El próximo mes de septiembre hará un año que la banda terrorista ETA declaró el alto el fuego. Sin embargo, el pueblo vasco no se encuentra tranquilo y nadie descarta que pueda pasar cualquier cosa.
 

Doce meses es un tiempo suficiente como para pensar que quienes decretaron la tregua en septiembre del 98 tienen una clara y sana intención de dejar la lucha armada. Sin embargo esto no es más que un espejismo absolutamente apartado de la realidad.
 

ETA, al igual que la revolución bolkchevique de la cual es fiel heredera, no tiene más criterio que la eficacia. Y sólo desde esta óptica debe juzgarse la entrada en el juego democrático de su brazo armado Euskal Herritarrok (EH).

Previamente a la declaración de tregua, ETA había sufrido golpes bajos en su infraestructura económica, habían sido detenidos comandos significativos, cerrado el periódico Egin de la izquierda "abertzale" (patriota en euskera) y suicidados importantes dirigentes de la banda. Todo indicaba que la nueva política de Interior no iba a tener manga ancha con los hermanos díscolos del PNV e iba a dirigir con todo rigor y energía el poder coercitivo de un Estado de Derecho. Sin buscar atajos, pero sin desviar un ápice el acoso a ese cancer que lleva minando loa conciencia nacional desde hace tres décadas.

Así las cosas, la banda decide cambiar de estrategia. Proclama a los cuatro vientos una tregua (¿pero es que estabamos en guerra?) y luego solicita al Gobierno una negociación. La estrategia es buena, porque consigue que el nacionalismo moderado presione al Gobierno de Madrid para que se lleven a cabo y en primera instancia algunas reivindicaciones de los etarras como el acercamiento de presos eterras a cárceles del Pais Vasco, etc.

Por otra parte, los terroristas consiguen que toda la gente de bien presione directa o indirectamente al Gobierno para que entre en el juego de la negociación "para que no haya más muertos".

Y así, el presidente del Gobierno José María Aznar sale a la calle y afirma con rotundidad que ha dado ordenes para que representantes del Gobierno se sienten a negociar con los terroristas. Y dice esto quien criticó al anterior ejecutivo por sus famosas conversaciones de Argel.

De esta forma, desde la declaración de tregua, hemos conseguido que presos con delitos de sangre salgan elegidos concejales en diversos pueblos y ciudades del PaIs Vasco. Además, les hemos regalado la dirección de la televisión pública vasca, y les hemos permitido sentarse en los órganos de dirección de las cajas de ahorro. Todo un ejemplo de tolerancia y democracia para los que hace unos días quemaron el domicilio de un concejal del Partido Popular y recientemente asaltaron con cocteles molotv la casa-cuartel de la Guardia Civil en Getxo (Vizcaya). Y si esto no fuera suficiente, hace escasos días nos enteramos de que empresarios vascos y navarros han vuelto a recibir la tristemente famosa carta en la que la banda terrorista ETA exige el pago del donominado "impuesto revolucionario".

En resumen: aquí los únicos que han dado pasos adelante son ellos, aquellos que luchan por un Pais Vasco independiente y marxista. Los nacionalistas moderados les bailan el agua, pensando que la gestión de la paz y de una eventual independencia correrá de su cargo. Pero esto no es más que un ejercicio de ingenuidad, porque los terroristas no llevan 30 años matando y extorsionando para que manden otros en una dirección "burguesa" que no les satisface.

Quiero dejar este testimonio como aviso para navegantes ante un eventual "proceso de paz" en Colombia. El terrorismo no tiene más lógica que la eficacia, y por tanto un aparente repliegue, no es más que un ejercicio de toma de aire para posteriores batallas.

En mi opinión no cabe la negociación, ni la cesión de derechos. Bajo la bandera del Estado de Derecho, los españoles hemos permitido que los terroristas tengan control sobre la educación de los niños vascos, libertad de expresión y medios de comunicación propios y afines, policía propia indulgente con los "hermanos díscolos", sacerdotes afines y más que "ambiguos", terroristas en las instituciones públicas y sindicatos "abertzales" de gran radicalidad. Hemos dejado que el cáncer entre en lo más íntimo de nuestras sociedades, y hemos conseguido que el mal sea practicamente imposible de extirpar. Ojalá que los españoles seamos los últimos en sufrir las consecuencias del pecado de ingenuidad.