Ante la decisión personal del Ing. Alberto Fujimori de apartar al Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, con argumentos que no resisten al menor análisis jurídico, los trabajadores despedidos por la dictadura y que estamos solicitando nuestra REPOSICION LABORAL ante dicho Tribunal Internacional, manifestamos lo siguiente:

1. Luego del autogolpe del 05 de Abril de 1992, que fue la primera más grave violación de los Derechos Civiles de todos los peruanos, la dictadura profundizó la expedición de leyes antilaborales que permitieron el despido de 700 mil servidores públicos en todo el país.
2. De dichas leyes dictadas por el Poder Ejecutivo, también se aprovecharon los representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de las Universidades Nacionales y los Alcaldes en el ámbito nacional, para implementar políticas de "racionalización de personal", que no eran otra cosa que despidos encubiertos. Por citar, dos ejemplos: víctimas de estas leyes antilaborales, fueron los 12 mil trabajadores despedidos del Seguro Social por su entonces Presidente Ejecutivo y actual Candidato Presidencial Dr. Luis Castañeda Lossio, así como los 800 trabajadores de la Municipalidad de Lima, que a la fecha se resiste a reponer el Alcalde Alberto Andrade Carmona. Estos casos, están para el pronunciamiento de la CIDH de la OEA, a donde los trabajadores hemos recurrido por nuestra Reposición Laboral.

 

3. Para convalidar estos despidos ilegales de miles de trabajadores, la dictadura contó con el Visto Bueno del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados prevaricadores fueron nombrados indirectamente por el Ing. Fujimori, para declarar IMPROCEDENTES nuestras demandas judiciales de Reposición Laboral, y así poder reemplazarnos por nuevos trabajadores afines al régimen, conforme lo demostramos en los siguientes casos en los cuales están siendo representados ante la CIDH de la OEA por el Dr. Adolfo Fernández Saré, Presidente de la Asociación de Trabajadores Despedidos del Congreso de la República del Perú:

1. DESPEDIDOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA:

Luego del golpe de estado del 05 de abril de 1992, el Congreso Peruano despidió a 1,117 trabajadores, de los cuales 200 estamos reclamando nuestra Reposición Laboral ante la CIDH de la OEA, por cuanto el llamado Tribunal Constitucional nos negó ese derecho.

Actualmente, el Congreso de la dictadura tiene 1,500 trabajadores, todos ellos en calidad de contratados.

2. DESPEDIDOS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS:

Esta dependencia pública, despidió a 84 de los 118 trabajadores nombrados que tuvo; de este total, 48 trabajadores han recurrido por su Reposición ante la CIDH de la OEA, por cuanto el Tribunal Constitucional les negó ese derecho.

En la actualidad, la Presidencia del Consejo de Ministros funciona con 158 trabajadores contratados.

3. DESPEDIDOS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU:

El Banco de Reserva del Perú (BCR) perpetró el despido de 348 trabajadores nombrados, de los cuales 126 han recurrido ante la CIDH de la OEA por su Reposición Laboral.

Actualmente, el BCR tiene más de 1,600 trabajadores, de los cuales el 70% es contratado.

Aparte de estos casos concretos, la CIDH de la OEA viene tramitando numerosos casos más como los de los trabajadores despedidos de la Beneficencia Pública de lima, de los despedidos del Banco de la Nación, de los Jubilados y Pensionistas del Perú, de los despedidos del Ministerio Público, del Poder Judicial, así como los despedidos del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes fueron despedidos en forma injusta e inhumana por la dictadura y al no encontrar justicia dentro de nuestro propio país, tuvimos que recurrir al Tribunal Internacional de la OEA para solicitar nuestra justa Reposición Laboral, la misma que se vería frustrada si el régimen sigue desconociendo los tratados internacionales que protegen los Derechos Humanos de 25 millones de peruanos, quienes no tenemos nada que ver con los terroristas, para quienes solicitamos se les imponga la máxima sanción por la comisión de sus horrendos delitos.

POR LO EXPUESTO:

Recurrimos a la Solidaridad Nacional e Internacional a fin de que los derechos humanos de los trabajadores peruanos despedidos sean respetados y se rechace contundentemente la vil campaña montada por la dictadura y sus áulicos haciéndonos aparecer a quienes respaldamos a la CIDH de la OEA como pro-terroristas.