Inspectoría negó reenganche de 120 obreros en Invepal

Gracias a la manipulación de que fueron objeto todos y cada uno de los alegatos presentados por los trabajadores por orden de Elio Almeida, la Inspectoría del Trabajo de Aragua negó providencia de reenganche a tos 120 obreros despedidos injustificadamente el pasado 08/11/2005, denunciaron Néstor Díaz, Richard Salina, Juan Prada, Douglas Díaz, Giovanni Figueredo, Américo Cano, Lissehe Rivera y Lissette López.

Señalaron tajantemente que la decisión del Ministerio del Trabajo fue a consecuencia de que el mencionado funcionario gubernamental ocupaba un alto cargo de dirección en la mencionada empresa, donde supuestamente se había iniciado un programa de cogestión impulsado por el propio Presidente de la República, Hugo Chávez Frías.

Indicaron estar esperando los resultados de las investigaciones de la Contraloría General de la República, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, a fin de proceder ante las instancias correspondientes debido a que se está evidenciando que el objeto que tienen estas personas es tergiversar la lucha que tenemos los trabajadores despedidos que íntegramente laboran para transformarla en un objeto meramente político.

En ese sentido hacemos un llamado a las diferentes centrales obreras de la nación y de la entidad a fin de proporcionarles el apoyo necesario debido a que la lucha por sus derechos no se puede abandonar, sino por el contrario, hay que profundizarla.

Recordaron que la causa de sus despidos fue la denuncia de actos de corrupción durante los meses anteriores a la conversión de Venepal en Invepal, donde se desconoce el paradero de varios cientos de millones de bolívares.

Es de acotar, que a fin de reafirmar sus pronunciamientos, los agraviados consignaron un escrito en donde informan de manera casi cronológica las irregularidades y acciones arbitrarias que han sufrido desde que iniciaron la lucha por el pago de sus prestaciones sociales.

En ella, los manifestantes dejan claro que el Ministerio del Trabajo, por las actuaciones de Elio Almeida, quien se aprovechó de su condición de coordinador regional del Mintra, para no sólo modificar a su antojo el expediente del caso Invepal, sino para tergiversar las luchas de los trabajadores, que desde meses antes de su despido los funcionados del Ministerio del Trabajo siempre habían actuado en menoscabo de los derechos de la clase obrera.

En ese mismo orden de ideas indicaron que la burocracia de Invepal ha utilizado los "hilos del poder" para obtenerla solvencia laboral, a pesar de las reiteradas denuncias de los obreros ante la Inspectoría del Trabajo y ante lnpsasel, organismos que en ningún momento han realizado auditoría alguna.

Adicionaron que entre las irregularidades están que los trabajadores son perseguidos, aparte de que no tiene derecho alguno a participaren las decisiones de la empresa, aunque la misma haya sido una de las pioneras en implantar el proyecto de cogestión que establece que los destinos empresariales son establecidos conjuntamente directivos-obreros.

Adicionaron entre otras irregularidades, que el objeto de la empresa era ser socialmente rentable, donde un total de 2.000 personas podrían trabajar tranquilamente, pero en la realidad es que la nómina no pasa de tos 600 trabajadores que están sometidos a discriminaciones y constantes provocaciones, con el objeto de dividirlos y lograr su expulsión por el simple hecho de haber trabajado durante la etapa de Venepal y también por atreverse a ejercer su derecho constitucional a ejercer contraloría social.