La actuación de Barnés fue cuestionada desde los primeros días del conflicto y hasta su dimisión, principalmente por reproducir la política de oídos sordos del gobierno federal, que declara ilegal cualquier forma de subversión hacia el (des)orden (mañosamente) establecido.
El sábado 13 de noviembre de 1999, a la mañana siguiente de la renuncia, el diario La Jornada publicó en la parte correspondiente al conflicto en la UNAM, en la sección “Sociedad y justicia”, una nota en que Georgina Saldierna y Claudia Herrera Beltrán hacen el recuento de las acciones más relevantes de Francisco Barnés mientras desempeñó el máximo cargo en la Universidad Nacional, y que parecían llevarlo en ascenso hasta el día de su renuncia.
Lejos de resolver el problema, la salida de Barnés por la puerta de atrás y tratando de no hacer ruido complicó el problema aún más: desde ese momento toda la presión del conflicto recayó sobre las espaldas del Consejo General de Huelga.
La nota se publicó bajo la cabeza DEJÓ BARNÉS LA UNIVERSIDAD LUEGO DE 2 AÑOS Y 310 DÍAS DE RECTORÍA TAMPOCO ÉL PUDO CAMBIAR EL REGLAMENTO DE PAGOS
Después de dos años y 310 días al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Barnés de Castro, abandonó anoche la rectoría, dejando a la institución de educación superior más importante del país sumida en una de las peores crisis de su historia: una huelga estudiantil que llega a los 207 días y que ha provocado pronunciamientos que cuestionan la viabilidad de la máxima casa de estudios.
Con su renuncia concluye una gestión de claroscuros que puso fin a 30 años de pase automático y que rompió la relación de la Universidad Nacional con las controvertidas preparatorias populares.
Desde su toma de posesión, el 6 de enero de 1997, el químico fijó la meta que ocasionaría su debacle: modificar el Reglamento General de Pagos. Al igual que sus antecesores Jorge Carpizo y José Sarukhán prometió un sistema de cuotas justo, pero, de la misma manera que los dos ex rectores, fracasó en el intento.
Quedan atrás los severos cuestionamientos que se hicieron a su capacidad para dialogar con los estudiantes y generar consensos entre las distintas corrientes universitarias.
Críticas que, sin embargo, eran impensables al inicio de su administración, pues todo lo que se proponía lo conseguía sin mayor resistencia estudiantil. En su primer año al frente de la universidad, en mayo de 1997, acabó lo que se consideraba un tabú en la institución: el pase reglamentado a la licenciatura.
Días antes había puesto fin a la relación que durante 28 años mantuvo la UNAM con las preparatorias populares. El rompimiento con estas cuestionadas escuelas tampoco derivó en la movilización de los alumnos.
Era un rector identificado como una persona muy cercana al presidente Ernesto Zedillo y a su antecesor Sarukhán. Incluso, a fines de diciembre pasado se ganó el reconocimiento de amplios sectores de al población cuando encabezó a los rectores de las universidades públicas para exigir un aumento en el presupuesto de esas escuelas.
Satisfecha la demanda de aumentar los recursos universitarios, en febrero de 1999 retomó la promesa inicial y presentó una iniciativa al Consejo Universitario para modificar el Reglamento General de Pagos de la UNAM. El documento se aprobó en marzo sin que la comunidad estudiantil tuviera tiempo para discutirlo. El 20 de abril inició el paro de los alumnos inconformes con las nuevas cuotas, mientras que las autoridades pusieron en marcha las clases extramuros.
Desde entonces, Barnés dijo estar preparado para una huelga larga. El paro dividió a la población estudiantil y generó enfrentamientos entre los que estaban a favor y los que rechazaban la suspensión de clases.
El Consejo General de Huelga exigió un diálogo público, directo, abierto y resolutivo, pero el ahora ex rector se opuso desde el principio a esta demanda, y en cambio creó una comisión de encuentro que fracasó. Ahí comenzó la historia de los frustrados intentos por solucionar el problema y, con ello, reabrir las instalaciones universitarias.
En busca de acabar con la huelga, el Consejo Universitario aprobó el 7 de junio un nuevo Reglamento General de Pagos, que eliminó la obligatoriedad de las cuotas.
Persistió la movilización estudiantil, y presentaron un pliego petitorio de seis puntos, que incluye la derogación del Reglamento General de Pagos y la realización de un congreso universitario resolutivo.
Diversos sectores se pronunciaron sobre el conflicto. Hubo acusaciones de que el problema se politizó y de que los partidos tenían las manos metidas. La Coparmex llegó incluso a exigir el cierre de la UNAM, mientras otros clamaron pro el ingreso de la fuerza pública a las instalaciones universitarias. Pero ni las autoridades federales ni las de la ciudad de México accedieron a esas demandas, y en cambio, pidieron la reanudación del diálogo.
Las protestas estudiantiles rebasaron el campus universitario, y las marchas llegaron hasta el Zócalo capitalino, e incluso una de ellas, la del 14 de octubre, derivó en un enfrentamiento con granaderos.
Considerado como el problema más importante que enfrenta el país, el paro estudiantil de la UNAM llevó a renuncia del rector Francisco Barnés, quien abandona la institución sin cumplir su primera promesa: lograr “un desarrollo armónico y equilibrado” de la universidad y, en cambio, la deja sumida en una profunda crisis.
