24 de junio de 2006
El Universal
El proceso de cogestión en Invepal no luce tan bien como se dice. Los representantes de los trabajadores en la junta directiva se retiraron este lunes de la misma luego de detectar una serie de irregularidades que afectan el desempeño de la industria, según explicó el presidente de la cooperativa Covinpa que agrupa a los trabajadores que operan la papelera, Ramón Lagardera.
Malos resultados económicos, 900 millones de bolívares perdidos, desviación de recursos e irregularidades administrativas salieron a relucir tras un 14 meses desde que Invepal fuera creada.
Luego de un período de denuncias manifestadas por los trabajadores, en abril de este año la propia ministra de Industrias Ligeras y Comercio, María Cristina Iglesias, asumió la presidencia de la empresa papelera. Desde ese puesto se encuentra asistida por Espinoza Guillén como suplente, y Omar Marrero, Jesús Martínez, Edgar Meida y Manuel Troconis como directores, en representación del 51% de las acciones del Estado.
Por el lado del 49% accionario que representan los trabajadores se encuentran Mirtha Freites, Henry Milián, Carlos González y Ramón Aguirre, quienes fueron precisamente los que se retiraron de la directiva hasta tanto no se cumplan una serie de condiciones.
"¿Qué modelo estamos fundando?", se preguntó Lagardera, quien indicó que actualmente se encuentran agotando todas las vías para hacerle entender a la representación estatal en Invepal que el nombramiento de cuatro trabajadores en la dirección de la empresa no es garantía de un proceso de cogestión verdadero.
Los trabajadores de Invepal antiguamente conocida como Venepal comenzaron a denunciar hace algunos meses la responsabilidad del antiguo presidente de la industria, Edgar Peña, el mismo que los representaba y que recibió la cogestión en esa industria desde el momento de la expropiación a sus dueños originales, en algunas irregularidades administrativas.
Hasta los momentos se desconoce el paradero de un total de 900 millones de bolívares que se perdieron durante esa gestión, sin que existan sanciones para los responsables. De hecho, Lagardera explicó que Peña y el resto de la directiva de entonces se mantiene laborando en la empresa.
Fue precisamente por este caso que la anterior directiva fue destituida para dar paso a un control más estricto por parte del Gobierno, o al menos eso era lo que se pretendía.
El presidente de la cooperativa Covinpa denunció que para la realización de una auditoría a Invepal (cuyos resultados no se conocen) el Estado autorizó 90 millones de bolívares que inicialmente estaban presupuestados para el reacondicionamiento del laboratorio químico de la industria.
Igualmente indicó que la actual directiva no ha presentado ni un solo balance general de Invepal, aunque a estas alturas del año debían recibir al menos uno.
Tomado de El Universal Digital