III. Fundamentación del progragama educativo

 

Conforme así lo establece la ANUIES, “ nuestra época se caracteriza por profundas transformaciones en prácticamente todos los ordenes de la vida humana... Los cambios se están gestando en múltiples campos sociales; en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que ha revolucionado la organización de los procesos productivos como nunca antes se había advertido"[1]

 

Es en el marco de estos procesos de cambio, que adquiere singular relevancia la aplicación del derecho, de su conocimiento  y de su proyección social a nivel mundial. Es precisamente la debida aplicación de la normatividad jurídica una de las grandes bisagras con que cuenta la humanidad a efecto de que sus derroteros económico- sociales se cumplan de forma justa y equitativa. Valga señalar que en Iberoamérica se carece de los estudios hoy propuestos en el presente programa de postgrado.

 

Una de las necesidades que tiene el país para el desarrollo económico, político, social y cultural es el impulsar y fortalecer  la ciencia y la tecnología, así como los estudios de educación superior, particularmente, el Postgrado; esta política está claramente delimitada en el documento rector del presente sexenio, Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000), donde se indica como aspecto prioritario, el impulso al Postgrado así como a la investigación y el  desarrollo tecnológico.

 

Aspecto singular relevancia ha sido el que refiere ANUIES[2] en la perspectiva demográfica, conforme a datos elaborados por INEGI se sabe, que si bien la presión demográfica se ha atenuado en nuestro país, la pirámide poblacional se ha ensanchado en el rubro que va entre los 7 y 25 años y que las expectativas en las próximas dos décadas es el de su incremento en forma absoluta, esta variable fundamenta en buena medida la importancia de impulsar el desarrollo de la educación superior en México, de manera particular la que corresponde a los estudios de postgrado.

 

De manera particular, el Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000)[3] se orienta a la adecuación y/o modificación de los instrumentos de la política educativa en materia de formación de recursos humanos de postgrado y en su caso la apertura y actualización de nuevos postgrados.

 

Dentro de las políticas generales del Programa de Desarrollo Educativo cabe señalar aquellas que enfatizan en el apoyo a las diferentes acciones de las instituciones que pretendan desarrollar nuevas modalidades educativas, así como la reforma de planes y programas de estudio que tengan como criterios: el mejoramiento de la calidad de la educación, los avances más recientes en el conocimiento, la pertinencia de los programas, y la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos.[4]

 

Además del apoyo al que se hace referencia en el Programa de Desarrollo Educativo, una línea de acción concreta  es el incremento del postgrado, a fin de atender la creciente demanda en educación media superior y superior, que amplíe la capacidad del sistema con nuevas y mejores oportunidades educativas, enfocadas a atender las expectativas de quienes demandan educación con las necesidades del país.[5] En este sentido señala puntualmente:

 

“Debe destacarse la intención de incrementar el postgrado en un cien por ciento, tanto en el número de alumnos inscritos como en el de profesores. Esta línea de acción es consistente con la política de formación y actualización de personal académico, de fundamental importancia en este Programa, y retoma un anhelo de la comunidad académica del país”.[6]

 

Las políticas del Ejecutivo Federal en materia educativa, están en plena correspondencia con la Ley que crea la UACh y el estatuto universitario para impulsar la creación de postgrados en la institución. Específicamente la Ley en su artículo 3º señala lo siguiente:

 

“Impartir educación técnica a nivel superior (Licenciatura y Postgrado) y si considera conveniente podrá prestar  enseñanza a nivel medio. La educación que se imparta es con el fin de formar personal docente, investigadores y técnicos con un juicio crítico, democrático, nacionalista y humanista para atender y solucionar los problemas del medio rural”. [7]

 

El mismo objetivo de apoyar la educación superior, así como desarrollar la investigación científica y tecnológica, se expresa claramente en el Artículo 3º del Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo, en sus siete fracciones y que a la letra señalan:

 

I.                    “Impartir educación de nivel medio  superior (Técnico, de Licenciatura y de Postgrado) para formar personal docente, investigadores y técnicos con juicio crítico, democrático, nacionalista y humanístico y un elevado espíritu por el trabajo, que los capacite para contribuir a la solución de los problemas del medio rural.

 

II.                 Desarrollar la investigación científica, básica y tecnológica, ligada a la docencia para obtener el mejor aprovechamiento económico y social de los recursos agropecuarios, forestal y otros recursos naturales del País y encontrar nuevos procedimientos que respondan a las necesidades del desarrollo nacional independiente.

 

III.               Preservar, difundir y acrecentar la cultura y promover la realización del hombre especialmente en el medio rural para lograr una sociedad más justa y creadora.

 

IV.              Propiciar la libre investigación a través de la participación de alumnos y personal académico en un proceso educativo abierto a todas las corrientes del pensamiento.

 

V.                 Promover la formación de profesionales de alto nivel conforme a los programas académicos y de investigación que colaboren al establecimiento de una estrategia viable para combatir el subdesarrollo.

 

VI.              Pugnar porque las innovaciones científicas y tecnológicas lleguen oportunamente al sector rural. a fin de promover el cambio social para lograr un mejor nivel económico y cultural de sus miembros.

 

VII.            Procurar en coordinación con otras instituciones de carácter agrícola, una adecuada planificación de la agricultura, especialmente de la de temporal, atendiendo a los aspectos ecológicos de crédito, mecanización agrícola, perfeccionamiento de sus técnicas de producción  industrialización, fertilizantes, sanidad vegetal, seguridad agrícola, comercialización agrícola, formas de organización, servicios asistenciales y otros a fin de elevar la productividad, ingresos y nivel de vida de los campesinos u otros trabajadores del campo.”[8]

 

El Estatuto Universitario sigue vigente no sólo porque no ha sido modificado como una normatividad institucional por los órganos de gobierno encargados de ello, sino porque en esencia, sigue preservando sus objetivos científico-tecnológicos que le dan sustento como institución educativa.

 

Además del Estatuto, se elaboró el Plan de Desarrollo Institucional (1995-2000) de la UACh en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo (1995-200) y el Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000), el cual propone para su postgrado superar el nivel académico-científico estableciendo como estrategia una reestructuración en el contenido y forma en que se han desarrollado sus programas de estudios, superando con ello el aislamiento con la sociedad y particularmente  al sistema nacional de educación.[9]

 

Con base en las políticas del gobierno federal y las propias políticas institucionales, se considera viable la creación de la Maestría en Derecho Agrario y Derechos de los Pueblos Indios, que se fundamenta en tres aspectos centrales:

 

a)    En primera instancia se encuentra la problemática económico-social que se presenta en el agro mexicano, relacionado con los problemas de la tenencia de la tierra y del desarollo regional sustentable.

 

b)   Por otro lado, existe una plena justificación académica en virtud de la necesidad de crear una alternativa más en el postgrado que se enfoque a las áreas rural, ambiental  y de los pueblos indios en materia de derecho, ya que no existe ningún postgrado en nuestro país que brinde estas posibilidades de formación académica de manera integral.

 

c)    Por último, se contempla la necesidad de integrar en la UACh un espacio que contribuya a la formación de los profesionistas de las diferentes especialidades en los temas de derecho.

 

A continuación se desarrolla cada uno de los aspectos que hacen necesaria la creación del proyecto de Maestría.

 

1. Contexto Socioeconómico, jurídico, escenarios y tendencias

 

Conforme así lo ha establecido la ANUIES, “El siglo XXI se caracterizará por ser la era de la sociedad del     conocimiento, que hoy apenas se vislumbra con todo y sus impactos de   los que todos somos testigos. El conocimiento constituirá el valor     agregado fundamental en todos los procesos de producción de bienes y     servicios de un país, haciendo que el dominio del saber sea el principal  factor de su desarrollo autosostenido”.[10] En el ámbito internacional las crisis recurrentes, las políticas etnocentristas, el racismo, las actitudes de intolerancia y fundamentalmente el problema  de la pobreza extrema que campea diversas latitudes del agro latino americano y en particular el habitado por las poblaciones indígena justifica el desarrollo de planes y programas que avizoren alternativas de solución a estos y otros múltiples conflictos.  

 

Un primer argumento que considera, de manera particular el caso mexicano y  la creación de esta maestría está relacionado con el problema de la tenencia de la  tierra en diferentes zonas rurales el que se ha agudizado como consecuencia de las modificaciones al artículo 27º Constitucional. Esta problemática solamente es el reflejo de las contradicciones que subsisten en el agro mexicano, tales como las siguientes:

 

a)      La balanza comercial agropecuaria que fue ligeramente positiva en 1996, se logró beneficiando sólo al reducido segmento de agro exportadores, sin ningún beneficio para el 95% de los productores rurales (García Jacobo, 1996)[11].

 

b)      Contrariamente a lo que en su momento argumentó el ex-presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, en la reforma y adición al Artículo 27 Constitucional, el campo lejos de lograr su consolidación, actualmente  padece un fuerte endeudamiento y descapitalización, así como el crecimiento de las carteras vencidas. Tal es el caso de la cartera de los productores rurales que se incrementó de 10 mil a 13 mil millones de pesos en un año, en el periodo comprendido de julio de 1995 a julio de 1996.

 

c)      La producción de los diez principales cultivos agrícolas cayó de 1995 a 1996 un 16%, ya que en 1995 se produjeron 25 millones de toneladas de básicos y en 1996 el volumen de producción alcanzó 21 millones de toneladas.

 

d)      En el III Informe de Gobierno, el Presidente Ernesto Zedillo sustentó  la culminación del rezago agrario, sin embargo, el problema subsiste por diversos motivos, por ejemplo: aún existen más de dos mil expedientes en proceso ante los tribunales agrarios. Asimismo, se observa la permanencia y expansión de grandes latifundios, a través de fraccionamientos simulados que demuestran la concentración agraria en manos de algunos propietarios contrario sensu a los principios en los que se fincó la Reforma Agraria y que dada su complejidad ha provocado movilizaciones ya no tan sólo agraristas, sino de corte político-militar como las que han llevado a cabo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyas bases sociales son eminentemente indígenas y campesinas y en cuyas demandas se vislumbra, entre otros, el problema por la tenencia de la tierra.

 

e)      El problema de la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, fundamentalmente en poblaciones indígenas y la subsistencia de amplios sectores sociales carentes aun de medios de producción, circunstancia que ha sido avizorada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), instancia que ha recomendado resolver la demanda agraria de diversas “poblaciones migrantes” (FAO-1996)[12], al proyectarse como un problema emergente de la grandes urbes -tales como los bohíos, villas miserias, áreas marginales y fabelas subsistentes en América Latina-, que son resultado del movimiento compulsivo “migratorio” que ha obligado, ante la insatisfacción de la demanda agraria,  a amplios sectores poblacionales a ubicarse en las márgenes de las ciudades.

 

Aunado a la problemática de la tenencia de la tierra, se encuentra la profundización del problema ambiental a nivel mundial, que requiere alternativas urgentes de solución empleando sistemas y prácticas jurídicas no sólo a nivel regional, sino también internacional. En este campo, el regreso a las tecnología indias relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, conlleva a la necesidad de revisar la legislación ambiental nacional y aquellos convenios internacionales que afectan de manera indirecta o directa a las zonas rurales e indígenas.

 

Como corolario de la agudización de las contradicciones en el agro mexicano, se ha generado la existencia de importantes segmentos de población indígena que no cuentan con salidas alternativas a su conflicto, en donde incluso existe un problema de identidad y el reconocimiento de lo “propiamente indio”. Por ello, se considera importante hacer énfasis en aquellos aspectos que corresponden a la normatividad jurídica que pueda permear sus relaciones sociales, incluyendo el de sus propios sistemas de derecho.

 

2. Necesidad del posgrado en Derecho Agrario, Derecho Ambiental, Derechos de los Pueblos Indios y Derechos Humanos

 

Tomando en consideración lo señalado en el Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000) en el sentido de proponer la formación de hombres y mujeres que, a partir de nuestros problemas sean capaces de formular soluciones que contribuyan al progreso del país[13], la creación de este Postgrado en materia de derecho (rural, ambiental y de los pueblos indios) se justifica en la inexistencia de una especialidad en el país y en otros países que aborden esta temática.

 

Prueba de ello es que en México y prácticamente en todo Iberoamérica[14], se carece de la formación de personal altamente capacitado, respecto al conocimiento, tratamiento y aplicación de los modelos jurídicos concernientes al Derecho Agrario, el Derecho Ambiental y fundamentalmente en lo que compete al Derecho de los Pueblos Indios.

 

De manera particular se pretende que el postgrado en Derecho Agrario, Derechos de los Pueblos Indios contribuya en la capacitación de maestros e investigadores que satisfagan la demanda social para dar alternativas a los problemas agrarios –en su diversidad- agrícola, ecológica y étnica en donde el tratamiento, conocimiento y administración de la norma jurídica juega un papel determinante.

 

Otro de los ámbitos que constituyen un elemento trascendente es el de los Derechos Humanos al respecto el Dr. José Luis Soberanes Fernández ha señalado la importancia en la debida aplicación, ejecución de dichos derechos y considerando el significado que guarda el impulso a la creación de estudios de postgrado que integren en su curricula   la proyección de esta normatividad.[15]

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología (CONACYT, 1995), hasta ahora no existen en el padrón de carreras y postgrados en México estudios especializados en materia de Derecho que se enfoquen a atender esta problemática[16] (Apéndice 3). Se considera que esta situación corresponde a una crisis en la práctica social del derecho en general y consecuentemente del Derecho Agrario, producto –entre otros aspectos- del sistema jurídico de corte neoliberal y positivista que ha impedido la articulación de la norma jurídica rural con las necesidades sociales. Mientras que la información más actualizada por ANUIES (1999) establece la proyección que a adquirido el postgrado en Derecho a nivel nacional evidenciando la tendencia hacia el derecho privado, en menoscabo del derecho social y los derechos humanos, lo que por supuesto justifica la existencia del mencionado postgrado.[17]

 

El análisis de los estudios de especialización, maestría y doctorado que se han realizado en nuestro país en materia de Derecho (CONACYT, 1995) denota una tendencia hacia el derecho privado, la criminalística y el derecho empresarial, mientras qué, la normatividad jurídica rural, de los recursos renovables, del derecho ambiental y los derechos de los pueblos indios no se ha constituido en objeto trascendente para la formación de Maestros a  nivel nacional, como se demuestra en el siguiente cuadro donde se observa la adecuación más enfocada hacia los fines de la iniciativa privada y del Estado en las maestrías en Derecho existentes en México.

 

Perfil de las Maestrías en Derecho, México 1995

 

           

Tradicionalmente, las funciones sustantivas (docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura) que se realizan en instituciones y universidades enfocadas al ámbito agropecuario han considerado, de manera marginal, los estudios relativos a la normatividad jurídica correspondiente a las relaciones sociales que se desarrollan en la estructura agraria del país. Esta “marginalidad” se refiere a que los postgrados en ciencias agronómicas y otras correlativas (veterinaria, ciencias forestales, etc.), solamente incluyen como curriculum complementario (cursos elegibles) el estudio del Derecho. En esta perspectiva se encuentran los siguientes postgrados:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postgrados en Ciencias Agronómicas en México

 

 

Con la creación de esta Maestría se pretende que, fundamentalmente, los agrónomos así como otros especialistas del país cuenten con un andamiaje teórico-práctico sólido de la normatividad jurídica rural y sus diversas disciplinas conexas, dando énfasis en el reconocimiento y manejo científico de los sistemas de Derecho. Asimismo, en ella se recuperan dos área de normatividad; por un lado, la  referente a los recursos naturales y el derecho ambiental, y por otro lado, la que se encarga del derecho de los pueblos indios. En este sentido, como se puede apreciar en la siguiente tabla, estos dos contenidos son temas excluidos en los planes de estudio de los postgrados en nuestro país.

 

Maestrías que en México correlacionan algunos de sus contenidos con la       

temática de los derechos indios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestrías que relacionan algunos de sus contenidos con el derecho ambiental y de los recursos naturales

 

 

3. Necesidad del Posgrado en la UACh

 

De acuerdo al perfil de la UACh y a las problemáticas que actualmente atienden las diferentes especialidades de la Universidad, es necesaria la capacitación de este nuevo personal profesional para coadyuvar con los fines para los que fue creada la Universidad Autónoma Chapingo, debido a su carácter nacional, su filosofía universal y su perfil rural.

 

Los profundos cambios en la estructura agraria, el uso de nuevas tecnologías, el desarrollo de patentes agrícolas, la configuración de nuevos actores rurales (los indios, entre otros), la vinculación de capitales al agro, el impacto ecológico y sus concomitantes expresiones jurídicas, son aspectos que en el contexto de la globalización ameritan, por parte de la Educación Agronómica nacional y en particular de la UACh, de una nueva dimensionalización.

 

Particularmente en el caso de la UACh, no obstante el evidente perfil técnico que históricamente ha caracterizado a sus planes y programas de estudios[18] es importante resaltar que existen materias relacionadas con el Derecho Agrario y Legislación que se imparten a nivel Licenciatura, Postgrado y Bachillerato.

 

Antes que la UACh fuera Universidad cuando era Escuela Nacional de Agricultura (ENA), existían en la institución carreras en cuyo plan de estudio se contemplaban materias de Derecho Agrario, como es el caso de la materia en Legislación Rural que se impartía en el tercer año de la carrera de Ingeniero Agrónomo en 1892.[19]

 

En 1910 la Escuela Nacional de Agricultura, con sede en San Jacinto, establecía en su plan de estudios para Agrónomo (cuarto año) la materia de Legislación Rural, misma que formaba parte del plan de estudios de la Carrera de Ingeniero Agrónomo e Hidráulico. Finalmente, la materia de Legislación Rural se mantuvo en los planes de estudio vigentes hasta 1919 (Hermosillo y Leal:1994).

 

En 1997 se encontró que de las especialidades que se imparten en la UACh[20] solamente cuatro de ellas contemplan en su curricula materias relacionadas con Legislación. Tal es el caso de la especialidad de Ciencias Forestales que en su área  Económico Administrativa se imparte la materia de Política y Legislación Forestal[21]. En esta misma situación se encuentra la carrera de Ingeniería en Economía Agrícola que tiene un área de especialidad denominada Legislación donde se incluyen las materias de Legislación Agrícola y Política Agrícola[22]. Otra especialidad que incluye en su plan de estudios materias relacionadas con la Legislación, es la de Ingeniería Agroindustrial[23] donde al igual que en Ciencias Forestales en el área Económico-Administrativa se imparte la materia de Legislación Agroindustrial. Finalmente, la especialidad de Mecánica Agrícola en el séptimo año, se imparte la materia de Legislación Agropecuaria[24].

 

En lo que se refiere a estudios de Postgrado al igual que en su nivel Licenciatura, se imparten materias relacionadas con el Derecho en algunos planes de Maestría y Doctorado. Particularmente en la Maestría en Sociología Rural se tiene contemplada como materia optativa el Derecho Agrario y por otro lado, el Doctorado en Ciencias Agrarias cuenta con las materias de Legislación Agrícola y Antropología Jurídica.

 

En el nivel medio superior de la UACh, la reestructuración del plan de estudios (1995-1997) y su respectiva actualización determinó que la otrora materia de Derecho Agrario que se estudiaba en el tercer año, adecuara trans disciplinariamente sus objetivos y temáticas. Fue así como se crearon las nuevas materias de “Problemas Socioeconómicos de México”, “El Problema Agrario en las sociedades contemporáneas” y la de “Sociedad política y cultura” que se ubican en el segundo y tercer año del nivel bachillerato; materias que recogen entre sus contenidos el estudio de la juridicidad rural del agro nacional.

 

La UACh ha tenido preeminencia por un enfoque especializado que se podría denominar agronómico en esencia, sin embargo, han sido significativos los avances hasta hoy logrados, en un ámbito más universal diversificado e integral de sus planes y programas de estudio, a través de los departamentos de Sociología Rural, Economía Agrícola, el CIEESTAM (Doctorado de Problemas Económico Agro-industriales ), la Maestría en Desarrollo Rural y el programa de Agroecología.

 

En este contexto  la nueva Maestría constituye, desde luego, un nuevo espacio de reproducción del quehacer universitario, que satisface una necesidad de nuestros especialistas agrónomos al dotarles de una preparación a nivel postgrado con la cual enlacen los problemas rurales con su correlativa normatividad jurídica.

 

Por otro lado, la UACh cumple uno de sus postulados fundamentales, al proyectarse –con la nueva Maestría- como una Institución Nacional que desarrolla estudios más integrales. Al mismo tiempo el postgrado en Derecho Agrario y Derechos de los Pueblos Indios, responde a necesidades específicas de la sociedad mexicana e incluso de todo Iberoamérica al formar cuadros que cubran aspectos hasta hoy no resueltos.

 

Tomando en consideración el contexto internacional, nacional e institucional, se concluye que es viable la creación del proyecto de Maestría en Derecho Agrario y Derechos de los Pueblos Indios porque contribuye con la formación de estudios profesionales, con el fortalecimiento del Postgrado en México y en la UACh particularmente, y porque permite el desarrollo de la investigación científica a partir de las cuatro líneas que fundamentan la creación de esta Maestría.