Los sistemas de pensiones de reparto en el mundo han resultado un verdadero fracaso en el largo plazo. Funcionan relativamente bien cuando los trabajadores jóvenes en activo son mayores en número que los trabajadores más viejos que se jubilan. Los dolores de cabeza comienzan (y pueden convertirse en un polvorín), cuando ya el número de trabajadores jubilados se acerca al de los trabajadores en activo. Esa es hoy la situación que priva en los países europeos y EU. Revienta ya el sistema cuando los jubilados sobrepasan a los trabajadores activos. En teoría, en el sistema de reparto cada trabajador jubilado habría cooperado para su propio retiro, pero la realidad es que es el gobierno quien toma este dinero, se lo gasta, y luego entonces le saca dinero a los trabajadores jóvenes para pagar la pensión de los jubilados y/o aumenta impuestos a todos. La experiencia latinoamericana muestra cómo estos sistemas de reparto en realidad sólo han servido a los gobiernos para cubrir parte de sus irresponsabilidades fiscales. Los sistemas de reparto (como el del ISSSTE) pueden llegar a tronar a las economías, pues el gobierno no tiene atada las manos para hacer y deshacer los recursos de los trabajadores. Curiosamente, López y su séquito han vendido la idea contraria: temerle al manejo de los recursos de los trabajadores por parte de manejadores privados. No, la realidad desmiente contundentemente esto. Es al gobierno al que hay que temerle, pues es el que se encarga de esfumar los recursos de los trabajadores.

Chile fue el primer país latinoamericano que reforma su sistema de reparto para convertirlo en uno llamado de capitalización (mediante el manejo de cuentas individuales). Este esquema es más eficiente que el de reparto en la medida en que individualiza las cuentas de los trabajadores y deja que sean éstos los que decidan cuando jubilarse y con cuanto pensionarse. Asimismo, este esquema le pone límites al gobierno para no tomar ya arbitrariamente el dinero de los trabajadores. Pero ojo, el esquema de capitalización no crea riqueza si es el gobierno el único ente en el que los trabajadores pueden invertir (más que inversión es sólo un préstamo al gobierno por el cual se recibe pago de intereses). Para que un sistema de capitalización funcione plenamente es necesario que el trabajador tenga plena libertad para decidir en qué empresas invertir (con ayuda de expertos en inversiones, claro está). Un esquema de retiro que haga que los trabajadores participen en la acumulación y democratización del capital es el que más crea riqueza. Para entender las bondades de este esquema, recordemos que el consumo actual de los trabajadores en activo y de los jubilados depende de la producción actual. Por tanto, la privatización de las pensiones puede ayudar a financiar el consumo de los futuros jubilados en la medida en que haga posible el aumento futuro de los niveles de producción. Y la única manera en que mejor puede contribuir un esquema privado a un aumento de la producción futura, es aumentando el stock presente de capital (lo que se hace al invertir en valores privados, no del gobierno), pues ello hace crecer la productividad de los trabajadores futuros. Por tanto, la opción de prestarle al gobierno debe ser opcional (lo ideal es que no existiera esta opción) y no obligatoria. Al inicio lo hizo así Chile, pero los rendimientos logrados fueron magros. El gobierno fue el único beneficiario para saldar sus apremios fiscales. Luego, en una segunda etapa, el gobierno chileno permitió a los trabajadores invertir en valores privados no sólo nacionales, sino extranjeros. Hoy este esquema está en su tercera etapa, y se ve bien. Ojalá no meta sus narices el gobierno como hace poco lo expresó la presidenta chilena Bachelet.

México fue el segundo país latinoamericano en modificar su esquema de reparto, pero se circunscribió sólo a los trabajadores del sector privado. Al igual que Chile, al inicio de operación del sistema, el único ganón fue el gobierno (los trabajadores sólo podían invertir en Cetes). Hoy ya se permite a los trabajadores invertir en valores privados, pero aún es muy limitado el formato, pues el gobierno todavía influye de manera dominante en qué instrumentos privados invertir y mantiene su hegemonía como depositario de los recursos de los trabajadores.

Lamentablemente, nuestra cultura estatista evitó en todos estos años incluir en la reforma de pensiones a los trabajadores del Estado. Pero el destino nos está alcanzando y el déficit actuarial del ISSSTE es simple y sencillamente insostenible ya no en el largo plazo, sino en el corto.

La aprobación en lo general de la nueva Ley del ISSSTE aunque puede ser un respiro a las finanzas públicas (hay que ver si el senador Manlio Fabio Beltrones no trae bajo la manga alguna carta que convierta en un adefesio a la nueva ley), no garantiza a los trabajadores del Estado el tener una verdadera libertad de en qué y con quien invertir. Inicialmente el gobierno manejará los recursos de los trabajadores y seguro se circunscribirá a inversiones en valores gubernamentales. Es necesario ir ajustando esta nueva ley, pues si no habrá dominancia fiscal, es decir, nuevamente el gobierno será el único beneficiario de la reforma. Es necesario también meterle competencia a la nueva Afore pública (Pensionissste); lo ideal sería no hacer esperar a los trabajadores para cambiar de Afore, pues así habría mayores incentivos a que el Pensionissste sea eficiente desde el inicio. Pero, en fin, aquí pudo más la grilla sindical.

Ha dado México un paso adelante en materia de pensiones, pero será de vital importancia meterle más competencia al nuevo esquema. Más mercado y menos gobierno pues.

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