Ciudadanos Representantes:

Cuando el 18 de junio, más de cuatro millones de peruanos concurrieron, con ejemplar disciplina democrática, a las Mesas de Sufragio, en el Perú ocurrió –sin ruido ni sangre- una auténtica revolución. El pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fuera negada a lo largo de diez años y demostró madurez, responsabilidad y alto espíritu cívico. Superando gallardamente los escollos de una legislación electoral enmarañada con la introducción del absurdo voto preferencial, el pueblo peruano optó por el camino de la democracia y de los partidos en que la democracia se sustenta y quedó confirmada, con la experiencia peruana, la luminosa frase del apóstol cubano José Martí, quien dijo: "Cuando el sufragio es ley, la Revolución está en el sufragio".

Aquí estamos, con un claro mandato y un eminente designio, como resultado de esta revolución pacífica, cuyas raíces vienen muy de atrás. Se nos ofrece, en 1978, la oportunidad de realizar aquella "gran transformación" con que soñamos las juventudes rebeldes de 1923 y por la que vivieron luchando y muriendo con gloria, millares de peruanos en los últimos cincuenta años.

Nos aguarda la tarea de cristalizar, en principio precisos y en instituciones modernas, esos ideales de democracia y justicia social, de Pan con Libertad, que fueron guión y bandera de varias generaciones de nuestro país. Nos aguarda la tarea de promover aquella unidad continental latinoamericana que en el Perú fue motivo de proscripción genocida y que es hoy compartido de las mayorías en el Continente. Y si en la Constitución de 1933 se colocó un artículo con el expreso propósito de excluir de sus derechos políticos a quien profesamos el ideal de la integración continental en la Carta Política que elabore esta Asamblea, habrá de aparecer el artículo que nos reconozca como pare integrante del pueblo-Continente indoamericano. Este solo cambio ilustra sobre la magnitud de la evolución consumada y de las profundas diferencias que median entre una época de predominio dictatorial y oligárquico y otra de despertar y presencia del pueblo. Como tal, no admite condicionamientos.

Esta Asamblea encarna el Poder Constituyente y el Poder Constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo. Como tal, no admite condicionamientos, limitaciones, ni parámetros. Ningún dictado extraño a su seno puede recortar sus potestades. Cuando el pueblo se reúne en Asamblea Constituyente, que es el primer poder del Estado. Vuelve al origen de su ser político y es dueño de organizarse con la más irrestricta libertad, nadie puede fijarse temas, ni actitudes como no sean sus propios integrantes por la expresión democrática del voto. No reconoce poderes por encima de ella misma, porque es fruto indiscutido y legítimo de la soberanía popular.

En un día como hoy, hace 157 años, el Perú declaró su independencia fundándose en esa misma "voluntad general de los pueblos" –claramente expresada en las elecciones de junio sin más limitaciones que aquellas que ella misma quiera darse, se proclama libre y autónoma.

Sólo autónoma, soberana y libre podrá cumplir este clara mandato renovador con que la ha investido el pueblo. Sólo así podrá servir de honra a la Patria. La hora de las Asambleas sumisas y de los Parlamentos vasallos ha pasado. El pueblo rescato el manejo de propios destinos y no puede renunciar a ellos ni enajenarlos. Los votos del pueblo en un proceso libre nos dan título irrenunciable para hablar en su nombre y en su defensa.

La independencia y soberanía de la Asamblea nos imponen, a todos ineludibles deberes. El primer es un deber de responsabilidad institucional y de cooperación patriótica. Una Asamblea dividida por antagonismo insalvables, debilitada en su unidad superior del Poder Constituyente, será inepta para cumplir sus elevadas funciones. La Asamblea está obligada –por respeto a los millones de electores que en ella depositaron su confianza- a un trabajo infatigable y fecundo y a una austeridad sin mácula. En este país, tantas veces socavado por honda crisis de moral pública, los Representantes del pueblo deberán ser paradigma de limpieza. Como la mujer del César, no sólo deben ser honrados sino parecerlo.

Es obvio que la búsqueda de armonía y coincidencias que ofrezcan al texto constitucional un amplio consenso, no significa, de modo alguno, el abandono de posiciones ideológicas ni de ideas ni programas. Es más, una Constituyente resulta palestra natural para la confrontación de posiciones, un planteamiento polémico de diversos caminos. Pero si queremos que la Constitución resulte válida para los más amplios sectores nacionales, debe concebirse como un documento que conjugue propósitos superiores y comunes. Una constituyente no legisla para un Partido, ni para un sector, sino para todo el pueblo y debe procurar la concordancia constructiva de aspiraciones fundamentales.

Debe estar guiada, además, por un sentido y una proyección de futuro. No legislamos para hoy ni para el inmediato mañana. La Constitución, si tenemos la sabiduría de concebirla la realistamente, apropiadamente, debe tener vigencia para varias generaciones. Ha de ser lo bastante previsora y flexible para renovarse y renovar, confirmándose como un marco que permita el desarrollo de la sociedad peruana, lo promueva y los encause. Y si la defectuosa Constitución de 1933 –por su obsoleto estilo y espíritu, es la última Constitución del siglo XX, la que se dicte ahora deberá ser la primera Constitución del siglo XXI. Una Carta Política que, por su participación, modernidad y alcance resulte válida para ese siglo futuro –que muchos no habremos de ver- pero cuyos resplandores aurorales empiezan a dejarse sentir en nuestros conturbados tiempos.

Gran parte del fracaso de anteriores Constituciones se explica por su inadaptación a realidad nacional. El utópico extranjerismo de muchos legisladores y estadistas les hizo trasladar sin mayor examen, instituciones y sistemas que surgían de realidades espacio temporales muy diferentes de las nuestras. La Previsión del Libertador Bolívar había advertido ya a los latinoamericanos de su siglo, en un Mensaje de Angostura, que: "Las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima y a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos". Y que era estas condicionantes de la realidad "el Código que debíamos consultar". Desoír estas palabras previsoras nos costó muchas frustraciones.

Nuestra Constitución debe emanciparse de las imitaciones y las copias, sin desdeñar el legado universal de la ciencia política. Necesitamos una Constitución concisa y pragmática, que se centre en torno al hombre y a los derechos humanos y forje un Estado nuevo para una sociedad mejor. Vale decir, necesitamos una Constitución que prescriba como obligación del Estado la superación del subdesarrollo mediante la utilización racional de nuestros ingentes recursos, a la par que garantice el pleno empleo y una justa redistribución de los ingresos. El último y supremo ideal será excluir toda forma de explotación del hombre por el hombre y prevenir las formas contemporáneas de la explotación del hombre por el Estado. Una Carta Fundamental que asegure la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, con libertad y justicia, la educación y la cultura para todos los que habiten nuestro suelo o hayan de habitarlo en el futuro. La nueva Constitución peruana se habrá de dictar cuando América y el Mundo viven un renacer de interés y preocupación por la vigencia plena de los derechos humanos. A la Declaración Universal, aprobada el 10 de Diciembre de 1948, por las Naciones Unidas, -y que fuera incorporada como norma constitucional peruana por Resolución Legislativa del 9 de Diciembre de 1959- se añaden ahora instrumentos internacionales destinados a garantizar la aplicación y exigibilidad. Tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Humanos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, de Naciones Unidas. Todos ellos firmados y ratificados por el Perú. Este cuerpo doctrinal habrá de incorporarse a la nueva Constitución. Se ha avanzado así en el camino que me permití propiciar, como veterano luchador por los derechos del hombre, cuando en 1941 y frente a una amenazadora ofensiva nazifacista, propuse en un Plan para la Afirmación de la Democracia en América: "Poner las Constituciones de las Américas sobre la Mesa de un Congreso o Conferencia de Estados de nuestro Hemisferio", confrontar los preceptos que garantizan los derechos humanos y cívicos: Conformar con ellos un Tratado Interamericano que obligue a todos los signatarios a respetar y a hacer respetar aquellos derechos y a considerar su quebrantamiento como un acto de agresión contra la democracia a la cual todos los Estados Americanos se hallan solidariamente comprometidos a defender.

La Constitución que ambicionamos debe, desde luego, reconocer el derecho del pueblo a designar a su Gobiernos Locales y tan pronto la Constituyente aprueba el principio fundamental y normativo, dispondrá la convocatoria a elecciones municipales. Los pueblos necesitan que esta reparación se produzca en el más breve tiempos posible y dependerá de los ciudadanos representantes que se proceda a definir las bases del régimen municipal para convocarlos a una nueva y gran jornada democrática.

La restauración del régimen municipal, de origen popular y electoral, conlleva la descentralización administrativa y económica, a través de Corporaciones de Fomento y Desarrollo que garanticen la inversión, en las provincias. De parte de las rentas que ella producen y que hoy absorbe el centralismo de la Capital.

Centrar un sistema político en torno al hombre exige consagrar especial importancia a la preparación del hombre; nuestra Constitución debe atribuir a la enseñanza una jerarquía dominante y superior. En nuestro contexto nacional, la gratitud de la enseñanza, en todos los grados, es una conquista que debemos rescatar. Para el joven estudiante, no debe existir más límites en sus aspiraciones, que el marcado por su capacidad. Y erradicar un analfabetismo, que nos avergüenza, debe colocarse entre las primeras obligaciones de un nuevo Estado anti-imperialista.

La nueva democracia no puede responder al lineamiento tradicional del liberalismo clásico. Junto al Parlamento Colegisladores Políticos, representativo de los ciudadanos, se adquiere un Parlamento o Congreso Económico representativo de los productores. Es la dimensión económica y social de la democracia y el órgano propio de la planificación nacional.

La temática constitucional es muy extensa y acaso sólo puedan mencionarse puntos esenciales, el dominio progresivo del Estado sobre las riquezas básicas, la participación efectiva y directa de los trabajadores, la igualdad de la mujer en todos los campos; la atención especialísima de la juventud, ancha fila humana que en nuestro país exige promoción y estímulos especiales. Y también la defensa del medio ambiente y de nuestro patrimonio arqueológico e histórico. Asegurar que el Perú habrá de incorporarse a la revolución científica y tecnológica que está modificando, en forma acelerada y esencial, el mundo de nuestros días.

Entendamos todo ello, como problema no exclusivamente nacional sino de envergadura y soluciones latinoamericanas, la nueva Constitución debe reconocerse a la realidad imperativa, tanto económica, como política e histórica de la integración y debe reconocerlo en su texto con palabras inequívocas. Nuestra intención será promover la creación de una Comunidad Latinoamericana de Naciones, prevista de sus órganos ejecutivo, legislativo, judicial y económico. Sólo a través de ella podremos resistir a los imperialismos cualquiera sea su signo. Sólo a través de ella podremos asegurar el desarrollo y la creación de riqueza y su justa distribución. El destino de los países aislados es colonial y dependiente. El de los países integrados –sobre todo en el caso de los países en proceso de desarrollo- es emancipar, libre y socialmente justo.

Asistimos a una revalorización del integracionismo. El antiguo concepto de la unidad latinoamericana fue idealista y evocador. Se continuó en un prístino intento de emitir a la unión norteamericana. Se esterilizó después vacua retórica oficial o en la deformación imperialista del panamericanismo. Aleccionados por la experiencia de este siglo y por sus realidades económicas, el integracionismo que profesamos es de clara raíz anti-imperialista.

La integración tiene para el Perú un especial significado. Por su posición geográfica central, por una tradición que viene de su pasado y se repite en todas las instancias de su historia – El Tahuantinsuyo. El Virreynato, la Revolución Emancipadora que aquí culmina y se funde en sus corrientes principales- a nuestro país le toca contribuir decisivamente a la coordinación latinoamericana en una de las metas nacionales, indispensables para su propia subsistencia pues el Perú tiene todo por ganar en una Indoamérica unida y todo lo que puede perder en una Indoamérica balzanizada.

La Asamblea Constituyente no puede aislarse de la dramática realidad nacional de la circunda. Los problemas sociales y económicos golpean, literal y figuradamente, a las puertas del Palacio Legislativo y sería inconcebible que la Representación Nacional los ignorara. No actuamos en el vacío, sino en el centro de un país castigado por la crisis más severa de su historia. Son los trabajadores, manuales e intelectuales, los que más sufren con la crisis y son sus intereses los que estamos obligados a defender. La Asamblea, en la etapa de sus Juntas Preparatorias tomó ya decisiones pluripartidarias orientadas a contribuir a favorecer una solución de los conflictos más agudos. Está en una línea que habrá de mantenerse con la lealtad sin desviaciones y sin demagogia. Somos representantes del pueblo y es el pueblo el que hoy padece la angustia de la desocupación, la violencia de los despidos, el dolor y el hambre.

Ser consecuentes con estas mayorías nacionales –campesinos, obreros, clases medias, pueblos marginados- es el primer deber de los representantes del pueblo. Sé perfectamente que tal es el convencimiento de todos los que participamos en las tareas de la Constituyente que hoy se inicia.

La Asamblea tampoco puede ni debe separarse del proceso político de democratización peruana. La Fuerza Armada –que se honró a sí mismo al presidir imparcialmente estas Elecciones, tiene el compromiso de honor de garantizar comicios libres para elegir a las Autoridades Constitucionales que deben gobernar por elección del pueblo tras el largo interregno castrense de diez años.

No puede haber excusa valedera –y por fortuna nadie ha intentado formularla- que justifique un mayor aplazamiento de la plena instauración del orden constitucional. En los comicios del 18 de junio, el pueblo peruano demostró un grado relevante de conciencia cívica. Demostró que los intentos demagógicos de convertirlo a posiciones totalitarias o de "no partido" no tenía fundamento en las convicciones insobornablemente democrático de las mayorías populares. El Perú no quiere volver atrás. Pero tampoco quiere lanzarse a la aventura. El voto del 18 de junio fue, de modo inequívoco, un voto por el cambio dentro de la libertad. Esa reconciliación indispensable, debe efectuarse, tan pronto la Constitución esté promulgada, en el seno de un nuevo orden institucional y a través de elecciones con el voto universal y secreto, donde participen todos los peruanos, mayores de 18 años, sepan o no leer y escribir. La disposición transitoria y final de la nueva Carta Fundamental debe ser aquella que convoque a los pueblos a Elecciones Generales.

De la actividad y celo de los representantes depende que la ley de leyes se concluya en término de meses para que sea posible la realización de comicios organizados de acuerdo a la nueva estructura del Estado y de sus poderes. Podremos entonces deparar al continente un verdadero "modelo peruano" – ahora si- de transformación y violencia, con libertad y con verdadero sentido de justicia.

Ciudadanos Representantes:

Electo a la Presidencia de la Asamblea por un mandato plural, la represento en su integridad y tengo deberes con todos sus miembros. Todos ellos, sus ideas y sus personas, me merecen igual consideración y deferencia.

Pero sería traicionar la historia misma del Perú en el último medio siglo si, al cabo de esta larga marcha, jalonada por tantos esfuerzos, sacrificios y dolores, no tuviera una especial palabra de recuerdo homenaje para los millares de compañeros, vivos o muertos, que estuvieron con nosotros en el ejercicio de una lealtad sin desfallecimiento. Para ellos y para quienes, antes que nosotros, emprendieron la cruel y dulce tarea de cambiar al Perú, de abolir sus injusticias y cancelar su atraso.

Recuerdo y rindo homenaje a otros héroes anónimos, los de la clandestinidad y persecución. A los que resistieron estoicos largos años de cárcel y torturas. A los que padecieron la estrechez y la angustia del destierro. A los que mantuvieron bajo tiranías y dictaduras, viva y alta, la esperanza de un Perú libre, culto y justo.

Mi homenaje a todos los caídos y a todos los héroes a todos los partidos, cuyos hombres se confunden en los faltos comunes del pueblo. Nos toca justificar el sacrificio y la esperanza de los luchadores sociales y políticos que, con sinceridad y entrega, quisieron que el Perú se reedificara sobre bases de justicia y libertad, como aquellas que debemos afirmar en la Constitución que nos está encomendada.

Su mandato histórico y el mandato de nuestros electores nos comprometen y obligan. La tarea es clara: Elaborar una Constitución que asegure –para hoy, para mañana, para siempre- el Gobierno del Pueblo, por el pueblo y para el pueblo.