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Reconocerá el Gobierno a los Municipios Autónomos
* Para dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar
Tuxtla Gutiérrez, 16 diciembre (CAMBIO).- El Secretario de Gobierno Emilio Zebadúa, se pronunció por el reconocimiento de los municipios autónomos zapatistas en el marco de la revisión de los Acuerdos de San Andrés, para agilizar el proceso de reconciliación en Chiapas.
El reconocimiento de los municipios autónomos rebeldes, enclavados en la zona de conflicto, habitados por guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), contribuiría en darle voz a los pueblos que antes no tenían voz, expresó el sábado Emilio Zebadúa.
En Chiapas a raíz del surgimiento del EZLN en enero de 1994 en distintos puntos de la entidad los rebeldes crearon los municipios autónomos de Polhó, San Andrés Sakanchen' s de los Pobres, Oventic, Amador Hernández, Amparo Aguatinta, Taniperlas, Roberto Barrios y Moisés Ghandi.
Dijo que la formación y regularización a través de la vías constitucionales, con la participación del Congreso local y de las autoridades municipales.
"Nosotros estamos en la mejor voluntad porque quien represente a las comunidades tenga un cauce legal de representatividad", acotó.
Las autoridades gubernamentales actuales ofrecen una nueva actitud de respeto y tolerancia hacía manifestaciones que antes fueron ignoradas por los gobierno pasados.
Incluso, en ese contexto, la llegada de Roberto Albores Guillén a partir del 8 de enero de 1998, inició una embestida policiaco-militar en contra de los municipios autónomos zapatistas desmantelando varios de ellos y encarcelando a sus líderes.
Albores con la anuencia del gobierno federal encabezó a partir de entonces el gobierno contrainsurgente más represivo en contra de los zapatistas.
El funcionario dijo que en las próximas horas la Secretaría de Gobierno hará un anuncio sobre el resultado del análisis administrativo y jurídico sobre la creación y operación de la Comisión Estatal de Remunicipalización, cuya abrogación se publicaría este viernes o el lunes.
En la víspera Emilio Zebadúa, confirmó que después de desaparecer la Comisión y Consejo de Remunicipalización, sus ex titulares serán auditados conforme a la ley para saber en que gastaron el dinero que les fue asignado.
Los responsables de la Comisión y Consejo Estatal de Remunicipalización en la pasada administración fueron el ahora ex presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado, Noé Castañón León y el propio ex gobernador Roberto Albores.
Según el Secretario de Gobierno, han encontrado una serie de vicios y violaciones jurídicas con las que fueron creadas por Albores Guillén, la comisión y el consejo estatal de remunicipalización en la administración, por lo que han iniciado una investigación profunda.
Para el Secretario de Gobierno, la remunicipalización represento un "obstáculo y piedra en el camino" para la búsqueda de la paz y reconciliación.
"Fue una medida adoptada por
el pasado gobierno que no tomó en cuenta la opinión de los indígenas
y del EZLN", concluyó. (CAMBIO)
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Se Opondrá el PRI a la Liberación
de Zapatistas
* Algunos beneficiados si son delincuentes, dice Fernando Correa Suárez
Tuxtla Gutiérrez, diciembre 16 (cambio).- Los diputados locales priistas se opondrán a que sean liberados todos los presos zapatistas, porque muchos de los que pretenden ser beneficiados si son auténticos delincuentes, aseveró el representante del Congreso del Estado ante la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), Fernando Correa Suárez.
"No se deben dejar en libertad solo por ser zapatistas, quien haya delinquido no puede salir de la cárcel", afirmó el legislador priista, luego de sostener que su partido vigilará que no obtengan su libertad delincuentes disfrazados de zapatistas.
Correa Suárez, indicó que todos los integrantes de la Comisión Plural creada para revisar el expediente de los presos zapatistas deben actuar con imparcialidad para no dejar en libertad a través de la ley de amnistía a delincuentes que ahora se dicen zapatistas.
"El ser zapatista no debe ser sinónimo de impunidad", sostuvo, al tiempo de precisar que hay una gran diferencia entre presos zapatistas y presos políticos, por lo que no debe haber confusión a la hora de revisar los expedientes.
Correa Suárez, pidió a la Comisión Plural integrada por representantes del Congreso del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado y Procuraduría General del Estado, cumplir con su tarea y no permitir la liberación de delincuentes.
El integrante de la COCOPA, dijo que la instancia mediadora nada tiene que ver en la revisión de los expedientes de los presos zapatistas, porque se trata de una medida adoptada por el Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
Manifestó su confianza en que la Comisión Plural hará un buen papel y no permitirá la liberación de delincuentes que ahora pretenden hacerse pasar como zapatistas.
En una actitud confusa, precisó que la liberación de presos zapatistas es una medida improcedente a pesar de ser una de las condiciones del EZLN para la reanudación de los diálogos de paz.
El legislador priísta arremetió en contra de los presos zapatistas y dijo que los homicidas zapatistas no se le puede perdonar delitos graves que hayan cometido.
En un tono de burla contra el EZLN, el legislador del otrora poderoso PRI indicó que "el decirse soy zapatista, eso no crea ninguna impunidad, por lo que todo zapatista que haya cometido algún delito grave debe de pagar su delito".
Por su parte, el Presidente del Colegio de Abogados del Estado, Gustavo Cervantes Rosales, opinó que no puede haber amnistía porque en Chiapas no existen presos políticos.
"Pueden haber presos zapatistas por sus ideas, en Chiapas no hay presos políticos", aclaró.
Lo que procede dijo es otorgar el beneficio de la sentencia suspendida porque la amnistía no procede en este caso, aseveró el también legislador priista.
Según la agrupación
de Presos Políticos "La Voz de Cerro Hueco", en Chiapas existen
por lo menos 103 presos zapatistas en las cárceles de Yajalón,
Tapachula, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de
las Casas y Tacotalpan, Tabasco. (cambio)
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Piden Amnistia Presos por el Caso
Acteal
· Entre ellos, el ex coordinador de la Policía de Seguridad Pública,
Julio César Santiago Díaz
Tuxtla Gutiérrez, diciembre 16 (CAMBIO).- El general del ejército mexicano Julio Cesar Santiago Díaz, y 4 ex policías, encarcelados en Cerro Hueco por su implicación en la masacre de Acteal se declararon presos de conciencia y solicitaron amnistía al gobierno del presidente Vicente Fox.
El diario local Cuarto Poder publicó una entrevista en la que Santiago Díaz en compañía de los 4 ex agentes de Seguridad Pública se declararon "presos de conciencia" y solicitaron a las autoridades incluir sus expedientes, en los que están siendo revisados por la Procuraduría General de Justicia (PGJE), para recuperar su libertad.
Santiago Díaz, sentenciado a 8 años de prisión por su implicación en la masacre de 45 indígenas simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), perpetrada por paramilitares priistas el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó, negó su participación en los hechos.
El rotativo indicó que el general y los policías afirmaron vía telefónica su inocencia porque según ellos no se encontraban en el lugar de los hechos.
"Ese día llegué a las inmediaciones de Acteal a las 13:00 horas, mis compañeros el capitán primero retirado Roberto García Rivas y el ex primer oficial Roberto Marín Méndez de Seguridad Pública, habían llegado unos minutos antes, desde que llegaron se escucharon disparos en las elevaciones frente a la comunidad de Acteal.
En un lugar totalmente opuesto a donde aparecieron los cadáveres de los 45 indígenas, niños, mujeres y ancianos", añadió en la entrevista Julio Cesar Santiago.
"Nos dimos cuenta de lo sucedido cuando salieron del monte los heridos, por lo que los auxiliamos para trasladarlos a un hospital de San Cristóbal de las Casas; de los muertos no supimos hasta el 23 de diciembre (un día después de la masacre) cuando llegó al lugar de los hechos el procurador de Justicia, Jorge Enrique Hernández".
Santiago Díaz fue señalado por la PGR como el oficial de más alto rango que se encontraba en Acteal en el momento de la matanza y que no hizo nada para evitarla.
El general negó estas acusaciones y solicitó que su expediente sea revisado por la comisión creada esta semana por el gobernador, Pablo Salazar, para analizar los casos de los simpatizantes del guerrillero EZLN presos en cárceles de Chiapas.
"Yo también soy un preso político, al igual que mis compañeros aquí recluidos. Somos chivos expiatorios", aseguró Santiago.
Un centenar de personas, entre ellas
el ex alcalde del municipio de Chenalhó (al que pertenece Acteal), Jacinto
Arias, están encarceladas por su presunta participación en la
masacre.
Pablo Salazar, se comprometió el viernes, durante su discurso de investidura,
a liberar a los "presos de conciencia" zapatistas como un primer paso
para solucionar el conflicto armado que vive la región desde hace casi
siete años.
Para cumplir con esta promesa, se creó una comisión especial que revisa los expedientes de los zapatistas encarcelados.
Aunque detallaron que los responsables
de la matanza de Acteal es un asunto que pertenecen a la PGR. (CAMBIO)
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Investigan a Bodegas Valera
· Existen denuncias de que se cometieron actos de corrupción durante
su administración en la Secretaría de Educación
TUXTLA GUTIERREZ, DICIEMBRE 16 (CAMBIO).- Un grupo de juristas ha iniciado las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción que se cometieron por la pasada administración en la Secretaría de Educación que encabezó Pedro René Bodegas Valera, informó Gilberto de los Santos Cruz.
El actual Subsecretario de Educación, confirmó que derivado de las denuncias hechas por el magisterio estatal sobre presuntos actos de corrupción de la pasada administración se ha ordenado una investigación profunda para deslindar responsabilidades.
"Ya se está investigando, ya se tienen demandas, se tiene un expediente completo para ir a fondo e investigar la presunta corrupción denunciada por los propios maestros", expresó.
De los Santos Cruz, dijo que de comprobarse que funcionarios de la pasada administración incurrieron en anomalías se procederá conforme a derecho porque ese fue el compromiso del actual gobernador.
"Si se encuentran elementos y evidencias se va actuar, el gobernador Pablo Salazar no va a escatimar esfuerzo alguno para aclarar las cosas", puntualizó el Subsecretario de Educación.
El funcionario y ex líder estatal del PRD, aseveró que no se harán todos los esfuerzos necesarios para erradicar la corrupción, además se comprometió a terminar con el burocratismo y los problemas antes de que se conviertan en marchas y plantones.
La investigación se realiza meses después del pleito jurídico entre el ahora Gobernador del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía y el ex secretario de educación, Pedro René Bodegas Valera, quien aseguró que el mandatario estatal falsificó su cédula profesional y que no es abogado.
A tan solo unos meses, el ahora ex secretario de educación Pedro René Bodegas Valera será investigado por la actual administración porque existen indicios y denuncias que en su administración se cometieron presuntos actos de corrupción.
Entre las principales denuncias de los maestros se encuentran la venta de plazas, desvíos de recursos, tráfico de influencias, entre otras. La investigación señalaron se debe a la denuncias presentadas por los maestros.
Los resultados de la investigación
se darán a conocer públicamente en los próximos días
confirmaron las actuales autoridades. (CAMBIO)
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No Procederá Ley de Amnistía: Gustavo Cervantes
· En Chiapas no hay presos políticos, sostiene el abogado y diputado
del PRI
Tuxtla Gutiérrez, 16 de noviembre (CAMBIO).- La amnistía no es viable en Chiapas, ya que no existen presos políticos; consideró el perpetuo Presidente del Colegio de Abogados del Estado, Gustavo Cervantes Rosales.
En entrevista mencionó que esta exigencia del movimiento armado estallado en 1994 no se puede aplicar a los reclusos zapatistas, luego de justificar que en la entidad no se les ha perseguido jurídicamente debido a sus ideales políticos.
"Las gentes están presas por que han violentado la ley, por que han robado, han secuestrado, han matado, han cometido un hecho delictuoso", refutó el diputado priista al tiempo de mencionar que la ley no se les aplicó por su forma de pensar; sino por su forma de actuar.
En entrevista opinó que una de las facultades del poder ejecutivo es otorgar el perdón a quien violente la ley; sin embargo, aclaró que una de las figuras jurídicas a emplearse a los reclusos zapatistas y no zapatistas debe ser la sentencia suspendida.
El también legislador plurinominal del partido de la oposición detalló la diferencia entre los presos políticos y los simpatizantes del EZLN luego de manifestar "hay presos zapatistas que se dicen con ideología zapatista", puntualizó.
Refutó que al no existir
presos políticos la amnistía no puede aplicárseles, pero
dependerá de la aplicación del concepto que se les adjudique a
dichos reos; por lo que mencionó conforme a derecho que de nada servirá
esta petición. (CAMBIO)
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Protestan Burócratas por Cambio de Sede de la SDE
· Se unen a la manifestación trabajadores de la Mosca y el INEGI
Tuxtla Gutiérrez, diciembre 16 (CAMBIO).- Trabajadores al servicio de los gobiernos federal y estatal solicitaron la intervención del Gobernador del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía ante la federación para que les den solución a sus demandas.
Los empleados de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), protestaron para manifestar su inconformidad en contra de la decisión del mandatario estatal de cambiar la sede de esa dependencia a Tapachula.
Con el cambio de sede de la Secretaría de Desarrollo Económico, cientos de trabajadores se quedarán sin empleos porque no tienen la capacidad económica ni la necesidad de trasladarse al municipio de Tapachula.
Sostienen que la SDE debe quedarse en la capital y que su cambio de sede es solo por capricho del gobernador Pablo Salazar quien solo quiere quedar bien con los empresarios del Soconusco.
Los inconformes amenazaron con realizar otras manifestaciones para impedir que la Secretaria de Desarrollo Económico sea trasladada a Tapachula.
En tanto, despedidos de la planta productora de moscas pidieron a Salazar Mendiguchía ordene a las autoridades que les corresponda hacer cumplir la sentencia de reinstalación en la planta, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A tres meses del resolutivo final, el director de la empresa, Jorge Manríquez ha incumplido y no ha querido reinstalar a las 203 trabajadores que le ganaron la demanda a la empresa.
Los trabajadores de INEGI, se quejaron que hasta hoy, no han recibido sus prestaciones que por ley les corresponde, mientras que las autoridades del gobierno federal se niegan a dialogar con ellos.
Se unieron a la manifestación
un buen número de trabajadores que han sido despedidos de forma injustificada
y que han presentado sus demandas ante la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje esperando un resolutivo favorable.
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Evitan Autoridades Enfrentamiento en Oxchuc
* Aliancistas y priistas acordaron negociar el lunes
San Cristóbal de las Casas, 16 de diciembre (CAMBIO). - Tras acordar una reunión con el Subsecretario de Atención a Pueblos Indígenas para el próximo lunes, priistas que dieron un ultimátum al Gobierno del Estado para desalojar la presidencia de Oxchuc, desistieron de su intento de hacerlo por propia mano.
Los priistas en una asamblea acordaron el pasado viernes que si a partir de la una de la tarde de este sábado, no se había desalojado a los inconformes que se apoderaron de las instalaciones de la presidencia municipal, lo harían por si mismos.
La amenaza no se cumplió porque las autoridades estatales entablaron un diálogo con las partes en conflicto y esto impidió un enfrentamiento entre indígenas priistas y aliancistas.
Los inconformes acusan al alcalde de Oxchuc, Miguel Sántiz de desviar recursos y cometer una seria de anomalías en contra de la población. En diversas ocasiones los inconformes pertenecientes al PRD, PAN y las organizaciones sociales Tres Nudos y UCIACH se han apoderado de la alcaldía sin ser escuchados por las autoridades.
El subsecretario para la Atención de Pueblos Indígenas (SEAPI), Porfirio Encinos Gómez informó que este lunes se reunirán las dos partes en la Secretaría de Gobierno, para buscar alternativas de solución al problema.
Por el momento la Presidencia Municipal aún continúa en poder de los inconformes y pese a la intervención de las autoridades estatales la situación es tensa.
A pesar del compromiso de los priistas de no desalojar por propia cuenta a los inconformes, existe temor y zozobra porque en cualquier momento los priistas influenciados por el edil pueden cumplir su amenaza.
En tanto, se acordó que elementos
de la Policía de Seguridad Pública resguardarán el orden
en aquel municipio indígena de los Altos de Chiapas. (CAMBIO)
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Piden al Congreso Revelar Resultados de Auditorias
* Subsecretario de Gobierno, dice que se evitarían muchos conflictos
municipales
Tuxtla Gutiérrez, 16 de diciembre (CAMBIO).- El Subsecretario de Gobierno,
Gabriel Gutiérrez Ávila solicitó a la contaduría
mayor del Congreso del Estado, revele las auditorias aplicadas a todos los municipios
para despejar dudas y evitar situaciones como las registradas en el municipio
del Suchiate.
Con ello, dice el funcionario se busca que la sociedad sepa como se administran los recursos del erario público y no dar paso a malas interpretaciones que pueden desbordar en enfrentamientos.
Recordó que el fin de semana pasado, en el municipio de Suchiate se registró una trifulca cuando el Presidente Municipal, Celsamiro Reyna presentaba su informe de gobierno, los inconformes lo acusan de desviar recursos pero no se conoce el resultado de las auditorias aplicadas.
En esa misma condición, agregó el funcionario de gobierno, se encuentran diversos presidentes municipales, algunos se les aplicó las auditorias, pero no se han dado a conocer los resultados, en otros pese a que se les acusa de desvíos, tampoco se ha informado.
Asimismo, Gutiérrez Ávila rechazó cualquier conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo, porque ambos poderes cumplen su función de acuerdos a sus facultades.
Cabe destacar que extra oficialmente se iniciaron las averiguaciones previas contra algunos presidentes municipales en los que se presume han desviado recursos del erario público.
Actualmente se viven conflictos
en por lo menos 20 municipios de la entidad donde sus respectivos alcaldes son
acusados por la población de cometer una serie de irregularidades y desvío
de recursos.
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Solo Diferencias ideológicas
entre el Congreso y Pablo Salazar: Mario Carlos Culebro Velasco
· El Congreso dispuesto a mantener la gobernabilidad, sostiene
Tuxtla Gutiérrez, 16 de diciembre (CAMBIO).- El Presidente del Congreso del Estado, Mario Carlos Culebro Velasco precisó que la única diferencia que existe entre el Gobernador y el Poder legislativo local es de tipo ideológica, pese a ello se tiene que adoptar una posición institucional por el bien de Chiapas.
"No hay ninguna diferencia, desde luego solo la diferencia ideológica de partido, nuestro posicionamiento que tenemos es por el bien del estado de Chiapas, esperamos que nos puntualice cual va a ser el patrón de gobierno", sentenció luego de presenciar el segundo informe del presidente de San Cristóbal de las Casas
El diputado de filiación priista negó todo conflicto entre ambos poderes, y por el contrario manifestó sus deseos de participar en la gobernabilidad que debe efectuar pablo Salazar durante los próximos seis años.
En cambio de ellos, Culebro Velasco dejó entrever que el gobernador Salazar debe reconocer a los priistas, como una gran fuerza política en el estado, que merece respeto y ser tomada en cuenta.
Por otra parte, desmintió que el conflicto del municipio del Suchiate, se haya solucionado como han afirmado las autoridades estatales porque el problema persiste.
La virtual diferencia se estima porque el presidente del congreso se ha negado sistemáticamente a reunirse con el Secretario de Gobierno para plantearle algunos aspectos viables para la gobernabilidad de la entidad.
El inicio de sexenio lo caracterizó una leguaje ríspido entre los que integran la mayoría en el congreso del estado y el poder ejecutivo que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía. (CAMBIO)
