En tal sentido, nos reunimos con la firme voluntad de firmar un compromiso ante el país para garantizarle que si una o algunas de nuestras agrupaciones, por el voto popular, llegue a constituir Gobierno en el año 2000, recibirá en el Congreso el pleno apoyo de las otras, en el entendimiento que todas se comprometen a orientar el rumbo del país en los siguientes términos:

1. Impulsar una democracia basada en la participación efectiva de la ciudadanía.
2. El pleno respeto, la promoción y la defensa de los Derechos Humanos, así como el reforzamiento de las instancias nacionales e internacionales destinadas a cautelar su plena vigencia. Reincorporación a la competencia contenciosa de la CIDH para proteger el amparo internacional de los derechos de todos los peruanos.
3. Autonomía y respeto a la independencia de los Poderes Constitucionales, comenzando por la restitución de los miembros del Tribunal Constitucional y siguiendo con el cese de las Comisiones Interventoras en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.
4. Compromiso del nuevo Presidente de la República de no postular a la reelección presidencial inmediata, aún cuando la actual Constitución lo permita, para contribuir a la institucionalización del país y a la alternancia en el poder.

 

5. Recuperación de la capacidad de fiscalización y representación del Congreso. Reimplantación del distrito electoral múltiple. Creación en el Parlamento de las Comisiones de Pacificación y Contra la Corrupción.
6. Transparencia en la gestión y uso de los recursos públicos; establecimiento de una política pluralista con los medios de comunicación y de los gastos publicitarios del Estado.
7. Manejo de la política exterior, basada en el pleno respeto a los tratados internacionales en armonía con el consenso nacional y a través de una Cancillería con un servicio diplomático de carrera.

1. Ejecutar políticas monetarias, arancelarias y tributarias que mantengan el equilibrio fiscal, racionalicen el gasto público, dinamicen la producción y el consumo, alienten el ahorro, la inversión y la descentralización. Promoviendo, asimismo, la participación activa del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancos y de COFIDE, de manera que se obtenga una reducción efectiva de la tasa de interés, en consonancia con las necesidades de la reactivación productiva del país.
2. Utilizar la concertación entre el Estado, empresarios y trabajadores como instrumento para definir políticas sectoriales de mediano y largo plazo, que generen riqueza e incrementen el empleo productivo y la productividad, mejoren la competitividad de la industria y hagan crecer nuestras exportaciones. Creando para ello, un Consejo Nacional de Concertación Laboral y Productivo.
3. Promover la inversión privada, a través de un modelo que responda a los intereses del país y del desarrollo descentralizado, lo que incluye el respeto, por ambas partes, de los compromisos asumidos en el proceso de privatización; así como la redefinición hacia el futuro de los elementos involucrados en este proceso, con el objeto de promover la participación del capital nacional y garantizar la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos, a tarifas razonables.
4. Establecer una política integral de deuda externa en concordancia con el interés nacional y el fortalecimiento del desarrollo del país. Buscar un plan concertado con nuestros acreedores para una renegociación de la deuda externa, en forma tal que permita financiar tanto el desarrollo productivo como el cumplimiento de nuestras obligaciones externas e internas.
5. Otorgar la máxima prioridad al desarrollo del agro, mediante el impulso a la incorporación de tecnología y la modernización de la pequeña y mediana propiedad; el impulso a la agroindustria y la exportación de productos agrícolas, el dictado de una nueva legislación sobre aguas de regadío y el establecimiento de mecanismos ágiles que faciliten el acceso al crédito al sector rural.
6. Fortalecer la participación de la Sociedad Civil y de los Comités de Defensa del Consumidor, así como de las instituciones reguladoras, con el fin de lograr precios y tarifas justas que respeten la competitividad de las empresas y garanticen el derecho de los consumidores.
7. Tener una opción por lo más necesitados, lo que pasa por considerar que las principales decisiones en materia de política económica contemplen el impacto de éstas sobre los que menos tienen.

TERCERO

1. El Estado garantizará la gratuidad de la enseñanza pública en todos los niveles, asegurando que nadie quede sin acceso a la enseñanza y la capacitación, como resultado de su falta de recursos económicos. Esto supone una mejora sustantiva de la calidad de la educación que otorga el Estado, la promoción y el desarrollo de la Escuela Pública como vehículo de conocimiento, integración social y participación de la sociedad, así como el compromiso de mejorar la profesionalización, la calidad y las remuneraciones del magisterio.
2. El Estado garantizará también, el cuidado integral de la salud de la población, priorizándose los aspectos preventivos. Esto incluye igualmente el compromiso de mejorar la profesionalización, calidad y remuneraciones de los trabajadores del sector.
3. Se promoverá un sistema de pensiones mixto y pluralista, garantizando una pensión mínima, una rentabilidad básica y otorgando libertad a los trabajadores para colocar sus fondos en instrumentos financieros rentables, estables y seguros. Asimismo, se solucionará el problema de las bajas pensiones de los trabajadores adscritos al sistema de la ONP, constituyendo los fondos pertinentes, sobre la base de serios estudios actuariales, garantizando así la previsión y la seguridad social.
4. Se garantizará los derechos de negociación de los trabajadores, restituyendo la plena vigencia del marco regulatorio señalado por la OIT.
5. Se dará prioridad a garantizar la seguridad integral de la población, lo que implica una lucha frontal contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común.
6. Los programas sociales de asistencia alimentaria serán apoyados por el Estado y serán gerenciados y administrados por los propios beneficiarios, previa capacitación.

CUARTO

1. Convocatoria a Elecciones democráticas de Gobiernos Regionales autónomos, en base a las actuales demarcaciones departamentales.
2. Respeto a la autonomía de las Municipalidades Provinciales y Distritales e incremento sustantivo de las funciones y los recursos asignados.
3. Establecimiento de incentivos y promoción de centros de excelencia educativos y culturales que, con la asignación de mayores recursos económicos, fomenten el desarrollo del interior del país.
4. Estructuración de un aparato administrativo que responda a un Estado ágil, con capacidad de atender sus funciones básicas sin necesidad de crear sobrecostos que afecten excesivamente a la actividad económica general.
5. Implantación de una política que concilie la necesaria protección del medio ambiente, con la adecuada utilización de los recursos naturales del país, en beneficio de toda la nación. Desarrollo sustentable de la Amazonía y de las Zonas Altoandinas.
6. Promoción y consolidación de la carrera pública administrativa.
7. Impulsar la capacidad de fiscalización de las organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de profundizar la reforma del Estado, hacer que sus instituciones sean eficientes y transparentes y consolidar la democracia.

1. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con funciones claramente definidas, mantendrán constitucionalmente su carácter de fuerza no deliberantes. Sus mandos internos, hasta el más alto nivel, serán designados entre el personal en actividad, respetando la antigüedad y de acuerdo a un estricto orden de méritos, de conformidad con sus propias leyes y reglamentos. La Ley fijará la permanencia en el cargo de los Comandantes Generales y no excederá los 35 años de servicios.
2. El Servicio Nacional de Inteligencia se redimensionará, de manera que se dedique exclusivamente a atender los asuntos prioritarios que atañen a la seguridad nacional de acuerdo a Ley y su actuación será fiscalizada por una Comisión Especial del Congreso de la República, la que deberá actuar con la natural reserva que las funciones que tal servicio ameritan.
3. Se asume el compromiso de modernizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, de conformidad con los requerimientos de la Defensa Nacional, lo que incluye mejorar y especializar su equipamiento y el nivel de sus remuneraciones.
4. Nos comprometemos a garantizar la seguridad y la paz interna y externa del País y efectuar una lucha frontal contra el terrorismo, narcotráfico y la delincuencia organizada.

SEXTO