Los principios fundamentales que parecen guiar la información que hoy se ofrece al público pueden resumirse en los dos siguientes típicos:
Hasta ahora, siempre se ha
hablado de drogas en su más amplia acepción, sin distinciones ni matices entre
ellas. El abismo que media entre la práctica inocuidad o escasa lesividad de
unas sustancias y el riesgo mortal que pueden generar otras no queda
diferenciado claramente en la información que se ofrece a la opinión pública
actualmente.
Resulta imprescindible,
vistos los escasos efectos sociales de la información difundida, distinguir
claramente, ante todo en el ámbito pedagógico, las drogas más dañinas de las
más manejables y explicar en los ámbitos correspondientes las consecuencias del
consumo de unas y otras.
Los estudios realizados por
la mayoría de expertos médicos, farmacólogos, sociólogos, juristas y policiales,
basados entre otros datos e investigaciones, en los resultados obtenidos por
los informes que citamos a continuación sobre cannabis o marihuana, llegan a la
misma conclusión: El cannabis no es perjudicial para la salud; el "efecto
escalada" no existe:
-
Informe La Guardia. Alcalde de Nueva York, 1936
-
Informe de la Cámara de los Comunes. Reino Unido, 1968
-
Informe Le Dain. Gobierno de CANAD, 1972
-
Informe Nixon. Gobierno de los EE.UU., 1972
-
Informe del Gobierno de JAMAICA. (Encargado al N.I.M.H., Instituto Nacional de
Salud Mental. U.S.A.)
- Informe del Gobierno de COSTA RICA, 1974 Reading "Cannabis and culture". De V. Rubin. Mouton Publishers. La Haya-París, 1975
Todos concluyen que la marihuana no conduce necesariamente a otras sustancias más peligrosas para la salud. Lo que han constatado es, precisamente, que su criminalización y, por lo tanto, su circulación por los mismos canales ilegales de otras drogas facilita en muchos casos el acceso a las mismas.
Más recientemente, la prestigiosa
revista médica The LANCET, en su número de noviembre de 1995, comenzaba su
editorial con la siguiente frase: "El consumo de cannabis, aún de forma
habitual, no es perjudicial para la salud".
El denominado y mil veces mal
argumentado "efecto escalada" no es atribuible al consumo de
cannabis, sino que se refiere, en realidad, a la familiarización con los
ambientes marginales que la ilegalidad de la marihuana empuja a algunos de sus
consumidores. Así, la defensa más habitual de la tesis de la "escalada"
por aquellos que están en contra de la despenalización sólo sirve para crear
confusión. No será mejor comenzar explicando claramente las ventajas e
inconvenientes que tiene el uso de la marihuana, sin ocultar ningún dato o
estudio que pueda acercarnos a la realidad?
Esta norma legal sanciona
tanto el consumo público de sustancias prohibidas como su mera posesión y
constituye una auténtica espada de Democles que pende sobre todos los fumadores
de marihuana. Nada tenemos que oponer a la represión proporcionada del consumo
público de todo tipo de drogas, aún cuando habrá que admitir que resulta
ciertamente ridícula la pretensión de calificar como "infracción grave
contra la seguridad ciudadana" al hecho de ir con un cigarrillo en los
labios. Es un requerimiento de la sociedad susceptible de acatamiento; pero
resulta cuando menos un despropósito involucrar en ello a la seguridad
ciudadana.
No estimamos defendible el
consumo ni la difusión de droga alguna y poco opondremos al Art. 25 de la L.O.
1/92, que constituye el principal y más honroso exponente de una política que
ve en el castigo del consumidor la solución al grave problema del narcotráfico,
de no ser lo siguiente:
a) La constatación de la tenencia ilícita lo es, al parecer,
siempre de las pequeñas cantidades de hashish o marihuana que eventualmente
puedan estar en posesión de un consumidor, se realiza con frecuencia mediante
actuaciones policiales de discutible legitimidad. Son corrientes los registros
y cacheos carentes de otras motivaciones que la edad, el aspecto o la hora del
día en que transite por la vía pública el supuesto infractor.
La Asociación Ramón Santos ha
atendido durante los últimos cinco años varios miles de consultas concernientes
a denuncias por infracciones del Art. 25 de la ley de Seguridad Ciudadana. Poco
más del veinticinco por ciento de ellas habrán sido instruidas por consumir
cannabis en lugares públicos. Las restantes, casi tres de cada cuatro, versaban
sobre la constatación de la tenencia ilícita de pequeñísimas cantidades de
hashish ocultos en el bolsillo del pantalón o en otro lugar semejante. La falta
de pruebas no nos permite hacer afirmaciones tajantes; pero aún así, tenemos la
convicción de que en un número importante de denuncias han existido,
insistimos, actuaciones que no acaban de ceñirse al ordenamiento jurídico.
Considerando que la marihuana
ni es perjudicial para la salud, ni un camino para llegar a drogas más
peligrosas, será necesario plantearse la modificación de una ley que, por lo
menos en lo referente al cannabis, no constituye más que una represión
injustificada y en todo caso excesiva para el consumidor.
b) El apartado segundo del citado Artículo 25 establece un
mecanismo sustitutorio del pago de la sanción impuesta consistente en un
"tratamiento de deshabituación" que está a medio camino entre el
noble objetivo perseguido por el legislador -dar una oportunidad a los
drogodependientes, pensando siempre en otras sustancias- y un castigo humillante
e inútil para los consumidores de cannabis. Estos no aciertan a entender la
necesidad de deshabituarse: dejar de fumar es suficiente, no existe dependencia
ni adicción. Una mayoría de profesionales que tienen esto muy claro se ven
abocados a una incómoda situación, tanto si certifican como si no, que ha
habido el supuesto "tratamiento" lo que produce, entre otras cosas,
interferencias en el funcionamiento de los servicios de atención a los
drogodependientes. Lamentablemente, el mecanismo legal, por su escasa
regulación y la anarquía administrativa de su práctica, puede ser utilizado
para fines distintos de aquellos por los que fue concebido.
Acatando los principios de
nuestra cultura liberal, la sociedad no se atreve a penalizar el consumo de
sustancia alguna, prohibida o no. No obstante, sanciona severamente la posesión
para el autoconsumo. El resultado es decepcionante, toda vez que ni el poderoso
mundo del narcotráfico se resiente lo más mínimo, ni el consumo disminuye de
forma apreciable; se consigue únicamente incrementar los niveles de marginación
y arriesgar la salud del consumidor.
Tras ocho años de estudio,
nuestra asociación ha podido constatar los siguientes extremos:
La A.R.S.E.C. en su proyecto
sobre auto producción para el consumo propio, propone el auto cultivo como
alternativa al narcotráfico: menos de 25 plantas son suficientes para el
consumo anual de una persona, siendo el costo económico inapreciable. En un
principio y hasta que se den las condiciones adecuadas para plantear
modificaciones del ordenamiento jurídico, no consideramos un desatino el
estudio de propuestas en este sentido, basadas más en criterios de permisividad
y tolerancia que en prácticas represivas.
El proyecto de nuestra
asociación difícilmente entraña el riesgo de incrementar el tráfico ni el
consumo de cannabis. En cambio, podrán conseguirse algunos beneficios sociales,
como la reducción del tráfico callejero y del contacto entre los consumidores y
los ambientes de delincuencia. Un notable descenso de la criminalidad asociada
al tráfico de cannabis tanto en nuestro país como en el ámbito internacional no
son metas inasequibles si desaparece la necesidad del consumidor de acudir al
mercado negro.
El cannabis y las otras
sustancias prohibidas, lo están por el hecho de estar incluidas en la Lista de
sustancias prohibidas de las Naciones Unidas. La exclusión del cannabis de la
lista será un caso evidente de despenalización, ya que figura en la lista de
narcóticos y de sustancias sin usos terapéuticos, lo cual es evidentemente un
error subsanable.
Una vez excluida la marihuana
de la Lista de sustancias prohibidas se deberá de cumplir tres condiciones para
su total normalización:
1. Despenalización del consumo.
2. Regularización y despenalización de la producción.
3. Regularización y despenalización del comercio (compra-venta.
En esta situación el uso de
la marihuana estará normalizado, con todos los efectos positivos para la
sociedad y para el consumidor. Nunca en la historia, cuando se han dado estas
condiciones, el uso del cannabis ha supuesto efectos negativos. Antes bien,
quedará restablecido el déficit democrático causado por la Prohibición sobre
las libertades y derechos individuales; produciéndose además un cambio social
positivo. Actualmente el Estado gasta cantidades enormes en la represión y
prevención del tráfico de drogas, mientras que con la normalización ingresará
en impuestos una cantidad mayor a la gastada, que como en caso de Holanda,
servirá para sufragar todos los gastos de la prevención y rehabilitación de los
afectados por el abuso de drogas: heroína, alcohol, tabaquismo, etc.,
exclusivamente con los impuestos de los puntos de venta (coffee-shops) de
cannabis.
La Normalización implicará la
constatación de que el uso de cannabis, asociado a su ritual colectivo y al
aumento del auto conocimiento individual, es un elemento de cohesión social
cuando se efectúa en libertad: libertad para elegir, libertad para conocer,
libertad para buscar el desarrollo consciente de la propia personalidad.
Hoy por hoy, fumar marihuana
ya forma parte de los usos y costumbres de distintos y significativos grupos de
personas de nuestra sociedad occidental.
Empeñarse en una política que
niegue la realidad simplemente para defender ciertos valores morales
particulares (muy respetables, pero no más que otros que conviven en nuestra
sociedad pluralista) no es sólo inútil, sino que también contraproducente y
poco inteligente.
Inútil, porque la prohibición
no ha conseguido ninguno de sus objetivos.
Contraproducente, porque
ahora sabemos ya que muchos de los problemas sanitarios, familiares,
judiciales, sociales, etc. con las drogas están directamente relacionados con
los efectos perversos de la política prohibicionista.
Y poco inteligente desde el
punto de vista de gestión de la sociedad: los estudios jurídicos y políticos
que desde el análisis sociocultural se han realizado en distintas sociedades,
muestran claramente que éstas son más gobernables sobre la base de un cierto
consenso social, cuando las leyes formales y las reglas informales de sus
ciudadanos (usos y costumbres) coinciden más, mientras que a la inversa se
produce mayor conflictividad.
Así pues, la normalización
del cannabis implicará la aplicación de criterios de pragmatismo y racionalidad
(evaluación costos / beneficios), más necesarios que nunca en momentos de
escasez de recursos como los actuales, no sólo desde el punto de vista
económico y asistencial (como hemos visto), sino también desde la "óptica
de la cohesión social ya que en las actuales condiciones históricas supondrá,
entre otras cosas, la posibilidad de adquirir en el contexto del proceso de
maduración personal una cierta "cultura de las drogas" que será
además de un instrumento de conocimiento, un elemento de seguridad y, por lo
tanto, de defensa, frente ha usos más arriesgados de las mismas.
La posibilidad de
experimentar e integrar elementos de educación real -capacidad de evaluar,
discernir, etc., no sólo en el campo de las drogas, sino también en los más
generales de la salud o el consumo-, implicará un mayor respeto por la ley, por
haber una mayor sintonía entre ésta y experiencias de la vida cotidiana de
muchas personas, especialmente jóvenes: esto supondrá, por lo tanto, mejores
condiciones para establecer un cierto consenso social, etc.
Todo ello, sin olvidar, que
la ininterrumpida presencia del cannabis y otras drogas tradicionales en casi
todas las sociedades que en el mundo han sido fue, hasta su prohibición, una
fuente de beneficios espirituales, culturales y materiales, legado de la humanidad
que debemos saber aprovechar y renovar.
