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El diputado por el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata y vicepresidente del Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, Carlos Sosa Coello, sostiene que la instauración y consolidación del sistema democrático debilitó los tradicionales vínculos de los cárteles de narcotraficantes con las cúpulas de poder en Honduras.
El desarrollo de la democracia y sus instituciones, el ejercicio de la autoridad policial por civiles (antes estaban en manos militares) debilitó en los últimos años los vínculos de los narcotraficantes en el país. Antes tenía vínculos con la autoridad de hecho, que eran los militares y jefes policiales.
Hay fuertes sospechas sobre que los narcotraficantes tratan de establecer vínculos con profesionales del Derecho, jueces, funcionarios y empleados del poder Judicial, además de tratar de establecer vínculos con políticos y diputados.
La narcoactividad en el país se sigue vinculando a los grupos de poder, sobre todo con el Poder Judicial que, según Ramón Custodio, presidente del CODEH, imparte impunidad.
A la gente ligada al narcotráfico no se le encuentra en las barriadas ni en los basureros, sino en la alta sociedad y en las altas esferas políticas y de poder.
En el caso de la justicia, es difícil cuantificar que tan minada está en su relación con los narcotraficantes. Lo único que, por ahora, se puede hacer son juicios de valor más que cuantitativos.
Lo anterior, partiendo de la excarcelación amañada de casi todos los narcotraficantes que han sido detenidos y la forma leve como han sido sancionados los jueces culpables de la excarcelación de grandes capos mafiosos.
Se habla, respecto de estos casos, de un abuso de la fianza extraordinaria, por parte de quienes ejercen el derecho penal hondureño. Los jueces venales, que liberaron narcotraficantes, nunca han sido sancionados debidamente. Solamente se les destituye, después de que han hecho un capital suficiente y quedan como nuevos ricos.
En este aspecto, existe una legislación adecuada, salvo en lo que se refiere a lavado de dinero u ocultamiento de activos, infiltración legal de las organizaciones del narcotráfico y control de los precursores químicos esenciales para la fabricación de droga sintética, temas que, sin embargo, ya están en discusión en el Congreso. Falta una ley que norme la incautación de los bienes y propiedades de los narcotraficantes y su destino a la lucha antidrogas.
La Constitución de Honduras contempla, en su artículo 102, que ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero. Según Sosa Coello, este artículo debería exceptuar los delitos de terrorismo y narcotráfico.
Otra debilidad se refiere al sistema penitenciario, que cuenta con cárceles inadecuadas, carentes de reglamentos para establecer los deberes y derechos de los reclusos.
La Ley Contra el Tráfico de Drogas, materias sicotrópicas y conexos fue aprobada en 1989, luego de la captura de varias personas vinculadas al narcotráfico, propietarias de la empresa Puertas de Castilla, que importaba droga de Colombia, para después enviarla escondida entre madera exportada a Estados Unidos.
Trambién estaba fresca la captura y posterior entrega del narcotraficante Ramón Matta Ballesteros, a los alguaciles de Estados Unidos. Esta ley contempla drásticas penas que pueden llegar a veinticinco años de cárcel y multas de varios millones de lempiras, a criterio de los jueces.
La ley fue impulsada por todos los sectores políticos y económicos, ante el surgimiento del fenómeno, que colocaba al país en una precaria situación, dado el uso del territorio por parte de los narcotraficantes.
En cuanto al exterior, Honduras tiene un tratado de cooperación bilateral con Estados Unidos y la DEA opera como asesora de los organismos nacionales. Además, existe un Tratado de Integración Regional en América Central, que dio lugar a la Comisión Centroamericana Permanente, de la cual Honduras forma parte.
Honduras mantiene convenios bilaterales con México, Chile, Jamaica y Venezuela, y forma parte de un programa regional, auspiciado por la OEA y la ONU, para entrenar jueces, fiscales y policías en Costa Rica. Además, solicita ayuda a Canadá y Europa, especialmente España, entrenamiento de personal en la Policía Montada.
Para la represión del delito, Honduras recibe ayuda de la DEA y el Departamento de Estado, de la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, y una ayuda pequeña del Programa para el Control y Fiscalización de Drogas de las Naciones Unidas.
En Honduras, existe un paralelismo en la lucha antidrogas. La FSP tiene la Dirección Nacional Antidrogas y Centro de Información Conjunta de las Fuerzas Armadas, en tanto que el Ministerio Público cuenta con la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, pero ambas organizaciones trabajan de común acuerdo.
Las opciones que se barajan en el Congreso Nacional son la fusión en el Ministerio Público o dentro de la ley de la nueva Policía Nacional Civil, que se discutirá y aprobará este año en el poder legislativo.
Ambos organismos trazan sus políticas de acuerdo a lo delineado por el Consejo Nacional contra el Narcotráfico, bajo la dirección del Presidente de la República.
Como el narcotráfico no forma parte de la agenda nacional de los problemas del país, las acciones emprendidas para controlar su actividad no tienen el impacto deseado, partiendo de que los esfuerzos realizados dependen en parte de la cooperación de Estados Unidos.
Se requieren, según los entendidos en la materia, de leyes más drásticas que controlen aspectos puntuales como el lavado de dinero, la represión del delito e incluso la confiscación de sus bienes para destinarlos a la lucha contra el narcotráfico.
Los encargados de combatir su ascenso en el país, sostienen que el narcotráfico, junto al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, son los dos principales problemas que, en materia de Seguridad Nacional, enfrentará Honduras de cara al nuevo milenio.
