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DERECHOS HUMANOS
En la actualidad nuestros pueblos vienen siendo asediados y amenazados por grupos armados al margen de la ley que se muestran a favor de la empresa URRA S.A., cobrando vidas de hombres como ALBERTO ALZATE PATIÑO profesor ambientalista de la universidad de Córdoba asesinado en 1996 y ALONSO JARUPIA DOMICO líder tradicional indígena de la comunidad Emberá-Katio asesinado en Agosto de 1998.
El 14 de octubre de este año ante los nuevos hechos sucedidos en la zona, los pescadores de ASPROCIG enviaron el siguiente comunicado a la opinión pública:

"Nosotros las Comunidades de pescadores, campesinos e indígenas que conformamos a ASPROCIG denunciamos enérgicamente  los hechos  que a  raíz  de la problemática que esta generando y va a generar con su funcionamiento URRÁ. S.A.  E. S. P.  lo siguiente:
 

Doctor
JOSE FERNANDO CASTRO
Defensor del pueblo
 

1. Que de acuerdo a la visión que tienen los terratenientes y algunas fuerzas  desconocidas, han llegado a los humedales y ciénagas del bajo Sinú, específicamente a el Municipio de Cotorra en la zona de San Pablo y al Municipio de Chimá, personas comprando tierras a los campesinos que las habitan durante años pagándoles una cantidad de dinero de 6 millones por hectáreas y lo mas preocupante es que les piden que sigan habitando allí.

2 Que a raíz de este problema hemos acudido a las diferentes Instituciones que le competen en el Departamento de Córdoba  y no han tenido la capacidad de enfrentarlo, ni el interés. Al contrario cada ida la situación para nosotros es mas grave, ya que nos visitan personas desconocidas en autos blindados o a caballo y verbalmente nos están atropellando con amenazas y nos dicen que sino sedemos a sus peticiones nos matan, por algo que hemos luchado y es de nosotros
 

3 Nosotros somos hombres de paz y creemos en la consecución de la misma, pero cada ida se nos hace difícil vivir con ella, ya que en el Estado existen Instituciones como el INCORA, que agrava esa posibilidad; lo decimos por la entrega de titulo en la Ciénaga Grande de Lorica cuando la declaro valdio, y quienes se aprovecharon fueron los terratenientes, hoy ida se habla de la revocatoria de títulos y no sabemos ha quien se le hará, a nosotros o a los que tienen el poder económico de la zona

4 Es por esta razón  que le pedimos señor DEFENSOR DEL PUEBLO, que ante la situación espuerta sea usted quien nos sirva de GARANTE en este problema, antes que sea demasiado tarde, ya que nosotros no queremos figurar en la lista de desplazados que existen en Colombia y estamos dispuestos a dar nuestra vida antes que suceda esto, nosotros nacimos, crecimos y hemos levantado nuestra familia. QUEREMOS QUE NOS ENTIERREN  EN NUESTRO TERRITORIO. "
 

Atentamente,

COMUNIDADES DE PESCADORES, CAMPESINOS E INDÍGENAS DEL BAJO SINÚ

Santa Cruz de Lorica. Octubre 14 de 1998.

Es de suprema importancia para nuestros pueblos que se respeten las leyes colombianas e internacionales suscritas como el Convenio 169 de la OIT (ratificado por la Ley 21 de 1991) y en especial la autonomía del poder jurídico en aras de que se restablezca el derecho en el caso de la construcción, llenado y operación de la hidroeléctrica URRA I.
 

consideramos necesario, el nombramiento inmediato de una comisión de Verificación en Derechos Humanos que visite la zona y establezca medidas que garanticen el respeto a la vida de las cinco personas amenazadas actualmente en la comunidad indígena Emberá-Katio del alto Sinú, prevengan nuevas muertes en la zona y eviten el desplazamiento de la comunidad indigena Emberá de Kiparadó hacia Tierralta.



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La Corte Constitucional se encuentra revisando una acción de Tutela interpuesta por el Pueblo Embera-Katio del Alto Sinú en contra de la empresa URRA S.A. y la Alcaldía de Tierralta (Córdoba).

La Corte Suprema de Justicia conoce desde el pasado 24 de Agosto, en segunda instancia, la Acción de Tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo a nombre de los pescadores y campesinos de la cuenca baja del río Sinú en contra de CORELCA (Corporación Eléctrica de la Costa) y la empresa URRA S.A.