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PARTIDO APRISTA PERUANO

Propuestas del APRA

indbul3a.gif (907 bytes) Agenda Programática de Gobernabilidad

indbul3a.gif (907 bytes) Perú Siglo XXI – Partido del Pueblo

indbul3a.gif (907 bytes) Agenda Legislativa

indbul3a.gif (907 bytes) Glosario de Términos

 

Ha empezado un tiempo nuevo

 


Propuestas del APRA

Responsables:

c. Dr. Jorge del Castillo

Secretario General del Partido Aprista Peruano (PAP)

c. Dr. Javier Tantaleán Arbul

Presidente de la Comisión Nacional de Planes y Desarrollo (CONAPLADES) del PAP

c. Dr. Ramón Pérez PrietVice-Presidente de CONAPLADES del PAP

La elaboración del documento ha contado con el valioso aporte de todos los miembros de CONAPLADES.

 

Índice

indbul3a.gif (907 bytes) Presentación

indbul3a.gif (907 bytes) Estructura del presente documento

indbul3a.gif (907 bytes) Documentos que complementan la Agenda Programática

indbul3a.gif (907 bytes) Sección I: Discurso Programa del Candidato Presidencial

    c. Ing. Abel Salinas

indbul3a.gif (907 bytes) Sección II: Agenda Programática

1. Autocrítica y Logros del Gobierno Aprista

2. Caracterización de la Situación Actual (el régimen del fujimorato)

3. Por una Agenda Programática de Gobernabilidad Democrática.

Perú Siglo XXI – Partido del Pueblo

4. A manera de conclusión

5. Cuadro Resumen de la Agenda Programática

indbul3a.gif (907 bytes) Sección III: Agenda Legislativa

1. Las grandes macrofunciones de un Congreso democrático y moderno con miras al siglo XXI

2. La Agenda Legislativa

3. Sumillas de los Proyectos de Ley de la Agenda Legislativa

indbul3a.gif (907 bytes) Sección IV: Glosario de Términos

1. Nota introductoria

2. Indice de vocablos

3. Glosario


PRESENTACION

Este documento presenta a la opinión pública las propuestas que los integrantes de la lista de candidatos de la fórmula Presidencial y al Congreso de la República, por el Partido Aprista Peruano, se comprometen a impulsar hasta su cumplimiento, de obtener una victoria democrática. Se trata de un documento ejecutivo que resume el compromiso del PAP con el pueblo peruano, que tiene como horizonte temporal el ingreso al siglo XXI y como objetivo fundamental la construcción de un país genuinamente democrático y con justicia social. Este esforzado y riguroso trabajo es el resultado de la práctica y experiencia ejecutiva y parlamentaria, especialmente en los últimos años de difícil y desigual confrontación con el fujimorato.

En el PAP estamos convencidos de la urgente necesidad de abrir una nueva etapa política, económica y social en la vida republicana a partir del año 2000, que permita enrumbar a nuestro país por los caminos de la democracia, la justicia social y el desarrollo económico.

Se trata de un documento dirigido a explicar la estrategia de acción política y gubernamental del APRA, para que durante la campaña electoral, trabajando de la forma más eficiente, democrática y de apertura a los actores de la Sociedad Civil, relancemos al aprismo como el movimiento político más importante del nuevo siglo; tal como lo fue en el siglo XX entre los años 30 y 80. Nuestro objetivo estratégico, al plantear una nueva propuesta programática para el país, es demostrar el nivel de madurez y responsabilidad cívica que ha alcanzado nuestro Partido desde su fundación en 1930, en lucha consecuente y sin tregua contra las dictaduras y autocracias que se han instalado en el Perú, desde Leguía hasta Fujimori.

Estas propuestas se han diseñado teniendo como paradigmas los grandes principios doctrinarios vigentes del Peruano del Siglo XX, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de nuestro Partido: la democracia; la libertad; la búsqueda incesante de la justicia social (Pan con Libertad); la integración continental y el interamericanismo democrático; al Frente Unificado de Actores Sociales, Medios y Populares; la concertación económica, social y política; la descentralización y el regionalismo político y económico (la regionalización y municipalización del Estado, como bases de la construcción de un Estado Democrático en el espacio nacional); un Estado social democrático de derecho comprometido con las fuerzas productivas y los más pobres; el Programa y la planificación en libertad económica y política como técnicas de gobierno; la educación como factor central de los procesos de desarrollo. La política como ciencia, técnica y arte de gobierno frente a la improvisación; la respuesta que plantea el reto de una revolución científica y tecnológica dinámica, continua y permanente; la lucha decidida contra toda forma de hegemonía imperial, más aún en una sociedad-planeta en proceso de creciente mundialización; y a la necesidad de la integración como factor de compensación frente al fenómeno ambivalente de la globalización, con sus efectos positivos y negativos. Estas son vetas doctrinarias vivas del pensamiento de Haya de la Torre. Su vida es una muestra de consecuencia en la proclama y lucha por estas ideas-fuerza del pensamiento.

La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), como partido político peruano creado en setiembre de 1930, tiene una larga tradición histórica como movimiento político y social que inicia la planificación democrática en el país, cuando en agosto de 1931 se reúne en Lima el Primer Congreso Nacional del Partido Aprista Peruano y debate y sanciona el primer Programa de Gobierno (luego de jornadas regionales previas), conocido como Plan de Acción Inmediata o Programa Mínimo. El candidato presidencial de APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, el 23 de agosto de 1931, pronunció en la Plaza de Acho, lo que se ha llamado el primer Discurso-Programa del Partido, algo inédito en la historia política republicana. Desde entonces el Programa del PAP se ha ido actualizando y adecuando a los tiempos, de acuerdo a nuestra concepción relativista de la historia. Nunca en la historia del PAP existió improvisación; más bien se demostró seriedad, compromiso científico-técnico y político con el país, América Latina y el mundo.

El último Plan del Partido fueron las Bases Programáticas de agosto de 1994, que fue presentado al país para las elecciones de 1995.

Hoy, como siempre lo fue en la mejor tradición aprista, se presenta a la comunidad nacional e internacional nuestra propuesta de gobierno para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Esta propuesta asume los nuevos enfoques desarrollados en la Teoría y Praxis de la Planificación, en los años 90 del siglo XX, con miras y perspectivas al nuevo milenio y al siglo XXI. Nuestra concepción actualizada de la Planificación, a nivel de propuesta de gobierno, considera las siguientes ocho dimensiones básicas:

1. La planificación democrática y concertada con los actores sociales como bases del Estado estratega.

2. La nueva planificación como complemento de la economía de mercado (con igualdad de oportunidades) y no como sustituto del mercado.

3. Las políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias deben armonizarse con la economía de mercado y contribuir a:

- paliar las grandes fluctuaciones del ciclo económico;

- vigilar estrechamente y evitar las tendencias inflacionarias;

- vigilar y ayudar a mantener los equilibrios macroeconómicos claves;

- minimizar los riesgos y efectos negativos de la globalización y potenciar sus efectos benéficos; y

- definir el Programa Económico anual y bianual;

4. La planificación estratégica debe convertirse en una guía para la acción del necesario proceso de crecimiento sostenido y sustentable.

5. La planificación como orientadora del fomento de la actividad económica con justicia social.

6. La planificación de los procesos integracionistas como técnica facilitadora de la conformación de un Estado multinacional, dentro del gran objetivo de la integración continental y de una inserción beneficiosa en la dinámica del proceso de globalización, conciliando y haciendo convergentes el Estado Nacional y el Estado Multinacional Continental (como por ejemplo: la Unión Europea).

7. La planificación descentralizada regional y municipal para acciones y programas operacionales específicos.

8. La planificación operativa a nivel de Presupuesto Público y de los grandes complejos sistémicos de inversión, en su coparticipación cuando se trata de proyectos con participación pública y en la concertación con los diferentes tipos de inversión privada nacional y extranjera (por ejemplo proyectos de: irrigaciones grandes, sistema hidroenergético, gas, petróleo, carreteras, transporte masivo en las ciudades más importantes, etc).

Lo que sostienen las Propuestas del APRA, la Agenda Programática de Gobernabilidad – Perú Siglo XXI y la Agenda Legislativa, son los aspectos más sustantivos de nuestros enfoques de la Planificación moderna, pero en el nivel de lineamientos básicos, como es y debe ser toda oferta programática en los nuevos tiempos, reemplazando y superando no sólo los viejos enfoques estatistas, sino el nivel voluminoso y detallista cualitativo y cuantitativo de los viejos y ortodoxos planes.

Estructura del presente documento

Este documento consta de tres secciones. La Sección I está compuesta de tres partes.

1) Autocrítica y logros del Gobierno Aprista.

2) Caracterización de la situación actual.

3) Por una Agenda Programática de Gobernabilidad Democrática. Perú siglo XXI – Partido del Pueblo.

Es preciso señalar que esta Sección I parte de una autocrítica que los apristas han realizado durante varias Convenciones y Congresos Partidarios sobre la gestión de nuestro gobierno, entre 1985 y 1990, y del reconocimiento de los avances logrados por el Gobierno Constitucional y Democrático del Apra, como la plena vigencia del Estado de Derecho y los resultados obtenidos, a nivel nacional, en cada uno de los sectores priorizados por nuestra estrategia de desarrollo.

Sin embargo, en una actitud de gran madurez, luego de señalar los errores que no deben repetirse, los apristas nos sentimos orgullosos de nuestros logros pero reconocemos, así mismo, las tareas pendientes que señalan el rumbo a seguir, partiendo de una caracterización de la situación en que la autocracia deja al país luego de gobernar en la década de los años noventa del Siglo XX. Es sobre esta realidad y considerando el contexto del proceso de mundialización, que el Partido propone a la ciudadanía una Agenda Programática de Gobernabilidad Democrática. Perú Siglo XXI – Partido del Pueblo, donde se establece el marco global de los lineamientos de acción fundamentales que deben enmarcar el aporte del Partido y nuestro compromiso para trabajar sobre una propuesta que delinee nuestra acción política.

La Sección II está conformada por la Agenda Legislativa, que presenta el Partido, la fórmula Presidencial y la lista de postulantes al Congreso, como sugerencia a la ciudadanía. Esta agenda está conformada por los temas estratégicos que se han definido para la priorización de los proyectos de ley que la futura CPA (Célula Parlamentaria Aprista) se compromete a impulsar desde el Parlamento al que llegará ungida por la votación popular.

Nuestra concepción del Poder Legislativo parte, fundamentalmente, de la sustantiva legitimidad del voto del pueblo. Los apristas sostenemos que desde este Poder del Estado se debe servir al Gran Proyecto Perú Siglo XXI que nosotros delineamos en la Agenda Programática. Perú Siglo XXI. La forma de cumplir desde el Congreso, por el Gran Proyecto Perú Siglo XXI, es haciendo realidad nuestra Agenda Legislativa y haciendo que este Poder del Estado cumpla con las funciones que debe tener con miras al Siglo XXI: Representar al pueblo, legislar, fiscalizar, debatir y discutir políticamente, controlar y juzgar políticamente la función pública y ser Poder Constituyente derivado.

Por último, en la Sección III, denominada Glosario de Términos, se han considerado un conjunto de vocablos de utilidad para el debate político, con la idea de aproximarnos a un común denominador en el tratamiento de ciertos conceptos importantes en la actual coyuntura pero que trascienden el horizonte temporal de corto plazo y que serán de utilidad para el nuevo siglo, en el que se desarrollará el accionar político del Partido.

Documentos que complementan la Agenda Programática

La Agenda Programática de Gobernabilidad Democrática – Perú Siglo XXI, como guía para la acción política de gobierno, es la matriz de la propuesta y núcleo básico de nuestro Plan de Gobierno. Sin embargo se han desarrollado, a partir de este Plan de base, un conjunto de otros documentos más específicos que complementan la Agenda de Gobierno y la Agenda Legislativa, sobre la base de los siguientes temas priorizados:

1. Propuestas Jurídico-Políticas.

2. Reforma, Descentralización y Modernización del Estado.

3. Política Macroeconómica.

4. Sectores de la Producción, Servicios y Sociales:

- Agricultura

- Pesquería

- Industria

- Minería

- Energía

- Comunicaciones

- Turismo

- Transportes

- Educación

- Salud

- Seguridad Social

- Arte y Cultura

- Relaciones Laborales

  • Grandes Proyectos

5. Empleo.

6. Lucha contra la pobreza

7. Sector Externo

- Exportaciones

- Importaciones

- Deuda Externa

8. Mujer

9. Juventud

10. Economía de los emprendedores emergentes (Sector de la Economía Popular del campo y la ciudad. "Sector Informal").

11. Defensa del Consumidor

12. Ecología y Medio Ambiente

13. Defensa, Seguridad y Orden Interno

14. Relaciones Exteriores e Integración.

Es necesario precisar que el documento central, y los citados documentos específicos, tienen una dimensión nacional que también se complementan con documentos programáticos regionales adecuados y singularizados para cada espacio económico-social y geográficos considerando la heterogénea y variada realidad peruana en sus diferentes dimensiones (cultural, étnica, social, económica, ecológica, etc).

SECCION I

Discurso Programa del Candidato

a la Presidencia de la República c. Ing. Abel Salinas

  1. EL MUNDO ACTUAL
  2. EL PERÚ QUE NOS DEJA FUJIMORI
  3. EL CENTRO DE NUESTRA PROPUESTA: LA GENTE
  4. NUESTRAS PROPUESTAS

EL MUNDO ACTUAL

  • La humanidad está viviendo cambios fundamentales marcados por la globalización pasando con una rapidez y profundidad desconocidas de la sociedad industrial a la sociedad de la información, del conocimiento y de los servicios. La revolución tecnológica, incluida la biotecnología y particularmente la información, es el factor desencadenante de este proceso histórico.

Por ejemplo, en 1998, la velocidad de las transacciones financieras internacionales se estimaba en 1,000 millones de dólares por minuto, lo que significa que sólo se necesitaría 60 minutos para vender todo el PBI del Perú. Reconocemos esta situación que vive el mundo y somos racionalmente conscientes que debemos adecuarnos a este gran cambio histórico.

Es evidente que hoy podemos estar informados casi instantáneamente de lo que sucede en el mundo; el acceso al conocimiento se ha universalizado y facilitado; los mercados están más abiertos, se innovan constantemente y las distancias casi no existen; los productos y los servicios bajan de precio y cumplen cada vez más sofisticadas exigencias de calidad.

  • Sin embargo, la globalización también tiene su rostro negativo pues ha aumentado la pobreza, la marginación, el desempleo y la desigualdad no sólo entre países ricos y pobres sino también al interior de las sociedades nacionales.

Ello es particularmente más grave en un país como el nuestro, que está participando en este proceso global con una economía atrasada, desintegrada, con graves carencias para su población; y con la aplicación de políticas neoliberales, que la Iglesia califica como capitalismo salvaje, y que han fracasado económica y socialmente, acentuando las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen y el centralismo.

  • Como consecuencia de la globalización, los conceptos mismos de democracia, de soberanía, de Estado Nación y el propio espacio y función del ejercicio de la política también se ven afectados por estos cambios; y, en el caso del Perú, dado su reducido tamaño e importancia en el mercado y en el concierto mundial (somos apenas el 0,02% del producto mundial), se acentúa su debilidad y disminuyen sus posibilidades competitivas frente a los grandes bloques.
  • Por ello es que planteamos que el país necesita una transformación económica y social y nos reafirmamos en la imperiosa necesidad de la integración continental frente al fenómeno ambivalente de la globalización.

 

¿QUE PERU QUE NOS DEJA EL GOBIERNO DEL ING. FUJIMORI?

  • El gobierno del Ingeniero Fujimori, después de diez años, tiene que admitir que ha fracasado económica, social, política y moralmente, poniendo al país en una grave crisis como nunca antes en la historia de nuestra patria.

Crisis económica y social: recesión productiva, más desempleados y más pobres

  • La política económica neoliberal ha sido aplicada ciegamente, sin estrategia de desarrollo, con insensibilidad social e improvisación por este gobierno.

Esta política económica ha provocado la recesión que estamos viviendo, desempleo y estrangulamiento financiero que agobian principalmente a la reducida clase media y a trece millones de peruanos que hoy viven en condiciones de pobreza, depresión y desesperanza.

  • Después de diez años de neoliberalismo fundamentalista, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza; tres cuartas partes de la fuerza laboral está desempleada, subempleda, o sólo sobrevive.

Somos el primer país en el continente americano en incidencia de tuberculosis; el propio Ministerio de Salud reconoce que se han multiplicado por ocho los casos de malaria; el cólera aumenta ante la falta de saneamiento; en la última década cinco millones de niños no se han matriculado o han desertado del colegio; y, el ciudadano común y corriente- además de desempleado- está desprotegido frente a la violencia delincuencial, cada vez más agresiva y creciente.

  • Es evidente que hay que abandonar este modelo económico que ha concentrado aún más el ingreso en un pequeño grupo, que ha ocasionado mayor desempleo, bajos salarios, destrucción y quiebra de la industria nacional, abandono de la agricultura y olvido de la pequeña y mediana empresa. Un modelo económico que sólo ha beneficiado a sectores primario exportadores de minería y pesca, agravando la vulnerabilidad de nuestra economía y haciéndola más dependiente de los precios internacionales de nuestras materias primas.

 

Crisis institucional, dictadura y violación de los derechos de los peruanos

 

  • Pero los problemas no sólo son económicos y sociales. Vivimos desde el golpe de estado de 1992, en una dictadura. En estos años se han violado sistemáticamente la Constitución y las leyes para favorecer el proyecto re-reeleccionista del ciudadano Fujimori; con este mismo fin se han intervenido y subordinado instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y los Organos Electorales; se violan los derechos humanos y se acosa, por diversos medios, a periodistas, empresarios y políticos opositores al gobierno.
  • El manejo autoritario del gobierno paralizó el proceso de regionalización que iniciamos en el período 1985-1990 y ha acentuado el centralismo como nunca antes en la historia republicana. Sólo como ejemplo recordemos que cuatro Ministerios en Lima administran el 70% del presupuesto público mientras que más de 1,800 Municipios en todo el país sólo reciben menos del 4% de ese presupuesto.
  • Existe una grave crisis de confianza y de credibilidad por el incumplimiento de la palabra empeñada y e faltamiento a la verdad que empieza por el propio Presidente de la República y las principales autoridades.

 

Crisis moral: aumenta la corrupción y la impunidad

  • Después de diez años de Fujimorismo, los peruanos vemos con indignación como aumentan los casos de corrupción en el gobierno y se permite la impunidad. Sólo por indicar algunos casos conocidos públicamente pero no investigados por el Gobierno, mencionemos los millonarios ingresos del Asesor Vladimiro Montesinos; la falta de transparencia uso de los fondos de la privatización (más de US$ 8,000 millones que pertenecen a todos los peruanos y que hoy se han esfumado); el caso de la recompra de los pagarés de la deuda externa; el caso de Popular y Porvenir; los casos de RENIEC, INDECI, Ministerio de la Presidencia, entre otros.
  • Agravando esta crisis moral, el Gobierno lastima la dignidad de los pobres, ofreciéndoles dádivas a través del PRONAA cuando lo que el pueblo necesita es trabajo.

 

EN RESÚMEN, DESPUÉS DE DIEZ AÑOS DE GOBIERNO DEL INGENIERO FUJIMORI, PODEMOS AFIRMAR QUE SE OFRECIO HONRADEZ Y LO QUE TENEMOS ES CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD; SE OFRECIÓ TECNOLOGÍA Y MAS BIEN SUFRIMOS IMPROVISACIÓN, RECESIÓN Y POBREZA; SE OFRECIÓ TRABAJO Y AHORA HAY MAS DESEMPLEADOS QUE NUNCA.

 

NUESTRA PRIORIDAD ES LA GENTE

 

  • Frente a esta situación crítica, planteamos una propuesta de gobierno en la que la prioridad es la gente, es decir, la persona y la familia.
  • Para el Partido Aprista, desde su nacimiento, la persona humana, la familia y su integración a la sociedad, siempre han sido, son y serán el gran objetivo y los grandes protagonistas de la acción de gobierno y es en ese contexto que diseñamos nuestro programa y planteamos nuestra oferta electoral al país.
  • Por nuestra concepción doctrinaria consideramos fundamental el respeto de los derechos humanos, como son el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a la educación, a la no discriminación, los derechos del niño, de la mujer, de las personas de la tercera edad, los discapacitados, la familia, y los derechos civiles y los derechos laborales.
  • Por eso, aceptando que en nuestro gobierno cometimos errores, de los que hemos aprendido, reafirmamos nuestra vocación por los más pobres y afirmamos que en nuestra época hubo más empleo; la población ganó más, hubo más y mejor alimentación, más salud, más educación y mayor preocupación por las necesidades inmediatas de los pueblos del interior del país a través de la ejecución de pequeños y grandes proyectos de desarrollo regional y del inicio del proceso de descentralización y regionalización.

 

NUESTRAS PROPUESTAS:

PRODUCCIÓN, INVERSIÓN , EMPLEO Y EXPORTACIÓN:

Las medidas que proponemos en el campo económico:Nuestras metas:

 

  • Planteamos una estrategia de desarrollo, reorientando la estructura productiva, en la que el ahorro nacional alcance el 25% del PBI como sustento de la inversión en el país y para garantizar una tasa de crecimiento promedio hasta del 7% y la creación de no menos de 300,000 puestos de trabajo por año en el período 2000-2005, además de los resultantes del proceso de reactivación.

 

  • Prioridad a la Agricultura:

  • Para nosotros este sector es fundamental para el desarrollo del país y la generación de empleo. Por ello dictaremos todas las medidas que sean necesarias y que conduzcan a mejorar el ingreso de los campesinos porque así incorporaremos 10 millones de compatriotas al mercado interno.
  • Proponemos el aumento de la producción y la productividad en la agricultura, a través de:
  • La creación del Banco Agrario Regional (con ley orgánica especial, con crédito supervisado y seguro de cosecha y aporte de recursos del tesoro, de instituciones privadas vinculadas al agro, de organismos internacionales especializados, y de gobiernos socialdemócratas y de la unión europea);
  • Acelerando la titulación en el campo;
  • Brindando asistencia técnica y capacitación al productor agrario;
  • Con precios de refugio para productos básicos de la alimentación, y otros como algodón y azúcar.
  • Fomentando la agroindustria y el aprovechamiento de la biodiversidad;
  • Culminando la ejecución de Proyectos de Irrigación tan importantes como Chavimochic;
  • Tomando en consideración las diferencias del agro en la costa, en el área andina y en la Amazonía;
  • Reglamentando la Ley de tierras y organizando a los parceleros; y,
  • Suspendiendo los juicios por operaciones de crédito así como refinanciando a los pequeños productores agrarios.

Reactivación de la industria y de la pequeña y mediana empresa

A través de las siguientes medidas:

 

  • Condonación del 50% la deuda tributaria de los pequeños y microempresarios y refinanciación del restante 50%.
  • Reducción de las tarifas de los servicios públicos y refinanciación de la deuda impaga por estos conceptos.
  • Creación, con recursos del tesoro, del Fondo de Desarrollo Social, con líneas especiales para refinanciación de la pequeña empresa manufacturera y agraria.
  • Reducción de la presión tributaria, especialmente de los impuestos indirectos que gravan al pueblo:
  • Reducción del IGV;
  • Eliminación de impuestos anti-técnicos;
  • Establecimiento de aranceles escalonados en armonía con nuestros compromisos con la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Comunidad Andina (cuyo Arancel Externo Común oscila entre 5% y 20%);
  • Fortalecimiento del PROMPEX y diseño de estrategias de promoción y desarrollo de exportaciones con alto valor agregado y por mercados de destino.

EDUCACIÓN

Principio Básico:

Como para nosotros primero está la gente, es fundamental mejorar la calidad de la educación de los peruanos.

Las medidas que proponemos en educación:

Ello supone cinco aspectos fundamentales:

 

  • La escuela debe estar al alcance de todos los peruanos
  • Autonomía en la gestión escolar porque el escenario educativo está en la escuela y no en la USE o en otra repartición estatal (coordinación)
  • Descentralización educativa (a nivel de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Centros Educativos; con programa nacional con componentes regionales)
  • Revalorización del maestro (formación moderna, capacitación, actualización y dignificación remunerativa); y,
  • Nuestra meta es que el gasto en educación debe llegar a ser el 5% del PBI.

SALUD

Principios básicos:

 

  • Nuestro enfoque de salud es multisectorial y, como política de Estado, afirmamos que la salud tiene que ver también con el trabajo, la alimentación, la educación, la vivienda, el saneamiento básico y el medio ambiente.
  • Hay que municipalizar los servicios de salud, devolviéndole a la comunidad la responsabilidad y permitiéndole participar en el cuidado de su salud y en su propio bienestar.
  • La Seguridad Social es un derecho de la gente, expresión de solidaridad y mecanismo de redistribución de la riqueza. En la seguridad social, debemos pasar del proteccionismo al desarrollo de la persona humana y promoción social.

Las medidas que proponemos en salud:

 

  • A nadie se le dejará de atender por falta de dinero. Atención obligatoria en casos de emergencias, partos, niños y ancianos.
  • Un sistema de salud descentralizado, participativo y coordinado entre los diferentes servicios de salud (por ejemplo, con acciones coordinadas entre los hospitales del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social y de las Fuerzas Armadas y Policiales).
  • Establecer el Programa de Medicamentos Genéricos poniéndolos al alcance de los pacientes, garantizando que en las farmacias también se vendan estos medicamentos genéricos como alternativa a los medicamentos de marca.
  • Convocar a concurso internacional de precios de medicamentos genéricos a fin de abaratarlos en los servicios de salud a cargo del Estado.
  • Dignificación del profesional de la salud (formación, calidad, capacitación y remuneración).
  • Reformar el Sistema de Pensiones para garantizar pensiones justas y montos mínimos que permitan vivir con dignidad.

DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

 

  • Para nosotros la democratización y el desarrollo pasa necesariamente por la descentralización del país.
  • La descentralización significa transferir efectivamente la capacidad de decisión y el manejo de los recursos económicos a las distintas Regiones del Perú, liberándolas de la tutela del poder central.
  • Proponemos la descentralización la SUNAT.
  • Conformaremos los Consejos Transitorios de Administración Regional con los Alcaldes Provinciales con el encargo que ellos definan el ámbito regional mediante consulta popular.
  • Daremos primera prioridad a la capacitación y reforzamiento institucional de los gobiernos locales a fin de elevar sus niveles de eficiencia que aseguren una buena gestión.
  • Desactivaremos el Ministerio de la Presidencia y transferiremos, técnica y progresivamente sus recursos y programas a las Regiones y Municipios.
  • Convocaremos a Elecciones Regionales en el segundo semestre del año 2001.
  • Fortaleceremos los Municipios en todo el país, incrementando su participación en el FONCOMUN para que sea equivalente a no menos del 5 % del presupuesto total;

RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y REFORMAS INSTITUCIONALES

 

  • Restituiremos la autonomía universitaria.
  • Garantizaremos la autonomía del Poder judicial y del Ministerio Público.
  • Crearemos un Organismo de Planificación cuyo presupuesto nunca deberá exceder del 0,5% del presupuesto público.
  • Crearemos una Contraloría General de la República independiente del Poder Ejecutivo. Proponemos que el Contralor será elegido de una terna propuesta por el grupo político de oposición de más alta votación.
  • Crearemos el Consejo Económico y Social de Concertación.
  • Nos preocuparemos por darle al ciudadano común la seguridad integral que necesita fortaleciendo y modernizando a la Policía Nacional.

CULTURA

  • Promulgaremos la Ley del Libro, para la promoción de la educación y la cultura en el país, otorgando un arancel cero para la importación de libros y software educativo.
  • Cumpliremos en todos sus aspectos de la actual ley de cine, incluyendo los aportes del Estado y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Perú para gozar de los beneficios de los tres convenios firmados en el Foro Iberoamericano de Integración Cinematográfico.
  • Revisaremos y actualizaremos el Anteproyecto de la Ley General del Artista para su promulgación.

 

SECCION II

Agenda Programática

Se ha considerado de gran importancia, antes de desarrollar la Agenda Programática de Gobernabilidad Democrática Perú siglo XXI; para luego presentar los logros más importantes del gobierno aprista entre 1985-1990.

Sin embargo, es necesario, además, que antes de la presentación de la propuesta de la Agenda Programática de Gobernabilidad Democrática se parta de un análisis sistemático y crítico que caracterice la situación actual luego de casi una década de gobierno fujimorista autoritario.

1. AUTOCRÍTICA Y LOGROS DEL GOBIERNO APRISTA

A) Autocrítica sobre la gestión de gobierno aprista 1985-1990

Sobre el periodo que gobernó el PAP, entre 1985 y 1990, se ha realizado una evaluación y balance autocrítico de los resultados de su gestión, en diferentes eventos partidarios. Así en setiembre de 1991 se realizó el XVII Congreso Nacional Extraordinario del PAP. Entonces, uno de los puntos más importantes del temario fue la Evaluación del periodo 1985-1990, junto a aspectos doctrinarios, organizativos, programáticos y de línea política.

Posteriormente, el XVIII Congreso Nacional de febrero de 1992 elige un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que produce un manifiesto titulado "El Aprismo a la Nación. Posición Política y Autocrítica del Partido del Pueblo".

Por último, en agosto de 1994, se realiza el XIX Congreso Nacional, aprobándose las Bases Programáticas de la nueva plataforma aprista, después de 12 eventos previos, regionales y descentralizados, de discusión y debate.

Como consecuencia de todo este proceso, de varios años de análisis, evaluación y nuevas propuestas, se sintetizó lo que se denominó aspectos básicos de la autocrítica ("errores que no deben repetirse en el futuro", como se indicó en el documento oficial publicado). En tal sentido, se ha reconocido que una política macroeconómica nueva no puede desconocer los equilibrios básicos de la economía y la disciplina fiscal. El Estado debe ser replanteado desde una perspectiva de regulación y promoción. Tiene que existir una concertación definida por metas con el sector empresarial y laboral. La política de fomento tiene que orientarse a la agricultura y a las exportaciones. No pueden existir subsidios generalizados porque eso conduce al atraso tarifario y al déficit fiscal. El Estado debe ser reformado y modernizado desburocratizando sus funciones.

B) Logros del gobierno aprista

La ceguera de nuestros enemigos quiere ignorar el conjunto de obras y leyes que se hicieron en los sectores económicos, sociales e institucionales, para recordar únicamente lo negativo y las grandes dificultades que se vivieron. Se ha tejido pues, contra el partido, una calumnia interesada y grotesca, es decir, una leyenda negra.

Las políticas ejecutadas en los diversos sectores, algunos de cuyos logros luego se mencionarán, respondieron a una estrategia de largo plazo que tenía ciertos ejes fundamentales:

a) La democratización y descentralización del Estado en sus niveles central, regional y municipal, con miras a la conformación de una nueva institucionalidad democrática;

b) La prioridad fundamental del desarrollo de la agro-pesca-alimentación;

c) El fortalecimiento de los servicios de educación, salud y seguridad social;

d) La lucha contra la pobreza, especialmente de los grupos más vulnerables del campo y la ciudad, revalorizando sociopolíticamente a la población andina y nativa;

e) El fortalecimiento de las organizaciones de base y gremiales de la sociedad civil, como una de las formas de revitalización de la democracia en el seno del pueblo; en general, de la democracia peruana;

f) Sentar las bases para la pacificación del país.

g) Una política soberana e integracionista de nuestras relaciones exteriores; y

h) Respeto irrestricto de las libertades.

Esta estrategia de desarrollo respondía a un diagnóstico de la realidad, para dar respuesta a problemas estructurales de la sociedad peruana: el centralismo, el olvido del campo, la marginación de lo andino y lo selvático, la brecha creciente entre ricos y pobres y los factores generadores de la violencia.

Los problemas derivados de la aplicación de la estrategia, especialmente en el campo económico, se derivan, fundamentalmente, de la guerra política-económica-financiera desatada en el país a raíz del ensayo de estatificación y democratización del sistema financiero, desde el 28 de julio de 1987, y en que no se aplicaron a tiempo ciertos ajustes en el programa económico. Esta guerra de la banca significó un proceso de agudo conflicto de los grupos económicos más importantes frente al poder público democrático.

Descentralización y Regionalización

Merece, por su importancia, un lugar preferente en los logros del gobierno aprista, haber llevado a cabo la Regionalización, mediante la Ley de Bases, las Leyes de Creación de Once Gobiernos Regionales, el Fondo de Compensación Regional y Financiamiento de Gobiernos Regionales. Se diseñaron los proyectos de ley sobre participación de las regiones en la renta por la explotación de recursos naturales, el esquema de descentralización financiera de la banca de fomento y los dispositivos legales para reformar el Poder Ejecutivo centralista y para la transferencia de empresas públicas. Se diseñaron los instrumentos de gobierno para las áreas especiales urbanas de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, y el anteproyecto de Ley de Bases para la Promoción y Descentralización Económica. Las asambleas regionales eran la expresión democrática del pueblo y los alcaldes provinciales. Como nueva institucionalidad democrática, las Regiones y los Municipios, debieron haber sido los ejes de la descentralización política y de reestructuración económica para lograr un desarrollo espacial democrático y con mayor justicia social. Todo este proceso, enfocado en una perspectiva de desarrollo de largo plazo, fue aniquilado por el golpismo del 5 de abril de 1992, frustrándose el más ambicioso proyecto, en la historia republicana del Perú, por descentralizar el país en sus dimensiones política, administrativa, institucional, financiera y económica.

Grandes Proyectos

El pueblo peruano debe tener en cuenta que ninguna obra iniciada por gobiernos anteriores fue ignorada ni paralizada por el gobierno aprista. Todas fueron concluidas, bajo una política de continuidad de grandes obras que no ha sido seguida por el actual gobierno autocrático. Entre ellos, la Central Hidroeléctrica de Charcani en Arequipa, gracias a la cual esa ciudad y parte de Moquegua y Toquepala tendrían energía eléctrica. También la Central de Carhuaquero, para dotar de energía al departamento de Lambayeque, obra que, como la anterior, estuvo paralizada desde 1983.

También se inauguró la presa Gallito Ciego, obra fundamental del Proyecto de irrigación Jequetepeque-Zaña, que posibilitará mejorar el riego de 46 mil hectáreas de tierra e incorporar a la agricultura 16 mil hectáreas. Se concluyó la Central Nuclear de Huarangal para facilitar el desarrollo nuclear del Perú y actuar en los campos de medicina, alimentación, agricultura y minería. Se terminó el Hospital de Enfermedades Neoplásicas, nuevo centro de tratamiento del cáncer, uno de los mejores de América Latina en su especialidad, con una capacidad de 350 camas y atención por consulta externa de miles de pacientes.

El aprismo no sólo concluyó estos proyectos, sino además inició otros. Como el proyecto de irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama (Chavimochic), para incorporar a la agricultura 38 mil hectáreas de tierras eriazas y mejorar el riego de 93 mil. Además se habilitaron en el proyecto Majes-Siguas 5 mil hectáreas y se dejó desarrollada una nueva etapa que comprenderá cerca de 10 mil hectáreas, seleccionándose y capacitándose a los adjudicatorios.

Se inició la presa Lagunillas en Puno, la irrigación del río Cachi en Ayacucho, el proyecto Olmos que significará la irrigación de 112 mil hectáreas. Se dejó financiada, con cooperación y crédito de ayuda, la primera etapa de mejoramiento y ampliación de áreas bajo riego de los valles de Santa-Lacramarca, Nepeña y Casma-Sechín, o irrigación Chinecas, que mejorará e incrementará 51 mil hectáreas cultivables, irrigación reclamada por los chimbotanos y cuya ejecución no concretó el gobierno actual, a pesar del financiamiento obtenido. Se inició la construcción del sistema de transporte masivo Lima-Callao, o tren eléctrico, con cooperación técnica y financiera italiana, que cubrirá en un primer tramo Villa El Salvador-Puente Atocongo en 9 kilómetros, con 32 vagones y que en un segundo tramo cubrirá Puente Atocongo con el Hospital Dos de Mayo (11.8 Km), con 16 estaciones y una capacidad de movilidad para 800 mil pasajeros diarios, que significará ahorro de tiempo, reducción de accidentes, descongestionamiento del tránsito y protección del medio ambiente por la disminución de la contaminación.

En nuestra gestión se creó el gran Museo de la Nación, para que el mundo y las futuras generaciones de peruanos conozcan la riqueza de nuestra historia y de nuestra milenaria cultura.

En nuestro gobierno se puso en operación, como construcción dedicada al deporte, el Coliseo Dibós.

Desarrollo de la Agricultura

El sector que recibió atención prioritaria del Gobierno del APRA fue la agricultura. Durante los años 1985-1989 este importante sector tuvo un crecimiento promedio del 3%. Sólo en 1990, la producción agropecuaria se contrajo como consecuencia de la sequía ocurrida en el primer semestre, así como por el shock de precios de agosto de 1990, que trajo abajo los salarios, redujo significativamente el crédito agrario y disminuyó la demanda urbana de alimentos.

Durante el periodo señalado, la producción de alimentos fundamentales tuvo un crecimiento significativo. Así, la producción anual de arroz aumentó de 878 mil toneladas métricas a 1 millón 91 mil, la producción de papa se incrementó de 1 millón 557 mil toneladas métricas a 1 millón 759 mil, la producción de maíz amarillo subió de 490 mil toneladas métricas a 785 mil, la producción de algodón se elevó de 221 mil toneladas métricas a 321 mil, la producción de trigo aumentó de 92 mil toneladas métricas a 159 mil, la producción de café se incrementó de 91 mil toneladas métricas a 106 mil y la producción de cebada en grano subió de 108 mil toneladas métricas a 125 mil.

A su vez, la producción de carne de ovino aumentó de 17 mil toneladas métricas a 20 mil, la de carne de porcino de 54 mil toneladas métricas a 73 mil, la de huevos de 78 mil toneladas métricas a 96 mil, la de carne vacuno de 101 mil toneladas métricas a 112 mil y la de carne de pollo de 201 mil toneladas métricas a 205 mil.

Este aumento de la producción fue tanto para el mercado interno como externo. Las importaciones de alimentos que se hicieron en este periodo fueron siempre realizadas con el propósito de complementar la oferta nacional en función de la demanda interna prevista, a efectos de evitar el desabastecimiento.

Entre 1985 y 1989 el valor de las exportaciones tradicionales y no tradicionales agrarias aumentó de 319 millones de dólares a 352 millones mientras que las importaciones per cápita de alimentos, básicamente de granos, lácteos y carnes, disminuyó de 57 Kg/habitante a 46.

El aumento de la producción agropecuaria fue posible gracias a la preocupación gubernamental de incrementar el crédito agrícola, tanto en monto como en número de agricultores que accedían al crédito otorgado por el Estado. Este crédito aumentó así de 440 millones en 1985 a 590 en 1989 y el número de préstamos se elevó de 161 mil a 377 mil.

Gracias a esta política crediticia, la superficie aviada aumentó en número de hectáreas, de 668 mil en 1985 a 1 millón 262 mil en 1989. Además, el crédito otorgado fue orientado en una mayor proporción que en el pasado a la región de la Sierra, puesto que la Sierra incrementó significativamente su participación en el crédito total de 15% en promedio durante el quinquenio 1980-84 a 26% en el quinquenio 1985-89, promoviendo de esta manera cultivos históricos menos favorecidos por el crédito, como la papa, el trigo, frijol y maíz.

Entre el primer y segundo quinquenio de los años 80, el incremento de crédito para la capitalización del agro fue considerable. Así, el financiamiento de plantaciones aumentó de 29 mil hectáreas a 82 mil, el de vientres de vacunos de crianza de 55 mil a 149 mil, el de cabezas de ovinos de 27 mil a 108 mil y el de alpacas de 44 mil cabezas a 148 mil.

El crédito cero significó hacer justicia a la clase social más explotada a lo largo de nuestra historia nacional, favoreció la redistribución de ingresos, contribuyó a la mejora de la productividad agraria y posibilitó un primer grado de capitalización en el campo, particularmente en las zonas más pobres. Con el crédito cero se atendió a 120 mil prestatarios por año, en los sectores sociales más pobres del Trapecio Andino, muchos de los cuales por su condición de comunero andino o nativo, de campesino minifundista o pequeño agricultor, no habían accedido nunca al crédito del sistema financiero nacional. Los créditos se orientaron a los cultivos de papa, maíz amiláceo, trigo, cebada en grano, haba, quinua, kiwicha y mejoramiento de ganado vacuno, ovino, porcino y alpaca.

El crédito cero, según los trabajos hechos por los especialistas del Banco Agrario, fue utilizado en más del 95% para los fines con que fue solicitado, posibilitando así una mayor utilización de semillas mejoradas, el uso de fertilizantes, insecticidas y pesticidas, todo lo cual posibilitó una mejora en los ingresos de la población más pobre del campo.

La capitalización agrícola es fundamental para el desarrollo del campo. Gracias a la política aplicada en esta materia, el número de tractores agrícolas existentes en el país se elevó de 5 mil en 1985 a 9 mil 415 en 1989, lo que posibilitó renovar y modernizar el parque de tractores.

Participación y Concertación con los Campesinos

En los Rimanacuy, iniciados por primera vez en 1986, se realizaron diálogos directos entre las principales autoridades del Estado peruano y las 5 mil comunidades campesinas y nativas de la selva del Perú, con la finalidad de encontrar soluciones adecuadas a los problemas de los comuneros de la costa, sierra y selva del país. Como fruto de estos diálogos, se promulgaron, en 1987, la Ley 24656 de Comunidades Campesinas y la Ley 24657 de Deslinde y Titulación de sus territorios. Gracias a esta legislación, se titularon mil comunidades campesinas, en beneficio de 270 mil familias con más de 4 millones de hectáreas. Asimismo, se titularon 81 comunidades nativas con 253 mil hectáreas.

Por otro lado, en los años 1986-89 se transfirió en favor de campesinos, parcialidades y comunidades un millón 456 mil hectáreas de propiedad rural, en comparación a 331 mil hectáreas transferidas durante los años 1981-85. Y se adjudicó tierras eriazas para la ampliación de la frontera agrícola por más de 200 mil hectáreas.

Generación de Empleo, Desarrollo Social y Lucha contra la Pobreza

En materia de promoción social, para mejorar las condiciones de vida de los grupos de la población de nuevos ingresos o en situación de desempleo se crearon diversos mecanismos de ataque frontal a la pobreza. Por ejemplo, el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT), que generó empleo para ocupar a los desempleados de las áreas rurales y urbanas más pobres del país. El empleo que se generaba era por tres meses, pagando el salario mínimo legal y se hacía con el propósito de desarrollar obras públicas en beneficio de la comunidad. Así, en cinco años, se crearon un millón 285 puestos de trabajo. Entre las múltiples obras realizadas es importante destacar las siguientes: construcción de 4 mil 112 aulas, mejoramiento de 24 mil aulas, mejoramiento y rehabilitación de 8 mil kilómetros de caminos carreteras, construcción de 335 mil metros cúbicos de reservorios, rehabilitación y construcción de 4 mil kilómetros de canales de forestación y reforestación de 5 mil 500 hectáreas mediante la plantación de 2 millones de árboles, construcción y mejoramiento de 2 mil 200 postas sanitarias, instalación de 600 kilómetros de tuberías de agua potable y de 250 kilómetros de desagüe y el servicio de atención en 4 mil quinientas cocinas populares.

El Programa de Asistencia Directa (PAD) promovió y revalorizó el rol de la mujer peruana como ciudadana y como trabajadora. Durante los cinco años de gobierno aprista se apoyo la organización y constitución de 9 mil 654 clubes de madres a nivel nacional, que agrupaban a 579 mil 240 madres de familia. El PAD contribuyó a la capacitación, equipamiento y dotación de infraestructura a un gran número de estos clubes de madres, posibilitando de esta manera el funcionamiento de cocinas y comedores populares, el establecimiento de talleres de confección y artesanía, el desarrollo de programas no escolarizados de educación inicial, así como la ejecución de un programa de movilización de la mujer, supervivencia y desarrollo infantil.

Mediante el Programa de promoción al «Sector Informal» (empresarios populares) se creó una línea de crédito, la primera otorgada por un Gobierno en América Latina y posibilitó, a partir de 1986, el acceso al crédito formal, a más de 150 mil empresas populares, mediante el otorgamiento de 400 mil créditos a nivel nacional. De esta manera, pequeños productores, artesanos, talleristas y comerciantes, organizados y capacitados bajo fórmulas no convencionales, acceden al crédito otorgado mediante el sistema bancario, demostrado a lo largo del desarrollo del programa un elevado porcentaje de devolución de crédito, que supera el 98%.

El Programa de desarrollo de la zona de emergencia promovió el desarrollo económico y social de las áreas rurales de los territorios convulsionados por el terrorismo y la violencia. Mediante este programa se apoyó a las comunidades campesinas agredidas por la subversión terrorista, mediante la ejecución de proyectos integrales de desarrollo comunal. Con este programa se hizo posible la ejecución de un monto equivalente a 80 millones de dólares en el desarrollo de canales y reservorios para riego, el mejoramiento de semillas, la construcción de aulas escolares y de postas médicas entre otras obras, en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Pisco Huánuco y la provincia de Tocache del departamento de San Martín.

El Fondo de Apoyo a las Comunidades Campesinas y Nativas de la Selva sirvió para el financiamiento de pequeños obras comunales de carácter productivo y social. En cinco años, las comunidades campesinas y nativas hicieron un gran número de obras en cerca de 5 mil de ellas, por un monto de inversión equivalente a 80 millones de dólares.

El Fondo Nacional de Desarrollo Microrregional se estableció para concertar con las organizaciones de base y realizar proyectos de desarrollo en las áreas de pobreza extrema del país. Mediante este fondo se invirtieron 38 millones de dólares en 105 microrregiones en todo el territorio nacional, en donde se construyeron aulas, postas médicas, botiquines comunales, canales de regadío y estanques, se rehabilitó caminos y carreteras y se mejoró la ganadería y la crianza de animales menores.

Se formuló y ejecutó el Plan Especial de Desarrollo de Trapecio Andino, abarcando los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cuzco, Huancavelica, Puno y las zonas altas de Arequipa y Moquegua. Este era un plan especial para el espacio económico andino, que en la etapa de la dominación colonial española se llamaba «marcha india» y tenía por objetivo atender el desarrollo preferentemente de áreas de pobreza crítica, de marginamiento social y a los estratos poblacionales deprimidos (pequeños productores de la ciudad y el campo y población urbana excluida). Especialmente de una zona históricamente explotada por el colonialismo, gamonalismo y centralismo. Se trataba de reivindicar a los grupos étnicos y culturales quechuas, aymaras, coyas y chancas, donde siempre estuvo presente la resistencia andina como las de Túpac Amaru y Túpac Qatary.

El Programa de Compensación Social sirvió para asistir la población más afectada por los ajustes económicos realizados durante la etapa final del gobierno aprista. Así entre junio de 1989 y julio de 1990, se beneficiaron a 5 millones 850 mil personas, haciendo uso de un monto equivalente a 53 millones de dólares, para el desarrollo de programas alimentarios en 3 mil 339 comedores populares, la distribución de pescado a 300 mil familias, alimentación escolar para 1 millón de estudiantes, el vaso de leche para 1 millón 650 mil niños, ancianos y madres gestantes y la atención en salud a 200 mil pobladores afectados por enfermedades broncopulmonares.

Mediante el Rimanacuy urbanos con los asentamientos humanos y determinados grupos sociales en situación de pobreza, en los núcleos urbanos y pueblos jóvenes, se alentó a la organización popular de base y se transfirió la ejecución de proyectos (comedores populares, servicios educativos en educación inicial, autoconstrucción de viviendas, servicios básicos urbanos, cunas y albergues de niños, etc.) en 15 departamentos involucrando a clubes de madres, municipalidades, asociaciones de padres de familia, pueblos jóvenes, ligas y clubes deportivos, asociaciones de mercados y ambulantes, comités del vaso de leche, cooperativas y asociaciones pro-vivienda, asociaciones de transportistas, juntas vecinales, comités de desarrollo comunal, etc.

Sector Educación: Prioridad del Aprismo

Otro sector prioritario fue la educación pública gratuita y obligatoria. El presupuesto de educación, como porcentaje del presupuesto público, fue, en promedio anual 9.6%, durante el gobierno acciopopulista (1980-85). En el gobierno aprista (1985-90) este se incrementó al 20% del presupuesto. Se construyeron, durante el quinquenio aprista, 14,600 aulas (un promedio de 8 aulas por día). Se elaboraron, editaron y distribuyeron gratuitamente 12 millones de textos escolares y 3 millones de cuadernos para los estudiantes de menores recursos. Durante nuestro gobierno introdujimos la informática en la educación pública, instalando 287 módulos de cómputo a nivel nacional, equipamos con módulos de máquinas y herramientas a 181 centros educativos, proporcionamos 733 laboratorios de física, química y biología y otorgamos 10,820 módulos para un número similar de aulas. Se construyeron 1,243 centros educativos por el sector privado, aumentando el número de matriculados en centros y programas educativos privados en 25.9% más en relación con el anterior gobierno.

Durante el gobierno aprista, el grupo poblacional de 5 a 14 años, considerado como eminentemente escolar, fue atendido en un 96.8%; es decir, de cada mil alumnos, 968 fueron atendidos por el sistema educativo. Este alto porcentaje de atención escolar fue bastante superior al 80% del gobierno acciopopulista y al 80% de la actual autocracia fujimorista.

Se logró atender, en cursos de actualización y perfeccionamiento, un total acumulado de 455,054 maestras y maestros, frente a los 36,350 docentes atendidos en el quinquenio 80-85. El Ministerio de Educación rompió con la vieja política que aplicaba un currículo homogéneo, vertical y estandarizado, para todo el país, prescindiendo de nuestra plural realidad. El gobierno del APRA aplicó un currículo flexible, regionalizado y descentralizado, reconociendo a la maestra y el maestro como agentes fundamentales de la programación curricular y a la escuela como centro de promoción social y cultural.

Más Seguridad Social y Salud

En el campo de la seguridad social y en el sector salud se lograron avances significativos que desmienten a quienes, por intereses políticos y económicos, han afirmado que nada hicimos. A julio de 1985, la seguridad social sólo cubría al 14% de nuestra población, a pesar de que el Art. 12 de la Constitución Política le reconoce este derecho a todos los habitantes de la república. Hasta la misma fecha, las cónyuges y los hijos de los asegurados no recibían prestaciones integrales de salud, aun cuando la ley les había extendido este derecho y los cotizantes habían aportado sumas mayores para cubrir los nuevos egresos.

A julio de 1990, la seguridad social contaba con más de siete millones de derechohabientes, que representaban el 36% de nuestra población, incluyendo al sector campesino que nunca antes había tenido acceso real a su protección.

A julio de 1985, la seguridad social sólo tenía 4,947 camas hospitalarias y 953 consultorios, que correspondían, en un alto porcentaje, a los hospitales nacionales Almenara y Rebagliatti, ubicados en Lima. Entre 1985 y 1987, se construyeron 73 hospitales de apoyo y 49 postas médicas que, en su mayoría, funcionan en provincias que nunca antes habían contado con servicios de salud, centros asistenciales cuya ubicación figura en el recuadro final.

A julio de 1990, la seguridad social disponía de 7 mil camas hospitalarias y mil 700 consultorios; había reequipado todos sus hospitales; se había concluido el Hospital Regional del Cusco; se había reiniciado la construcción de los Hospitales Regionales de Huancayo y Pucallpa y habían entrado en funcionamiento el Centro Modelo Materno Infantil y el Centro Nacional de Salud Mental.

A julio de 1985, la seguridad social atendía, anualmente, 5 millones 200 mil consultas ambulatorias y 130 mil casos de hospitalización. A julio de 1990, la ampliación de la infraestructura hospitalaria permitió atender 8 millones 315 mil consultas y 356 mil casos de hospitalización al año, registrando sus servicios las más bajas tasas de mortalidad del país, incluyendo centros asistenciales privados.

A julio de 1985, la seguridad social tenía a su cargo 173 mil 525 pensionistas y pagaba pensiones mínimas equivalentes a 18.15 dólares americanos. Entre 1985 y 1990, salvo un breve lapso de pocos meses, la cuantía de las pensiones se mantuvo indexada a la tasa de inflación, en estricta aplicación a la Ley Nº 23908, promulgada el 14 de setiembre de 1984.

A julio de 1990, la seguridad social contaba con 260 mil 653 pensionistas y pagaba pensiones mínimas equivalentes a 47.5 dólares americanos.

Durante el gobierno aprista la seguridad social registró los siguientes índices de crecimiento:

  • 141% en cobertura poblacional, superando largamente las incorporaciones que se habían producido en los cincuenta años precedentes.

  • 41.5% en infraestructura hospitalaria, que se extendió prácticamente a todo el territorio nacional.

  • 60% en consultas y 174% en hospitalizaciones, cubriéndose el 100% de los casos de hemofilia y el 95% de las hemodiálisis.

  • 50% en nuevos pensionistas y 162% en el monto de las pensiones mínimas, expresadas en dólares americanos.

En el campo de las enfermedades susceptibles de prevención mediante vacuna se logró avances importantes. En 1984 se alcanzó una cobertura para niños menores de un año de 27.9% para polio, 34% sarampión y 28% vacuna triple. Al irnos del gobierno, la cobertura era de 70% para polio, 60% sarampión y 70.8% vacuna triple. En 1985 encontramos que el número de muertes de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos era 92.7. En julio de 1990, esta cifra descendió a 80.6 por mil niños nacidos vivos.

En el gobierno de 1980-85 se construyeron 357 puestos de salud. En nuestro quinquenio, 956 puestos de salud.

Vivienda y Construcción

En el sector vivienda (de agosto de 1985 a julio de 1990) se manejaron 458 millones de dólares del Fonavi. Mediante estos recursos, mutuales, Enace, Banco de Materiales, Banco de la Vivienda y Banco Central Hipotecario se alcanzaron los siguientes resultados: se financiaron 80 mil unidades de viviendas; se atendió la vivienda rural de mil 700 comunidades campesinas; 172,306 viviendas fueron mejoradas y/o terminadas; y se otorgó atención de lotes con servicios básicos (agua, desagüe, electrificación, pistas y veredas, habilitación urbana) a 760 mil familias, beneficiándose a 3 millones 800 mil peruanos. Se hizo un uso intensivo de la autoconstrucción.

Desarrollo de la Pesquería

En el sector pesquero se encontraron 4 plantas operativas de PescaPerú en julio de 1985. En julio de 1990 teníamos 18 plantas operativas. El crecimiento económico del sector pesca durante los años 1986-90 fue de 7% promedio anual. Las exportaciones pesqueras, del sector público y privado, se incrementaron de 118 millones de dólares, en 1985, a 458 millones de dólares, en 1990. El consumo humano directo de pescado por habitante creció de 11 kg a 16 kg. Hoy, el consumo de pescado por habitante se ha reducido a sólo 8 kilos por año.

Sector Electricidad

A lo largo y ancho del territorio nacional se instalaron 2 mil 100 kilómetros de líneas de transmisión dentro del plan maestro energético, donde destacan: la línea de transmisión Trujillo-Chiclayo, Arequipa-Moquegua-Toquepala, Guadalupe-Chilete-Cajamarca, Pasco-Huánuco-Tingo María, electrificación del valle de Ica-Villacuri, la línea de Tintaya-Ayaviri-Azángaro-Juliaca, línea de Combapata-Sicuani y electrificación del valle de Vilcanota que beneficia a 140 mil pobladores, línea de Carpata-Chanchamayo. Se conformó, además, el sistema interconectado sur para integrarse al sistema interconectado nacional; se integró eléctricamente Arequipa-Moquegua-Tacna a través de la línea de transmisión Arequipa-Toquepala; se integró Cusco-Puno vía la línea de transmisión Tintaya-Juliaca. Se reparó la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, la del Mantaro, la de Machu Picchu y la represa de Tablachaca (Mantaro).

Dimos gran impulso a la electrificación rural con 24 minicentrales, 93 grupos y/o centrales de generación térmica y 497 obras en líneas de media y baja tensión y redes de distribución. Beneficiándose a 1 millón de habitantes del área rural del país.

Se construyeron y avanzaron las carreteras Cusco-Nasca, Salaverry-Juanjuí, Napo-Putumayo, Iquitos-Nauta.

En la industria de exportación, mediante la promoción de pequeñas y medianas empresas, se logró incrementar en cinco veces las exportaciones de prendas de vestir (confecciones elaboradas fundamentalmente con algodón y lana de alpaca), alcanzando 104 millones de dólares de exportación en 1990.

Se desarrolló un tejido científico y tecnológico por intermedio del Concytec, el que, además, editó más de 8 millones de libros a favor de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Seguridad Interna y Lucha contra el Terrorismo y el Narcotráfico

En el Ministerio del Interior se efectivizó la unidad orgánica y funcional de la Policía Nacional, creando una unidad institucional y fortaleciendo el carácter de la profesionalización policial. Se priorizó la inteligencia como arma fundamental en la lucha contra la subversión, unificando y fortaleciendo el carácter de la profesionalización policial. Se equipó el sistema de inteligencia y la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), como órgano operativo y de inteligencia táctica, que ha permitido la captura de células completas conformadas por cientos de terroristas. Se creó y equipó la Dirección de Operaciones Especiales (DOES), para la intervención directa en zonas rurales afectadas por el terrorismo.

La implementación logística de la Policía Nacional permitió que la eficiencia y la eficacia de su labor se patentizara en el orden público y la evidente disminución del delito común. En este campo los éxitos más saltantes se apreciaron en la lucha contra los secuestros y las extorsiones. Para combatirlos se creó y se implementó la División contra Secuestros (Divise), a cuyos efectivos se les capacitó profesionalmente en esta nueva especialidad. Bandas enteras de secuestradores que asolaban el país fueron intervenidas y puestas en la cárcel, liberando a numerosos empresarios secuestrados y terminando en ese entonces con esa modalidad de delito. Asimismo, cientos de extorsionadores fueron puestos a disposición del Poder Judicial.

Al asumir el gobierno de 1985 se encontró a la Policía totalmente desprovista de medios logísticos que le permitieran cumplir con sus funciones a cabalidad.

Por ello fue necesario realizar un gran esfuerzo financiero con el propósito de suplir estas necesidades, alcanzando las siguientes principales adquisiciones:

A) Area de Comunicaciones e Informática:

1. Sistema Integral de Comunicación Radial HF de características nacionales, conformado por mil 850 equipos y complementando por 24 minisistemas de comunicaciones en VHF para ser usadas en las capitales departamentales y conformadas por dos mil 500 unidades radiales.

2. Sistema Metropolitano Troncalizado de Comunicaciones en UHF para la ciudad de Lima y Callao, conformado por tres mil unidades radiales.

3. Sistema de comunicación con central telefónica de control nacional.

4. Sistema integrado de computación proyectado para contar con terminales a nivel nacional.

B) Area de Transportes:

9 helicópteros

478 camiones y autobuses

135 vehículos blindados

105 motocicletas

1,591 autos patrulleros (en julio de 1985, en Lima sólo se tenía 11 patrulleros operativos).

675 camionetas.

C) Area de Sanidad y Laboratorio:

Laboratorio completo de criminalística, tomógrafo axial computarizado, equipos múltiples para los servicios de sanidad en las siguientes especialidades: neurocirugía, cardiología, oftalmología, nefrología, neumología, traumatología, pediatría, cirugía, radiología. Cuidados intensivos, laboratorios.

D) Armas y municiones:

400 ametralladoras

30,000 pistolas y revólveres

20,300 fusiles

100 lanzagranadas

10,000 subfusiles

40,000 granadas

30’000,000 de cartuchos.

E) Otros equipos:

120 equipos para desactivación de explosivos

20 equipos de rayos X para identificación de explosivos

370 equipos de visión nocturna

10,000 chalecos antibalas

1,500 equipos antimotines.

También se promulgó la Ley de Rondas Campesinas, como iniciativa del gobierno aprista, como primer paso para organizar a la Sociedad Civil, para la pacificación del país.

Con la aplicación de nuestra estrategia antiterrorista y el nuevo equipamiento de las instituciones encargadas de luchar contra el flagelo de la subversión, durante nuestro gobierno, podemos afirmar que Sendero Luminoso fue derrotado en los Andes.

Con base a los principios de corresponsabilidad de los países consumidores, productores y de tránsito; de cooperación y solidaridad internacional para cubrir costos según el grado de desarrollo de los países y de respeto a la soberanía de los Estados y sus peculiaridades culturales y tradicionales, ancestrales, se promulgó y aprobó, en marzo de 1988, el Plan Integral a largo plazo de lucha contra el narcotráfico.

Durante nuestro gobierno se iniciaron los bombardeos a los aeropuertos ilícitos construidos por los narcotraficantes.

El 19 de diciembre de 1988 se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en la que se aprueba "que el uso tradicional de la hoja de coca no es delito y la erradicación de los cultivos debe efectuarse previos programas de desarrollo alternativo y sin daño ecológico".

Durante los años 89 y 90 en las diferentes reuniones internacionales se clasificaron e identificaron políticas y estrategias para una mayor cooperación internacional contra las drogas, formulándose los siguientes documentos:

  • 15 de febrero de 1990, Declaración Política y Programa Mundial de Acción de la ONU.

  • 11 de abril de 1990, Cumbre Ministerial Mundial (Londres 184 países).

  • 20 de abril de 1990, Declaración de Ixtapa (Países de la OEA).

Probablemente el documento más importante sea el de la Cumbre de Cartagena, pues, en este Convenio, se precisan acciones sobre el estímulo al desarrollo rural, fomentó a las exportaciones, refuerzo de la estructura productiva, apoyo a la balanza de pagos, financiación de programas de emergencia social, iniciativas comerciales, inversiones privadas promovidas por EE.UU.

En el aspecto operativo, los éxitos también han sido significativos:

  • La construcción de la Base Policial Antidrogas de Santa Lucía.

  • Ampliación de la participación y cooperación económica de EE.UU., de US$ 200,000 que se recibían en 1985, a más de US$ 18 millones anuales, para el programa de interdicción.

  • Suscripción del convenio con los países limítrofes y la formación de Comisiones Mixtas Fronterizas.

  • Instalación de la Red de Integración Policial (Ripol), para el intercambio de Inteligencia con Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil y EE.UU.

  • Se realizaron 9 mil 718 intervenciones policiales contra el consumo y tráfico de drogas.

  • Se planificaron y desarrollaron las Operaciones Cóndor con los siguientes resultados:

  • Se incautaron 157 mil 64 kilos de droga en diferentes estadios de elaboración, observándose un incremento de 700% respecto a los años anteriores.

  • Se incautaron 489 mil 665 kilos de insumos químicos, incrementándose en 2,500% respecto al quinquenio anterior.

  • Se destruyeron 267 laboratorios de PBC, contra 10 del anterior gobierno.

  • Se destruyeron 1,320 pozas de maceración de hoja de coca, incrementándose en 300% frente al periodo anterior.

  • Se destruyeron 230 pistas de aterrizaje clandestino para avionetas de narcotraficantes.

  • Se incautaron 19 avionetas en diferentes estados de conservación.

Durante los operativos policiales no se detuvo nunca a los campesinos cultivadores de hoja de coca, sino exclusivamente a los delincuentes narcotraficantes que intervenían en la producción, transporte y comercialización de drogas e insumos químicos.

Defensa Nacional y Seguridad Externa

En el campo de las Fuerzas Armadas, en marzo de 1987, se creó el Ministerio de Defensa, unificando los ministerios de Aeronáutica, Marina y Guerra. Hasta ese momento, el Perú era uno de los pocos países del mundo que mantenía el sistema de varios ministerios para el ámbito de la defensa nacional.

Rechazamos las versiones falsas y calumniosas que se han dado sobre la compra de los Mirage.

En nuestro gobierno se amplió el rol social y desarrollista de las Fuerzas Armadas.

Frente a las Fuerzas Armadas, el aprismo respetó la jerarquía, profesionalismo y no politización de los institutos castrenses, dotándoles del equipamiento necesario para la lucha contra el terrorismo y la defensa del territorio nacional. Los sueldos que tuvieron los miembros del personal militar, en promedio durante los cinco años de gobierno aprista, fueron superiores en 70% en términos reales, comparándolos con el promedio de la administración fujimorista, en la que se ha maltratado profesionalmente a los institutos castrenses.

Se legisló a favor del bienestar de los militares, marinos y aviadores peruanos, para lo cual se promulgó un dispositivo legal creando un Sistema de Remuneración, Beneficios y Pensiones del personal castrense con la finalidad de lograr un mejoramiento sustantivo de sus sueldos, de los que entregan su vida por la Patria cuando se encuentra en peligro. Este dispositivo legal, que otorgaba sueldos decorosos al personal de la Fuerza Armada, fue anulado por el fujimorismo y su política de ajuste neoliberal.

En el gobierno aprista se creó el Fondo de Defensa Nacional para renovar los equipos militares, conociendo por informes de Inteligencia que un país vecino estaba en una carrera armamentista creciente. Este fondo le permitía a las Fuerzas Armadas disponer de aproximadamente 300 millones de dólares anuales desde 1990, lo que le hubiera permitido la modernización y tecnologización de su equipamiento. La autocracia, con su política de ajuste, anuló el Fondo de Defensa Nacional, imposibilitando el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, lo que ocasionó los conocidos resultados en la Guerra del Cenepa y Tiwinza, que según declaraciones de la presidenta del Congreso fujimorista, en 1999, nunca pudo ser recuperado. Es falso, por lo tanto, atribuirle a la Fuerza Aérea Peruana, por el tema de los Mirage, los resultados que se obtuvieron en el conflicto del Cenepa.

Legislación laboral a favor de los trabajadores

Es necesario recordar que en el ámbito de los trabajadores el APRA siempre tuvo un rol consecuente y firme. Basta mencionar la Reforma de las 8 horas de trabajo por las que luchó Víctor Raúl Haya de la Torre en 1919. Además de la tradición del fundador del Aprismo al combinar el desarrollo cultural y educativo con los trabajadores a través de las Universidades Populares Gonzales Prada.

En materia de legislación laboral se promulgó un conjunto de normas legales a favor de los trabajadores durante los años 1985-90, algunas de las cuales podemos mencionar:

  • Ley Nº 24504 (14 de mayo de 1986), mediante la cual los trabajadores de la actividad privada tenían derecho a percibir bonificaciones del 25% y 30% al cumplir 25 y 30 años de servicios;

  • Ley Nº 24508 (29 de mayo de 1986), en que se aprueba los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y empresarios y sobre trabajadores con responsabilidades familiares;

  • Ley Nº 24514 (5 de junio de 1986), que regula el derecho de estabilidad del trabajo;

  • Ley Nº 24527 (12 de junio de 1986) a favor de los periodistas de radio, televisión, prensa escrita y agencias noticiosas, para que tengan derecho a percibir pensión de jubilación a partir de los 55 ó 50 años de edad, según se trate de varones o mujeres;

  • Ley Nº 24634 (6 de enero de 1987) mediante la cual se reajusta el sueldo y salario mínimo vitales progresivamente en el término no mayor de tres años, hasta alcanzar el monto del ingreso mínimo legal;

  • Ley Nº 24645 (9 de enero de 1987) para que los trabajadores del campo, integrantes de los grupos, parcialidades, comunidades campesinas y demás, queden comprendidos como asegurados obligatorios en el Régimen de Prestaciones de Salud (D.L. 224829);

  • Ley Nº 24705 (25 de junio de 1987) que reconoce a las amas de casa y/o madres de familia la calidad de trabajadores independientes;

  • Ley Nº 24724 (25 de octubre de 1987), donde se establece que la jornada ordinaria de trabajo para los periodistas será no mayor de cinco días ni mayor de cuarenta horas a la semana;

  • Ley Nº 24920 (3 de noviembre de 1988) autorizando a PescaPerú para que proceda a la venta directa a favor de ocupantes trabajadores y ex trabajadores, de viviendas de su propiedad, ubicadas en puertos y caletas del litoral peruano;

  • Ley Nº 25009 (25 de enero de 1989) de Jubilación de Trabajadores Mineros;

  • Ley Nº 25130 (15 de diciembre de 1989) otorgando a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, el derecho a percibir dos gratificaciones en el año, una en Fiestas Patrias y otra en Navidad;

  • Ley Nº 25202 (24 de febrero de 1990) creando la Bolsa de Trabajo para proveer las plazas de trabajo del personal obrero de las diversas categorías y especialidades en las obras de construcción civil; etc.

Nuestra Política Exterior

El APRA, desde que su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre propusiera los cinco puntos del Programa Máximo Internacional en 1926, ha tenido una posición consecuente y coherente en materia de Política Internacional. Bastaría citar los puntos 2º Por la unidad política de América Latina y 5º Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del punto.

La política exterior, entre 1985 y 1990, se diseñó teniendo presente su vinculación con la política interna y su relación con la defensa y salvaguarda con los intereses permanentes del Estado, como son la soberanía, independencia, identidad cultural e integración territorial.

Estos principios definieron la política exterior nacionalista, integracionista y no alineada, y paralelamente, tradujo a la política exterior, la naturaleza democrática de nuestro gobierno y a su Estado de derecho. También el Perú defendió y afirmó sus principios, definiendo en el plano internacional los factores que amenazan su estabilidad, tales como el terrorismo y el narcotráfico. Durante el gobierno del APRA, el Perú firmó su adhesión a las normas y principios de la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos institucionales que rigen la convivencia civilizada entre las naciones, en especial las referidas a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos o externos de otros estados, autonomía, independencia, igualdad jurídica entre los Estados, respeto a los tratados y otros.

En este marco, asignamos prioridad al desarrollo de sus relaciones con los países limítrofes, otorgando especial importancia a los proyectos de cooperación bilateral.

Nuestra condición de país ribereño del Pacífico, determinó la orientación de la política hacia la Antártida, la que se vio coronada con el éxito que significó nuestro ingreso como miembro consultivo del Tratado Antártico, así como nuestra proyección hacia la Cuenca del Pacífico, que va configurándose como la zona política-económica del futuro, tanto por la dinámica de sus países ribereños como por las riquezas que se encuentran en los fondos marinos, por lo que hemos dado prioridad a la aceptación del Perú como miembro de la Conferencia Económica del Pacífico (PECC).

Nuestra política multidimensional determinó, a su vez, que el Perú haya tenido participación activa en las reuniones celebradas dentro del marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En el nivel regional, promovimos incesantemente la integración latinoamericana, de modo tal que permita a los países de la región, junto a los países del Caribe, el ejercicio de un rol significativo en la estructura económica y política internacional a través de la conformación del Mecanismo Permanente de Coordinación y Consulta, o Grupo de Río. El mecanismo tuvo una acción importante, asumiendo posiciones conjuntas sobre delicadas cuestiones que concernían a las relaciones hemisféricas, estableciendo contactos con otras organizaciones y grupos de países, así como promoviendo un nuevo ritmo a la integración latinoamericana.

Dentro de estas líneas de convicción, el Perú propició la afirmación de la voluntad política necesaria para que el Grupo Andino asuma una dinámica que no sólo respondiera a sus programas de complementación y desarrollo económico, sino fundamentalmente a las perspectivas de su presencia política y de comunicación tanto en el nivel regional como mundial.

En el nivel hemisférico, la política exterior del Perú tendió a configurar unas relaciones democráticas, criticando la asimetría de la Organización de Estados Americanos, tratando de adecuar la organización a las necesidades de desarrollo de los países democráticos del continente y a los cambios que se están configurando en las estructuras de la política mundial.

En el ámbito de las Naciones Unidas, se concedió especial importancia a la cuestión del desarme convencional en el nivel regional, el que se plasmó con la aprobación de un proyecto de resolución. Esta misma iniciativa fue llevada al plano de las relaciones bilaterales con nuestros países vecinos, con los que se logró suscribir acuerdos referidos a la limitación de gastos en armamento y, a la vez, medidas de fomento a la confianza. En este ámbito merecen destacarse los aportes conceptuales efectuados por el Perú en materia de deuda externa y en derechos humanos. En el primer caso, muchos de los criterios adelantados por el Perú en 1985, son los que se han ido incorporando a los nuevos esquemas globales para el tratamiento del problema. En derechos humanos, el Perú ha conseguido el tratamiento más balanceado al hacer presente la consideración internacional de cada caso, las agresiones que sufren las sociedades por el terrorismo y la violencia subversiva.

Respeto y Máximas Garantías a la Libertad de Expresión

El aprismo, y su gobierno, mantuvieron una línea principista de defensa irrestricta de la libertad de prensa y de tolerancia con todos los medios de comunicación escrita, radial y televisiva. Se apoyó con el mecanismo del dólar MUC a los medios de comunicación; por ejemplo en el caso de la prensa escrita se otorgó, con dólares MUC, el papel importado.

Transparencia en los procesos electorales

El gobierno aprista convocó al pueblo a elecciones limpias y democráticas, en todos los niveles, por mandato de la Constitución de 1979: elecciones municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales; sin que existiera ninguna observación y sin que se practicaran métodos «legalistas» para vulnerar la voluntad y expresión libre de la ciudadanía.

Nuestra Experiencia Acumulada

En la actualidad, el aprismo puede mostrar un sinnúmero de cuadros y promociones de profesionales, técnicos y trabajadores que, en las diversas instancias del Estado y en todos los distritos y provincias del Perú, tienen, ahora, gran experiencia en corporaciones, empresas públicas, gobiernos centrales, regionales, municipales, sistema financiero, que junto a los nuevos cuadros del partido, están con mucha mejor preparación y disposición para volver a ejercer gobierno de manera más eficiente, económica, social y políticamente.

2. Caracterización de la situación actual

(el régimen del fujimorato que termina)

Es muy importante que el diseño de la estrategia de acción política y la Agenda Programática parta de una interpretación sistemática y realista de la situación actual del país; de una realidad que es parte de una economía planeta en proceso de creciente mundialización. Esta perspectiva analítica conduce a considerar las múltiples dimensiones de la realidad.

El país que deja Fujimori

A. Ambito Político-Institucional

Elementos Básicos de la realidad

  • Régimen político fujimorista autoritario en transito acelerado a una dictadura disfrazada de instituciones de apariencia legalista.

  • Inexistencia de un sustantivo Estado de Derecho.

  • Se trata en realidad de un régimen oligárquico que usa como "estratega" y operador a los Servicios de Inteligencia.

  • Caricatura de "democracia" de muy baja intensidad, tutelada, decretada, regulada y excluyente. Fundada en la mentira.

  • Personalismo extremo (sin un partido político) personificado en el mandatario, su familia, allegados y áulicos serviles.

  • El Estado, en su sentido más genérico, utilizado para los objetivos políticos represivos, asistencialistas y clientelistas del cabeza del régimen.

  • Centralismo de gobierno y concentración de poderes en el autócrata.

  • Manejo de una abyecta mayoría en el Congreso de la República y en el Poder Judicial.

  • Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sometidas al poder del Presidente.

  • Uso y abuso de la denominada Justicia Militar contra los opositores al régimen.

  • Se practica un proceso de demolición institucional contra: Partidos Políticos Democráticos, Sindicatos, Gremios Profesionales, Universidades, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Municipios, Tribunal Constitucional, Medios de Comunicación, etc. Es decir se asiste a un progresivo proceso de desinstitucionalización del país.

  • Control autoritario de los recursos de cooperación internacional a las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) por intermedio del centralista Ministerio de Presidencia.

  • Los Poderes del Estado (Congreso Nacional, Poder Judicial y Ministerio Publico, Poder Electoral y Gobiernos Regionales) sumisos al poder autocrático del Ejecutivo. Las decisiones del conjunto del Estado están centralizadas en dicho Poder Público.

  • Amenaza permanente a la libertad de expresión. Manejo de la publicidad estatal de acuerdo a los intereses del gobierno, lo que ha llevado al sojuzgamiento de los medios de comunicación, con muy escasas excepciones

  • Política de financiamiento del SIN de la llamada "prensa amarilla", cloaca del periodismo criollo, que sólo se dedica al sexo-sangre-"política" para intentar liquidar a los opositores del fujimorato.

  • Prácticamente casi ha desaparecido la autonomía política en materia de decisiones económicas.

  • Continuas violaciones de la Constitución de 1993, promulgada por el propio Fujimori, mediante diversas normas y leyes que contradicen y trasgreden los mandatos de la Carta Magna.

  • Destrucción, con alevosía, premeditación y entreguismo del Instituto Nacional de Planificación y del Sistema Nacional de Planificación.

B. Etica y Moral Pública

La corrupción publica aparece en las encuestas de opinión ciudadana como una de las preocupaciones principales de la población después de los temas de 1) Falta de empleo, bajos sueldos, salarios e ingresos; y 2) autoritarismo, influencia de Montesinos.

Nunca en la historia del Perú, la corrupción alcanzó el alto nivel vergonzante que caracteriza al fujimorato.

En opinión del 98.5% de la población, la crisis política que atraviesa el país se debe a que el flagelo de la corrupción no se combate en altas jerarquías gubernamentales.

  • Infiltración sin precedentes históricos del poder del narcotráfico en las mas altas esferas de la oligarquía gobernante.

  • Ninguna de las denuncias contra el poder gobernante han sido materia de investigación mínima. De 182 comisiones investigadoras planteadas en el Congreso de la República, sólo han llegado a formarse y dictaminar dos: 1) la de los ex parlamentarios en relación a sueldos por jubilación y 2) sobre el Tribunal Constitucional . Rechazándose temas como: a) Corrupción en las adquisiciones y obras públicas, muchas adjudicadas sin licitación a empresas relacionadas con altos funcionarios del régimen; b) Tráfico Ilícito de Drogas descubierto en el avión presidencial y en barcos de la Armada; c) Imputaciones directas del Asesor Presidencial Vladimiro Montesinos Torres y a algunos malos Jefes Militares, de estar coludidos con el narcotráfico en las zonas cocaleras, sin que esto signifique en modo alguno que las acciones de elementos nefastos comprometan el honor de las Fuerza Armadas del Perú; d) Agresiones físicas a periodistas y amenazas a la Libertad de Prensa; e) Impunes violaciones a los Derechos Humanos; f) Casos de escandalosas privatizaciones como la de Aeroperú; g) El escandaloso caso de Popular y Porvenir; h) Oscuros acuerdos de negociación de papeles de la deuda externa; i) Cuantiosas cuentas bancarias y declaración de ingresos inexplicables y de dudosa procedencia del asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres; j) Comisiones importantes obtenidas en la compra de armamento militar por conocidos traficantes de armas en colusión con los miembros de la oligarquía gobernante (por ejemplo, la compra de los poderosos Mig-29 a Bielorrusia; la compra de 10 helicópteros MI-17-1B a través del vendedor de armas Enrique Benavides Morales, evadiéndose impuestos y con sobreprecios estimados en más de 400 mil dólares por unidad, etc); k) La adquisición de tractores «Shangai» sin licitación, a pesar del mal estado en que se encontraban las máquinas, y fijación de la póliza de cada tractor por casi el doble de su valor; l) Archivamiento, por la mayoría parlamentaria fujimorista, del caso de la compra de la mansión de La Molina de 750 mil dólares de la fiscal suprema Blanca Nélida Colán, como presunto enriquecimiento ilícito de la varias veces Fiscal de la Nación y protectora de Montesinos; m) Los malos manejos en Defensa Civil, sin que se sepa hasta la fecha cómo se gastaron 243 millones de soles destinados a la reconstrucción del país. Entre los años 1995-1999, la mayoría parlamentaria del fujimorato archivó más de 200 casos de corrupción a pesar de las pruebas flagrantes existentes, evitando investigaciones y acusaciones constitucionales

  • Nada fiscaliza al gobierno: ni el Congreso de la República, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República; instituciones estatales intervenidas y/o bajo control directo de la estructura del poder gubernamental.

 

C. Derechos Humanos

  • Planes represivos secretos y siniestros. Acoso frecuente, agresión e intentos de secuestros a periodistas de diversos medios de información escrita, hablada y televisiva; lo que origina graves restricciones a la libertad de expresión.

  • Utilización de los Servicios de Inteligencia ("poderes ocultos") como mecanismos de represión de los adversarios políticos y liquidadores de personas en siniestros operativos que incluyen la muerte y la tortura. Por ejemplo, los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

  • Existencia de un sistema de intervención telefónica y soplonaje extendido en los ámbitos civiles y militares.

  • Utilización del Poder Judicial y el Ministerio Publico para abrir y reabrir procesos judiciales con objetivos precisos y selectivos de represión política (como el último caso que ha sucedido en enero del 2000 con el Secretario General del Partido Aprista Peruano, cuando, ejerciendo su labor fiscalizadora, da a conocer los cuantiosos y obscuros ingresos del asesor presidencial Montesinos, sólo en una cuenta bancaria).

  • Utilización de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de la publicidad estatal como instrumentos de coacción contra personas naturales y jurídicas y medios de comunicación (como ha sucedido con nuestro candidato presidencial para las elecciones del 2000 con la intervención de la SUNAT).

  • La destrucción de las instituciones y la desmoralización afecta especialmente a la juventud, que vive confundida, porque el fujimorato sustituye los valores morales por un materialismo egoísta.

 

D. Económico-Social

  • En el discurso y la praxis del Programa Económico Neoliberal existente no aparecen como preocupación la temática del Desarrollo Económico y Social.

  • Supuesta plena vigencia en el discurso ideológico, de una economía de mercado absoluta que debería regular toda la actividad societal (ley básica de toda la regulación económica y social).

  • Premisa conceptual básica: el individualismo metodológico.

  • Aceptación restringida y mínima del concepto de bien público (definido como lo dice el Premio Nóbel de Economía Paul Samuelson como "los bienes o mercancías cuyos beneficios se pueden proporcionar a todas las personas… los beneficios son indivisibles y no se puede excluir a ningún individuo").

  • No aceptación del concepto y valor de la justicia social.

  • En la agenda neoliberal criolla peruana los conceptos de soberanía e integridad nacional están prácticamente excluidos.

  • Educación, Salud, Seguridad Social, Deportes y Recreación en general bajo el patrón de relaciones mercantilizadas.

  • Inversión virtual en los servicios (desmaterialización de la actividad económica), conjuntamente con inversión de cartera y especulativa.

  • Sí existen excluidos y grandes brechas de ingresos entre estratos sociales (según los neoliberales criollos), éste puede ser el resultado "no deseado" de una economía irrestricta de mercado

  • Luego de la aplicación de más de nueve años de fujimorismo económico se ha producido un proceso de modernización autoritaria y excluyente (polos de modernización y Gulag sociales)

  • Los resultados de la ejecución dogmática, extrema y fundamentalista del Proyecto Económico Fujimorista han ocasionado que 50% de peruanos (aproximadamente 135 millones de personas) vivan en situación de pobreza.

  • El país mantiene el triste récord, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del primer lugar en el continente americano en cuanto a la enfermedad de la tuberculosis, ya que por cada 100 mil peruanos hay 208 tuberculosos.

  • Las condiciones de pobreza son la causa que el 50% de los niños del país padezcan de desnutrición crónica, el índice más alto en América, luego de Haití, según la FAO.

  • De acuerdo al Banco Mundial el Perú se encuentra entre los diez países relativamente más pobres del mundo después de Zambia, Madagascar, Níger, Senegal, Guatemala, India, Kenya y Uganda.

  • Los altos niveles de mortalidad infantil y materna, solo son superados en América por Bolivia y Haití según UNICEF.

  • En la presente década de los noventa se ha acentuada la desigual distribución de los ingresos, que según mediciones del Banco Mundial (respecto al indicador que relaciona los ingresos a que accede el 20% mas rico entre los ingresos del 20% mas pobre), el Perú se encuentra entre los países con mayor desigualdad de ingresos del mundo, junto con Zambia, Bostwana, Brasil, Gabón, Kenya y Cote d’Ivore.

  • La Población Económicamente Activa (PEA) mantiene una distorsionada participación en los mercados laborales, pues sólo el 20% esta adecuadamente empleada, mientras que el 70% está subempleada o en desocupación encubierta y el 10% está abiertamente desocupada; o sea 838,800 peruanos y peruanas absolutamente desempleados, récord histórico, desde que existe estadística técnica en el Perú.

  • El único sector en que ha crecido el «empleo» es la economía popular (o «sector informal), que ha pasado de conformar un 52-57% de la PEA en julio de 1990 a 70-75% de la PEA en 1999; crecimiento desbordante de un sector de la economía urbana y rural de niveles agudamente precarios de autoempleo (mayoritariamente pequeño comercio, ambulantes, taxistas, diversos servicios, etc); que en realidad sobrevive --mayoritariamente-- en situación de subsistencia (véase Cuadro Nº 1). Nos encontramos en realidad frente a un «Programa» fujimorista que no ha generado empleo adecuado para la inmensa mayoría de peruanos y peruanas.

 

Cuadro Nº 1

Perú 1999: El país que deja Fujimori

(El crecimiento desbordante de la economía popular o «sector informal»)

Julio 1990 Diciembre 1999

Población Nacional 21’550,000 26’200,000

Tasa de crecimiento poblacional anual 2.1% 1.8%

Población económicamente activa (PEA) 7’573,000 8’388,000

trabajadores y trabajadoras

PEA mayor de 15 años (en %) 100% 100%

Emprendedores, emergentes, 3’938,000-4’317,000 5’872,000-6’290,000

economía popular o «sector informal»

(sector urbano y rural)

En % sobre la PEA total 52%-57% 70%-75%

Fuentes: -- Anuario Estadístico: Cuánto. Perú en Números 1991. Lima, 1991.

-- Compendio Estadístico Socio-Demográfico 1997-98, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima, julio 1988.

-- Estimaciones en base a datos del Ministerio de Trabajo.

-- Estimaciones en base a Censos Nacionales 1981, 1993 y III Censo Económico Nacional.

 

  • La población en situación de pobreza aumenta en términos relativos y absolutos, de julio de 1990 a diciembre de 1999, del 42.6% al 50% y en cantidad de peruanos de 9’180,300 a 13 millones para el mismo periodo (véase Cuadro Nº 2). Esta comparación se hace considerando julio de 1990, el mes de mayor índice de pobreza en todo el gobierno aprista (agosto 1985 - julio 1990) según Cuánto S.A.

 

Cuadro Nº 2

Población por niveles de pobreza (1990, 1995, 1999)

(Gobierno del APRA versus los dos gobiernos de A. Fujimori)

Julio 1990 1995 Dic. 1999

Población nacional 21’550,000 23’554,000 26’200,000

Porcentaje de pobres (%) 42.6% 45.3% 50.0%

Población en situación de pobreza 9’180,300 10’669,962 13’100,000

Porcentaje en extrema pobreza 14.1% 19.3% (1) 15.32% (1)

Población en situación de extrema pobreza 3’038,550 4’545,922 4’016,000

Fuente: Estimaciones y extrapolaciones en base a:

-- Indice mensual de pobreza de Cuanto S.A., 1992, 1993.

-- INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 1996.

-- Informe del Banco Mundial, 1999.

-- INEI.

-- Agenda Perú, 1999.

(1) El presidente A. Fujimori prometió reducir a la mitad la extrema pobreza como el principal objetivo de su gobierno para el periodo 1995-2000. No se ha cumplido, pues la pobreza extrema pasa de 19.3% a 15.32%.

  • La población en situación de extrema pobreza también se incrementa en términos relativos y absolutos, de julio de 1990 a diciembre de 1999, del 14.% de la población total al 15.32% y en cantidad de peruanos de 3’038,500 a 4’016,000 para el mismo periodo (véase Cuadro Nº 2).

  • Fujimori, en discurso de su segunda asunción del mando, el 28 de julio de 1995, prometió como gran objetivo de su gobierno reducir la pobreza extrema a la mitad del 19.3% a 9.65% del año 1995 al 2000. Esto no se ha cumplido: la pobreza extrema pasa del 19.3% al 15.32% (véase Cuadro Nº 2).

  • Según estimados del Instituto de Estudios Económicos y Sociales del gremio empresarial Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la pérdida de puestos de trabajo, sólo en el universo del sector industrial moderno, desde inicios de la aplicación del programa económico fujimorista (agosto 1990), ascendería a 250,000 puestos, de un total de aproximadamente 900,000 trabajadores existentes el citado año (véase Gráfico Nº 1).

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias, Boletín 363, 15 junio 1999.

(1) Hay que considerar el ajuste brutal de agosto de 1990 correspondiente al gobierno de Fujimori.

 

Además, según declaraciones del Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) una de cada cuatro empresas industriales han paralizado su producción a Junio de 1997. Habiendo alcanzado cifras del 50% de paralización en la industria de maquinaria eléctrica y en la industria de maquinaria no eléctrica. En palabras del citado presidente: "En la muestra de empresas al universo del sector industrial, tendríamos un cierre masivo de empresas a partir de 1990".

A 1999, la situación no ha cambiado. La situación presenta un cuadro dramático. El empleo ha disminuido el año mencionado en –5.2%. Las exportaciones han caído en –16.1%. La inversión ha descendido en –20%. Y el PBI real, no el mentiroso del gobierno, ha caído el año 1999 en –1%. Según Adex, por cada 100 trabajadores que existían en 1990, treinta han perdido su puesto de trabajo a la fecha, lo que ha significado, sólo en los dos últimos años, el aumento de 400 mil nuevos desempleados. El sector productivo industrial está fracturado y quebrado. Según datos de la Sociedad Nacional de Industrias, hasta 1999 han quebrado 22 mil empresas y la situación de las grandes, medianas y pequeñas empresas que sobreviven es alarmante.

  • La evolución del nivel de desempleo se ha incrementado en 1999 a niveles récord: 10% de la Población Económicamente Activa (8’388,000 peruanos en situación de desempleo abierto) versus un promedio del gobierno aprista (junio 1986 - julio 1990) de 6.57% de la PEA (véase Cuadros Nº 3 y 4).

Cuadro Nº 3

Evolución del nivel de desempleo en %

(1986-1999)

Año 1986 1987 1988 1989 1990 1999

(Junio) (Junio) (Julio) (Julio) (Dic.)

PEA Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% de la PEA desempleada 5.3% 4.8% (1) 7.9% 8.3% 10.0%

Fuentes: En base a Encuestas de Hogares y a Ministerio de Trabajo y Promoción Social - Dirección General de Empleo y Formación Profesional.

(1) En los años 1985 y 1988 no se ejecutaron por el INEI Encuestas de Hogares.

 

Cuadro Nº 4

Población desempleada: Julio de 1990 versus diciembre de 1999

1990 1999

(Julio) (Diciembre)

PEA Total 7’573,000 8’388,000

% de desempleados 8.3% 10.0%

Población desempleada 628’559 838,000

Fuente: En base a Encuestas de Hogares y a Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

  • La evolución del empleo en Lima Metropolitana ha sido negativa entre julio de 1990 y setiembre de 1999; reduciéndose del índice 100 el empleo total a 81. Lo mismo ocurre con los sectores Industria, Comercio y Servicios (véase Cuadro Nº 5).

Cuadro Nº 5

Evolución del Empleo en Lima Metropolitana

Julio 1990 (índice de base) Setiembre 1999

 

Empleo total 100 81

Sector Industrial 100 69

Sector Comercio 100 79

Sector Servicios 100 93

Fuentes: Ministerio de Trabajo. Adex.

  • La aplicación concreta del Programa de Fujimori ha obtenido otros resultados:

  • Elevados intereses con relación a los niveles internacionales (en realidad el único sector "no ajustado", dentro del programa integral de ajuste, es el financiero). El precio del dinero (intereses) es fijado por un oligopolio de bancos sin mayor regulación del Estado. Inclusive, en el centro del capitalismo mundial, como son los Estados Unidos, la Reserva Federal juega un rol sobre las tasas de interés.

  • Caída o congelamiento de sueldos, salarios e ingresos que varían según las ramas y sectores del segmentado mercado laboral peruano. Por ejemplo, el sueldo de los trabajadores de las empresas privadas en Lima Metropolitana ha descendido, entre 1989 y 1999, en –20%.

  • El nivel de remuneraciones ha caído a la mitad comparando los años 80 (en democracia) versus los años 90 (en autocracia). (Véase Gráfico Nº 2.)

Fuente: Jorge Bermedo y Adolfo Ciudad, Seminario «Las Relaciones de Trabajo en el Perú». En: La República, 13 enero 2000.

  • Un indicador vital para el análisis comparativo es el consumo de alimentos por habitante. En el Gráfico Nº 3 se puede observar la caída del consumo de pan, pescado, fideos, azúcar refinada y carne considerando años del periodo del gobierno del APRA versus años del segundo gobierno de Fujimori.

Fuentes: INEI, Cuanto S.A.

  • Incremento sustantivo de los precios de las tarifas de servicios (luz, teléfono, agua) y de los combustibles, lo que ha significado un gran incremento en las tasas y volúmenes de ganancias de los ex monopolios estatales hoy convertidos en nuevos monopolios privados (véase Cuadro Nº 6). Un caso de maltrato al consumidor es lo que ha sucedido con el gasolinazo de 1999. El incremento de los combustibles ha sido en siete meses de 39% para la gasolina de 90 octanos y de 42% para la gasolina de 97.

 

 

Cuadro Nº 6

Incremento de la electricidad y del servicio telefónico

(Enero 1991 - Diciembre 1999)

(en términos reales)

Tarifa residencial de electricidad (por el consumo de 180 Kwh) 22 veces

Servicio Telefónico (150 llamadas) 16 veces

Fuentes: En base a recibos de luz y teléfono y al diario La República, 1999

 

  • La "estrategia" exportadora del gobierno es, en lo fundamental, primaria-exportadora, lo que resulta marginalizante en el contexto del proceso de mundialización, repitiendo un ciclo similar al acontecido en la época de Odría.

  • Desde la perspectiva de mediano y largo plazo el modelo presenta una extrema vulnerabilidad externa por el crónico déficit acumulado en cuenta corriente, que anualmente se encontraría entre un 6% y 7% del Producto Bruto Interno (en realidad el porcentaje sería mayor en la medida que nos movemos dentro de un PBI-MEF = mentiroso).

  • La llamada reforma del Estado sólo se ha focalizado en el asunto de las privatizaciones y el despido de personal, dejando de lado aspectos sustanciales como la descentralización, desconcentración y reestructuración, la modernización, la gerencia y gestión pública, la redefinición de un Estado Estratega, nuevas formas y modelos de las políticas sociales, el problema de la burocracia y la capacidad del servicio civil, etc. Hasta mayo de 1998 de los 110 mil trabajadores de las ex empresas públicas, sólo continuaron 31 mil, dejando sin trabajo a 79 mil trabajadores.

  • La parte porcentual del Presupuesto del Gobierno Central dedicado al Sector Educación se ha reducido de un promedio anual de 19.03% (entre 1986-1989), en el gobierno aprista, a 8.38% en 1999 (véase Gráfico Nº 4).

Fuentes: -- Perú en Números 1991. Cuánto S.A. Lima, abril 1991.

-- Presupuesto de la República 1999. MEF.

 

  • La brecha entre la demanda educativa (peruanos de 5 a 24 años) y la oferta educativa (alumnos matriculados) ha crecido durante la década fujimorista. En 1990 la brecha educativa era el 24.25% de la demanda o 2’350,000 peruanos. En 1999 la brecha asciende a 29.75% de la demanda o 3’273,900 peruanos sin poder estudiar primaria ni secundaria (véase Cuadro Nº 7).

Cuadro Nº 7

Demanda, oferta y «brecha educativa»: 1990, 1995 y 1999

 

Demanda (1) Oferta (2) «Brecha» (1) -- (2)

Poblac. Estimada Alumnos matricul. (en miles)

5-24 años (modalidad escolariz.)

(en miles) (en miles)

 

Cantidad 9,692.8 7,342 2,350.8

 

990 % sobre demanda 24.25%

 

Cantidad 10,599.3 7,415.7 3,183.6

 

1995 % sobre demanda 30.03%

 

Cantidad 11,004 7,730.1 (1) 3,273.9

 

1999 % sobre demanda 29.75%

Fuentes: -- Ministerio de Educación, Dirección General de Estadística e Informática.

-- Instituto Nacional de Estadística e Informática.

-- Cuánto S.A.

(1) Estimados.

  • Tomando los indicadores de eficiencia educativa, ésta no ha mejorado. En el nivel primario (departamento de Lima) la deserción en 1990 era de 4.5% del total de alumnos que cursaban estudios primarios. Esta cifra asciende ligeramente en 1998 a 4.6%. A nivel secundaria (siempre departamento de Lima) la situación es peor: el índice de deserción escolar crece de 5.6% a 6.7% (véase Cuadro Nº 8). ¿Cómo será en el resto del país? Seguramente más deserción escolar durante el fujimorato. Los proyectos de escuelas, tan publicitados por el gobierno, no han tenido incidencia en la eficiencia educativa, ni en cubrir la brecha entre demanda y oferta educativa.

Cuadro Nº 8

Indicadores de eficiencia educativa

(Porcentaje)

 

Primaria de menores Secundaria de menores

(Dpto. de Lima) (Dpto. de Lima)

 

Total 100% 100

Promoción 88.1 81.2

 

1990 Repitencia 7.4 13.2

 

Deserción 4.5 5.6

 

Total 100% 100%

 

Promoción 87.8 78.7

 

1998 Repitencia 7.6 14.6

 

Deserción 4.6 6.7

Fuente: INEI.

 

  • En el caso de las Universidades (Públicas y Privadas), el número de postulantes ha disminuido de 263,137, en 1990, a 236,148 en 1999. Lo mismo sucede con el número de hombres y mujeres que han ingresado a las Universidades: la cantidad decrece de 72,243 en 1990 a 60,451 en 1999 (véase Cuadro Nº 9).
  • El Perú tiene, en el año 1999, el peor índice cultural de adquisición de libros en Latinoamérica, ya que adquirimos, en promedio, menos de un libro al año (La República, 24 de enero del 2000).

Cuadro Nº 9

Número de postulantes e ingresados a Universidades

(Públicas y Privadas): 1990 y 1998

Nº de postulantes Nº de ingresados

1990 263,137 73,243

1999 (1) 236,478 60,451

(1) Estimados.

Fuentes: INEI. Asamblea Nacional de Rectores.

 

n En el caso de la salud, los resultados no son buenos, comparando el año 1990 con la administración de Fujimori:

  • Los casos de malaria maligna se incrementan de 300 (año 1990) a 84,000 (año 1998). (Véase Cuadro Nº 10.)

Cuadro Nº 10

Casos de malaria maligna

1990 1998

Casos 300 84,000

Fuente: La República, 12 enero 2000.

  • La cobertura de la Seguridad Social se reduce en términos relativos y absolutos, pasando de 34% en julio de 1990 a 26% en 1997. La población protegida decae de 7’314,740 (julio de 1990) a 6’419,851 (año 1997). (Véase Cuadro Nº 11.)

Cuadro Nº 11

La declinación de la Seguridad Social (1990 versus 1997)

1990 (julio) 1997

Asegurados 3’702,500 2’655,416

Población protegida 7’314,740 6’419,851

Cobertura de salud del IPSS (%) 34% 26%

Fuentes: -- Compendio Estadístico Socio-Demográfico 1997-1998, INEI, julio 1998.

-- Boletín Estadístico IPSS 1997, IPSS Nov. 1998.

-- Julio Castro Gómez, Comisión de Salud Pública, Colegio Médico del Perú, enero de 1999.

 

  • El índice de médicos, odontólogos, enfermeros y obstetrices por 10 mil habitantes, disminuye (entre 1990 y 1999) de 10.3 a 10.2 (en los médicos), de 2.5 a 0.6 (en los odontólogos), de 7.6 a 6.5 (las enfermeras) y de 1.6 a 1.5 (las obstetrices). (Véase Gráfico Nº 5.)

Fuentes: -- Ministerio de Salud.

-- Instituto Peruano de Seguridad Social.

 

  • El incremento promedio por unidad del precio de las medicinas ha sido brutal: casi seis veces entre 1988 y 1998. Mientras que las unidades de medicamentos por persona se ha reducido, para el mismo periodo, en 2.56 veces (véase Gráfico Nº 6.)
  • La gestión del proceso de privatizaciones es una verdadera caja negra. Se supone que las ventas acumuladas por privatizaciones alcanzan 8,627 millones de dólares a mayo de 1999. Sin embargo, el Banco Central de Reserva sólo contabiliza 3,641 millones de dólares. No se conoce qué ha pasado con la diferencia. ¿Se ha gastado? ¿Es dinero que gana intereses? ¿Cuánto se ha comprometido en gastos? ¿Cómo se manejan los fondos? ¿Quién ha fiscalizado este proceso (como ha ocurrido en países latinoamericanos)?, etc. ¿¿¿???

Gráfico N° 6

EL BRUTAL INCREMENTO DEL PRECIO DE LAS MEDICINAS: 1988 vs 1998

 

  • La inversión pública, a través de Concytec, en Ciencia y Tecnología ha decrecido sustancialmente. En 1989 se invertían 15 millones de dólares versus 2 millones 610 mil dólares en 1998 (véase Cuadro Nº 12).

Cuadro Nº 12

Inversión en Ciencia y Tecnología (Concytec)

Monto en millones de dólares corrientes % del PBI

1989 15 0.200 (1)

1995 3 0.030 (2)

1998 2.610 0.028

Fuente: Seminario Taller: Indicadores de Ciencia y Tecnología, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En: El Comercio, febrero 1999.

(1) Estimaciones.

  • Comparativamente con Chile, el Perú invierte en Investigación y Desarrollo 17.5 veces menos (véase Cuadro Nº 13.)

Cuadro Nº 13

Gastos en Investigación y Desarrollo (1998)

País Dólares por habitante

Perú, Bolivia 2-3

Chile 35

Fuente: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), 1999.

 

  • La negociación y acuerdos tomados sobre la deuda externa se han realizado sin ninguna fiscalización, en forma poco transparente, desinformando al país y con informaciones estadísticas de dudosa veracidad y contradictorias según sea la fecha y el tipo de fuente oficial consultada (véase, por ejemplo, el Gráfico Nº 7).

 

Fuente: Memorias del BCR desde 1990 a 1998. Notas Semanales N° 45/90 y 35/99

n La negociación de la deuda externa no ha buscado los intereses del país. Ella se pudo rescatar cuando los papeles de la deuda estaban muy por debajo de los precios en los que luego se pactarían.

n Según los expertos deudólogos, el Perú pudo obtener mejores condiciones, en cuanto a plazos y propuestas diferentes, inclusive en el marco de Brady, como ha sucedido en otros países. Hasta la fecha se desconoce el conjunto del marco legal del programa de recompra de papeles de la deuda, los mecanismos de recompra en el Brady y los criterios técnicos de selección de papeles de deuda para privatizaciones.

  • El fujimorato es el gobierno que, en los últimos 30 años, ha pagado más la deuda externa y cuyo flujo de desembolsos al país, menos servicios de la deuda, ha sido negativo en -5,016 millones de dólares, entre agosto de 1990 y diciembre de 1998 (véase Gráfico N° 8).

Fuente: MEF-BCR. Elaboraciones: G. Barraza.

 

  • Los compromisos entreguista y alegremente acordados para el pago de la deuda externa significarán un pago entre los años 2000-2010 de 21 mil millones de dólares (véase Cuadro N° 14), con lo cual cada peruano (hombres, mujeres, niños y ancianos), deberá pagar 100 dólares anuales por efecto de la deuda externa secreta y desfavorablemente negociada por el fujimorato.

Cuadro Nº 14

Proyección del Servicio de la Deuda Pública Externa

Años Amortización Interés Total

(millones de US$)

2000 734 1,123 1,857

2001 779 1,071 1,850

2002 798 1,021 1,819

2003 964 979 1,943

2004 1,013 931 1,944

2005 1,110 872 1,982

2006 1,124 810 1,934

2007 1,177 786 1,963

2008 1,184 758 1,942

2009 1,206 681 1,887

2010 1,159 604 1,763

Fuente: MEF-BCR.

 

Elaboración: Cendoi-UNMSM.

E. Política Exterior

  • Inexistencia de una Agenda Política Exterior de corto, mediano y largo plazo que sea la concreción de una estrategia del país en relación del campo externo.

  • Inexistencia de un Planeamiento estratégico para responder con eficacia al desafío del proceso de mundialización económica dentro de una estrategia integral y sistemática, que priorice un mayor dinamismo en las líneas de producción de bienes y servicios donde el país cuenta con ventajas comparativas que deben transformarse en ventajas competitivas.

  • La política exterior fujimorista ha estado caracterizada por un comportamiento, antiintegracionista, errático en relación a la Comunidad Andina de Naciones.

  • El país ha mantenido un rol de apariencia «protagónico», pero en realidad de muy baja intensidad en relación al Grupo de Río.

  • No se ha diseñado, ni menos implementado, ninguna política de ocupación de Fronteras Vivas, especialmente con el vecino país del Norte, a pesar de las propuestas que ha realizado la CPA en el Congreso de la República entre 1995-1999 y que han sido rechazadas.

  • Se ha realizado un avance muy lento y sin la fuerza necesaria en relación al proyecto de integración binacional con Bolivia.

  • Se ha descuidado la política de integración binacional y Amazónica con Brasil.

  • La posición con relación a una política consistente respecto al narcotráfico (producción, comercialización y consumo) ha sido variada, errática y sin consistencia.

  • Las relaciones con los países de Europa Occidental y Estados Unidos presentan ámbitos de conflictividad, especialmente con relación a :

1. La institucionalidad democrática del país;

2. Los aspectos referentes a la violación de los derechos humanos no resueltos por parte de los aparatos de Estado;

3. Un paradigma de una visión peculiar respecto a una supuesta versión "asiática" de "orden democrático"; y

4. El señalamiento extremadamente crítico y peyorativo sobre el rol que cumplen los partidos políticos democráticos.

Estas referencias divulgadas por el Presidente de la República en el exterior y su ejercicio autocrático de gobierno han creado una mala imagen internacional, especialmente en los países de democracias avanzadas y en los países hermanos de Latinoamérica.

 

Conclusiones

 

El país que deja el fujimorato se caracteriza, en su aspecto negativo, básicamente, por:

  • Falta de empleo

  • Aguda pobreza del pueblo

  • Corrupción en la oligarquía gobernante

  • Rol hegemónico del ex militar procesado y condenado, el asesor Vladimiro Montesinos.

  • Centralismo extremo

  • Ausencia de Democracia

  • Concentración del poder en el autócrata.

  • Una juventud a la cual se le está minimizando sus valores.

 

3. Por una Agenda Programática de Gobernabilidad DEMOCRATICA. Perú siglo XXI- Partido del Pueblo

Como un aporte del PAP al país se ha propuesto los lineamientos de la Agenda Programática de Gobernabilidad Democrática. Perú siglo XXI del Partido del Pueblo.

La base conceptual y política de esta propuesta de lineamientos para una Agenda Programática de Gobernabilidad Democrática parten de los grandes principios ideológicos y doctrinarios del APRA. Se trata de lineamientos que se actualizan permanentemente de acuerdo a los cambios que acontecen en la realidad internacional y nacional; cambios que pueden producirse en cualquiera de las dimensiones: económicas, científicas y tecnológicas, sociales, políticas, etc. Esta práctica de actualización constante es una tradición del Partido del Pueblo que data de 1928 cuando su fundador y líder Víctor Raúl Haya de la Torre escribiera: " Un partido como el APRA no cierra el camino a ninguna posibilidad realista del presente o del futuro".

En tal sentido, y de acuerdo con nuestros postulados internacionalistas y adecuándonos a los grandes escenarios de la política mundial, es que el APRA se ha inscrito en la Internacional Socialista en su último Congreso como miembro pleno.

La actual y renovada propuesta de lineamientos han sido definidos partiendo del análisis de la realidad peruana (tal como la presentada en el Punto 2: Caracterización de la Situación Actual de este documento, donde se presenta nuestra específica visión del Perú en momentos históricos al ingreso del siglo XXI). Pero de una realidad inmersa en una sociedad planeta en proceso de creciente mundialización y de cambio dinámico y continuo.

La divulgación de la nueva Agenda Programática de Gobernabilidad Democrática debe ser parte del renovado «cambio de imagen» del Partido del Pueblo (en realidad la imagen creada en ciertos aspectos por el PAP y la falsa imagen creada por el fujimorato) que ayude a reconquistar la audiencia política perdida, con una capacidad comunicativa de acuerdo a los nuevos tiempos y dando énfasis especial a los jóvenes, hoy en día menos "ideologizados", menos "partidarios" y más «individualistas». Un lenguaje que asuma los valores permanente frente a una sociedad-planeta resquebrajada en sus paradigmas. Valores que se expresen en el lenguaje político en frases con gran contenido como: «igualdad de oportunidades», «la ética personal» y «la moral pública», «la libertad», «la solidaridad», «el compartir el éxito», «invertir en la gente», etc.

AGENDA PROGRAMÁTICA DE GOBERNABILIDAD. PERÚ SIGLO XXI

Ambitos

A. Político-Institucionales

Lineamientos Básicos

  • Vigencia Plena de un Estado Social Democrático de Derecho.

  • Pleno respeto a los partidos políticos, al pluralismo y la formación de movimientos políticos, es decir respecto a que los ciudadanos y ciudadanas pueden asociarse libremente en partidos y/o movimientos políticos. Para lo cual se promulgara una Ley de Partidos Políticos y de Participación Ciudadana luego de un amplio y democrático debate nacional. De la misma forma se dictaminara una Ley Electoral que considere la representación democrática y equitativa de distritos electorales en el Congreso de la República y Gobiernos Regionales.

  • El pueblo debe ejercer el Poder Publico mediante el sufragio. Debe existir equilibrio de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial ) en un sistema de independencia, coordinación y recíproco control. El equilibrio de poderes debe tener, además un con tenido espacial: central-nacional, regional y municipal-local.

  • Se deberá restablecer el Tribunal Constitucional como órgano de control de la Constitución, con autonomía e independencia, como manda el Artículo 201 de la Constitución.

  • Democratización del poder en el espacio nacional; rescatando la naturaleza democrática de los Gobiernos Regionales y Municipales.

  • El Gobierno Nacional debe estar basado en la democracia representativa, pluralista, participativa y emergente; como conceptos y practicas no excluyentes sino complementarias.

  • Ejercicio de una Gobernabilidad Democrática en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión y administración del poder legítimo: lo que significa la transformación en la tecnología de la gestión publica de formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas económicas y sociales nacionales, sectoriales y regionales.

  • Diseño de mecanismos, instrumentos y procedimientos para la concertación entre el Estado y los actores sociales organizados de la Sociedad Civil, para la discusión y debate previo a las decisiones mas importantes del Poder Publico, incorporando a los Actores Sociales en la toma de decisiones. De esa manera se practicará una política democráticamente incluyente de actores y grupos sociales organizados o no.

  • Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional deben profesionalizarse y apolitizarse, volviendo a einstitucionalizarse bajo criterios estrictamente técnico-castrenses.

  • Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional deberán estar subordinadas al poder civil democráticamente elegido.

  • Las Fuerzas Armadas deben contar con el equipamiento necesario para garantizar eficazmente la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República; se recreará el Fondo de Defensa Nacional. Para dignificar la carrera de militares y policías, que permita a la vez calidad, eficiencia y transparencia en los institutos castrenses, se establecerá un marco jurídico que cree un Sistema de Remuneración, Bonificación, Beneficios y Pensiones del Personal Militar y Policial.

  • A las múltiples funciones que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas, se agregará la misión cultural, acrecentando su capacitación científica y tecnológica. Su nivel universitario derivará en beneficio, por el contacto de los militares, con los grandes objetivos de la educación y de la cultura de los pueblos.

  • Puesta en operación de un dinámico Plan de Pacificación Nacional.

  • Se declararan en reorganización de los Servicios de Inteligencia con la finalidad que dejen de ser instrumentos represivos y coercitivos, y se transformen en sistemas técnico-profesionalizados; como lo fueron antes del fujimorato.

  • Se postula la defensa de las decisiones soberanas del Estado Democrático, pero dentro de un contexto internacional de Bloques Regionales y en la dinámica del proceso político institucional y económico de creciente mundialización.

  • Se ejecutara una reforma integral para la Descentralización, Desconcentración, Modernización y Reestructuración del Estado en todos sus niveles; para que la administración pública se convierta en un instrumento para el Desarrollo Económico y Social y no en una traba burocrática. Dentro del proceso de Reforma del Estado se promulgara la Ley profesional y técnica de la carrera del funcionariado publico.

Se hará reformas a la Constitución en lo relativo, por ejemplo, a:

  • Doble debate parlamentario en la formulación de leyes

  • Facultad de Casación de la Corte Suprema en casos del Fuero Militar (los Tribunales Militares sólo juzgarán delitos y faltas de carácter militar, así calificadas como tales por una nueva Ley, y cometidos por militares, en servicio activo. Se abolirá el anonimato en los juicios impuestos por el fujimorato. El Poder Judicial ejercerá su función jurisdiccional sobre los fueros privativos de cualquier naturaleza).

  • Ratificación de los ascensos de los oficiales generales por el Congreso de la República.

  • En lo concerniente a la descentralización (Capítulo XIV de la Constitución).

  • En lo concerniente a la reelección presidencial.

  • En lo concerniente a las funciones del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República.

 

  • Se evaluará la propuesta de privatización de parte del Sistema Electoral del país, hoy manipulado antidemocrática y groseramente por el Presidente de la República. El Estado se reservará la parte relativa a las funciones del JNE y el registro ciudadano en su sentido amplio, convocando a concurso (y posterior selección) a instituciones privadas sólo en tiempos de procesos electorales. De esa manera se promoverá la actuación de la Sociedad Civil en la vida nacional y colectiva.

B. Etica y Moral Pública

  • Se postula como tema sustantivo: Un delito, un acusado y una sentencia.

  • Se restablecerá plenamente la independencia del Poder Judicial y Ministerio Público, procediéndose a una verdadera modernización a favor de una justicia que sea justa, dinámica, superando el burocratismo nido de la corrupción.

  • Se investigarán todos los casos de corrupción denunciados, sin rencores ni venganzas políticas, solamente bajo las pautas éticas y legales que establece un auténtico Estado de Derecho.

  • Se ejecutara el Programa de Lucha Frontal contra el narcotráfico y su perniciosa influencia en las autoridades públicas militares y civiles.

  • Se promulgará la Ley sobre la Transparencia de la Función Pública, que logre como su nombre lo indica: transparencia en la toma de decisiones y terminar con la obstaculización de la moral pública por presiones relacionadas con actos de corrupción.

  • Se presentará una nueva Ley de Contraloría General de la República, mediante la cual la Contraloría tenga verdadera autonomía respecto al Poder Ejecutivo; disposición que le permitirá a la Contraloría actuar como un órgano preventivo, evaluador y fiscalizador de todas las instituciones y entidades en las cuales el Estado tiene participación, así como establecer un sistema de control de la gestión pública para conocer los resultados de los programas y proyectos que cada sector estatal debe cumplir de acuerdo a la política y presupuesto gubernamental. Se hace necesario institucionalizar la Auditoría Interna del Gobierno, para evaluar el accionar de la Administración Pública de acuerdo a los objetivos del Programa de Gobierno. Se creará, en tal sentido, una Contraloría independiente de la Presidencia de la República.

  • Quienes sean encargados de presentar las cuentas de los Poderes del Estado y no lo hicieran en el plazo correspondiente, perderán automáticamente sus derechos civiles por cinco años.

 

C. Derechos Humanos

  • Se harán vigentes plenamente las categorías básicas de los derechos humanos:

i. Derecho a la vida (Protección del ser humano frente a la agresión, el ataque, integridad física y psíquica, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el genocidio, el asesinato. Por lo que se actualizará el actual Código Penal para que estén claramente tipificados esos delitos).

ii. Derechos civiles (Supresión y anulación de todos los mecanismos operativos y legales que sean restrictivos o sean una amenaza a la libertad personal, de pensamiento, de religión, de palabra, de critica, de comunicación, de información).

iii. Derecho a la propiedad (Se respetará y garantizará el derecho de las personas a las formas y tipos de propiedad. El Estado activará un Programa de Titulación de propiedad y de Registro utilizando sistemas avanzados de tecnología, diseñados con la máxima transparencia).

iv. Derechos político-democráticos (Plena vigencia de la libertad para organizar partidos y/o movimientos políticos, derecho al sufragio universal y secreto no manipulado por ninguna fuerza extraña a la doctrina y principios de la Justicia Electoral, y se implementarán mecanismos de participación política y ciudadana).

v. Derechos relativos al imperio de la Ley (Restablecimiento de la administración del juicio justo. Administración que deberá respetar el derecho de las personas a ser juzgadas por tribunales y jueces imparciales, competentes e independientes. Reglas de Juego estables para las personas naturales y para que el mundo empresarial se desarrolle en un medio ambiente institucional de seguridad y confianza. En esta línea de acción se reformara el Código Civil).

vi. Derechos relativos al acceso a los bienes sociales, económicos y culturales. (El programa Económico y Social a desarrollarse en un nuevo gobierno partirá de ciertos principios básicos: igualdad de oportunidades, satisfacción de las necesidades primarias para la vida. Se respetarán los derechos al trabajo, a la educación universal, plural y gratuita --en lo referente a la educación publica-- a la protección de la salud y un mínimo de cuidado sanitario, el derecho a la libertad frente a la miseria y el miedo. El derecho a un salario mínimo vital digno, el derecho al descanso. Se legislará sobre los derechos a la edad mínima en lo referente al empleo de los niños, a las condiciones de trabajo, a la libertad de organización de los trabajadores y a la negociación colectiva, erradicándose las formas explotadoras de trabajo compulsivo y forzado).

vii. Derecho a la defensa de los intereses difusos (Se han diseñado en el Plan de Gobierno mecanismos institucionales y legales para que las personas de manera individual, grupal o colectiva sean protegidas en lo relativo a sus derechos de consumidor, a la defensa y preservación del medio ambiente y los ecosistemas, integridad del hábitat, salubridad publica, acervo cultural nacional y otros que por su naturaleza jurídica tengan relación con la calidad de vida, el desarrollo sostenible y sustentable y el patrimonio de la colectividad).

viii. Derecho a la equidad e igualdad entre mujeres y hombres en todo los ámbitos de la vida social. Respeto a los derechos del anciano, derechos del niño y derechos del joven.

ix. Derecho a los que sufren prisión sin medidas restrictivas que riñan con los derechos humanos.

 

D. Económico-Social

  • Se postula un marco de Desarrollo Económico y Social sostenible que de prioridad al desarrollo humano, el bienestar social y el desarrollo de una economía competitiva.

  • El orden económico debe basarse en una economía democrática de mercado, sin excluidos ni poderes dominantes que fijen de acuerdo a sus intereses los precios, perjudicando a los consumidores y usuarios. Para que este orden económico pueda operar con libertad, se necesita una institucionalidad estable, de acuerdo al marco Constitucional y Sistemas de Seguridad Ciudadana y orden público que garanticen los derechos de las personas naturales y jurídicas.

  • El Partido le dice SI a la economía democrática de mercado, pero NO a la sociedad de mercado. La cultura, la educación y la salud no pueden ser tratadas como simples mercancías del mercado, son aspectos que, desde nuestra posición aprista, tienen que tener un valor principista-cualitativo en la sociedad.

  • Se plantea una política macroeconómica orientada a la estabilidad y el crecimiento, una política fiscal y monetaria ordenada y responsable. Conduciendo las finanzas públicas dentro de un manejo austero, priorizando el gasto social. La política macroeconómica debe contribuir al incremento del ahorro nacional y a una mayor justicia social.

  • Se plantea como objetivo del quinquenio (agosto 2000 - julio 2005) lograr un crecimiento promedio anual del 7% del PBI y alcanzar una tasa de ahorro del país de 25% del PBI el año 2005.

  • La nueva competitividad debe estar basada en: conocimiento e innovaciones continuas, con ventajas comparativas dinámicas; un aparato productivo y de servicios que funcione sobre la base de cadenas y redes productivas de creciente densidad; inversión en capital humano; calidad de productos y economía de escala; explotación limpia y sustentable de los recursos naturales asentada en cadenas productivas avanzadas y de alta tecnología; usuarios y consumidores bien informados con mercados más transparentes; importante gasto en investigación y desarrollo en los tipos de empresa privada; y un aparato estatal moderno y eficiente que sea un prototipo del cambio y la modernización.

  • El proceso de modernización del país debe tener un contenido incluyente, democrático y popular.

  • El nuevo Estado, debe ser Estratega, Democrático, Concertador y Descentralizado. Para lo cual se efectuara y tendrá en consideración:

  • Un planeamiento estratégico y una planificación democrática y concertada. Se creara El Consejo Económico y Social de Concertación con la participación de los actores sociales de la Sociedad Civil para concertar con los Estados en los niveles locales, regional, sectorial y nacional. De lo que se trata es que los poderes y diversos intereses económicos y sociales se hagan visibles y se institucionalicen en el Consejo Económico y Social de Concertación que hoy en día es el replanteamiento del postulado del Congreso Económico. Y se reconvertirá la centralista e inmensa maquinaria burocrática clientelista política que es el Ministerio de la Presidencia (MIPRE) en un pequeño Ministerio de Planificación y Desarrollo Social, (con no más del 1% del Presupuesto Público) transfiriéndose los recursos del MIPRE a Gobiernos Regionales y Municipios, en un proceso planificado y ordenado en el tiempo.

  • La aceptación del concepto de bien público (el mar, los peces, los lagos, bosques naturales, el aire, el agua y otros recursos naturales).

  • Se respetará la naturaleza histórica pluriétnica del pueblo peruano sin discriminaciones y excepciones; asumiendo, por ejemplo, en políticas las reivindicaciones culturales de los pueblos de ancestros precolombinos y afroperuanos.

  • Se transitará, procesalmente y de manera técnica, de un Estado centralista a la Regionalización y Municipalización del Estado en proceso de Reforma y Modernización. Para lo cual se adecuarán y reformularán —acorde al proceso de descentralización— las leyes nacionales del Poder Ejecutivo, Judicial y del Sistema de Control de Fiscalización. Se dictaminará nuevas Leyes: de Bases de Descentralización, Ley Orgánica de Regiones, Ley de Financiamiento Regional y Municipal, ley Orgánica de Municipalidades, Ley General de Canon, Ley de Desarrollo de la Amazonía, Ley de Fronteras Vivas. En este marco de reformas se debe redefinir descentralizadamente el diseño y gestión del Presupuesto Público y de las Rentas y Gastos Fiscales para alcanzar en un periodo de gobierno (cinco años) que Regiones y Municipios gerencien no menos del 50% del Presupuesto Nacional. La Ley establecerá que los Gobiernos Regionales deben ser elegidos directamente por el pueblo.

Superando el viejo intervencionismo burocrático e ineficiente, se postula un grado de intervención publica inteligente concertada y democrática en los relativo a:

  • Política fiscal y monetaria para paliar los ciclos económicos (respetando los equilibrios básicos macroeconómicos; como los índices de precios, las cuentas fiscales, la balanza de pagos y las reservas internacionales).

  • Búsqueda de la justicia social y la lucha contra la pobreza y la exclusión y la generación de empleo para los más pobres. Para lo cual se implementará un Fondo de Desarrollo Social - de orientación básicamente productiva - como organismo descentralizado a ser ejecutado por Gobiernos Regionales, Municipales, Comunidades de base, nativas y campesinas, gremios de microempresarios o emprendedores emergentes, cooperativas modernas, comedores populares, organizaciones de mujeres y juveniles, comités del vaso de leche, etc. El Fondo del Desarrollo Social debe ser uno de los principales instrumentos, junto a la descentralización, para enfrentar el nuevo dualismo estructural, la pobreza extrema y la exclusión social. La meta es reducir para el año 2005 el nivel de peruanos en situación de pobreza al 35% (en el año 2000 la pobreza bordea el 50% de la población peruana).

  • Protección inteligente y racional del medio ambiente y de los Macroecosistemas Marítimo, Andino, Altiplánico y Amazónico. Se desarrollará, respetando la calidad de vida y sustentabilidad ambiental, la biodiversidad, los nuevos instrumentos de gestión medioambiental.

  • Regulación democrático y concertada de monopolios y oligopolios para evitar practicas dominantes sobre el mercado que afecten a los usuarios y consumidores de bienes y servicios (especialmente en lo relativo a las tarifas y servicios públicos).

  • Transferencia del ex FONAVI a los aportantes para que sea usado de acuerdo a sus finalidades (privatización del ex FONAVI).

 

  • Utilización de una parte del Fondo de Privatizaciones en:

l Mejoramiento de las pensiones de los jubilados.

l Creando un Fondo para Fomentar las Exportaciones mediante una línea de crédito preferencial en proyectos que incorporen valor agregado y generen nuevos puestos de trabajo. Este fondo podría ser gerenciado por COFIDE y el sistema financiero.

l Una parte del Fondo de Privatizaciones debe tener carácter socioproductivo, canalizando hacia el Fondo de Desarrollo Social a crearse a los sectores de extrema pobreza para generar empleo.

  • El Estado debe cumplir tres deberes mínimos básicos de manera directa en los campos sociales y de la inversión pública:

  • Fuertes inversiones en capital humano y calificación técnica, profesional y científica; transformando todo el sistema educativo público. El capital humano es una forma de capital, recurso fundamental, el principal capital de una nación. Sostenemos que la riqueza de un país está en la inversión que se realice en los seres humanos. Priorizándose a los maestros y maestras, en formación y sueldos dignos, como los actores protagónicos de una educación para el desarrollo económico y social. Se postula como meta dedicar el 6% del PBI en gasto público en educación en vez del 2.4% actual; es decir que los gastos públicos alcancen, en cinco años, el 29% de los Presupuestos del Sector Público. Se plantea reducir la brecha entre demanda y oferta educativa del 30% actual al 10% en un periodo de cinco años y reducir a la tercera parte los índices de deserción escolar, en primaria y secundaria, que deja el gobierno de Fujimori. El objetivo nacional sera universalizar la educación básica (primaria y secundaria). Los estudios sobre los procesos históricos de desarrollo económico verifican una correlación estrecha entre 1) inversión en capital humano y 2) mejoras en la distribución del ingreso, lo que implica mayor igualdad de oportunidades de las personas en la sociedad. La más rentable de las inversiones es la realizada en las gentes, según los estudios del Banco Mundial.

  • Garantizar el acceso a una educación pública realmente gratuita y de calidad en todos sus niveles, que rescate nuestro pluralismo cultural y se articule al mundo del trabajo. Reconocer el aporte de la inversión privada en la educación.

  • Protección de la salud —en un esquema plural— y de la seguridad social. Esto implica: reducir drásticamente enfermedades como la tuberculosis, malaria maligna, etc; disminuir significativamente la tasa de mortalidad materna (hoy en día de 260 por 100 mil a 130 por 100 mil) y la tasa de mortalidad infantil (en la actualidad de 43 niños de cada mil nacidos); ampliar la cobertura de salud a tres millones más de peruanos.

  • Programa de inversiones públicas realmente planificado y priorizado en infraestructura básica de desarrollo en alianza estratégica con el capital privado nacional y extranjero.

  • Desarrollo prioritario de la agricultura y de su articulación con la agroindustrialización del campo, buscando el desarrollo «hacia afuera desde dentro»: mercado externo e interno. En este contexto, el Partido del Pueblo impulsará la creación de un Banco de Desarrollo Agrario que tenga como espacio de cobertura a toda el área rural, que incluye la producción agraria, la ganadera y las actividades de procesamiento productivo y de servicios que operan en el ámbito rural, considerando la gran y rica biodiversidad del espacio peruano y las particularidades y especificidades de cada región natural del país. Acelerándose, además, la titulación de tierras en el campo. Se debe fomentar, muy decidida y claramente a la agricultura nacional, para que pueda competir lealmente con la extranjera. La agricultura peruana compite hoy en día con gobiernos extranjeros que subsidian sus productos agrícolas.

  • Promoción de la generación de un sólido sector exportador que enfrente con eficiencia y eficacia el desafío de la mundialización económica dentro de una estrategia integral y sistémica que sea, también, un componente en la parte económica de la Agenda de la Política Exterior, que dará prioridad a los procesos de integración y cooperación, con países vecinos, Regionales, Continental, de la Cuenca del Pacifico y los diversos mercados internacionales donde pueden venderse los productos peruanos.

  • Esfuerzo concertado entre Estado y Sector Empresarial Privado para sentar las bases de un proceso de industrialización en una Economía - Mundo más integrado y con países altamente competitivos. Este esfuerzo debe priorizar el mayor dinamismo en las líneas de producción de ienes y servicios donde el país cuenta con ventajas comparativas que deben transformarse en ventajas competitivas (como, por ejemplo, son los casos de Turismo en los servicios y las Pesquerías e Industria Textil en la producción).

  • Promoción financiera, técnica y comercial de la pequeña y microempresa urbana y rural, y del vasto mundo del empresariado popular o emprendedores emergentes, de las cooperativas y comunidades.

  • Promoción de las múltiples culturas y artes del país y de su patrimonio histórico.

  • Promoción de un tejido institucional de ciencia y tecnología, teniendo a la empresa privada como actor y al Estado como promotor. El Estado debe promover en el sector privado nacional y extranjero un ciclo nuevo de inversiones productivas de tecnología de punta en los llamados sectores emergentes: software, microelectrónica, industria de contenidos, tecnologías ambientales, biotecnologías. El Estado promoverá la masificación del uso de Internet por los usuarios y empresas peruanas. El impulso del esfuerzo científico-tecnológico debe estar orientado a la innovación y la competitividad, para lo cual el país debe invertir más en ciencia y tecnología; incrementando los recursos públicos a mayores montos que en nuestro gobierno de 1985 a 1990; y para aumentar el número de investigadores e ingenieros dedicados a la investigación y el desarrollo.

  • Aplicación de nuevos modelos, ya desarrollados con éxito en otros países latinoamericanos más exitosos en los años 90, para la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas macroeconómicas, económico-sectoriales, económico-regionales y sociales (educación, salud, vivienda, empleo, pequeña y microempresa, trabajo juvenil, apoyo a los organismos de mujeres, etc).

  • El Partido plantea como lema "Un peruano, un puesto de trabajo". Es necesario reactivar la economía para acabar con la depresión económica para promover el empleo. Los costos de producción de las empresas se pueden reducir modificando las cargas tributarias que hoy padecen (incluyendo los impuestos a los bienes de capital importados y nacionales), reduciendo, además, los costos de transacción en el mercado laboral que hoy se producen, que según cálculo de los especialistas, conseguir empleo cuesta alrededor de 400 soles mensuales por costo de transacción. El régimen tributario debe contemplar mecanismos de crédito por aquellos gastos que las unidades empresariales hacen para mejorar el capital humano. El Estado tiene que crear las condiciones en el sector agrícola e industrial para que se pueda generar empleo conforme se reactiva la economía. La política económica tiene que estimular la reinversión no sólo entendida como incremento de los activos físicos, sino del nuevo empleo que genera. Se plantea la reforma del impuesto a la renta para fomentar la reinversión de las utilidades. Las unidades de producción de bienes y servicios que reinviertan utilidades no serán afectadas por el impuesto a la renta.

  • El partido plantea no más impuestos que graven al pueblo y la regulación de las tarifas de los servicios básicos para que no constituyan, vía los precios, ganancias extraordinarias monopólicas y oligopólicas.

  • Se plantea la participación activa del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y de Cofide, de manera que se obtenga una reducción de las tasas de interés efectiva, en consonancia con las necesidades de reactivación de la economía nacional.

  • El Estado debe jugar un papel regulador para evitar acciones que afecten la economía de mercado en lo referente a prácticas dominantes oligopólicas en el caso del petróleo, la gasolina, kerosene y el gas doméstico: no más gasolinazos que afecten la economía popular.

  • En el aspecto tributario, se insiste que debe darse un tratamiento especial desde el punto de vista impositivo a la importación de maquinarias y equipos nuevos, para reducir los costos de las empresas. Se promoverá la competitividad de las empresas en el mercado, eliminándose los impuestos antitécnicos a las empresas, simplificándose la estructura impositiva del país.

  • Se reducirá gradualmente el IGV en relación con el proceso de reactivación económica.

  • Se aplicarán medidas específicas para evitar la competencia desleal de productos extranjeros (subsidiados por sus gobiernos) dentro de la normatividad internacional aceptada (Organización Mundial de Comercio).

  • Se tiene que liberar más de un tercio de los CTS para que se pueda responder a la cuota inicial de los créditos hipotecarios; para transformar el ahorro obligatorio por ahorro en vivienda propia.

  • Se deberá reestructurar los créditos al consumo para reactivar el consumo de las familias.

  • En el Programa de Gobierno se ha definido como lo estratégico estatal financiero y no financiero aquellas ramas de la actividad económica y social escogidas, que sirven de instrumentos y rutas para alcanzar grandes objetivos nacionales relativos al Desarrollo y Bienestar Social y Económico Nacional y Continental y Seguridad y Defensa Nacional. La actividad del Estado se desarrollará, bajo diferentes modalidades, en actividades bien precisadas y señaladas (actividades en las que puede y debe participar concurrentemente el capital privado: agua y alcantarillado, petróleo, puertos, aeropuertos, carreteras, centros generadores de energía, fabricación de bienes y servicios para fines militares). El Estado financieramente se reservara, por mandato Constitucional, el Banco Central de Reserva. Tendrá a su cargo el Banco de la Nación y la Corporación Financiera del Desarrollo.

  • Se estudiará la factibilidad de creación de un nuevo patrón monetario en el marco de un proceso programado. La propuesta será puesta a debate nacional con estudios que estimen los costos y beneficios de la medida. Considerando como alternativas las siguientes:

1. una moneda sudamericana

2. el patrón dólar

3. el euro

4. otra modalidad monetaria.

  • La propuesta de un nuevo patrón monetario será coordinada con la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, Chile y México.

  • El Partido plantea que es necesario renegociar la deuda externa, que permita su reprogramación en condiciones que no constituyan una carga insostenible tributaria para las empresas y el pueblo peruano en general. Renegociación que debería hacerse dentro de un proceso concertado e integrado con los países latinoamericanos que padecen la carga pesada de la deuda externa. La liberación de una parte de los recursos para el pago de la deuda externa permitirá usar ese dinero en la inversión nacional y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Coincidimos y apoyamos la posición de la Iglesia Católica en el tema de la deuda externa.

  • Promoveremos, en concierto con los países latinoamericanos, la necesidad de reforma del sistema de la arquitectura financiera internacional del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para superar el actual sistema degenerativo contra los países subdesarrollados que ejercen dichos organismos.

 

Nueva legislación laboral que incluya:

  • supresión de las medidas del fujimorismo que debilitan y/o suprimen las organizaciones laborales, gremiales, colegiales, etc.

  • convenios sobre la mujer con los mismos derechos del hombre

  • libertad sindical

  • libertad de negociación colectiva

  • erradicación progresiva del trabajo infantil

  • sobre las condiciones de trabajo

  • fortalecimiento de los sindicatos libremente organizados por los trabajadores y trabajadoras.

 

E. Política Exterior

  • Las relaciones exteriores deben estar sustentadas en la integración regional y continental (que incluye el Caribe), la paz, respecto a los Tratados Internacionales, la autodeterminación de los pueblos y soberanía plenas.

  • Se reconoce que frente al proceso de mundialización se debe constituir un bloque regional que abarque América del Sur (Comunidad Andina de Naciones, Mercosur y Chile) pero dentro de un proceso que posibilite el reforzamiento del Estado nacional eficiente, combinadamente con un Estado multinacional de dimensión integradora: la Unión Sudamericana. No existe necesariamente una contradicción entre los Estados nacionales (que quieren respeto a la dignidad e identidad de sus pueblos) y la creciente interacción entre culturas de diferente signo. La peruanidad no es algo opuesto a la mundialización de los valores universales conquistas de la humanidad y de los procesos de interdependencia (aunque desigual) en la política, el derecho, la economía, las finanzas y la institucionalidad de Estados supranacionales.

La nueva Agenda de la Política Exterior como parte de la Agenda Programática de Gobernabilidad debe incluir:

  • Impulsar concertadamente, desde el nivel regional, la construcción de un orden económico mundial que incluyendo los valores de solidaridad se oponga a la barbarie.

  • Formular una estrategia de corto, mediano y largo plazo que responda al desafío del proceso de mundialización económica, política, científica y tecnológica donde se priorice la defensa de la democracia, los derechos humanos, la Comunidad Andina de Naciones, la relación con nuestros vecinos, el Grupo de Río, la Cuenca del Pacífico, el Mercosur y la relación con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Hay que hacer realidad nuestra gran propuesta de unidad interamericana democrática.

  • Negociación de la Comunidad Andina de Naciones para impulsar decididamente los procesos de integración con el Mercosur y Chile, para después negociar en bloque con el Acuerdo de Libre Comercio del Norte de América y la Unión Europea. Todo ello debe ser el marco de un proceso de integración continental en el nivel de América del Sur.

  • Dinamizar y concretar las políticas, programas y proyectos de integración binacional con nuestros vecinos: Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile.

  • Puesta en operación de los Proyectos Especiales de Fronteras Vivas, que la CPA ha presentado (para el caso del Ecuador) y fueron rechazados por la actual mayoría parlamentaria.

  • Incrementar las relaciones de cooperación, políticas y económicas con los poderes emergentes del siglo XXI: China, Rusia y la India.

  • Plantear las redefiniciones y reestructuraciones institucionales y de las Agendas de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, ante las transformaciones actuales del sistema internacional. Es necesario recordar que Víctor Raúl Haya de la Torre planteó, a inicios de los años sesenta del siglo XX, la Tesis de la Tercera Voz en Nueva Delhi, en presencia de Nehru; gran líder hindú.

  • Intensificar las relaciones Sur-Sur, impulsando y dándole una nueva dinámica a los mecanismos de cooperación.

  • Recuperar una orientación soberana a la conducción de la política exterior, acorde con los nuevos escenarios internacionales.

  • Desarrollar un nuevo planteamiento frente al narcotráfico de manera conjunta con los países consumidores y productores.

  • Reforzar la institucionalidad y profesionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Diplomático de la República.

 

4. A MANERA DE CONCLUSION

 

Es necesario sintetizar los principales hitos de nuestras propuesta programática, partiendo de aquellos aspectos de los años 90 que deben tener continuidad pero mejorándolos:

1. Hacer del mercado el principal mecanismo asignador de recursos.

2. Disciplina fiscal (presupuesto equilibrado) y monetaria

3. Estabilidad macroeconómica (como por ejemplo los índices de precios)

4. La mejora de la tributación

5. Desprendimiento del Estado de actividades que no debería ejercer (privatizaciones).

Sin embargo, nuestra nueva propuesta tiene un conjunto de importantes y estratégicos aspectos y componentes que el régimen fujimorista no ha hecho (que nos distinguen nítidamente) y que los apristas sí haremos:

 

 

Aspectos principistas

1) Respetar los derechos humanos: Derecho a la vida; derechos civiles; derecho a la propiedad; derechos político-democráticos; derechos relativos al imperio de la ley; derechos relativos al acceso a los bienes sociales, económicos y culturales; derecho a la defensa de los intereses difusos; derecho a la equidad e igualdad entre mujeres y hombres.

2) Combatir frontalmente la corrupción. Objetivo: «Un delito, un acusado, una sentencia».

3) Luchar por la dignificación del pueblo peruano (No a las dádivas y al clientelismo asistencialista y «populista»).

4) Acabar con el engaño como práctica del Presidente de la República (la mentirocracia).

Reformas institucionales-políticas

5) Descentralizar el país y desactivar el Ministerio de la Presidencia. La meta es alcanzar que Regiones y Municipios gerencien no menos del 50% del Presupuesto Nacional en el año 2005. La descentralización institucional del país, y su fortalecimiento, son factores fundamentales para el desarrollo de una economía de mercado. Regionalizar y descentralizar al país es despresidencializar, como lo sostenía Haya de la Torre.

6) Reformar y modernizar el Estado Democrático.

7) Institucionalizar democráticamente al país. Separación y equilibrio de Poderes. Implantación de un Sistema Estatal de Independencia, Coordinación y Recíproco Control entre Poderes del Estado.

8) Construir un Estado Estratega (por ejemplo recreando la planificación estratégica concertada y moderna). Estado Estratega que fomente la economía democrática de mercado.

9) Profesionalizar y despolitizar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional.

10) Reformar integralmente al Sistema del Servicio de Inteligencia Nacional.

11) Fiscalizar desde el Congreso de la República al Poder Ejecutivo.

12) Garantizar la autonomía del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. La mejor garantía de los derechos de propiedad, las relaciones entre personas y el juicio justo es tener un Poder Judicial autónomo, eficiente y moderno, con jueces honestos, independientes y competentes y procedimientos judiciales ágiles.

13) Crear una Contraloría General de la República independiente del Poder Ejecutivo (se estudiará las experiencias latinoamericanas y se implementará lo que se considere conveniente al país).

14) Crear el Consejo Económico y Social de Concertación y dialogar y concertar con los actores sociales.

15) Evaluar y preparar una propuesta sobre la privatización de la parte operativa de los procesos electorales, reservando el Estado el registro de ciudadanía y civil, y las funciones reformadas que cumple el Jurado Nacional de Elecciones.

16) Liberar a las Universidades de la intromisión y tutelaje autoritario del Poder Ejecutivo, especialmente de la Presidencia de la República, con sus Comisiones Interventoras, rescatando la autonomía universitaria.

Desarrollo económico

17) El objetivo del Programa Económico es lograr para el quinquenio (agosto 2000 - julio 2005) un crecimiento promedio anual del 7% del PBI y alcanzar una tasa de ahorro nacional del 25% del PBI el año 2005.

18) Desarrollar la agricultura, el sector cenicienta del gobierno de Fujimori. Se fomentará el desarrollo de todo tipo de empresas rurales y actores rurales buscando su modernización. Creándose el Banco de Desarrollo Agrario para que las actividades económicas rurales dispongan de crédito (agricultura y agroindustria). Se acelerará la titulación de propiedad en el campo y fomentará activamente la inversión privada en la agricultura y la agroindustria. Nuestro programa tiene una nítida tendencia agropecuaria, tomando en consideración las condiciones y peculiaridades específicas de la economía costeña, andina, alto-andina, de selva alta y selva baja.

19) Desarrollar la industria peruana, dialogando con el empresariado para el diseño e implementación de políticas.

20) Fomentar agresivamente las exportaciones de nuestras líneas de producción de bienes y servicios (p.e. el ecoturismo) que tengan ventajas comparativas y competitivas, según su especialidad regional en sistemas económicos integrados a partir de las señales de la economía del mercado internacional y de la oferta potencial exportable. La meta para el año 2005 es alcanzar un valor de 12 mil millones de dólares de exportaciones. La propuesta aprista tiene un claro sesgo pro-exportador.

21) Desarrollar la empresa privada nacional.

22) Usar productiva y socialmente una parte de los fondos de privatización en:

a) Mejoramiento de las pensiones de los jubilados.

b) Creación de un Fondo para fomentar las exportaciones que incorporen valor agregado y generen empleo. Fondo gerenciado por Cofide y el Sistema financiero privado.

c) Canalización de una parte hacia el Fondo de Desarrollo Nacional, a crearse, para generar empleo productivo en los sectores de mayor pobreza.

23) Bajar y/o anular los impuestos antitécnicos en concertación con los gremios de productores de bienes y servicios, para mejorar competitividad y precios para el consumidor. En materia de política fiscal y tributaria se considerará:

a) «No más impuestos que graven al pueblo».

b) Reducir gradualmente el IGV en relación con el proceso de reactivación económica, en la medida que se logre mejores volúmenes de recaudación.

c) Las unidades de producción de bienes y servicios que reinviertan sus utilidades no serán afectadas por el impuesto a la renta.

d) Tratamiento especial para la maquinaria y equipos nuevos nacionales e importados.

e) Devolución directa a los turistas, en el momento que se van del país, del IGV pagado por los bienes y servicios del Perú.

f) Medidas específicas para evitar la competencia desleal con los gobiernos extranjeros que subsidian a sus productos de exportación, dentro de la normatividad internacional aceptada.

24) Reestructurar los créditos al consumo para reactivar el consumo de las familias.

25) Defender al consumidor, pero de verdad, de las prácticas dominantes en el mercado (oligopólicas o monopólicas).

26) Promover el desarrollo de los emprendedores emergentes en el ámbito rural y urbano.

27) Estudiar y proponer al país, para un debate nacional, la factibilidad integral (costos y beneficios, políticos, sociales, económicos, integracionistas, internacionales, etc) de un nuevo patrón monetario considerando como escenarios probables:

a) una moneda única en el ámbito de la Unión Sudamericana (como proyecto de integración continental).

b) el patrón dólar

c) el euro

d) otra modalidad monetaria.

28) Impedir las tarifas abusivas. Donde no se produce la libre competencia del mercado, por razones oligopólicas o monopólicas, el Estado Democrático debe regular las tarifas básicas.

29) Regular el mercado financiero para reducir los intereses bancarios en concordancia con la reactivación de la economía.

30) Calcular con seriedad y prontitud (como una obligación del Poder Ejecutivo) nuestras Cuentas Nacionales y Sociales: Producto Bruto Interno, Sectores Productivos y Sociales, Distribución del Ingreso, Deuda Externa, Ahorro Nacional y Extranjero, Cuentas con el resto del mundo, Niveles de pobreza, Desempleo-Subempleo y Empleo, Sueldos y Salarios, etc. Es decir, se dejará de lado la práctica falsaria estadística del INEI de Fujimori.

31) Investigar a fondo la gestión y resultados de las privatizaciones y las negociaciones y acuerdos sobre la deuda externa, para proceder a informar a la ciudadanía de estos vitales asuntos de interés nacional manejados como dos verdaderas «cajas negras» por el gobierno de Fujimori.

Desarrollo nacional

32) Respetar y dialogar con los sindicatos, como práctica de concertación permanente.

33) Garantizar los derechos de los trabajadores.

34) Dignificar y recuperar los sueldos de maestros, policías, personal de salud, militares.

35) Garantizar y desarrollar el Sistema de Pensiones mixto y pluralista.

36) Priorizar auténticamente el gasto público en:

a) Educación. Se postula como meta dedicar el 6% del PBI en gasto público en educación en vez del 2.4% actual. Los gastos públicos en educación alcanzarán, en cinco años, el 29% de los Presupuestos del Sector Público. Se reducirá la brecha entre demanda y oferta educativa del 30% actual al 10% (en un quinquenio) y disminuir la tercera parte los índices de deserción escolar en primaria y secundaria, que deja el gobierno de Fujimori.

b) Salud. Ampliar la cobertura de salud a tres millones más de peruanos. Reducir drásticamente las enfermedades, entre otras: tuberculosis, malaria maligna, etc. Disminuir significativamente: 1) la tasa de mortalidad infantil (hoy día de 43 niños de cada mil nacidos) y 2) la tasa de mortalidad materna (en la actualidad de 260 por mil mujeres).

37) Combatir la pobreza y desigualdad de manera descentralizada, integral y justa: la meta es reducir, para el año 2005, el nivel de peruanos en situación de pobreza al 35% (en el Perú que deja Fujimori, año 2000, la pobreza alcanza el 50% de la población peruana). Las políticas públicas concurren a lograr esta meta.

38) Privatizar el ex Fonavi para que sea manejado por sus aportantes para construir la Vivienda Propia.

39) Liberar más de un tercio de las CTS para que se pueda responder a la cuota inicial de los créditos hipotecarios; para transformar (si lo desea el trabajador) el ahorro obligatorio por ahorro en vivienda propia.

40) Promover un sistema no público que aliente y desarrolle la vivienda propia de los peruanos en los ámbitos urbano y rural.

Empleo

Nuestro gran objetivo: «Un peruano que nace, un trabajo que lo espera»; «Un peruano, un puesto de trabajo».

41) Para generar empleo lo sustantivo es reactivar la economía para acabar con la depresión económica.

42) Crear dentro del Fondo de Desarrollo Social un Programa Especializado y Descentralizado en proyectos de inversión productiva, en el ámbito de los sectores de mayor extrema pobreza, para generar empleo.

43) Crear (dentro del mismo Fondo de Desarrollo Social) un Programa de Crédito específico para la pequeña empresa y microempresa urbana y rural del resto del vasto mundo de los emprendedores emergentes (que conforman entre 70-75% de la Población Económicamente Activa). La implementación de este Programa de Crédito se realizará a través de las instituciones especializadas privadas que operan en la actualidad a nivel departamental, regional y nacional.

44) La creación de un Fondo para Fomentar las Exportaciones, con parte de los Fondos de Privatización, para tener una línea de crédito preferencial gerenciado por Cofide y el sistema financiero privado.

45) Reformas en la tributación para alentar el empleo en las empresas privadas: aquellas que reinviertan utilidades no serán afectadas por el impuesto a la renta; otorgar un tratamiento fiscal especial para las empresas que en el Perú producen maquinaria y equipos y a los bienes de capital importados; mecanismos de crédito tributario para aquellos gastos que las empresas hacen para mejorar el capital humano.

46) Reducir los costos de transacción en el mercado laboral que, de acuerdo a los estudios, cuesta alrededor de 400 soles mensuales el costo de transacción para conseguir empleo.

Libertad de Prensa y Pensamiento

47) Liberar del siniestro tutelaje «mercantilista del poder central y del SIN a todos los medios de comunicación; para crear un contexto de auténtica y sustantiva libertad de prensa y pensamiento.

Política Exterior

48) Mantener una posición de dignidad en las negociaciones internacionales. Con la Cancillería de Torre Tagle como un servicio diplomático estrictamente profesional y libre de presiones partidarias políticas y/o del poder de turno.

49) Tener y practicar como objetivo importante de la Política Exterior --en sus diferentes ámbitos-- la integración continental de América del Sur (la Unión Sudamericana, que incluya: la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur y Chile).

50) La nueva Unión Sudamericana como gran proyecto de Estado multinacional (como la Unión Europea) deberá negociar en bloque con el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) y la Unión Europea.

51) Mantener relaciones estratégicas y especiales con el Brasil.

52) Enfrentar el reto del proceso de globalización, de preferencia de manera integrada a nivel continental, con nuestro proyecto de Unión Sudamericana, para poder potenciar de manera óptima los efectos benéficos de la globalización y compensar los efectos perjudiciales.

5. CUADRO RESUMEN

 

GRAN OBJETIVO:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACCIONES ( METAS SECTORIALES)

LA DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA (PRIMERO LA GENTE) Respeto pleno de los derechos humanos y restitución de la democracia
  • Vigencia de un Estado Social Democrático de Derecho.

  • Institucionalizar democráticamente al país.

  • Separación y equilibrio de poderes.

  • Garantizar la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público.

  • Descentralizar al país, regionalización y municipalización del Perú.

  • Construir un Estado Estratega que fomente la economía democrática de mercado.

  • Profesionalizar y despolitizar a las FF.AA. y P.N.

  • Reformar integralmente al Sistema de Inteligencia Nacional.

  • Crear el Consejo Económico y Social de Concertación.

  • Evaluar y preparar una propuesta de privatización de la parte operativa de los procesos electorales (ONPE).

  • Liberar a las Universidades de la intervención de la Presidencia de la República, rescatando la autonomía universitaria.

Transparencia y moral pública («Un delito, un acusado, una sentencia»)
  • Luchar decididamente contra la corrupción.

  • Crear una Contraloría General de la República independiente del Poder Ejecutivo.

  • Hacer realidad la fiscalización del Congreso de la República al Poder Ejecutivo.

  • Ley de Transparencia de la Función Pública.

Desarrollo económico (metas: lograr en el quinquenio un crecimiento sustentable y sostenido anual del 7% del PBI; una tasa de ahorro nacional del 25% el año 2005; un crecimiento de las exportaciones para alcanzar los 12 mil millones de dólares el año 2005)
  • Equilibrio macroeconómico y disciplina fiscal y monetaria.

  • Desarrollo de la agricultura y agroindustria, creándose el Banco de Desarrollo Agrario. Aceleración de la titulación de propiedad en el campo. Fomentar la inversión privada de todo tipo en el ámbito rural.

  • Fomentar el desarrollo de la industria manufacturera.

  • Fomentar agresivamente las exportaciones de los bienes y servicios que tengan ventajas comparativas y competitivas, según su especialidad regional.

  • Creación en COFIDE de un Fondo para Fomentar las Exportaciones.

  • Bajar y/o anular los impuestos antitécnicos a las empresas.

  • No más impuestos que graven al pueblo.

  • Reestructurar los créditos al consumo para reactivar el consumo de las familias.

  • Impedir las tarifas abusivas de los servicios públicos, para lo cual se regularán, reforzando, además, los organismos de defensa del consumidor.

  • Privatizar con fines de construcción de vivienda el ex FONAVI, para que sea gerenciado por sus aportantes.

  • Regular los intereses en concordancia con la reactivación de la economía.

  • Estudiar la factibilidad integral de un nuevo patrón monetario, considerando como escenarios probables: 1) una moneda para el ámbito de la Unión Sudamericana (como proyecto de integración continental); 2) el dólar; 3) el euro; y 4) otra modalidad monetaria.

Más empleo («Un peruano, un puesto de trabajo»)

Menos pobreza (reducir la pobreza del 50% actual al 35% en un periodo de gobierno)

  • Reactivar la economía y lograr un proceso de crecimiento sostenido.

  • Lograr el pleno funcionamiento de la capacidad instalada de las empresas competitivas.

  • Crear el Fondo de Desarrollo Social, orientado a proyectos de inversión productiva en el ámbito de sectores de mayor pobreza.

  • Crear un Programa de Crédito específico para la pequeña y microempresa urbana y rural (que conforma el 70-75% de la PEA nacional).

  • Reformas en la tributación para alentar el empleo en las empresas.

  • Reducir los costos de transacción en el mercado laboral.

Más Educación (universalizar la educación básica: primaria y secundaria) y más Salud (darle énfasis a la medicina preventiva)
  • Dignificar y restituir las remuneraciones de los maestros, enfermeros y médicos.

  • Metas en Educación. Se postula dedicar el 6% del PBI en gasto público en educación, en vez del 2.4% actual. Este gasto alcanzará en cinco años el 29% del Presupuesto del Sector Público. Se reducirá la brecha entre demanda y oferta educativa del 30% actual al 10% en un quinquenio. Se disminuirá a la tercera parte los índices actuales de deserción escolar en primaria y secundaria. Mayor incidencia en la educación técnica.

  • Metas en Salud. Se ampliará la cobertura de salud a tres millones más de peruanos, reduciendo drásticamente enfermedades como la tuberculosis, la malaria maligna, etc. Disminuir significativamente: a) la tasa de mortalidad infantil y b) la tasa de mortalidad materna.

Política Exterior: Integración Continental
  • Postular un Interamericanismo democrático.

  • Propender a la integración de América del Sur: la Unión Sudamericana (integración de la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur y Chile), como Estado multinacional, respetando la pluralidad de naciones.

  • Desarrollar relaciones estratégicas y especiales con Brasil.

  • Enfrentar el reto de la globalización con la integración en el nivel de América del Sur y del Interamericanismo democrático.

 

Sección III

Agenda Legislativa

1. Las grandes macrofunciones de un Congreso Democrático moderno con miras al siglo XXI

Hemos creído conveniente precisar las grandes funciones que debe cumplir el Congreso de la República (institución tan venida a menos en los tiempos del régimen de Fujimori) para comprender así el rol protagónico, insustituible e irrenunciable que debe tener este importante poder del Estado en una sociedad democrática, el «Primer Poder del Estado», en palabras del c. Víctor Raúl Haya de la Torre:

a) La función Representativa o de Representación.

b) La función Legislativa.

c) La función Fiscalizadora.

d) La función del Debate y Discusión Política.

e) La función de Control y Juzgamiento de la función pública.

f) La función de Poder Constituyente Derivado.

A. La función Representativa o de Representación

Es la más importante y clásica de las funciones en toda democracia representativa. La función política determinante es el mandato representativo que los parlamentarios reciben del pueblo que los elige. Es decir, representan al electorado. La función de representación es la consecuencia del proceso de sufragio universal en procedimientos de votación popular directa. Porque la soberanía reside en el pueblo, la función representativa es el elemento esencial para la configuración, constitución y estabilidad del Estado Social de Derecho.

B. La función Legislativa

Esta es, también, función clásica de los Congresos y la más caracterizada ante la opinión pública. En el caso específico de la nuestra Constitución, el Artículo 102 establece que el Congreso debe dar leyes y resoluciones legislativas; así como interpretar, modificar o derogar las existentes; velar por el respeto de la Constitución y las Leyes y disponer lo conveniente; aprobar los Tratados de conformidad con la Constitución; aprobar el Presupuesto y la Cuenta General; autorizar empréstitos conforme a la Constitución; aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo; etc.

C. La función Fiscalizadora

Desde la perspectiva de la doctrina constitucional democrática, los Congresos no sólo son parte del conjunto de Poderes en situación de equilibrio y contrapeso de Poderes Ejecutivos cada vez más poderosos en materia decisional, sino que, en el caso peruano, la Constitución establece en sus artículos 96 y 97 que cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. El Congreso, consecuentemente, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las Comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas Comisiones pueden acceder a cualquier información, lo cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal

D. La función del Debate y Discusión Política

En las sesiones del Congreso, así como en las Comisiones, se producen debates políticos sobre temas de importancia nacional e internacional que son materia de interés o preocupación de la opinión pública, o aquellos considerados prioritarios por los parlamentarios y bancadas políticas. En la Constitución se determina, en el Artículo 35, que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a la ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Una ley específica debería establecer, según la Constitución, las normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado, en forma proporcional al último resultado electoral general. Una de las formas de orientación política y de formación cívica, es el debate y discusión producido en el Congreso, que debe ilustrar políticamente a los ciudadanos, y las decisiones a que dichos debates pueden conducir. (Incluidas las decisiones que el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado y de la Sociedad Civil tomen como derivaciones de los debates parlamentarios.

E. La función de Control y Juzgamiento Político de la Función Pública

La Constitución, en el Título IV: De la Estructura del Estado, Capítulo I Poder Legislativo; establece en el Artículo 99 que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República, a los representantes a Congreso, a los Ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los Fiscales Supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, hasta cinco años después de cesar en éstas. Además, según el Artículo 100, corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado, inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco años. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso

F. La función de Poder Constituyente derivado

Según el Título VI: De la Reforma de la Constitución, Artículo 206, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas, y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral.

Los Congresos hoy en día se caracterizan y desarrollan el ejercicio de su poder, así como concentran sus labores en estos seis grandes bloques de funciones, atendiendo a la tradición democrática representativa, la Gobernabilidad Democrática y los mandatos Constitucionales.

Las relaciones Intra e Interinstitucionales del Congreso

Considerando la importancia que tiene en la actualidad la temática de la gobernabilidad democrática, metodológicamente es necesario tener una aproximación sistémica a esta problemática. En tal sentido, se va a diferenciar tres componentes fundamentales desde la perspectiva de las relaciones Intra e Interinstitucionales del Congreso. Relaciones a las que debe dotarse del necesario soporte instrumental, operativo y tecnológico que permita cumplir las funciones básicas del Congreso.

Estos tres componentes son:

1. Relaciones Intra Institucionales del Congreso

Relaciones Intra Cámara

- Entre Comisiones

- Plenario y Comisiones

- Mesa Directiva y Oficialía Mayor

- Mesa Directiva y Plenario

- Presidencia y Consejo Directivo

- Comisiones y Grupos Parlamentarios

2. Relaciones Inter-Institucionales, con entidades del Estado:

- Congreso con Poder Ejecutivo

- Congreso con Poder Judicial

- Congreso con Gobiernos Regionales y con los Municipios

- Congreso con Contraloría General de la República

- Congreso con la Defensoría del Pueblo

- Congreso con la Procuraduría General de la República

- Congreso con el Jurado Nacional de Elecciones y el Sistema Electoral

- Congreso con entidades de la Administración Descentralizadas (Banco Central de Reserva.)

3. Relaciones con organizaciones e individuos de la Sociedad Civil

- Partidos Políticos

- Organizaciones Empresariales

- Organizaciones Agropecuarias

- Organizaciones Sindicales

- Organizaciones de Grupos Étnicos

- Organizaciones de Base

- Organismos No Gubernamentales

- Organizaciones Académicas y Profesionales

- Medios de Comunicación, etc.

 

El Congreso para el desarrollo de las funciones asignadas constitucionalmente, necesita tener un alto grado de relación intra e interinstitucional con los otros Poderes e Instituciones del Estado y con la Sociedad Civil.

2. LA AGENDA LEGISLATIVA

En general, en los Congresos de los países se presentan gran número de proyectos de ley e iniciativas que no necesariamente pueden discutirse, analizarse y estudiarse. Según el Capítulo III: De la formación y promulgación de las Leyes, Art. 107 de la Constitución Política del Perú, tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes, el Presidente de la República y los congresistas. También tienen el mismo derecho, en las materias que les son propias, los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.

El asunto de la excesiva cantidad de proyectos de ley ha dado lugar a la búsqueda de respuestas para encontrar caminos, métodos e instrumentos que plantean alternativas para sistematizar el trabajo, pudiendo mencionarse, por ejemplo:

1. Que cada agrupación política presenta sólo una iniciativa por tema;

2. Que se cree una Comisión Especial para seleccionar proyectos de ley;

3. Que las Comisiones del Congreso definan cada una de sus prioridades;

4. Que los diferentes bloques parlamentarios y/o agrupaciones políticas presenten sus Agendas con la finalidad que la directiva del Congreso defina con los representantes de los bloques parlamentarios la Agenda del Poder Legislativo; y

5. Combinaciones diversas de los puntos anteriores.

En todas estas metodologías de trabajo resalta de manera especial el vocablo Agenda, que es un concepto de fuerte contenido instrumental que, para tener utilidad, debe ser concebida como Mapa de Acción o Guía de Acción Política. La noción de Agenda reconoce en sus dimensiones las siguientes:

  • Dimensión Temática;

  • Dimensión Institucional-personal;

  • Dimensión Espacial;

  • Dimensión Temporal.

Cada Poder Público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) puede tener su Agenda particular. Por ejemplo, en el caso de la Agenda del Poder Legislativo se puede diferenciar:

1. Acciones significativas de carácter regular:

  • Apertura del periodo de sesiones;

  • Nombramiento y/o renovación de autoridades;

  • Constitución de Comisiones de diversa naturaleza;

  • Discusión y aprobación del Presupuesto Nacional;

  • Presentación anual del Presidente de la República;

  • Otras acciones.

2. Acontecimientos de significación política no regulares:

  • Formación de comisiones investigadoras, de fiscalización, etc.;

  • Interpelaciones e invitaciones a Ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo (P.E.);

  • Ratificación de algún Tratado Internacional firmado por el P.E.;

  • Iniciativas de discusión sobre aspectos relevantes de la coyuntura nacional (política, económica o social) y de la coyuntura internacional;

  • Otros acontecimientos.

3. La Agenda de los Proyectos de Ley (PL) a ser discutidos en un periodo legislativo (cinco años) o una Agenda de carácter anual que trate de los PL a ser debatidos en una legislatura ordinaria. En esta Agenda se puede incluir algunas reformas o enmiendas que deseen hacerse a la Constitución.

 

Es importante diferenciar en la temática de la Agenda que un tipo de Agenda es la del Poder Ejecutivo, pero pueden existir Agendas Legislativas del propio Congreso (punto tercero mencionado anteriormente exclusivamente como Agenda de los Proyectos de Ley), Agendas Legislativas de las fuerzas y actores representativos de la Sociedad Civil y Agendas Legislativas de los Partidos Políticos. Entre estas últimas está la que propone para la discusión, en este caso, la CPA. Pero, esta Agenda Legislativa debe ser parte de la Agenda Programática de Gobernabilidad del Partido del Pueblo, pensando en el horizonte temporal del siglo XXI.

Insumos básicos utilizados para el diseño de la propuesta

de Agenda Legislativa de la Lista Parlamentaria del PAP

 

Insumos básicos Producto

Existen diferentes "insumos" que se han utilizado para el diseño de la propuesta Agenda Legislativa de la Lista Parlamentaria del PAP, tal como figuran en la Ilustración; es decir, los insumos básicos para priorizar las áreas temáticas y los anteproyectos de ley han sido:

1. La caracterización de la Situación Actual (desarrollada como punto 2 de la Sección I de este documento);

2. La Constitución de la República;

3. Plan y Programa de Gobierno del PAP, y Políticas Básicas;

4. Demandas y expectativas de los actores sociales (reflejadas a través de los pronunciamientos gremiales: trabajadores, agricultores y campesinos, empresariado popular, artesanos, organizaciones de base, universidades, Colegios Profesionales, movimientos de mujeres y jóvenes, etc.);

5. Demandas y expectativas de la opinión pública (expresadas en las encuestas de opinión).

Para los criterios de priorización también se ha utilizado las derivaciones de los objetivos estratégicos planteados por el Partido del Pueblo:

a. Proyectos de ley que apuntan a la lucha contra la pobreza y la desigualdad económica y social, por la generación de empleo y mejora de sueldos, salarios e ingresos.

b. Proyectos de ley que redunden en favor de los mayoritarios sectores sociales de la población (sector de la economía popular, microempresarios, pequeña empresa, campesinos, empleados públicos –maestros, policías, jueces, médicos y enfermeros, etc., trabajadores del sector privado, sectores medios empobrecidos).

c. Proyectos de ley que signifiquen las descentralización y democratización del espacio nacional a nivel político-administrativo y económico-financiero.

d. Proyectos de ley que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país.

e. Proyectos de ley que acojan los aspectos positivos planteados por los poderes decisionales-fácticos del país (medios de comunicación, FF.AA. y PN, empresariado peruano).

De esta forma, la Lista Parlamentaria del PAP pone a disposición de instituciones y personas interesadas y especializadas, su Proyecto de Agenda Legislativa antes de ser presentado al nuevo Congreso de la República (periodo 2000-2005) para recoger sugerencias, críticas y aportes y coordinar su consistencia técnico-política con las autoridades del PAP a nivel nacional, regional y local.

Esta Agenda Legislativa es el resultado del Plan de Trabajo que se ha propuesto desarrollar la futura Célula Parlamentaria Aprista, la cual tiene el firme propósito de recoger, transmitir y expresar las expectativas de amplios sectores de la población del Perú, maltratado por las políticas insensibles del actual régimen.

Asimismo, la presente Agenda Legislativa está inspirada y es consecuente con una estrategia de transformación, en democracia, de las instituciones económicas y sociales del país.

En concordancia con el Programa del Partido, se ha priorizado los temas referidos al Fomento del Empleo, Desarrollo Social y Superación de la Pobreza, donde destaca el Proyecto de Ley que crea el Fondo de Desarrollo Social, mediante el cual propone la necesidad de contribuir a la superación de la pobreza a través de un conjunto de programas destinados a capacitar a las personas para su ingreso al trabajo, apoyando a los sectores económicos donde se desarrolla la economía popular del campo y la ciudad, que –de acuerdo con todas las encuestas de opinión– son las más afectadas por las políticas macroeconómicas del gobierno. Y el Proyecto de Ley por el cual se convierte al Ministerio de la Presidencia en un Pequeño Ministerio de Planificación y Desarrollo Social con no más del uno por ciento (1%) del Presupuesto Público, transfiriéndose el resto del presupuesto del MIPRE a regiones y municipios.

A propósito de lo anteriormente expresado, se ha priorizado en la Agenda Legislativa la Reforma, Modernización, Descentralización, Regionalización y Municipalización del Estado, pilares donde reposa el verdadero poder democrático. En este tema, se apunta nítidamente a un desarrollo equitativo y justo del interior del país, debiendo mencionarse nuestra propuesta sobre Ley de Bases de la Descentralización, Ley General del Canon, Ley de Fronteras Vivas, etc.

En relación con la Temática de la Defensa de la Vida, Seguridad Ciudadana (especialmente teniendo en cuenta los atropellos que se han producido de parte de los Servicios de Inteligencia contra hombres y mujeres en los últimos tiempos) y a la Defensa, Seguridad y Orden Interno, se ha priorizado, entre otros, el Proyecto de Ley que establecería el Fondo de Defensa Nacional para dotar a nuestras Fuerzas Armadas del equipamiento necesario que disuada cualquier intento de agresión a la Soberanía Nacional; un Sistema de Remuneraciones, Bonificación, Beneficios y Pensiones del Personal Militar y Policial; el Proyecto de Ley que declara en reorganización los Servicios de Inteligencia, Proyectos de Leyes de Modernización de las FF.AA., etc.

En lo referente a la reforma del Poder Ejecutivo, se propone la creación de un Sistema de Concertación que tenga como núcleo central del Sistema un Consejo de Concertación Nacional, donde participen todas las fuerzas vivas que representen a la Sociedad Civil y a los Poderes del Estado.

En la esfera económica, se ha priorizado un Proyecto de Ley que fomente a las Exportaciones como vía de salida sana a la crisis crónica que viene presentando el déficit en Cuenta Corriente y un Proyecto de Ley Marco de Promoción de la Agricultura.

También se ha considerado una Ley que haga de COFIDE un instrumento eficaz de Promoción Financiera para apoyar Proyectos de Inversión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, otorgando créditos con tasas de interés razonables, garantías y sólido financiamiento.

Es además crucial que el país cuente con una nueva legislación sobre Régimen Laboral, los jubilados, el Régimen de Pensiones y Seguridad Social, que proteja los intereses de los trabajadores activos y cesantes.

Se ha considerado en la temática referida a Sociedad Civil y Partidos Políticos una propuesta legislativa que apunte a democratizar a las entidades partidarias, fomente y aliente la participación del ciudadano, a veces ausente del debate nacional en tópicos importantes que le atañen.

La Célula Parlamentaria Aprista ha terminado los Proyectos de Ley de Apoyo al Turismo y Promoción al Deporte, como aspectos fundamentales que deben tomarse en cuenta para las decisiones y políticas de los Municipios, Regiones y especialmente del Poder Ejecutivo.

En la temática referida al Medio Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, se está sugiriendo la aprobación de instrumentos jurídicos que protejan a las Bahías de la Zona Costera Peruana y un proyecto de Ley sobre Desarrollo Sustentable de nuestra Amazonía.

Se han incluido además las Reformas Constitucionales propuestas a la Constitución de 1993.

En conclusión, nuestra Agenda Legislativa es la siguiente:

I. Fomento del Empleo, Desarrollo Social y Superación de la Pobreza

1. Proyecto de Ley creando el Fondo de Desarrollo Social.

2. Proyecto de Ley de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (Emprendedores Emergentes).

3. Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social de Concertación.

4. Proyecto de Ley creando un Nuevo Marco Institucional (Reconversión del MIPRE en un Pequeño Ministerio de Planificación y Desarrollo Social).

  1. Proyecto de Ley sobre Derechos Discapacitados.

II. Reforma, Modernización, Descentralización, Regionalización y Municipalización del Estado

1. Proyectos de Leyes de Reforma, Modernización, Descentralización del Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado.

2. Proyecto de Ley de Bases de la Descentralización.

3. Proyecto de Ley Orgánica de Regiones.

4. Proyecto de Ley de Financiamiento Regional Municipal.

5. Proyecto de Ley de Desarrollo de la Amazonía.

6. Proyecto de Ley de Fronteras Vivas (la parte con Ecuador, para luego hacerla extensiva a las fronteras con Colombia, Brasil y Bolivia).

7. Proyecto de Ley de Zona Económica Especial. Región Sur (Ley Tacna).

8. Proyecto de Ley de Constitución de las Regiones.

9. Proyecto de Ley General del Canon.

10. Proyecto de Ley Orgánica de Municipalidades

11. Proyecto de Ley creando una Comisión que estudie la factibilidad técnico-económico-financiera, estratégica y geopolítica para cambiar de lugar a la Capital de la República en el siglo XXI.

III. Defensa de la Vida, Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional

1. Proyecto de Ley creando un Sistema de Remuneración, Bonificación, Beneficios y Pensiones del Personal Militar y Policial.

2. Proyecto de Legislación sobre Violencia Deportiva.

3. Proyecto Legislativo sobre el Sistema de Control de Drogas.

4. Proyecto Legislativo recreando la iniciativa aprista del Fondo de Defensa Nacional.

5. Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.

6. Proyecto de Ley que declara en reorganización los Servicios de Inteligencia.

7. Proyectos de Leyes de Modernización de las Fuerzas Armadas.

8. Proyecto de Ley de Serenazgo.

IV. Educación, Cultura y Deporte

1. Proyecto de Ley General de Educación.

2. Proyecto de Ley General del Deporte.

3. Proyecto de Ley de Creación de Centros Especiales, de Gestión Científica Estatal para Niños Excepcionales.

4. Proyecto de Ley sobre EL LIBRO.

5. Proyecto de Ley General del Artista.

V. Economía, Finanzas, Sectores Productivos y Servicios

1. Proyecto de Ley de Fomento a las Exportaciones.

2. Proyecto de Ley de Promoción Financiera a través de COFIDE (como Banca Múltiple de primer y segundo piso).

3. Proyecto de ley sobre el ex FONAVI (privatización).

4. Proyecto de Ley Marco de Promoción de la Agricultura Sostenible y de Aliento a la Productividad.

5. Proyecto de Ley de creación del Banco de Desarrollo Agrario.

6. Proyecto de Ley que declare de necesidad pública la urgente puesta en funcionamiento del Sistema de Transporte Rápido y Masivo Lima-Callao o Tren Eléctrico.

7. Proyecto de Ley de Fomento y Construcción de Líneas Ferroviarias en el país.

8. Proyecto de Ley para entregar en concesión a empresas privadas (nacionales y extranjeras) las principales carreteras del país.

VI. Seguridad Social, Jubilación y Régimen Laboral.

1. Proyecto de Ley sobre Oportunidades de Trabajo.

2. Proyecto de Ley sobre Régimen Laboral.

3. Proyecto de Ley sobre Régimen de Pensiones y Seguridad Social.

VII. Sociedad Civil y Partidos Políticos.

1. Proyecto de Ley de Partidos Políticos y Participación Ciudadana.

2. Proyecto de Ley Electoral.

3. Derogatoria de leyes reeleccionistas, como por ejemplo:

-Ley de "Interpretación Auténtica".

-Resolución Legislativa del Congreso que destituyó a tres magistrados miembros del Tribunal Constitucional.

-Ley que modifica la modalidad de votación del Jurado Nacional de Elecciones.

4. Derogatoria de todas las Leyes Anti Alan o Ley 26641 de Contumacia, del 18 de junio de 1996 (modificaciones), Ley 27163, del 6 de agosto de 1999, mediante la cual se modifica los artículos 10 y 14 de la Ley Orgánica de elecciones (suspensión del ejercicio de la ciudadanía), etc.

5. Proyecto de Ley para conformar una Comisión especial para estudiar la factibilidad de Privatización de parte del Sistema Electoral y las reformas constitucionales necesarias para proceder a la reforma del Sistema Electoral vigente.

VIII. Recursos Naturales, Ecología y Medio Ambiente

1. Proyecto de Ley para la Protección del Medio Ambiente de las Bahías de la Zona Costera Peruana.

2. Proyecto de Ley Especial de Aguas para el Departamento de Ica.

3. Proyecto de Ley de Desarrollo de la Amazonía.

4. Proyecto de Ley Marco sobre Protección del Medio Ambiente.

IX. Justicia y Fiscalización

1. Proyecto de Ley de Evaluación de la Gestión de Gobierno.

2. Proyecto de Ley sobre la Transparencia de la Función Pública.

3. Proyecto de Ley de la Contraloría General de la República.

4. Derogatoria de todas las leyes inconstitucionales.

5. Derogatoria de la Ley que creó el Consejo de Coordinación Judicial (superpoder sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público).

6. Derogatoria de las Ley que crearon Comisiones Ejecutivas en el Sistema Judicial.

7. Proyecto de Ley de reivindicación de funciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

8. Derogatoria de la Ley que homóloga a los magistrados provisionales con los titulares.

X. Reformas Constitucionales

Reformas a la Constitución de 1993:

1. Doble debate parlamentario en la formación de Leyes.

2. Facultad de la Casación de la Corte Suprema en casos del Fuero Militar.

3. Ratificación de los ascensos militares por el Congreso.

4. En lo concerniente a la descentralización.

5. En lo concerniente a la reelección presidencial.

6. En lo concerniente al Poder Ejecutivo (artículos 110, 111, 112, 118).

7. La parte referente al Poder Judicial y Sistema Electoral luego de evaluarse la propuesta de un nuevo Sistema Electoral en el que se privatice la parte referente a los Procesos Electorales y se simplifique la actual composición del Sistema Electoral.

 

3. SUMILLAS DE LOS PROYECTOS DE LEY

DE LA AGENDA LEGISLATIVA

I) Fomento del empleo, desarrollo social y superación de la pobreza

1. Proyecto de Ley creando el Fondo de Desarrollo Social

Mediante el cual se propone la necesidad de contribuir a la superación de la pobreza a través de la ejecución planificada      de un conjunto de programas destinados a generar nuevos empleos, asistir a las familias que están en extrema pobreza, apoyar a la microempresa, capacitar a las personas para su ingreso al trabajo, apoyar a los sectores económicos donde    se desarrolla la economía popular del campo y de la ciudad y asistir a las personas de la tercera edad, discapacitados y desempleados, entre otros.

2. Proyecto de Ley de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa

Mediante el cual se propone definir el rol que corresponde a la micro y pequeña empresa, realizar programas de      formación, capacitación y asistencia técnica, así como fortalecer el FOPEI, FOGAPI y Fondos Similares, simplificar la legislación tributaria y contable, estimular la subcontratación y la maquila y otras actividades de servicio de exportación, comercialización y apoyar a los gremios representativos de la economía popular.

3. Proyecto de Ley creando el Consejo Económico y Social

Mediante el cual se propone, dictar las normas para lograr las acciones concordantes, entre los agentes económicos, sociales, académicos y técnicos; entre los trabajadores y las empresas; y entre los poderes del Estado. El Consejo de Económico y Social, como organismo central de un sistema de concertación, garantizará la participación de los distintos agentes en el proceso de elaboración de Leyes en materia socioeconómica y laboral, entre otros.

4. Proyecto de Ley creando un nuevo marco institucional (reconversión del MIPRE en un pequeño Ministerio de      Planificación y Desarrollo Social)

Mediante el cuál se propone la reconversión del Ministerio de la Presidencia en un pequeño Ministerio de Planificación y Desarrollo Social, con no más del 1% del Presupuesto Público; transfiriéndose el resto del presupuesto del MIPRE a      regiones y municipios; haciéndolo de manera progresiva en la medida que se deba fortalecer la capacidad institucional        y de gestión de las células de gobiernos democráticos descentralizados.

II) Reforma, Modernización, Descentralización, Regionalización y

Municipalización del Estado

1. Proyectos de Leyes de Reforma, Modernización y Descentralización del Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado

Con estas leyes se sustentarán las bases del proceso de Reforma y Modernización del estado a nivel de los Poderes Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, los Sistemas de Contraloría, Superintendencia Tributaria, Presidencia de la República, etc., en coordinación con los objetivos de descentralización, regionalización y municipalización del Estado, el enfoque sistémico de la organización estatal, la gerencia pública moderna y desconcentrada, el planeamiento sobre la actividad pública, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la concertación con los actores sociales de la sociedad civil.

2. Proyecto de Ley de Bases de la Descentralización

Proyecto que sienta las bases para un proceso de descentralización del país. Sustancialmente implica reformas en cuanto a la estructura económica, en lo político entendiéndose como una democrática y equitativa distribución del poder, y reformando las injustas estructuras sociales centralistas. El presente proyecto define y establece las relaciones de los niveles entre el gobierno central, gobierno regional y local. Y propone el programa y calendario del proceso.

3. Proyecto de Ley Orgánica de Regiones

Establece la normatividad necesaria para el funcionamiento de los gobiernos regionales como órganos de gobierno, el mecanismo de conformación de regiones, delegación y transferencia de competencias, atribuciones y naturaleza        jurídica; así como norma los órganos de gobierno de la región, su régimen económico, sus bienes y rentas. La finalidad       es pues promover el desarrollo integral de cada región.

4. Proyecto de Ley de Financiamiento Regional y Municipal

En cumplimiento de los artículos 77º, 193º y 197º de la Constitución Política del Perú, que establece los criterios de fuentes y usos de los recursos de los órganos de gobierno descentralizado. Establece las relaciones financieras entre los órganos de gobierno descentralizado, y de éste con el gobierno central. Establece, asimismo, la administración y utilización de los recursos de los gobiernos descentralizados y los mecanismos de endeudamiento interno y externo.

5. Proyecto de Ley de Desarrollo de la Amazonía

Base Legal: 8va Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado y el Artículo 69º de la indicada Carta Magna.

El presente Proyecto de Ley, tiene como finalidad establecer el marco jurídico tendiente a dar cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución de manera integral y sistémica, incidiendo en aspectos económico-financieros y preservación del Medio Ambiente y la Biodiversidad para lograr un desarrollo sustentable de la Amazonía en el marco de la cooperación internacional y del Tratado Amazónico.

6. Proyecto de Ley de Fronteras Vivas (la parte con Ecuador para luego hacerla extensiva a las fronteras con Colombia, Brasil y Bolivia).

Se busca establecer un mecanismo institucional que permita el desarrollo socioeconómico y cultural de las zonas fronterizas con Ecuador. Para ello se plantea la creación de tres proyectos especiales, dirigidos por sus respectivas autoridades autónomas:

  • Proyecto Especial Tumbes-Piura (Desde la Boca del Canal de Capones hasta Chimara);

  • Proyecto Especial Cajamarca-Amazonas (Desde Chimara hasta Cahuide); y

  • Proyecto Especial Loreto (Desde Cahuide hasta Güepi).

7. Ley de Zona Económica Especial. Región Sur (Ley Tacna)

Mediante este instrumento jurídico se busca crear una región estratégica preferencial que abarque Tacna-Ilo-Matarani y parte de los departamentos de Arequipa y Puno, que les permita convertirse en una zona bisagra entre la Cuenca del Pacífico y la Cuenca del Atlántico; donde se priorice, aliente y fomente la inversión nacional y extranjera en la agricultura, industria, pesquería, turismo, servicios, transporte, hidroenergía e infraestructura de desarrollo en general. Se generarían, entre otros proyectos, verdaderos centros de exportación y sistemas de almacenamiento para el ingreso al por mayor de las mercancías; así como concretar el sistema de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles necesarios para la integración con Bolivia y Brasil, con todas las facilidades para el caso. Una autoridad autónoma competente (donde estén representadas fuerzas y entidades económicas y sociales) desarrollaría un Plan de Desarrollo Integral bajo un enfoque sistémico que abarcaría toda el área estratégica. La ley trataría integralmente la Región procurando equilibrar la Ley Arica-Pariacota, tomándose en cuenta el régimen jurídico y administrativo de la ZOTAC, el Plan Bolognesi propuesto por la Municipalidad de Tacna desde 1993 y diversos mecanismos tributarios, crediticios, financieros y en general promocionales de un área que debe convertirse en una región económica preferencial para el desarrollo nacional.

8. Proyecto de Ley de Constitución de las Regiones

El presente proyecto tiene como finalidad establecer los mecanismos legales, que regulen la iniciativa y mandato de las poblaciones así como el correspondiente referéndum que defina la constitución de cada una de las Regiones, en cumplimiento del Artículo 190º de la Constitución Política del Perú.

9. Proyecto de Ley General del Canon

Mediante esta Ley de Desarrollo Constitucional, Artículo 77º de la Constitución, se definiría el tratamiento de participación de Regiones y Municipios Provinciales y Distritales en la explotación de los recursos naturales ubicados dentro de sus ámbitos jurisdiccionales políticos en armonía con el conjunto de dispositivos que definen el Marco de la Estrategia de Descentralización. Considerándose Recursos Naturales no Renovables y Recursos Naturales Renovables. Dentro de los primeros se encuentran los mineros (metálicos –excluido el oro–, oro, no metálicos e hidrocarburos) y en los Recursos Naturales Renovables : Forestales y Fauna, Agua y Recursos Hidrobiológicos. La Ley contemplaría, además, mecanismos compensatorios para las diversas instancias de los ámbitos de los gobiernos democráticos (Regional y Municipal).

10. Proyecto de Ley Orgánica de Municipalidades

Mediante este instrumento jurídico se procurará que los gobiernos locales se conviertan en artífices directos de la vida democrática del país y parte fundamental del proceso de descentralización. Para esto se reformulará el Decreto Legislativo Nº 23853 del 09 de Junio de 1984, incorporando nuevas funciones –hoy gerenciadas centralistamente–, modernizando su gestión y régimen de administración; creando las condiciones para la capacitación de autoridades y funcionarios; democratizando la toma de decisiones; mejorando la cantidad y calidad de la prestación de los servicios y los programas y proyectos de inversión; definiendo los recursos municipales, el régimen tributario y de rentas (incluyendo los porcentajes que anualmente debe transferir el Tesoro Público Central a regiones y municipios en una cifra que alcance en el mediano plazo al 30% del Presupuesto Nacional); fortaleciendo la Asociación de Municipalidades (AMPE); entre otros importantes alcances. La Ley debe recoger las iniciativas legislativas que han desarrollado AMPE y diversas Municipalidades en un trabajo que debe ser concertado con la Comisión de Descentralización del Congreso de la República.

11. Proyecto de Ley creando una Comisión que estudie la factibilidad técnico-económico-financiera, estratégica y geopolítica para cambiar de lugar a la Capital de la República en el siglo XXI

Mediante esta Ley se buscaría actualizar, continuar y profundizar los estudios iniciados en 1986 para que una Comisión del más alto nivel, con participación de connotados especialistas nacionales e internacionales, defina la factibilidad técnico-económico-financiera, estratégica y geopolítica para cambiar la capital de la República, considerándose las hipótesis del valle del Mantaro y Cusco. De considerarse factible el proyecto, para el siglo XXI se trataría de generar un núcleo de cohesión nacional que sea una bisagra hacia el macroecosistema amazónico y costeño, teniendo como eje de articulación espacial los valles andinos. Este estudio de factibilidad de cambio de la capital debe considerarse como una de las dimensiones de la estrategia descentralista y desconcentradora del país. Como se sabe, cambios de capital se han producido y/o decidido, en el siglo XX, en la India, Turquía, Australia, Brasil, China, Pakistán, Tanzania, Nigeria y Argentina.

III) Defensa de la vida y seguridad ciudadana

1. Proyecto de Ley creando un Sistema de Remuneración, Bonificación, Beneficios y Pensiones del Personal Militar y Policial

Por razones de seguridad nacional, el personal militar y policial debe ser especializado y esto obviamente debe tener un costo que permita a la vez calidad y eficiencia en el servicio, así como un nivel decoroso de bienestar. Para ello es necesario tener un marco jurídico que establezca la remuneración y demás beneficios económicos a través de un sistema único de remuneraciones y pensiones.

2. Proyecto de Legislación sobre Violencia Deportiva

Con este Dispositivo Legal se busca establecer los mecanismos para que las autoridades y la población puedan prevenir, reprimir y desarticular a las denominadas "Barras Bravas" y sus delictuosas acciones.

3. Proyecto Legislativo sobre el Sistema de Control de Drogas

Se busca establecer un mecanismo que lleve adelante la lucha eficaz contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos. La duplicidad de esfuerzos de parte de la acción estatal en este tema, sólo permite que la delincuencia del Tráfico Ilícito de Drogas se desarrolle. Se trataría, con este proyecto, de crear un sistema que articule de manera flexible y no burocrática a todas las instituciones relacionadas con la problemática de las Drogas.

4. Proyecto Legislativo recreando el Fondo de Defensa Nacional

Con este dispositivo legal se busca restablecer el equilibro de fuerzas que permita disuadir cualquier intento de agresión a la soberanía e integridad nacional. Para ello se plantea crear el Fondo de Defensa Nacional, para el equipamiento permanente de las Fuerzas armadas. El Fondo estaría constituido en base a los siguientes aportes anuales: Cien millones de dólares americanos (US $ 100’000 000) obtenidos del monto total de la rentabilidad bancaria obtenida por el concepto de depósito en el exterior de las reservas internacionales. Un punto de los 18 puntos porcentuales del monto mensual recaudado por el concepto de Impuesto general a las Ventas (IGV) que la Superintendencia de Administración Tributaria transferirá, mensualmente, al Fondo. El Fondo de Defensa Nacional será administrado por un directorio conformado por tres representantes de las Fuerzas Armadas y por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Ecuador y Chile, no hay que olvidarlo, cuentan con fondos similares que se financian a través de la actividad empresarial del Estado, entre otras, en el área del petróleo, en el primer caso y del cobre, en el segundo.

5. Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional

Se busca con este proyecto alternativo permitir el desarrollo institucional de la PN, y a la vez adecuar su actual estructura y funciones a las necesidades de orden y seguridad interna que el país requiere. Igualmente se busca establecer los mecanismos que permitan un creciente nivel de profesionalismo y especialización para garantizar el orden público y la tranquilidad ciudadana.

6. Proyecto de Ley que declara en reorganización los Servicios de Inteligencia.

Ley que tendría por finalidad desmontar el actual Sistema Nacional de Inteligencia y reconvertirlo en un Sistema altamente profesionalizado y técnico que responda a los objetivos de la Defensa y Seguridad Nacional.

7. Proyectos de Ley de Modernización de las Fuerzas Armadas.

Propondrán un proceso de reingeniería en las Fuerzas Armadas de acuerdo a las tendencias geopolíticas actuales del siglo XXI. Esto parte por constituir un ejército adecuado, en magnitud, más profesionalizado y mejor equipado. Otros aspectos importantes de este proyecto es que se mantenga el respeto a la antigüedad y cuadro de méritos para los ascensos, encontrar un punto intermedio entre lo que es el servicio militar obligatorio y el servicio militar voluntario, con el objetivo de tener un tropa profesional cuyo tiempo de preparación sea dedicado, exclusivamente, a su adiestramiento militar.

8. Proyecto de Ley de Serenazgo.

Con este se pretende dar un marco legal único a los sistemas de serenazgo que se vienen organizando en diversas ciudades del país. Así mismo, especificar sus ámbitos de acción, funciones, atribuciones, tipos de impuesto y recursos, organización y jerarquía y su relación con la Policía Nacional del Perú.

IV) Educación, Cultura y Deporte

1. Proyecto de Ley General de Educación

Es necesario contar con un sistema educativo moderno, democrático y de calidad. La propuesta debe guardar concordancia con las Bases para un sistema educativo del Perú del siglo XXI, puestas en marcha junto con la Reforma Curricular, durante la gestión aprista 1985-1990.

Los avances de la ciencia y la tecnología nos llevan a verificar que una nueva revolución industrial y comercial recorre el mundo contemporáneo sin que los países pobres participan en ella porque la educación llamada a ser la correa de transmisión de estos avances se halla desarticulada del mundo de la producción y las tecnologías, limitada en presupuesto regimentada y centralizada en una administración vertical y electorera.

2. Proyecto de Ley General del Deporte

Mediante el cual se declara de interés nacional al deporte, con el fin de promover y fomentar la práctica deportiva en sus diferentes disciplinas, niveles y edades, para la formación integral de la persona en su desarrollo moral, físico y psíquico, siendo necesario racionalizar el Instituto Peruano del Deporte, descentralizar las funciones y atribuciones del Consejo Nacional, promover y fomentar el deporte fundamental y de afiliados organizados por disciplinas, entre otros.

3. Proyecto Ley de Creación de Centros Especiales, de Gestión Científica Estatal para Niños Excepcionales

Crear Centros Especiales de Gestión Científica Estatal, para niños y jóvenes excepcionales con coeficientes intelectuales superiores a lo normal. Se busca con este Proyecto que el Ministerio de Educación imparta Educación Especial a niños y jóvenes con inteligencia superior al Promedio Normal, de acuerdo a la escala de medición de inteligencia, toda vez, claro está, la clamorosa negligencia que en el país existe respecto a la fuga de valores, al no ser promovidos y alentados adecuadamente.

V) Economía, Finanzas y Sectores Productivos

1. Proyecto de Ley de Fomento a las Exportaciones

Mediante este paquete de instrumentos jurídicos se propone encontrar una vía de salida a la crisis crónica que presenta el déficit en cuenta corriente ha estado en niveles -2,500 millones de dólares a -3,500 millones de dólares, lo que significaría un 8 a 10% del PBI ajustado. Se trataría de analizar las opiniones y pedidos que sobre el particular han venido sugiriendo los especialistas. La Ley promotora de las exportaciones debería contemplar aspectos arancelario, crédito y financiamiento (con garantías legales), reformulando la prioridad de los tributos sobre cualquier requerimiento, intereses preferenciales, apoyo a la descentralización productiva, entre otros instrumentos promocionales. Además deberá incluir:

a. Liberalización del Transporte Aéreo para la Exportación. Para establecer una política de cielos abiertos para la carga de exportación. Actualmente existe una empresa aérea que tiene el monopolio de este transporte que lo encarece, siendo nuestros costos mayores en un 50% que los que se tienen en Chile.

b. Creación del Sistema Especializado de Información Económica. Uno de los mayores problemas que tienen los productores que desean exportar es la falta de información de los mercados internacionales, por lo que se crearía este sistema a fin de proporcionar información sobre precios FOB, precios CIF, mercado de destino, etc.

c. Ley de Incentivos Aduaneros. Comprende draw back aduanero, es decir, la devolución de impuestos automáticos a los exportadores, eliminando los trámites engorrosos que existen actualmente.

d. Apertura de Nuevas Partidas.

e. Simplificación a la Supervisión de Importaciones a cargo de la SUNAD.

2. Proyecto Ley de Promoción Financiera a través de COFIDE (como Banca Múltiple de primer y segundo piso)

Actualmente COFIDE como Banca de Segundo Piso canaliza financiamiento externo de la CAF y otros organismos financieros que los coloca en la Banca Privada a tasas similares y a veces mayores que las del mercado, distorsionando la Ley de su creación. Por lo que debe exigirse el otorgamiento de créditos promocionales que COFIDE puede realizar directamente y/o de manera indirecta en cada región del país, para apoyar los Proyectos de Inversión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, otorgando créditos con tasas de interés razonables, garantías y financiamiento a mediano y largo plazo.

3. Proyecto de Ley sobre el ex FONAVI (Privatización)

Se plantea un Proyecto de Ley referido a destinar parte de los recursos de FONAVI a COFIDE, con el fin que éste, mediante convenios con la Banca Comercial, otorgue créditos preferenciales a los trabajadores para la adquisición de viviendas. En el Proyecto de Ley se definirá el esquema privado de gestión de los recursos del ex FONAVI.

4. Proyecto de Ley Marco de Promoción de la Agricultura Sostenible y de Aliento a la Productividad

Se declara de prioridad nacional el apoyo al desarrollo de los predios agrícolas de pequeña extensión, propulsando la constitución de empresas, la promoción e impulso a la formación de Consorcios Empresariales Agrarios, formulando las respectivas políticas de Promoción e Implementación por parte del Estado.

5. Proyecto de Ley de Creación de un Banco de Desarrollo Agrario

Creación de un Banco de Desarrollo Agrario que se oriente, exclusivamente, a sostener, fomentar y desarrollar las actividades productivas de bienes y servicios en el ámbito rural, que incluya instrumentos específicos en el espacio rural costeño, andino, alto andino, selva alta y selva baja amazónicas, y a las líneas de producción de alimentos perecibles, insumos y productos agroindustrializados (en el ámbito rural) que se orientan al mercado interno y/o externo.

6. Proyecto de Ley que declare de necesidad pública la urgente puesta en funcionamiento del Sistema de Transporte Rápido y Masivo Lima-Callao o Tren Eléctrico.

Mediante este proyecto de ley se declara de utilidad pública el proyecto integral del Sistema de Transporte Rápido y Masivo Lima-Callao o Tren Eléctrico, diseñado en el gobierno aprista. Sistema conformado en dos grandes etapas proyectadas. La primera de Pucusana hasta Comas y la segunda de El Callao a Ate Vitarte para luego extenderse desde este último punto hasta Chosica. Este sistema es un verdadero tren del pueblo porque está pensado, fundamentalmente, en la movilización de los conos Norte, Sur y Este de la ciudad en su conexión con la provincia Constitucional del Callao. Es sabido que en estos conos viven la mayoría de los trabajadores, pequeños productores y comerciantes que se dirigen hacia la zona industrial de Lima y el Callao.

7. Proyecto de Ley de Fomento y Construcción de Líneas Ferroviarias en el País.

Tiene como objetivo crear una Autoridad Autónoma para la Concesión de Construcción y Servicio de Trenes que, justamente, permitan que empresas privadas, nacionales o extranjeras, construyan las líneas férreas a lo largo de la costa peruana y en interconexión con algunas ciudades importantes de la sierra, por periodos de 30 años como mínimo. Ello permitirá establecer un sistema de comunicación más fluido, rápido y moderno entre las principales ciudades del país, incrementando diversas actividades económicas, como el turismo. El Estado tendría un rol contralor en lo que respecta a tarifas y derechos de los usuarios.

8. Proyecto de Ley para Entregar en Concesión a Empresas Privadas (nacionales y/o extranjeras) las Principales Carreteras del país.

Este proyecto tiene como objetivo fundamental fomentar el mantenimiento, ampliación y mejoramiento de las principales carreteras que, frecuentemente, debido a los desastres naturales y la falta de recursos estatales se ven afectadas no sólo dificultando la comunicación sino generando problemas de abastecimiento, principalmente, de alimentos, especialmente a la capital del país e imposibilitando colocar en el mercado externo e interno, a precios competitivos, los productos que el Perú tiene ventajas comparativas y competitivas.

VI) Seguridad Social, Jubilación y Régimen Laboral

1. Proyecto de Ley sobre Oportunidades de Trabajo

Este Proyecto establece la prohibición para cubrir puestos laborales el tomar como requisito limitaciones no contempladas en la Legislación Laboral Vigente o condiciones específicas como la edad, procedencia de alguna universidad, sexo, grado de experiencia, buena presencia, toda vez que se trata de flagrantes, violaciones del texto constitucional.

2. Proyecto de Ley Régimen Laboral

Se plantea una evaluación política del Programa de Promoción al Empleo diseñado por el Gobierno, el mismo que se encuentra sustentado en lo siguiente: Flexibilización de la Legislación Laboral, Capacitación Juvenil, Autoempleo y Acceso a la Información relacionada con el Mercado Laboral. Como consecuencia de lo señalado, se plantea algunas modificaciones a la Ley de Fomento del Empleo - D.S. 05-95-TR, que versarían sobre lo siguiente: a) Plantear el encarecimiento de la indemnización por despido arbitrario, teniendo en cuenta que ante esta conducta del empleador sólo procede una indemnización y no la reposición; y b) Plantear mecanismos de control a los Convenios de Formación Laboral Juvenil, a fin de evitar se conviertan en instrumento de los empleadores para no celebrar contratos de trabajo, lo que de por sí significa la pérdida de derechos.

3. Proyecto de Ley del Régimen de Pensiones y Seguridad Social

Se plantea mediante un Proyecto de Ley la creación de un Comité Multisectorial a fin de determinar la deuda del Estado al IPSS. Esto debe ser el paso previo para luego definir mecanismos y fuentes de financiamiento para el Fondo de Pensiones del Decreto Ley Nº 19990, garantizando el pago y eventuales reajustes de pensiones bajo este régimen.

VII) Sociedad Civil y Partidos Políticos

1. Proyecto de Ley de Partidos Políticos y Participación Ciudadana

Establece mecanismos para que las Organizaciones Políticas estén exentas de vicios manipulatorios antidemocráticos y de otras formas irregulares de funcionamiento. En tal sentido, se hace necesario crear las condiciones para promover verdaderos canales de representación de la ciudadanía en las modalidades de intermediación de una democracia y para fortalecer la capacidad y potencial de los partidos políticos democráticos..

Asimismo, con ello se busca establecer mecanismos por los cuales la Sociedad Civil y en general la ciudadanía pueda controlar, fiscalizar y participar en los procesos de toma decisiones de los temas de gran trascendencia nacional.

2. Proyecto de Ley Electoral (modificaciones)

El sistema de distrito electoral único promueve el centralismo de las decisiones en detrimento de las provincias que ven disminuidos sus derechos a una representación justa en el Congreso, por ello hay que instaurar el sistema electoral múltiple. La actual división de las autoridades que tienen que ver con el proceso electoral (ONPE, RENIEC, JNE) merece ser revisada para evitar manipulaciones que afecten la transferencia de las acciones. También merece revisión la actual composición del JNE para impedir la ingerencia en sus decisiones por parte de otros poderes del Estado. El número de firmas que necesita una agrupación política y su verificación, así como los requisitos para que un partido o movimiento mantenga su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones son temas que deben abordarse en una nueva Ley Electoral. Todos estos asuntos y otros más tienen que ser materia del proyecto de ley.

3. Derogatoria de Leyes y Dispositivos Re-reeleccionistas, como por ejemplo:

- Ley de Interpretación Auténtica. Ley 26657 (23 de agosto 1996). Es inconstitucional y pretende allanarle, al actual mandatario, el camino para una tercera postulación consecutiva pues el artículo 112 de la Constitución lo faculta a una sola reelección.

- Resolución Legislativa que destituyó a tres magistrados del Tribunal Correccional. Resolución del 9 de mayo de 1997 con la que se destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional que firmaron la sentencia que declaro inaplicable la "Ley de Interpretación Auténtica".

- Ley que modifica la modalidad de votación del Jurado Nacional de Elecciones. Ley 26954, de mayo de 1998, que modificó la modalidad de votación del Jurado Nacional de elecciones para declarar fundadas las tachas e impugnaciones. Con esta ley el gobierno se aseguró en el caso que la candidatura del actual Presidente fuese tachada. La tacha sería declarada improcedente y la candidatura de Fujimori sería habilitada. Caso sumamente raro en que la minoría pesa más que la mayoría. (El JNE tiene 5 miembros).

4. Derogatoria de todas la Leyes Anti-Alan

- Ley 26641, o de Contumacia (modificaciones). Aplicada inconstitucionalmente y retroactivamente al ex Presidente Alan García.

- Ley 27163, mediante la cual se modifica los artículos 10 y 14 de la Ley Orgánica de Elecciones. (Suspensión de los ejercicios de ciudadanía al ex Presidente Alan García).

5. Proyecto de Ley para Conformar una Comisión Especial para Estudiar la Factibilidad de Privatización del Sistema Electoral (la parte de procesos electorales)

Con esta ley se formaría una Comisión de expertos, con representantes de los Colegios de abogados, Facultades de Derecho y reconocidos profesionales para estudiar la factibilidad técnica, jurídica y política de privatización del actual Sistema Nacional Electoral (en lo relativo a los procesos electorales), que adolece de graves problemas estructurales e institucionales para liberarlo de todas las influencias extrañas al Derecho y que sea una verdadera práctica del sufragio electoral universal, como sustantiva realidad democrática.

VIII) Recursos Naturales, Ecología y Medio Ambiente

1. Proyecto de Ley para la Protección del Medio Ambiente de las Bahías de la Zona Costera Peruana

Mediante este instrumento jurídico se buscaría encontrar el marco adecuado para la protección de las Bahías en una dimensión integral de la problemática ambiental, que regule las acciones de las empresas pesqueras, mineras, industriales, y de la población que perjudiquen, alteren, y/o destruyan los ecosistemas marítimos que se desarrollan en el Océano Pacífico. Esta Ley debe ser la base para que el Poder Ejecutivo defina una Política Ambiental que evite los efectos contaminantes que alteran la necesidad de un desarrollo sustentable de nuestros recursos, donde debería considerarse el canje de "Deuda Externa por Ecología", que incorpore a organismos internacionales, gobiernos de países cooperantes, acreedores, etc. Para lo cual se tomarán en cuenta los estudios y propuestas ya realizados por entidades especializadas y/o interesadas en encontrar una respuesta a la problemática medio ambiental.

2. Proyecto de Ley Especial de Aguas para el Departamento de Ica

Mediante el cual se fortalece la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Tambo-Coracocha con sede en la ciudad de Ica, haciendo extensivas sus acciones y operaciones de distribución de aguas para el todo el departamento.

3. Proyecto de Ley de Desarrollo de la Amazonía

Base Legal: 8va Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado y el artículo 69º de la indicada Carta Magna.

El presente Proyecto de Ley, tiene como finalidad establecer el marco jurídico tendiente a dar cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución de manera integral y sistémica, incidiendo en aspectos económico-financieros y la preservación del Medio Ambiente y la Biodiversidad, para lograr un desarrollo sustentable de la Amazonía, en el marco de la cooperación internacional y del Tratado Amazónico.

IX) Justicia y Fiscalización

1. Proyecto de Ley de Evaluación de la Gestión de Gobierno

La Ley Nº 26484 (Marco del Proceso de la Cuenta General de la República) se constituye en un instrumento de fiscalización de la ejecución presupuestal de años anteriores. Sin embargo, tal como actualmente se presenta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General, es tan sólo un documento simple de carácter financiero presupuestal contable que no permite medir la gestión del sector público, por lo que es necesario contar con una norma expresa que permita a los legisladores cumplir con su rol fiscalizador, conociendo en forma precisa la información de las metas físicas de las actividades de cada uno de los Proyectos Presupuestados para el período por cada uno de los pliegos presupuestales.

2. Proyecto de Ley sobre la Transparencia de la Función Pública

Con esta Ley se trata de evitar, ex-ante y ex-post, la corrupción en el sector público. Ley en la cual se establezcan mecanismos adecuados sobre el conflicto de intereses, la regulación de los lobbies real o potencialmente existente, el favoritismo hacia intereses particulares, la declaración pública y periódica de todos los funcionarios, la organización de un Centro de Información Pública sobre los funcionarios, los mecanismo de compras estatales (gasto corriente y de capital) e instrumentos jurídicos que hagan transparente y ética la función pública como servicio a la sociedad, y permitan rendir cuentas a los peruanos.

3. Proyecto de Ley de la Contraloría General de la República

Dispositivo legal mediante el cual la Contraloría general de la República se convierta en una institución con verdadera autonomía frente al Poder Ejecutivo. Mecanismo legal que le permitirá actuar como un órgano preventivo, evaluador y fiscalizador de todas las instituciones en la cuales el Estado tenga participación.

4. Derogatoria de todas las Leyes Inconstitucionales

5. Derogatoria de la ley que creó el Consejo de Coordinación Judicial

Ley 26623 (junio 1996) que creó el Consejo de Coordinación Judicial como un superpoder, manejado por el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

6. Derogatoria de las Leyes que crean Comisiones Ejecutivas

Es el caso de la Ley 26738 (enero 1997) que estableció la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público como ente superior a la Fiscalía de la nación, con lo que se desnaturalizó la esencia de este órgano jurisdiccional atentando contra su autonomía (ver artículos 158 y 159 de la Constitución).

7. Proyecto de Ley de reivindicación de Funciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

8. Derogatoria de la Ley que Homologa a los Magistrados Provisionales con los Titulares.

Es la Ley 26898 (diciembre 1997) que homologó íntegramente a magistrados provisionales con titulares. Su objetivo fue asegurar a los representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones que serían reemplazados en 1998. Esta ley permitió la designación de un Fiscal Supremo provisional como integrante del Jurado Nacional de elecciones.

X) Reformas Constitucionales

Reformas a la Constitución de 1993

1. Doble Debate Parlamentario en la Formación de Leyes;

2. Facultad de la Casación de la Corte Suprema en casos del Fuero Militar;

3. Ratificación de los ascensos militares por el Congreso;

4. En lo concerniente a la descentralización;

5. En lo concerniente a la reelección presidencial.

6. En lo concerniente al Poder Ejecutivo (artículos 110, 111, 112, 118).

7. La parte referente a los Capítulos VIII: Poder Judicial y XIII: Del Sistema Electoral, luego de la evaluación y propuesta de un nuevo Sistema Electoral, en el que se privatice la parte de Procesos Electorales y se proponga la incorporación de las funciones del JNE a un nuevo órgano del Poder Judicial como especifica la Sala de Justicia Electoral.

 

Sección IV

Glosario de Términos

1. NOTA INTRODUCTORIAEs importante tener comunes denominadores sobre determinados criterios respecto al contenido de ciertos vocablos que se vienen utilizando en la política y que son compatibles con las teorías políticas modernas, para un uso apropiado de los compañeros, simpatizantes y ciudadanos en general.

De esta manera, se pretende lograr criterios comunes conceptuales cuando se hace referencia en el debate político, económico y social a determinados términos que pueden ser de gran utilidad para los cuadros políticos del aprismo.

La elaboración y contenido de este glosario de términos se han realizado especialmente para los candidatos parlamentarios y para todos los dirigentes apristas que tienen responsabilidades en la acción política del PAP.

Para la definición de los términos se ha utilizado a destacados autores y libros especializados de organismos e instituciones nacionales e internacionales, buscando el significado científico, técnico y político de la palabra, para que de esa manera pueda ser de utilidad para todos los compañeros candidatos de la plancha presidencial, Congreso de la República, cuadros y militantes partidarios, simpatizantes y ciudadanos.

2. Índice de vocablos

1. Actor social

2. Actores

3. Agenda

4. Alianza

5. Anticipación

6. Ciclo

7. Concertación

8. Conflicto

9. Democracia

10. Elección

11. Escenario

12. Estado

13. Estrategia

14. Futuro deseable

15. Gobernabilidad democrática

16. Intervención política

17. Mercado

18. Modelo

19. Objetivo

20. Plan / Planeamiento / Planificación

21. Prospectiva

22. Proyecto

23. Sistema

24. Sociedad Civil – Sociedad Política

25. Transformación

  1. Variable

3. GLOSARIO1. Actor social

Son los individuos, grupos o instituciones que, teniendo un conjunto de roles, tienen un sistema de actos regidos por una orientación definida y cuyo proceso se puede identificar de acuerdo al contexto social en que se encuentren asociados. La acción de los actores responde a una situación social pero, especialmente, como creación, innovación y orientación hacia los valores.2. Actores funcionalmente tipificados

Los actores pueden ser tipificados funcionalmente siguiendo el criterio de intereses organizados, agrupándose para cumplir sus objetivos. De acuerdo con la definición de actor y siguiendo este criterio de tipologización, los actores pueden ser agrupados en: partidos políticos, grandes empresarios, medianos empresarios, pequeños empresarios, microempresarios o emprendedores emergentes, confederaciones y sindicatos, diferenciándose a los gremios de empleados y obreros, gremios representativos de los grandes, medianos y pequeños agricultores-campesinos, gremios profesionales, organizaciones de base de los sectores populares, diferentes tipos de iglesias (cultos o religiones), instituciones culturales y académicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones juveniles y de mujeres, fuerzas armadas, policía nacional, diferentes instituciones estatales (actores estatales), medios de comunicación, movimientos ambientalistas y ecologistas, movimientos pacifistas, organizaciones de derechos humanos y civiles y otros actores que se pueden identificar en cada realidad específica.

3. Agenda

Cuaderno organizado cronológicamente en el que se registran las cosas que se han de hacer. Distribución a lo largo de los días, semanas, meses o años de acontecimientos, hechos que son considerados como altamente significativos en términos de objetivos institucionales y/o personales, con relación a los cuales es necesaria la realización de cierto número de actividades para que éstos se cumplan. La agenda es la relación de los temas que han de tratarse de manera prioritaria. Metafóricamente, el uso del término agenda política parece haber sido inaugurado en los Estados Unidos por J.J. Linz, a propósito de la gestión de las crisis de las democracias europeas, entre las dos guerras. En un sentido estricto, agenda designa el plan de acción por el cual un órgano o los responsables políticos determinan la lista de las demandas que se les plantea o las restricciones que es necesario superar, ordenando en el tiempo los beneficios políticos esperados o los riesgos previsibles. Es posible que pueda presentarse una sobrecarga de la agenda, cuando se presentan contradicciones entre los objetivos económicos, sociales, políticos o simbólicos, lo que impone decisiones tácticas y también estratégicas. Como todo no puede hacerse a la vez, aparece con objetividad que la satisfacción de un sector entraña, casi mecánicamente, la insatisfacción de otros sectores. Las prioridades así definidas, así como las dificultades que éstas implican, definen las grandes líneas de toda política pública, gubernamental, regional o local. Se llega así, a una segunda agenda, esta vez de carácter "decisional", que enuncia la cronología y las prioridades que serán realmente tratadas. El concepto de agenda política se debe comprender, también, en el sentido inverso: aquellos esfuerzos desplegados por algún actor o grupo que desea obtener la inscripción de su demanda o que se considere y se tome en cuenta sus intereses en la agenda de un gobierno, un ministerio, una colectividad territorial o cualquier institución estatal.

4. Alianza

Acción de aliarse. Pacto o convención entre las partes (personas, actores sociales, partidos políticos, gobiernos, etc). Unión y relación que se establece para alcanzar un objetivo concreto. Las alianzas pueden tener carácter estratégico o ser tácticas y coyunturales. La alianza entre actores es lo que permite superar el conflicto, es decir, la relación social considerada así por el hecho de que la acción implicada se reduce, intencionalmente, a mantener la voluntad del actor contra la resistencia de la otra u otras partes.

5. Anticipación

Acción de anticipar. Tiene un significado como la acción que consiste en proponerse la objeción que otro pudiera hacer para refutarla de antemano. Significa, también, que pueda ocurrir una cosa antes del tiempo regular o señalado. Término empleado en Filosofía. En la Escuela de Epicuro, por ejemplo, sirve para designar las ideas abstractas derivadas de la sensación. Los estoicos recogieron el concepto y lo aplicaron a las ideas generales y necesarias que llamamos actualmente a priori. Acto por el que la conciencia se pronuncia por adelantado sobre la naturaleza de un suceso futuro. Sinónimo de predicción, conjetura. En la filosofía empirista, por ejemplo Bacon, este término sirve para denominar todas las generalizaciones prematuras que no han podido legitimarse sobre la base de un número suficientemente grande de experimentos. Las anticipaciones de la percepción es una expresión kantiana que designa los principios a priori del entendimiento puro, por medio de los cuales el sujeto es capaz de determinar, en una estructura temporal sintética (síntesis de la aprehensión, de la reproducción y del reconocimiento) todo objeto conocido empíricamente. De estos principios puros derivan, según la filosofía kantiana de las ciencias de la naturaleza, los principios a priori de la dinámica. En Economía, una de las corrientes que aparece en las últimas décadas, es la escuela de las anticipaciones racionales, que sostiene que las fluctuaciones del ciclo económico (expansión, recesión) se deben a errores de percepción que los agentes hacen y deciden, y cuyos efectos van a incidir en el comportamiento del ciclo; de ahí la necesidad de anticiparse racionalmente y de manera no equivocada ante la incertidumbre del futuro y de la competencia. La teoría de las anticipaciones racionales, sostiene que los individuos hacen pronósticos sobre el porvenir tomando en cuenta las mejores informaciones que poseen en el momento que deben tomar una decisión. Se supone que los individuos tienen información suficiente sobre las causas de los eventos futuros, es decir, que ellos tienen un modelo suficientemente bueno de los factores que determinan el porvenir para comportarse de suerte tal que sólo una información verdadera nueva modificará sus anticipaciones y su comportamiento. La anticipación es la acción que un actor gubernamental o societal desarrolla procediendo prematuramente contra otro actor, antes de que aquél se ponga a la defensiva.

6. Ciclo

Periodo de tiempo de diversa duración que, concluido, se vuelve a contar. Es el conjunto de una serie de fenómenos u operaciones que pueden repetirse, ordenadamente, en el campo de la mecánica racional, biología, astronomía, mandatos constitucionales en lo relativo a elecciones en el campo de la política, etc. En el campo económico, el ciclo es un periodo de la economía en el que se reiteran fases de expansión y contracción, de duración no muy variable, o a veces variable; de corta, mediana, o larga duración histórica. Es decir, los ciclos pueden ser coyunturales o tener periodos de horizontes temporales más prolongados. Con el concepto ciclos se pueden asociar fenómenos económicos, políticos y sociales, definiendo su interrelación dentro de periodos determinados por el comportamiento de cada una de las diferentes variables. En el esquema de J. A. Schumpeter se distinguen tres tipos de ciclo: 1) El ciclo Juglar, nombre dado a los ciclos en torno a ocho años, en honor al economista francés Clement Juglar, el primero que se ocupó de estudiar las ondas económicas de esta duración, inferidas por cambios en las inversiones a causa de nuevas inversiones, etc. 2) El ciclo Kitchin, nombre dado por Schumpeter al más corto de los tres ciclos económicos clásicos, que se sitúa, normalmente, entre los 18 y 40 meses, en honor del estadístico inglés Joseph Kitchin, el primero que se refirió a éstos, explicando tales fluctuaciones por variaciones en los stocks. 3) El ciclo Kondratief, nombre dado por Schumpeter a los ciclos de amplia duración, entre 40 y 60 años, en reconocimiento a las contribuciones del economista ruso Nicolai D. Kondratief, que, por primera vez, estudió estas ondas largas de la economía. Históricamente, y a través de la evolución de las series de precios, comercio exterior, etc., es posible detectar cuatro ondas Kondratief: la primera, de 1790 a 1850, de 60 años de duración, con 24 años de expansión y 36 de depresión; la segunda de 1850 a 1896, de 46 años, con 23 de expansión y 23 de depresión; la tercera, de 1896 a 1940, con 20 años de expansión y 20 de depresión; la cuarta, que arrancó de 1941 hasta 1973, con un periodo de "depresión", aún no definido, sobre el cual existe, actualmente, una controversia. La base explicativa la vio Kondratief en la creación de sobrecapacidades de producción que se enfrentan a demandas frenadas por la falta de redistribución de la renta. En economía también se emplea el término Ciclo de Kuznets, que es un ciclo económico con una serie de oscilaciones a lo largo del mismo, de una duración de 15 a 25 años; su formulación se debe a Simon Kuznets, quien destacó que una onda así, relativamente larga, puede asociarse a procesos del tipo de migraciones, crecimiento de la población y evolución de la oferta monetaria. El Estado ha venido desarrollando a partir de los años 1930 un conjunto de instrumentos de intervención anticíclica que busca atenuar los ciclos de crisis en los procesos de desarrollo de la actividad económica. Las intervenciones públicas pueden contribuir a atenuar los ciclos coyunturales o aquellos ciclos en los cuales se presentan procesos acumulativos de problemas en tiempos más largos.

7. Concertación

La concertación puede concebirse como un modelo global de relaciones que involucran a los actores de diversa naturaleza e índole. (I. Romero.) Si la política se define como la "acción colectiva concertada", la concertación es uno de los componentes de la política. Así, la concertación es un instrumento de la política. Es, además, mecanismos institucionales, acciones y modalidades para intentar autorregular los intereses en conflicto. La concertación, sin embargo, no supone la finalización del conflicto, pero "tiende a racionalizar sus tiempos y contenidos". En tiempos recientes, la concertación se encuentra desarrollada en la Teoría Constitucional y en general en la Teoría Política, pudiendo caracterizarla como uno de los instrumentos y mecanismos de la democracia de participación, como complemento de la democracia representativa, mas no como sustituto de ésta. La concertación ocupa un destacado lugar en el campo de las relaciones entre Sociedad Civil-Estado y que puede conducirlas a cauces de mayor convivencia social, teniendo en cuenta la naturaleza compleja y a veces tensional y conflictiva de dichas relaciones. Pero la concertación puede tener otras utilizaciones y operar en varios niveles de manera simultánea, como mecanismo que busca crear consenso, llegar a acuerdos y regular conflictos: 1) En las relaciones empresarios-trabajadores; 2) para la definición de políticas, planes, programas y proyectos sociales y económicos; 3) mecanismos al interior de las empresas; 4) entre gremios y organizaciones de los actores; 5) entre instituciones y entidades del ámbito del sector público; 6) entre países; 7) entre bloques de países; 8) entre organismos internacionales; 9) otras modalidades definidas.

En general, del análisis sistematizado de la bibliografía especializada en el tema, es factible presentar algunas características y especificidades conceptuales que tiene la concertación: 1) A la reflexión de la vieja dicotomía Estado-ciudadanos, como resultado de la experiencia de los clásicos Estados democráticos, la noción de pluralismo democrático representativo surge reconociendo que, junto al modelo de representación de partidos y/o movimientos políticos –como forma de intermediación entre los ciudadanos y el Estado— en la "edificación del Estado Constitucional representativo" (García Ruiz –parlamentarización del Estado Constitucional—) existen grupos de intereses organizados, con capacidades decisionales que, dotados de un poder influyente, son un núcleo de decisión política y/o económica, que necesitan un cauce institucional de representación. El significado de interés viene del latín interesse, "estar entre", "diferenciar". La representación formal de intereses exige de mecanismos que expresen explícitamente dichos intereses parciales o fraccionados que se diferencian, contraponen o coinciden, según el caso, con los intereses generales, colectivos o comunes. Sobre esta temática, J. Luis García Ruiz concluye que: "El circuito electores-partidos-Parlamento ejerce hoy un cuasi monopolio sobre la función de representación política. No obstante, en algunos casos, ello es compatible con el afianzamiento de otros circuitos representativos de carácter sectorial, en cuyo caso éstos actúan sólo en la medida en que resulten compatibles con aquél y permaneciendo, en última instancia, en posición de subordinación con respecto al mismo." 2) La minimización o menor grado de tensiones que se procesan y suceden entre Estado y Sociedad Civil, puede lograrse haciendo copartícipes a los actores no públicos en la toma de decisiones y en las respuestas a las demandas que los propios actores de la Sociedad Civil crean y generan. Es una tarea del Estado para una gobernabilidad eficazmente democrática, percibir las demandas y conflictos y señalar cursos de acción para dar respuestas adecuadas y oportunas. 3) La concertación y negociación de las instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil con el Estado, en espacios definidos, no pueden ser consideradas alternativas excluyentes al pluralismo (Cawson), siendo lo importante para la dimensión democrática de la política, la relación que se establece entre organizaciones que se agrupan sobre la base de intereses y Estado, el grado de libre competencia que se produce entre asociaciones de naturaleza similar o diferente, y sobre la modalidad más cerrada o abierta de los gremios u organizaciones a potenciales asociados. Es evidente que la relación del Estado democrático y las organizaciones de la Sociedad Civil no puede ser relación de subordinación a definidos intereses de algunas de las organizaciones que conforman la Sociedad Civil. 4) La representación de intereses particulares tiene una naturaleza de mandato vinculante entre representados y representantes, a diferencia de los mandatos más difusos y desvinculantes. Desde otra perspectiva, para E. Burke (1729-1797) el Parlamento debería expresar los intereses generales de la nación, del todo. Sin embargo, ya Alexis de Tocqueville (1805-1859) observaba una tendencia, como preocupación en cómo se involucraban, crecientemente, los intereses particulares en los Parlamentos frente a los intereses de la "opinión pública". En la actualidad, algunos expertos sostienen que el mandato libre desvinculado, no tiene gran relevancia en la medida que en el gran mercado político de la competencia, con intereses particulares, irrumpe en la escena para buscar su representación, sean sus intereses locales, comunales, étnicos, gremiales, sectoriales, económicos, etc. Representación buscada en el Parlamento vía los partidos políticos. Todo ello no implica otras de formas adicionales y respuestas diversas más o menos institucionalizadas, donde se produce una suerte de articulación institucional de la representación de intereses, como ya se mencionara. 5) Considerado como uno de los intentos más riesgosos para esbozar diferentes criterios de clasificación, Jorge de Esteban sugiere seis sistemas de representación de intereses (excluyendo el modelo parlamentario democrático), a saber: a) extraparlamentaria (lobbying); b) cuasiparlamentaria (mediante lo que Duverger llama "partidos indirectos" o de intereses económicos definidos); c) intraparlamentaria (como el ejemplo de ciertas Cámaras aristocráticas, del siglo XIX, en las que se defendía, fundamentalmente, intereses agrarios); d) consultiva (vía Consejos Económicos y/o Sociales desarrollados, especialmente, en Europa desde la primera posguerra mundial); e) negociada (acuerdos directos entre administraciones públicas y grandes grupos de interés); y f) parlamentaria (donde junto a una Cámara política se crea una Cámara técnica de representación de intereses, coexistencia que no ha producido soluciones ni resultados, tanto en el análisis de la teoría constitucional cuanto en las experiencias concretas). 6) De la lectura de los ensayos del filósofo y científico social alemán Clauss Offe, se puede derivar la idea que la concertación, y su vertebración, es una respuesta sistémica a los problemas disfuncionales del Estado social moderno y a los desequilibrios extremos del mercado y, en general, a toda la problemática económica que tiene un contenido político.

8. Conflicto

Es definido como el punto en el espacio y el tiempo en el que se produce y/o aparece el antagonismo, la pugna, la oposición y el apuro entre actores de diversos índole. Y cuyo resultado en determinadas ocasiones es difícil de prever. O en definidas situaciones cuya salida es incierta. El conflicto es, también, la relación que se establece entre dos o más actores cuando uno demanda a otro la solución de un problema específico; esta situación se ocasiona cuando algún o algunos actores no cumplen con las funciones que les impone el deber ser social.

9. Democracia

Weber la define bajo el principio racional de legitimidad de los ciudadanos, y de mecanismos impersonales en la acción y decisión del gobierno. La democracia moderna debe suponer una afluencia y convergencia de perspectivas y categorías que no pueden ser excluyentes: 1) la democracia como "protección" (garantía para los ciudadanos frente a los excesos del poder, asegurando que el Estado democrático use la coacción de manera que no sea indeseable); 2) la democracia como "desarrollo" (que posibilita el despliegue de la acción y creatividad de actores); 3) la democracia como "equilibrio" (de poderes del Estado en el ámbito institucional y espacial, competencia y alternancia de partidos y movimientos que ensayan llegar al poder); 4) la democracia como "participación" (democracia indirecta, directa, emergente en partidos y movimientos políticos, municipios, gobiernos regionales, Poder Central, Parlamento, organismos de concertación económica y social, células gremiales y organizaciones sociales y de base popular); 5) libre elección de las autoridades y dirigentes, otorgando y retirando confianza y poder; 6) autonomía de la Sociedad Civil frente al Estado; 7) principio de igualitarismo: determinado relativamente, igualdad de condiciones para todos los ciudadanos; 8) libertad de expresión y fuentes alternativas de información; 9) una Sociedad Civil organizada con fuerzas políticas representativas de los actores sociales.

10. Elección

Acción y efecto de elegir. Libertad para obrar. En el campo del Derecho Privado es el nombramiento, por votación o por designación, de quienes deben desempeñar la dirección de una sociedad privada, asociación, gremio, sindicato, etc. En el campo del Derecho Político Democrático, representa el ejercicio del derecho del sufragio, popular, universal y secreto; tiene un aspecto activo, ejercido por los electores, y otro pasivo, que recae en los elegidos, de acuerdo a las normas de elección, que a veces difieren en las diversas legislaciones nacionales comparadas. Como principio de gobierno, constituye el fundamento de la democracia representativa, postulando que el poder político sólo será legítimo si es ejercido por el pueblo, por la intermediación de sus representantes designados. La elección es al mismo tiempo principio y técnica de gobierno. Como técnica de gobierno, la elección deviene sujeto del debate y de la competencia. En la biología del comportamiento, la elección es la expresión de una preferencia ante diversas posibilidades. Se distinguen las pruebas de elección simple (una sola alternativa) y las pruebas de elección compleja (varias alternativas).

11. Escenario

Son las imágenes de representación futura que se pueden obtener a partir de un definido número de hipótesis. Cada escenario está constituido por la aparición de determinadas hipótesis. Las imágenes pueden ser la representación futura de la continuidad, en cuyo caso se habla de la conservación de una tendencia. Puede producirse la situación de la desaparición de la tendencia; en tal caso, se dirá que hay ruptura de la tendencia.

12. Estado

Fue Hobbes quien define primariamente que el Estado era la forma racional de la existencia del hombre y planteó como un desafío de la inteligencia humana hacer un "animal artificial llamado Estado". Luego, para Hegel el Estado era la comunidad política "en cuanto es la realidad de la voluntad sustancial…, es lo racional en sí y por sí". El Estado es una entidad histórica y fenómeno universal, que supone poder, mando y sometimiento y la personificación de la unidad del orden legal, que como cuerpo político es la expresión de un orden jurídico en un Estado de Derecho Democrático que relaciona gobernantes y gobernados. El Estado debe ser la representación institucional del pueblo. Weber lo define como una empresa política de carácter institucional, que detenta el monopolio de la fuerza física, con sus propias reglas de actuación como fuerza independiente que domina a todos los grupos sociales. Las descripciones pluralistas consideran al Estado como una fuerza parcialmente independiente que, por medio del funcionamiento del proceso democrático, puede ser influida por los intereses que están políticamente representados Los especialistas utilizan una diferenciación analítica entre tres concepciones del Estado: el Estado como poder; el Estado como derecho (los poderes legales del Estado); y el Estado como legitimidad. Las teorías del Estado también pueden ser analizadas históricamente haciendo referencia a las diferencias sociales y económicas que refleja

13. Estrategia

En la era moderna, el término estrategia fue introducido por el teórico del "arte militar" K. Von Clausewitz en su obra De la Guerra. M. Porter tiene una definición operacional del concepto estrategia, pensada para el campo empresarial, como la investigación de una posición concurrencial favorable de una industria, tratando de establecer una posición rentable y defendible frente a las fuerzas que determinan la concurrencia en el sector. La estrategia sería el camino de esa ventaja concurrencial. También, en el ámbito empresarial, la noción strategy es el plan, método o política diseñada para conseguir determinados objetivos; por oposición a táctico, se considera estratégico lo que afecta a objetivos generales o vitales de la empresa, y a largo plazo. Existe una estrategia comercial o de ventas, de comunicación o publicitaria, de distribución, de precios, de marcas, de personal, financiera, de producción, de informática, etc. La aplicación de una estrategia también conduce a la definición de políticas previamente explicitadas para alcanzar los objetivos escogidos y señalados como prioritarios. La estrategia supone un modelo de decisiones y planes para que pueda operativizarse. En la teoría de juegos, la estrategia es el comportamiento que lleva a una "ganancia".

14. Futuro deseable

Imagen objetivo que surge de la concertación de los gestores del desarrollo, que son los actores. Es la imagen deseable del futuro, o los resultados que se desean obtener en caso de que se cumplan los objetivos.

15. Gobernabilidad democrática

Término y concepto que adquiere una nueva dimensión por los años setenta del siglo XX, cuando se produce la crisis del sistema económico mundial, pero con relación a aquello que los crisólogos llamaron la crisis de legitimidad de las instituciones político-democráticas.

La gobernabilidad democrática también hace referencia al ejercicio eficiente, eficaz y legítimo del poder y la autoridad para el logro de objetivos sociales y económicos; en el sentido de mantener la estabilidad y la credibilidad en las instituciones y el sistema político; la legitimidad en el sentido que los ciudadanos reconocen el derecho de los gobernantes a ejercer los poderes del Estado dentro del marco normativo Constitucional.

Pero es especialmente en los últimos años en que se produce una activa reactivación de la palabra gobernabilidad con el adendum de democrática. La gobernabilidad democrática puede ser entendida como un objetivo a alcanzar; como una condición necesaria para el adecuado funcionamiento del Estado Nacional y de la Sociedad, en el marco de los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución Nacional y las diferentes leyes que regulan el funcionamiento interno y las relaciones tanto del Estado con la Sociedad, como las intraestatales e intrasocietales; y como circunstancia resultante en un momento dado de las características y modo de funcionamiento de las estructuras básicas: institucionales, económicas y sociodemográficas, y del grado de conflictividad y consenso existente en las prácticas relacionales de los actores. Se entiende que uno de los factores más significativos que forman parte de la ecuación o de la "función" de gobernabilidad es la existencia de un determinado estado de situación de equilibrio en el funcionamiento del sistema general; estado de situación que implica dos condiciones: 1) que los componentes estructurales y sistema de relaciones existentes entre éstos, se encuentren operando en condiciones de reproducción; 2) que los diferentes subsistemas del sistema toleren, sin entrar en situación de crisis, la puesta en operación de aquellas acciones públicas y privadas que hacen posibles el desarrollo y/o evolución de los diferentes subsistemas y/o permiten corregir o reducir las imperfecciones económicas sociales e institucionales que el sistema tiene. Pero en la práctica, estas dos condiciones que hacen a la gobernabilidad no siempre existen, ya que en su funcionamiento los diferentes componentes del sistema son sometidos a acciones de los actores públicos y privados (nacionales e internacionales), las que por su naturaleza afectan o amenazan a alguno de los elementos que hacen a su equilibrio.

16. Intervención política (IP)

Acción de tomar parte de manera activa en un asunto, o acontecimiento de naturaleza o significación política, con el fin de modificar su curso de acción. La intervención política es una particular forma de acción que realiza el gobierno y que está fundamentalmente orientada a actuar sobre el comportamiento de los actores societales, con el fin de alcanzar un objetivo institucional estratégico. Las IP pueden ser directas o mediáticas, reactivas o protoactivas, y estar orientadas a actuar sobre un individuo o grupo social o sobre las relaciones entre ellos. Para cumplir con sus objetivos, un equipo de gobierno dispone de ciertos "mecanismos" básicos e instrumentos para realizar sus intervenciones. Por ejemplo: la iniciativa en materia legislativa, a través de la cual busca el cambio o la incorporación de nuevos elementos en el actual marco jurídico-normativo que regula el funcionamiento de alguno de los elementos de la estructura, o en las relaciones del Estado y la Sociedad Civil; otro "mecanismo" de intervención puede ser la realización de "acciones informativas y comunicacionales" dirigidas a los actores directa o indirectamente asociados al "sector", área o territorio objeto de la intervención pública. Realizan IP no sólo los operadores gubernamentales sino también los actores societales, buscando modificar a través de ellas, parcial o totalmente, el proceso técnico-administrativo o neutralizar la IP de los operadores gubernamentales.

17. Mercado

En los siglos XIV y XV, mercado nombraba el sitio público dedicado al comercio ("lugar de ventas"). En estos parajes públicos se vendía, compraba o permutaba géneros o mercaderías. De mercado se derivan mercader, mercadear, mercante, mercantil, mercantilismo, mercancía, mercenario. Con A. Smith, el concepto de mercado cambia de significado. Este ya no sólo tiene una traducción como el lugar y espacio físico del intercambio, sino además se conceptualiza como un mecanismo del orden social, que implica entender a la sociedad civil como mercado. En la actualidad, sobre el término mercado existen divergencias y una interminable controversia entre importantes especialistas para definirlo y conceptualizarlo. La escuela neoclásica lo presenta como un conjunto de mercados en situación de equilibrio (oferta y demanda), con un gran despliegue de las matemáticas y la econometría como instrumentos de la economía. Existe una cierta tradición que lleva a tomar la noción de mercado y la teoría del equilibrio general de Walras, como una reflexión teórica importante para comprender el mercado. La teoría del equilibrio general plantea que existe un sistema o conjunto de mercados relacionados entre sí y que en situación de libre concurrencia (en estado de equilibrio y bajo ciertas condiciones) es posible alcanzar las condiciones económicas y socialmente óptimas: máxima satisfacción de los consumidores, máximo beneficio de los productores eficientes, óptima utilización de los recursos económicos y máximo bienestar económico. Esta situación es, para Walras, un estado ideal. Este enfoque no tiene una interpretación única y precisa en su significado. Eucken consideraba como inaplicable en el mundo real la competencia perfecta: "El sistema de Walras ha sido comparado a justo título a un palacio inútil desde el punto de vista del alojamiento". Según Friedman, la aproximación walrasiana es una suerte de categoría de un esquema formal. Para Lucas, en cambio, se trata de conceptos científicos de una realidad empírica. De acuerdo a Arrow, Habn y Debreu, la teoría del equilibrio general es un concepto elaborado a priori, que abre el dominio de la economía como una posibilidad y a toda la ciencia empírica formulada con ese propósito. Para Patinkin y Morishima, más bien, se trataría de teorías explicativas. En cambio, para Jaffé, el mercado en general es una realidad ideal o la realidad de una utopía moral y el equilibrio general no es un concepto científico sino, más bien, un concepto filosófico de un supuesto estado de justicia.

Para Hayek, esta manera de los neoclásicos, de concebir al mercado como una máquina perfecta, no tiene ningún sentido. El mercado no puede ser pensado como una estructura racionalmente óptima, ni como un modelo en el que se supone que los agentes individuales están perfectamente informados y con un gran número de agentes sensiblemente iguales. En nombre de la libertad individual, Hayek cuestiona la teoría del equilibrio general, en la medida que se trata de una teoría de causalidad eficiente, a la que se subordinan y son parte del funcionamiento, múltiples agentes. Es decir, ahogando la esencia de la libertad individual. El mercado (catalaxia, palabra griega que significa cataláctica) expresaría, para este autor, al orden extenso (orden autogenerante y estructura autoorganizante) donde se establecen relaciones de cooperación interpersonales y prácticas que se transmiten de generación en generación. El mercado sería el resultado de un proceso de autoordenación y espontánea estructuración que, como estructura compleja de la interacción humana, entraría en la categoría de funcionamiento de los "órdenes sociales extensos autoorganizados". El mercado sería para Hayek lo igual al intercambio anónimo, la conversión del enemigo en amigo. La mejor manera de entender el funcionamiento del mercado sería pensarlo como un juego. Es el juego espontáneo de los intereses propios de los individuos que pone en práctica una mecánica impersonal que constituye la vinculación social. En el nuevo liberalismo económico, del tipo hayekiano, el mercado es definido por el orden espontáneo, posición cercana al "dejad hacer, dejad pasar… el mundo funciona por sí mismo" (Le monde va de lui même).

Touraine expresa que la economía de mercado es la autonomía de la Sociedad Civil frente al Estado, lo que no significa que no se deba estructurar un sistema de control social. Polanyi sostiene que la complejidad del acontecer moderno exige la presencia (con definidas libertades de los agentes en la economía y en la política) de un sistema de mutuos ajustes, siendo el mercado el mecanismo formador de la estructura de precios y asignador de recursos; en un proceso institucionalizado de interacción. Polanyi y la escuela sustantiva de la Antropología Económica definen al mercado como el marco institucional, la "economización", que conduce a los individuos a actividades "racionales" y "eficientes" o a la "asignación óptima de los recursos". El mercado supone un sistema autorregulado: "Considerados como un sistema de intercambio, catalépticamente, el comercio y el mercado (como el lugar del intercambio) forman un conjunto indivisible. Su armazón conceptual es el mercado". Este sistema tiene, en el mecanismo generalizado de los precios, el reflejo de la oferta y la demanda. En tal sentido, el mercado es definido como un mecanismo de oferta-demanda-precios.

El concepto mercado se utiliza desde la perspectiva de los mercados realmente existentes: mercado de divisas, mercado monetario, mercado de trabajo, mercado de bienes y servicios, mercado de tecnología, mercado del recurso tierra, mercado de valores.

18. Modelo

Para una teoría formal, un modelo es una estructura (conjunto con propiedades y relaciones sobre los elementos) en la que los teoremas son verdaderos cuando son interpretados como aserciones (enunciados) sobre los elementos de esta estructura. En matemáticas se entiende por modelo toda representación teórica formal y simplificada de una realidad compleja que trata de facilitar la comprensión o la reproducción. Aunque un modelo puede ser totalmente expresado en lenguaje verbal o bajo forma gráfica (diagrama estructural), no alcanza a menudo su valor operacional máximo mas que cuando ha sido traducido al lenguaje matemático, es decir, cuando las variables y las funciones matemáticas que las relacionan han sido especificadas con precisión.

Modelo es la descripción o representación esquemática, sistemática y conscientemente simplificada de una parte de la realidad hecha por medio de signos, de símbolos, de formas geométricas o gráficas y de palabras. El modelo suministra una representación para hacerla más sencilla, lo que no significa banal, de un tipo de fenómeno particular, con el fin de facilitar su comprensión. Se trata, por lo tanto, de una reducción del objeto de estudio a sus características más significativas. La modelización consiste en relevar, entre los diversos elementos ligados a un fenómeno, aquellos que lo caracterizan mejor, para luego derivar lazos dinámicos que los relacionan. Lo importante para el proceso de modelización es la selección de elementos significativos que se asuman de la realidad.

19. Objetivo

Meta que se desea alcanzar. Fin al que se dirige una acción. Punto en el espacio y el tiempo que se pretende alcanzar o lograr como consecuencia de una serie de acciones y actividades. Pueden existir objetivos estratégicos por materias prioritarias; objetivos estratégicos en el tiempo y en el espacio; objetivos tácticos, operacionales. En caso de gran complejidad de un objetivo estratégico, y dado que estas metodologías están orientadas a la acción, es posible realizar una desagregación del mismo en subobjetivos.

20. Plan / Planeamiento / Planificación

Literalmente, la palabra planificación significa producción de planos, es decir, de imágenes gráficas o modelos numéricos o esquemas verbales. Originariamente, tuvo que ver con la actividad de los urbanistas. La planificación se refiere a una de las actividades y funciones más generales de los sistemas sociales, que comprende: a) la formulación de los valores-objetivo, b) el reconocimiento del Estado de hecho, c) el inventario de los recursos disponibles, d) la formulación de las estrategias racionales para distribuir los recursos de modo más eficiente y adecuado a la realización de los valores-objetivo.

Plan es todo intento o proyecto para un determinado tiempo. Documento estratégico y/o instrumental que sirve para el cumplimiento de objetivos previamente definidos. Un plan puede comprender una parte o el conjunto de los elementos siguientes: 1) un estudio sobre el escenario de base en el que se va a actuar; 2) configuración de escenarios posibles y proyecciones de diversas variables en el tiempo; 3) definiciones de las estrategias; 4) los objetivos; 5) las políticas; 6) la programación; 7) los programas y proyectos; 8) mecanismos de seguimiento y de control; 9) restricciones y limitaciones coyunturales y/o estructurales para su puesta en operación. Los planes pueden ser de naturaleza más económica, social y/o político-institucional. Los planes incluyen diversas etapas: de diseño y formulación; ejecución, evaluación y control; análisis de resultados y reprogramación.

Proceso de decisiones económicas y sociales que intenta modificar, dirigir e incluso, en algunos casos, controlar el nivel de crecimiento de las principales variables económicas y sociales de un país (renta, consumo, empleo, inversión, ahorro, exportaciones, importaciones, etc.) con el fin de lograr un conjunto de objetivos preestablecidos. La planificación supone un núcleo de decisión centralizado o descentralizado y diversos instrumentos para la acción.

La familia, la empresa, la organización, la asociación, la comunidad territorial (ciudad, región, nación) y el Estado mismo son todos sistemas controlados y orientados a un fin (teleológicos), dotados de un proceso y de un centro de decisión, de una autoridad, mediante la cual se formulan y se acometen los planes (objetivos, valores, etc.). Las modalidades de estos procesos son muy variadas y abarcan desde la simple prueba y error hasta la acumulación de experiencia y hasta las técnicas de previsión científicas más complejas. De una u otra forma, es cierto que todo subsistema social (familia, empresa, ciudad, etc.) y todo subsistema político (Estado) produce e intenta realizar sus propios planes. Indistintamente, de acuerdo a la realidad y al sistema de valores de cada país, se utiliza los términos planificación, planeamiento o programación, y existe toda una discusión al respecto entre determinados especialistas. En algunos países del mundo occidental se ha adoptado el criterio de evitar usar el término planificación por sus connotaciones en relación con el modelo de economía centralmente planificada, y se ha optado por la palabra programación. Esta sería una actividad de intervención del Estado en la economía en formas más flexibles, limitadas y sutiles, en contraposición con la rigidez de la planificación de corte centralizada. La programación se asume como compatible con la economía de mercado, la libre iniciativa y la democracia representativa. Estas definiciones (planificación-planeamiento-programación) tienen ya en su mayoría un valor histórico y local más que analítico y práctico. Por ejemplo, la planificación como término se desconoce en algunos países occidentales, especialmente los de cultura anglosajona, y ha tenido una difusión en Francia e Italia. La distinción entre planificación-planeamiento-programación no parece muy útil y es distorsionante, porque introduce una dicotomía ilusoria en una forma de actividad unitaria, aunque con diversos grados de intervención y obligatoriedad.

La planificación-planeamiento es un instrumento de carácter especulativo, reflexivo y pensado que contiene pautas, orientaciones y modalidades de guía y referencia para la acción y la previsión. Se utiliza tanto en la actividad pública como privada. M.E. Porter y J.A.F. Stoner distinguen como complementos interrelacionados en una empresa: el planeamiento estratégico en la búsqueda de la efectividad para (hacer las cosas bien) del nivel de planeamiento operativo en la búsqueda de la eficiencia para (hacer las cosas que se deben hacer). Instrumento de carácter especulativo, reflexivo y pensado que contiene pautas y orientaciones y modalidades de guía y referencia para la acción y la previsión.

21. Prospectiva

Término que se le atribuye a G. Berger, y que es la identificación de un futuro probable y de un futuro deseable diferente de la fatalidad y que depende únicamente del conocimiento que tenemos sobre las acciones que el ser humano quiere emprender. El futuro puede comprenderse de dos maneras: 1) como una realidad única (es decir, existe un destino que decide y marca los hechos de la vida, el cual es inviolable e inmodificable); 2) como una realidad múltiple (lo que significa que un hecho del presente puede evolucionar de diversas maneras). Puede acontecer la posibilidad de los futuros probables, determinada por el ser humano, que es el protagonista de los hechos y responsable de su futuro. El futuro probable no siempre es positivo, en cuyo caso se tendrá que buscar lo que desde la óptica de la prospectiva se denomina el futuro deseable. Se ha establecido que para determinar los futuros probables la prospectiva se vale de tres medios: los expertos, los actores y las leyes matemáticas de la probabilidad. Los primeros son las personas que conocen a cabalidad los respectivos problemas; los actores son aquellos que toman las decisiones claves con respecto al problema que se está estudiando. Las leyes de la probabilidad son una herramienta que nos permite opinar y manejar la opinión de los expertos. M. Godet denominó a la prospectiva "reflexión para la acción y la antifatalidad", con lo cual quiere decir que, si bien el futuro es impredecible, por medio de ella podemos reducir la incertidumbre. La prospectiva es una técnica que sirve para el planeamiento estratégico porque proporciona un telescopio para visualizar el horizonte.

22. Proyecto

Es la determinación más concreta y precisa de la acción humana (proyecto de ley, tratado, reglamento, inversión, arquitectura, ingeniería, política, desarrollo, cooperación internacional, reformas, modernización, etc.). Supone un plan de acción que permite definir actividades específicas y requiere una determinada certeza que cuente con suficiente apoyo y respaldo. Si lo que tenemos es solamente la intención de una posible acción humana, o una idea genial, es decir, únicamente gérmenes de futuro, se está hablando de anhelos. Tanto el proyecto como el anhelo se refieren a solución de problemas. Esto quiere decir que si se tiene un problema y al mismo tiempo un proyecto encaminado a solucionarlo, se contará con elementos de juicio para determinar la evolución favorable de este problema. En la Sociología Accionalista, el proyecto designa el nivel de integración de los elementos constitutivos del movimiento social, el tipo y el grado de estructuración de éste. En efecto, estos elementos pueden estar más o menos unidos entre sí por relaciones de interdependencia y de complementariedad. Pero también pueden estar unidos sólo de dos en dos, o incluso completamente separados. Según sea esta integración, el movimiento social estará más o menos integrado. Cada nivel de integración corresponde a un elemento social diferente. Los niveles de proyectos más elevados se alcanzan en la situación más dialéctica de las estructuras. Cuando su dialectización se deteriora, el nivel de integración de los movimientos sociales baja, y aparecen movimientos de oposición crítica o de innovación.

23. Sistema

Organización jerarquizada de componentes articulados e interrelacionados que operan en el tiempo y en el espacio interactuando entre sí. Todo orgánico ordenado con una coherencia intrínseca. La sistémica o teoría general de los sistemas (General Systems Theory) nace de dos exigencias básicas: la de superar el análisis científico clásico, que se limitaba a estudiar las relaciones causa-efecto entre variables y la de proporcionar un esquema de referencia general y abstracto para unificar las diferentes ciencias. Su fundación se atribuye al biólogo Ludwig von Bertalanffy, que en los años 20 proponía la nueva visión sistémica. A la vez que progresa la teoría general de los sistemas, aparecen teorías nuevas como la cibernética, la teoría de la información, la teoría de los juegos, la teoría de las decisiones, la topología o matemática relacional y el análisis factorial, cuyas aportaciones, dado que concernían también a conjuntos de relaciones entre variables, irían integrándose progresivamente con las de la sistémica. La pretensión de la teoría general de los sistemas de servir de base para unificar las ciencias, se fundamenta en el concepto de isomorfismo, definido como correspondencia biunívoca entre objetos en diferentes sistemas, que preserva la relación entre objetos. Los sistemas pueden diferir entre sí en dimensión, en escala temporal o en sustancia específica; pero pueden también ser muy semejantes tocante a algunas estructuras y a algunos procesos básicos. Por eso resulta posible especificar un número restringido de sistemas generales y llegar así a unificar la ciencia. Hall y Fagen definen al sistema como el conjunto de objetos y de relaciones entre estos objetos y sus propiedades. Existen diversas maneras de distinguir los sistemas: naturales o hechos por el ser humano, orgánicos o inorgánicos, estáticos o dinámicos, analíticos o concretos, cerrados o abiertos, por niveles de jerarquía (ámbito geográfico, inclusividad de pertenencias, ámbito de funciones, relaciones de autoridad), distinción de los sistemas según su organización interna, conceptos referentes a la interacción entre los sistemas y su ambiente (input, output y confín), conceptos relativos a factores y procesos de mantenimiento y regulación de los sistemas, diversos modelos de sistema social (modelos mecanicistas, orgánicos, funcionalistas, de equilibrio, etc.).

24. Sociedad civil - Sociedad política

Según Parsons, una sociedad concreta sería la articulación de dos sistemas particulares: el sistema cultural y el sistema social. Estos proporcionan la información al sistema de la personalidad y al sistema biológico, y reciben su energía de estos últimos.

Se atribuye, al filósofo Alemán G. W. F. Hegel, uno de los pioneros en distinguir entre Sociedad y Estado, siendo la primera conformada por individuos que interactúan para conseguir ciertos fines particulares. La "Sociedad Civil" hegeliana es entendida como conjunto de organizaciones de los intereses privados. Mientras la comunidad política (Estado) "es una entidad instrumental" resultado de la razón humana y una "entidad ética". La Sociedad Política comprende y abarca toda la esfera relacionada con el espacio de lo público. Sin embargo, en los últimos años se han dado dos interpretaciones de Sociedad Civil: 1) una clásica, de naturaleza más sociológica, que la entiende como diferente al Estado pero que excluye a la Economía, y donde sólo se la concibe como espacio de las asociaciones privadas y movimientos sociales en una "esfera democratizadora" a la que no se puede confundir con el mercado —léase la Economía— y 2) una interpretación de Sociedad Civil que se entiende como sistema de necesidades: "escenario específico de la actividad económica"; donde los actores se sirven de las necesidades de los demás para satisfacer sus propias necesidades. Se puede pensar de acuerdo a la primera interpretación —más sociológica— de Sociedad Civil, que sería difícil diferenciar, por ejemplo, organismos y gremios del sector empresarial privado del dominio concreto de la economía, así como las múltiples y heterogéneas organizaciones de artesanos, talleristas, etc. Lo mismo puede decirse de los sindicatos de obreros o de las organizaciones que representan a las cooperativas y campesinos.

25. Transformación

Acción y efecto de transformar o transformarse. Conversión de una situación en otra distinta. Hacer cambiar de forma o contenido una cosa. Transmutar una cosa en otra. Todo cambio notable (intencional o no) que sucede en la realidad. Modificaciones y variaciones importantes que se producen en una variable.

26. Variable

Palabra que puede ser utilizada en diferentes perspectivas como lo que varía o puede variar de diferentes maneras (inconstante, inestable, cambiante, etc.). En Matemáticas es la magnitud que puede tener un valor cualquiera (dentro de un ciento limite o no) de los comprendidos en un conjunto; en economía es toda magnitud que toma valores diferentes en distintos periodos de tiempo.

En el análisis causal se clasifica a las variables relativas a una relación causal en: a) variable dependiente; b) variable (o variables) independiente(s); c) variables causas potenciales de la dependiente, pero que no varían durante el experimento o la observación; d) variables que no están bajo control y que producen variaciones de la variable dependiente durante el experimento, pero cuyos efectos en la variable independiente no están en conexión con los de las variables independientes tomadas en consideración; y e) variables cuyos efectos están de algún modo vinculados sistemáticamente con los de la variable independiente, de manera que las influencias de estas variables se confunden con las de la variable independiente.

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