasados por la TV en Guinea ([xii]).

Y llega un fin de mes, el de noviembre de 1968, y la república apenas tiene líquido para pagar a los nuevos funcionarios guineanos pese a que España iba a aportar presupuesto. Claro, es que ese presupuesto era para pagar a los funcionarios españoles cedidos y poco más. Los coloniales comienzan a exigir pagos al contado, rompiendo el sistema de ‘vales’, y esta frágil economía diaria comienza a desmoronarse.

Y llega el mes siguiente, y quien aún no es conocido como dictador empieza a quitarse la careta: el 14 de diciembre, en Sevilla de Niefang, Macías anuncia por primera vez que va a constituir un partido único “para unificar ideas” ([xiii]). En tanto algún colonial comienza a oír a los fangs cómo, en lengua pamue, se reparten la propiedad futura de tal o cual casa o negocio ([xiv]) de españoles y portugueses...

Ese mismo mes de diciembre, el día 30, es expulsado por Macías otro funcionario español, el ex secretario del Gobierno Civil de Fernando Poo, Fernando Rodríguez López Lammes, a quien se le había pedido un informe sobre la creación del Banco de Guinea Ecuatorial SA por un grupo de particulares. Resulta que entre esos promotores se encontraba ¡Francisco Paesa Sánchez!

Veinte años antes de que Paesa fuera conocido de todos los medios de comunicación españoles por su implicación en la ‘guerra sucia’, la corrupción policial, el caso Roldán, etc., este personaje tenía ya un curriculum vitae en Guinea Ecuatorial: había sido desterrado de Río Muni años atrás, por estafa y malversación. Obviamente, el ex secretario Rodríguez López informó contra la honestidad de semejante individuo, lo que le valió la expulsión. Por contra, Paesa se convirtió en uno de los asesores de Macías, y llegó a vender acciones del banco misterioso en Londres y Ginebra.

Otra fecha clave del primer medio año de independencia de Guinea es la del 10 de enero de 1969. Ese día, en un gesto que es de creer se habrían cuidado mucho de realizar en España, los funcionarios españoles ‘traspasados temporalmente’ a la Hacienda guineana dimiten en bloque porque Macías, falto de líquido, no les hace efectiva la ‘paga de productividad’ o ‘bufanda’ de fin de año. La respuesta del presidente esta vez no es la expulsión sino, por el contrario, la prohibición de que abandonen el territorio. En un discurso se refiere a estos díscolos burócratas con las palabras “mi Gobierno no puede consentir amenazas, es un gobierno popular”. A finales del mismo mes de enero, Macías congela las cuentas bancarias de los funcionarios de Hacienda.

En estas semanas de primeros de año, los asesores de Macías, entre los que se encuentran abogados del Estado aportados por España, calculan que el presupuesto general de Guinea en su situación de independencia debe ser de 1.138 millones de pesetas, cantidad necesaria para, al menos, pagar a la nueva administración. Pero el acuerdo con España de prolongación de presupuesto estipula sólo 712 millones de pesetas para todo 1969.

Venciendo la antipatía mutua, Macías y Durán Lóriga acuerdan que España aportará la diferencia, 400 millones, pero con la ‘coletilla’ por parte española de no hacerlo de forma inmediata, sino en cantidades prorrateadas mensualmente. Guinea se encuentra así con escasa autonomía de previsión presupuestaria y en situación de dependencia de los pagos mensuales de la antigua metrópoli ([xv]).

Y en TV se siguen negando a obedecer las órdenes de los dirigentes guineanos. Armando Balboa -quien sería asesinado apenas dos meses después- requiere que se instalen las nuevas antenas cuyo regalo anunció Fraga en la visita del 20 de julio, o que se entregue su importe a la Hacienda guineana. Ni caso.

Y es la misma embajada española en Santa Isabel -luego Malabo- la que confirma a Armando Balboa que, en efecto, la TV regalada por =raga a Guinea el 20 de julio de 1968 en solemne y herziano acto no pertenece a la república por no haber un convenio de cesión. Mariano Baselga, encargado de Negocios de la embajada, presiona además a Balboa con que, si Guinea no quiere la TV, se desmonta y se lleva de nuevo a Madrid, toma ya. Huelga decir que Armando Balboa sale bastante perplejo de la entrevista ([xvi]). Los políticos guineanos se preguntan para qué y al servicio de quién está la TV en Guinea, porque al servicio de Guinea no está, eso es claro.

El 14 de enero Macías acusa a la ex metrópoli de crear un “bloqueo económico”, y amenaza con denunciar los convenios “que ellos hicieron” anexos al acta de independencia, y que “no se respetará la Constitución impuesta por España”. Dos días después, Macías vuelve a declararse admirador de Hitler y le atribuye que “hizo posible la libertad en África”, lo que es recogido por la agencia France Presse.

Tres días más tarde, el 19 de enero, Macías acusa a un militar español de ‘espía’ y le expulsa del país. Se trataba de Manuel Moreno Calderón, que en efecto tenía el empleo de comandante dentro de la Asesoría Técnico Militar de los Servicios de Información de la Presidencia en la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, y había pertenecido al mismo organismo de la Comisaría General de Guinea. Moreno Calderón había acompañado a Fraga en su visita de julio de 1968, y visitó a Macías cuando fue internado en una clínica de Madrid. El militar regresó a Guinea invitado por TVE para visitar las instalaciones de la TV de Guinea Ecuatorial: era uno de los censores de los programas destinados a ser emitidos en Guinea.

En el mismo discurso en que anuncia la expulsión del militar español, Macías asegura en público que las fuerzas españolas en la Guinea Ecuatorial -tres buques de la Armada con secciones de Infantería de Marina, dos compañías de la Guardia Civil con sede en Bata y Santa Isabel, dos escuadrillas del Ejército del Aire compuestas por viejos T6- “están a mi disposición para cuando yo las quiera emplear, pero no para hacer espionaje” ([xvii]).

Y apenas tres días más tarde, el 22, un incidente con un funcionario de Hacienda. El inspector de Tributos, Vicente de los Ríos, está a punto de ser detenido por la Guardia Nacional junto con su esposa en el aeropuerto de Santa Isabel, cuando la acompañaba para coger el avión de Spantax rumbo a España. El embajador Durán Lóriga, que está presente,  hace valer su status diplomático para oponerse a la detención. La esposa del funcionario sube finalmente al avión, y Vicente de los Ríos se refugia más tarde en la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Isabel.

Y llega final de mes, y los funcionarios guineanos no cobran. La pendiente hacia abajo se pronuncia. Macías ordena buscar cajas secretas en el edificio de Hacienda, espeta a los funcionarios españoles “que digan dónde está el dinero de Guinea Ecuatorial”. No se explica que, con un PIB de 4.000 millones, no haya líquido: es evidente que se ha independizado una colonia desmonetarizada, gran parte de cuyo capital privado ha sido evadido y sin capital público ni proyecto presupuestario ni económico de futuro.

Y ya en febrero, nuevo encontronazo con la TV que, después que la URSS haya reconocido a Guinea Ecuatorial, emite programas de un ‘anticomunismo molesto y dañino’ remitidos desde Madrid,  aderezados con comentarios racistas en series y películas protagonizados por actores occidentales. El 12 de febrero se registra la emisora del pico Basilé, a 3.100 metros de altura, en busca de una emisora que presuntamente guía a aviones fantasma que abastecen de armas a los rebeldes biafreños de Nigeria.

Y en febrero se inicia la ‘crisis de las banderas’. En una visita a Bata, el 13, Macías cae en la cuenta que España no mantiene sólo la enseña rojigualda en la embajada de Santa Isabel, sino otras tantas en el consulado español de Bata, en la residencia privada del cónsul y en el cuartel de la Guardia Civil. Son demasiadas, estima, y convoca al cónsul para que sean reducidas a una sola. Y el cónsul se niega y transmite la petición al embajador. Este también se niega de entrada, y por contra propone que sea Macías quien, en un decreto, indique cuántas banderas están autorizadas a exhibir cada legación diplomática en la república.

Por dentro, Macías debía estar como una moto, pero por fuera parece admitir la sugerencia que le hacen a su orden. Inicia una gira por localidades de Río Muni y aplaza su decisión hasta la vuelta. Esto no quita para que el embajador español le caiga cada vez peor. El director de TV, Luis Carrascosa, se pone altivo y espeta a Atanasio Ndongo, vicepresidente del Gobierno de Guinea y ministro de Exteriores, que su único jefe directo es el embajador Juan Durán Lóriga. Ergo, la TV que regaló Fraga está al servicio de la embajada, es decir, de España.

A la vuelta de su gira presidencial, el 22 de febrero, Macías ordena personalmente que la Guardia Nacional arríe la bandera rojigualda de la residencia del cónsul en Bata y la entreguen a éste. Al día siguiente, 23, el cónsul recibe la orden de expulsión. Macías también reclama el edificio del consulado, que España ocupa ‘ilegalmente’ al no haber convenio para su cesión entre ambas naciones: excusa idéntica a la de España con respecto a la TV.

El embajador ha llevado a cabo entre la colonia española una campaña diametralmente opuesta a la de mantener la calma. En conversaciones en público y en privado anuncia que “mientras la Guardia Civil esté en el territorio la seguridad está garantizada, pero que después él no respondería de lo que pudiera pasar”. Con ejemplos cercanos como los del Congo o Nigeria, la frase es apenas una invitación velada a dejarlo todo, coger el primer avión y largarse.

Tras el incidente de las banderas, Macías se ve crecido en el resultado del pulso diplomático. Se registran ya casos de palizas a coloniales por jovenzuelos guineanos, que asumen, empujados por Macías, que se les están permitidos tales actos, que nadie –ni policía ni jueces- les van a pedir responsabilidades. Algunos reciben armas, otros se sirven de garrotes ([xviii]). Muchos coloniales apenas salen de sus casas. Pero la desconfianza y violencia no afecta sólo a los españoles: en la TV, los ‘becarios’ guineanos, fangs y bubis, se enfrentan entre sí y se niegan a trabajar en equipo. También son víctimas de agresiones callejeras los nigerianos, los portugueses, el personal de servicio doméstico, los empleados fieles y los votantes y partidarios de Ondó Edu. En las aceras hay manchas de sangre que nadie limpia. El 25, Macías da un discurso en Río Benito y acusa a las madereros de “asesinos que ya no nos robarán más”.

El 26, el propio embajador Durán Lóriga recibe en Bata la orden de expulsión. Ni corto ni perezoso, ordena que para la noche se ponga en marcha un plan combinado de ocupación militar de Bata y Santa Isabel, preparado de antemano ([xix]), consistente en un ‘repliegue sobre Bata, repliegue de Bata sobre la isla’. En la noche del 26 al 27, se ocupan puntos neurálgicos: aeropuerto, Telégrafos, estudios TV y radio, puerto, cuarteles de Guardia Colonial, Comisaría, Guardia Marítima, Palacio Presidencial, Ministerios, y se bloquean los accesos a la capital desde San Carlos, Rebola y Basilé. El cuartel general se instala en la embajada española. El jefe máximo de la Guardia Civil, comandante Luis Báguena, tranquiliza a los españoles de Santa Isabel. Se solicita refuerzo de tropas a Las Palmas.

Pero en Madrid, Castiella aconseja a Carrero que interrumpa la operación. El ministro del Aire, José Lacalle Larraga, ordena el regreso de las tropas paracaidistas que salieron de Las Palmas. El ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, envía un radio al embajador Durán: “Todo tiene que volver a la normalidad” ([xx]), por tanto se le desautoriza. Hacia las 04.30 horas del día 27, fracasado el apoyo, se ordena a las tropas españolas que desalojen sus posiciones, mediando un acuerdo con las fuerzas guineanas, las cuales a su vez ocupan las posiciones desalojadas. No hay enfrentamientos armados entre las tropas.

Macías se ve de nuevo acrecentado y, en la mañana del 27, declara el estado de emergencia ([xxi]), con toque de queda entre las 18.00 y 06.00 horas. Reclama la expulsión de la Guardia Civil, considera rotas las relaciones con España. Envía un telegrama a la ONU en que revela la movilización de fuerzas españolas y acusa de la iniciativa al embajador de España, exige la retirada de tropas y el envío de 150 cascos azules. España confirma, mediante el embajador en ONU Jaime de Piniés, que sólo retirará tropas cuando todos los españoles hayan salido, y solicita observadores para certificar el pánico entre los coloniales y su éxodo.

Franco también envía un Telegrama a la ONU en el que, muy a la gallega, primero minimiza la actuación de “algunas fuerzas de orden público” (¿es la Armada una fuerza de orden público?) para luego advertir que las mismas actuaciones se alargarán hasta que la situación lo exija. En resumen: primero se niega la intervención, luego se admite.

Macías, ese 27 de febrero, emite por Radio Ecuatorial de Bata un violentísimo discurso. La consigna general es “que nadie ayude al blanco”. El mismo día, el consulado de Bata radia un mensaje cifrado en que insta la huida de todos los españoles. A las 12.30, la embajada española ordena la evacuación todos los españoles replegándose sobre Bata y su aeropuerto.

Lo más trágico estaba por ocurrir. A las 15.30 horas de ese día, una barcaza con 33 personas refugiadas a bordo: hombres, mujeres, niños de meses y braceros nigerianos, que procedía de la explotación forestal Juan Jover SA, es tiroteada por personal militar y paramilitar guineano a la altura de Río Benito. El español Juan José Bima Martí, de 27 años, es alcanzado en la cabeza y muere instantáneamente. El resto de los refugiados, entre ellos su esposa, son recogidos por el mercante ‘Kogo’. Todos ellos estaban desarmados y huían río abajo en cumplimeinto de las órdenes del consulado ([xxii])

Este buque y el ‘Ciudad de Pamplona’, con 400 españoles a bordo, reciben orden del embajador Durán Lóriga a las 02.00 horas del día 28 de no tocar Fernando Poo, sino de dirigirse hacia Canarias.

En la mañana del 28, el embajador Juan Durán Lóriga, formalmente expulsado por Macías y desautorizado por su ministro al negarle los refuerzos desde Canarias, quiere evitar que el discurso de Radio Ecuatorial sea retransmitido por radio Santa Isabel y la TV. No lo consigue por parte de la radio, cuyo director es el bubi Apolinar Moiche, pero ordena directamente a los responsables de TV, que le reconocen como su único jefe directo, que interrumpan el servicio durante todo el día: el discurso es radiado, aunque no televisado.

Se registran ya signos evidentes de caos económico y escasez de suministros. El jefe de Correos de Santa Isabel sufre una paliza por parte de sus subordinados El trabajo se ha abandonado, hay fincas quemadas y destruidas, los aviones y barcos van a tope. Pero no es una evacuación: cada español se paga su billete. Los aduaneros guineanos se apropian del contenido de las maletas, hay personas que apenas salen con lo puesto y el pasaporte. Muchos pasajeros muestran contusiones en el rostro. Los aviones despegan con 60 personas de más a bordo. El 2 de marzo, después de dos jornadas tensísimas, Pan de Soraluce sustituye a Durán Lóriga. Este se cruza en el aeropuerto de Santa Isabel con Atanasio Ndongo, y ambos se abrazan. El 3, Ndongo telegrafía a Castiella para que retire la Guardia Civil.

Y en la noche del 4 al 5 de marzo, Atanasio Ndongo intenta dar un golpe de estado: invade en Bata el despacho vacío de Macías, reduce la Guardia en las garitas, se duerme y es sorprendido por el propio Macías, que le defenestra por un ventanal. Macías carga contra quienes formaron Gobierno con él a raíz de las elecciones de septiembre: encarcela y asesina a Saturnino Ibongo, embajador en la ONU, a Armando Balboa, ministro de Información y Turismo; al todavía arrestado en su casa Ondó Edu, etc. El propio Atanasio agoniza de sus heridas mientras Macías le saca fotografías: como Hitler, que filmó la agonía de quienes atentaron contra su vida al final de la guerra. Semanas más tarde, el tirano muestra orgulloso esas fotos a John Barnes, periodista de ‘Newsweek’.

Esa misma mañana del 5, en uno de sus ya rasgos característicos, Macías agradece a Pan de Soraluce la ‘neutralidad de España’, para horas después acusar a España de injerencia y de planear el golpe de Ndongo. Castiella y Fraga lo niegan, pero advierten que las tropas españolas no se moverán hasta que acabe la evacuación de españoles ([xxiii]). Ese mismo día, la ONU decide enviar observadores, que llegan el día 10 a Santa Isabel y el 13 a Bata. La misión logra imponer un plazo de dos meses para la retirada de españoles y tropas, que se hará en tres barcos de transporte de la Armada que ya llevan la derrota del Golfo de Biafra.

Macías ordena la congelación de las cuentas bancarias de los españoles para evitar una fuerte descapitalización por parte de los repatriados Pero la orden no se cumple. Los bancos falsean los libros -no hay entonces informática- para convertir el activo en pasivo o números rojos y luego entregan el metálico a los colonos a escondidas, burlando así el decreto presidencial. Hasta el saldo de la TV es escamoteado, y luego depositado en la embajada de España. Apenas quedan 2.000 pesetas en caja bancaria en toda la república.

En esos días, Guinea reclama formalmente a la Guardia Civil de Santa Isabel que le sea entregado Vicente de los Ríos, el subinspector de Tributos que a punto estuvo de ser detenido con su esposa en el aeropuerto el 22 de enero de no mediar la intervención de Durán Lóriga. El nuevo embajador, Pan de Soraluce, recomienda que se ea entregado. El comandante Báguena exige una orden por escrito, que obviamente la embajada no da. Báguena deja claro que no entregará ni a de los Ríos ni a ningún otro de los españoles refugiados en la Comandancia, que suman ya centenares. Otros tantos se han refugiado en la Comandancia de Bata.

Ambas dependencias de la Guardia Civil son fortificadas con sacos terreros y puestos  de ametralladoras. Una noche, números del Benemérito Instituto hacen una salida para obligar a punta de mosquetón a un grupo de braceros nigerianos a que despeje el bosque para facilitar el ángulo de tiro de los puestos. Se produce una protesta formal de las autoridades guineanas por este hecho, que es desoída.

Las naves de la Armada tampoco permanecen ociosas. Desde las baterías del acorazado ‘Pizarro’ se apunta al palacio presidencial que, de acuerdo a un segundo plan de ocupación de Santa Isabel, sería el edificio que recibiría el primer obús. Su impacto sería la señal para que la Guardia Civil efectuara una nueva salida y ocupara parte de la capital, esta vez con el respaldo artillero de los buques. Otros obuses apuntarían a dependencias oficiales y de comunicaciones, incluyendo los estudios y emisora de TV, cuyo personal español facilita a los artilleros navales su posición exacta en el pico. El plan se pondría en marcha, caso de ser necesario, para asistir a los tres transportes de tropas (los barcos ‘Aragón’, ‘Castilla’ y ‘Canarias’) que deben recoger a personal de la Guardia Civil y españoles de Bata en la operación “Atlántica 69”.

El 21 de marzo, un Macías impaciente exige de nuevo a Franco la retirada de españoles y tropas, antes del plazo de dos meses acordado con los observadores de la ONU. Esta vez se lo pone en bandeja a la diplomacia española: el secretario de la organización recrimina a Guinea el incumplimiento del plazo ante el Consejo de Seguridad.

Dos días más tarde llegan los barcos de transporte de la Armada; el ‘Canarias’, sin agua, y se empieza la evacuación en Bata. Macías acuerda no interferir en la evacuación civil y militar, bajo supervisión de observadores de la ONU y OUA. El 25 se inaugura el Banco de Guinea Ecuatorial: presidente, Francisco Paesa Sánchez. Es un banco privado que, sin embargo, emitirá moneda estatal; anuncia un capital de 210 millones de pesetas y reservas de 700, que nadie se explica de dónde van a salir.

El 29 de marzo, efectivos de las Compañías de Operaciones Especiales (COES), trasladados en los barcos españoles disponen un malecón de emergencia cercano al acuartelamiento de la Guardia Civil de Santa Isabel, por donde se hace la evacuación de los civiles. Los miembros de la Guardia Civil evitan esta solución que tienen por deshonrosa: arrían la bandera y efectúan un desfile por las calles de la ciudad, con armas, vehículos y bagaje, antes de embarcar.

Entre ese día y el siguiente, el personal de TV solicita a Pan de Soraluce autorización de repatriación, que la concede. Se entregan las llaves de los locales a representantes de Guinea, pero el personal técnico español asegura que el material, cámaras, equipos, etc., formalmente regalado por Fraga a la república guineana, es ‘propiedad del estado español’, y abandona el país con media tonelada de material audiovisual.

El 5 de abril se certifica por los observadores de la ONU que se ha llevado a cabo la ‘evacuación total y pacífica de las fuerzas españolas’. En total, se repatriaron 6.800 españoles junto con 514 vehículos. Las pérdidas patrimoniales y personales de los repatriados son difíciles de evaluar. Desde 1996, el Ministerio de Exteriores posee un censo con 379 afectados, que reclaman individualmente la suma de 11.300 millones de pesetas de 1969. Si se aplica un coeficiente de actualización del 1.500 por 100, hecho esto con todas las reservas, aparece la cifra de 169.500 millones de pesetas actuales en pérdidas sólo para este colectivo ([xxiv]).

Un año después de la repatriación ([xxv]), en marzo de 1970, Macías admite públicamente que ‘hemos sufrido una parálisis total de nuestro mecanismo económico a causa del éxodo de la población española’. La producción ([xxvi]) de cacao desciende de 40.000 a 11.000 toneladas, la de café baja hasta las 1.000 Tm. A un año del éxodo de los coloniales la economía ya no existe, tampoco la educación ni la administración en general, ni la seguridad jurídica, ni tribunales imparciales... Los guineanos debieron  padecer a Macías hasta agosto de 1979.