Asimismo otros sectores e individuos se han manifestado a favor del rector Barnés de Castro, primero, y de la propuesta de los maestros eméritos, después, y han intentado convencer al CGH de que “regrese las instalaciones” y levante la huelga sin haber logrado cambiar nada de lo que originó la revuelta. También han sido varias las manifestaciones de rechazo: desde la campaña de desprestigio en casi todos medios de información, que dibuja a los universitarios en huelga como cavernícolas protegidos por el ángel de la barbarie, hasta el secuestro e intimidación de estudiantes y el lanzamiento por internet de una convocatoria a recuperar las instalaciones con palos, cadenas y armas blancas.
El 19 de septiembre de 1999 el diario El Universal publicó, en el número 115 de su suplemento de información y análisis político “Bucareli Ocho”, un reportaje de Ernesto Armendáriz Reyna que toca un tema muy poco socorrido por las grandes televisoras y grupos radiofónicos: el de los atropellos de que han sido objeto los huelguistas y los planes para una posible solución violenta y represora.
El trabajo se publicó con el título LA BITACORA NEGRA.
Las denuncias de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra estudiantes paristas se incrementan al tiempo que diversos grupos piden aplicarles “el Estado de derecho”. Es decir, encarcelarlos.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, por ejemplo, tiene registrados 130 actos de violación a los derechos humanos de estudiantes activistas tan sólo el 22 de abril al 22 de mayo. Y un 20% más en este mismo periodo que no se incluyeron por diversas causas, informa Miguel Angel Pichardo, del área de visitadurías. De los registrados, 40 corresponden a hostigamiento e intimidación, 24 a espionaje, 19 a persecución política y 13 amenazas de muerte, según se desprende del documento “Consciencia y represión: Informe sobre el hostigamiento y la represión contra estudiantes en contexto de huelga en la UNAM”.
Después del primer mes de huelga, el Centro tiene conocimiento de ocho casos de “secuestro” (detención ilegal y privación de la libertad), tortura física y psicológica, amenazas, y de éstos, dos personas sufrieron violación sexual. En la actualidad -consigna el ensayo “La esperanza nunca muere: pacificación del conflicto en la UNAM”, de Pichardo Reyes-, a 2 de estas 8 personas las han seguido hostigando mediante amenazas telefónicas, espionaje y acoso a sus familiares y amigos.
Las salidas violentas “alternas” al conflicto eran explicadas y consideradas por este Centro desde hace más de un mes. Se advertía entonces del peligro que significaba la eventual intervención de los grupos parapoliciales o porriles o un enfrentamiento entre estudiantes paristas y rescatistas.
Del perfil de los agresores, define el “Informe”, son “uno o varios sujetos armados, organizados, con cierta infraestructura y adiestramiento (capacidad de espionaje, destrezas en tortura física y psicológica, movilidad, etc.) que al parecer operan en el área metropolitana, principalmente en las inmediaciones de las escuelas y centros universitarios, que cometen estos atropellos con gran impunidad y posiblemente gozando de alguna protección”.
Sobre las víctimas, ubica: “Han sido especialmente más hostigados los líderes, tanto locales (por plantel), ideológicos (por corriente), como políticos del movimiento, voceros y dirigentes del CGH). La estrategia de los presuntos agresores podría ser golpear a los líderes al mismo tiempo que cansar, dividir y hostigar a las bases estudiantiles”.
Un caso común de hostigamiento son las amenazas telefónicas: “El 26 de abril llamaron buscándome, como no estaba contestó mi madre, le dijeron que cuidara a su hijo porque sino lo iban a matar… El 3 de mayo volvieron a llamar, contestó mi madre y le dijeron que ya me quedara en la casa, porque sino valía madres porque me iban a matar en el movimiento”, según un testimonio recogido por el Centro Agustín Pro.
Pero además se encuentran otras modalidades de represión y hostigamiento contra estudiantes de la UNAM, según el organismo no gubernamental:
- Amenazas de expulsión o reprobación por parte de las autoridades universitarias;
- Amenazas por vía telefónica por agentes no identificados;
- Agresiones y provocaciones con al anuencia de las autoridades universitarias;
- Seguimiento y espionaje por sujetos no identificados a través de cámaras fotográficas y video;
- Intimidación verbal o física por parte de presuntos “estudiantes”, autoridades universitarias o agentes de seguridad pública;
- Sobrevuelos “rasantes” de helicópteros en el plantel en la noche;
- Golpes y agresiones verbales;
- Detenciones ilegales, incomunicación y malos tratos por parte de agentes de seguridad;
- Amenazas y/o suspensión de retiro de becas a alumnos e investigadores; y
- Presiones a maestros con argumentos administrativos.
En otro flanco, la Asamblea Universitaria Académica (AUA) documenta la “Bitácora Negra del movimiento estudiantil y de las actividades extramuros”, los actos concretos de “agresión, represión y espionaje” de los que ha sido objeto el movimiento, para dar a conocer al pueblo de México “la grave situación en que vivimos los universitarios al ser víctimas de una feroz campaña de persecución ideológica y política y denunciar la violación de nuestros derechos humanos desatada desde el inicio”, según consigna el documento.
Se añade el espionaje político, probado con documentos en resguardo del CGH que “son una prueba contundente de la existencia de todo un aparato de inteligencia policiaca encargado de vigilar, controlar y reprimir a los universitarios auspiciado por la Rectoría”, acusa la Comisión de Prensa y Propaganda y la Comisión de Acervo del CGH.
En este marco, la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 Pedro de Alba instaura la Brigada Universitaria de Derechos Humanos Vinni Cubi como respuesta a la “sistematización de la violencia en contra de los estudiantes en huelga, a manos de funcionarios universitarios, grupos parapoliciales e integrantes de distintos cuerpos policiacos, lo que ha generado un clima de miedo e incertidumbre alimentado por el triste papel de los medios de comunicación y la presión política ejercida desde el sector empresarial, la Iglesia católica y la camarilla en el poder encabezada por el presidente de la República y su representante en la UNAM, el rector Francisco Barnés”, consigna en su documento fundador.
Asimismo, el Centro Prodh lanza la “Campaña por la denuncia del hostigamiento y la represión contra estudiantes” con el objetivo de que se denuncien los actos de hostigamiento o represión por mínimos que sean, con el fin de que se respeten los derechos como seres humanos, mexicanos y como estudiantes de la UNAM, según se lee en trípticos alusivos. Y la más reciente es la Comisión del CGH contra la Represión, que considera vital su formación “por la repercusión y consecuencias que provoca la represión en cualquier movimiento social”.
LOS QUE PIDEN MANO DURA
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido en días recientes tres quejas en contra de los estudiantes huelguistas por la toma de las instalaciones y contra la Secretaría de Gobernación por no haber actuado. Primero fueron estudiantes antiparistas, luego juristas y por último las Mujeres de Blanco. De la primera queja (toma de instalaciones ) un funcionario de esta dependencia que no quiso ser citado, revela “nosotros no somos competentes en asuntos entre particulares, por lo que sólo actuaríamos si se quejaran en contra de la PGR o la Secretaría de Gobernación en caso de que consideraran que no están cumpliendo con su deber”. Asimismo su par en el DF ha recibido dos quejas: una por parte de los estudiantes agredidos el 4 de agosto en el Conalep 2, y otra porque policías no intervinieron para retirar a estudiantes que impedían inscripciones, según queja de autoridades universitarias. En las 2 se involucra a elementos de Seguridad Pública del D.F.
Mientras tanto, la legalidad pregonada por Zedillo es aterrizada por abogados universitarios: El 15 de julio Raúl Carrancá, Ignacio Burgoa y otros juristas, presentaron una denuncia en la PGR contra miembros del CGH por el delito de despojo de inmuebles. Días después integrantes de la Federación Nacional de Colegios de Abogados presentaron una denuncia de hechos por los delitos de robo y despojo.
“Jurídicamente es improcedente, porque los estudiantes son la UNAM, y se despoja de lo que no es de uno. Además, la UNAM es una persona moral y el único que podría demandarla sería su representante legal, en este caso el abogado general, Gonzalo Moctezuma Barragán”, sostiene Juan de Dios Hernández Monge, miembro de la Comisión jurídica del AUA y agrega: “No se está aplicando la ley, se está utilizando la ilegalidad para doblegar el movimiento”.
Las Mujeres de Blanco no concuerdan con el profesor Hernández y dicen apoyar las demandas penales y sugieren, en voz de su vocera Leticia Alonso Montesinos que “metan a la cárcel a los dirigentes del CGH que tienen orden de aprehensión” como un principio de solución. “Pero no queremos otro 68. No queremos que haya muertos. Sólo que se aplique el Estado de derecho, pero no le vamos a decir cómo hacerlo a la Secretaría de Gobernación.” Al respecto, recientemente Ernesto Zedillo hizo un llamado a quienes piden la intervención gubernamental para que aclaren “en qué consiste exactamente, a su juicio, esa aplicación de la ley que tienen en mente”: La vocera le contesta y le sugiere mucho antes del llamado presidencial: “Que los detengan de manera pacífica, por ejemplo, que los esperen cuando salgan de la UNAM”. Estos planteamientos los hacen durante su manifestación en el Angel de la Independencia, donde no todo es homogeneidad: En una manta entre sus participantes escrita a mano y con dedicatoria al rector, se lee: “Haga algo o renuncie.” Pero ante las molestias generadas, sólo deja: “No al paro.”
En tanto, desde su casa, Eugenia Revueltas, hija del músico Silvestre Revueltas y sobrina de José Revueltas, símbolo del 68, quien junto con un grupo de maestras de preparatoria, CCH e investigadoras se agrupan en esta organización “de ninguna manera estaría a favor de una solución violenta, la condenaría, estoy a favor de que se abran foros donde se puedan dar discusiones académicas, sin satanizaciones, donde se puedan dar opiniones contrarias sin ser abucheados… Cerrar la UNAM no es revolucionario, están causando más daño a los que dicen defender que otra cosa”, afirma. Y agrega que “no se discute la gratuidad de la educación, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que se abatan los niveles académicos, no estoy de acuerdo en el pase automático, pero eso se tiene que discutir… Estoy de acuerdo en la propuesta de los eméritos, es conciliadora y podría servir para abrir la universidad sin llegar a la violencia”.
¿Si viviera José Revueltas, no le recriminaría el estar “del otro lado”?
- No me lo reprobaría. El creía en la capacidad de diálogo. No se actúa mecánicamente.
LA CONTRAVIOLENCIA
El 4 de agosto, en el Conalep Sur, estudiantes huelguistas “fueron brutalmente agredidos por porros, granaderos y policías auxiliares. No hubo tal gresca como se manejó en los medios”, dice irritado el profesor del CCH Azcapotzalco Juan de Dios Hernández.
“La intervención por parte de los cuerpos de seguridad pública fue propiciada por una acción de grupos porriles que provocaron el enfrentamiento de forma premeditada, a sabiendas de que el abogado general de la UNAM, Gonzalo Moctezuma Barragán se presentaba con el inspector José Luis Sánchez con el acuerdo (petición realizada al Gobierno del DF) para que intervinieran los oficiales en caso de “disturbios”, siendo dicho inspector quien diera la orden de intervención”, denunciaba el Centro Prodh.
Pasaron los días y se intensificaron las presiones para los huelguistas a partir del 16 de agosto en que debía comenzar el semestre: La más sonada ocurre el 23 de agosto, donde una manifestación que sería a la sede alterna al rector , se desvía y trata de tomar CU. Un grupo de alrededor de 30 jóvenes con paliacate blanco en la cabeza (¿evocación al guante blanco del 68?) lanzan petardos con esquirlas contra huelguistas y gente en general, lo que deja un saldo de dos comunicadores y cinco estudiantes heridos. Al día siguiente el CGH y antiparistas coinciden en que los agresores son “gente extraña” a la UNAM.
Y el de más reciente facturación fue la presunta existencia de un plan para tomar la Universidad llamado “Operativo Puma”, cuya coordinación estaría a cargo de la PGR, con el apoyo del Batallón de Operaciones Especiales y la Fracción Antiguerrilla Urbana del Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales, así como el Primer Batallón de Ingenieros de Combate. Su ejecución dependería de “una decisión del gobierno federal o de algún alto funcionario que actuara por iniciativa propia”, según el CGH.
