03 de julio de 2006
Gina Reyes Demeis
Maracay, julio 3 (REDACTA).- Treinta trabajadores despedidos el pasado mes de noviembre de la empresa Invepal, continúan en la calle, rebuscando entre los organismos nacionales y regionales para conseguir una mano que atienda los reclamos que desde entonces vienen haciendo.
De ellos, Luisana Ramírez y Zulay Lugo, trabajadoras de la empresa nacida a raíz de la expropiación de Venepal por el Gobierno Nacional y luego convertida en endógena y cogestionada, relatan el vía crucis que han vivido desde hace casi ocho meses cuando junto a otros compañeros, fueron despedidas de manera injustificada.
El despido masivo fue contra 120 trabajadores en la planta de Maracay; algunos de ellos aceptaron la propuesta de la empresa bajo condiciones que no son las mejores; otros están “resteados” por sus derechos y otro grupo, simplemente se resignó a perder su empleo.
En este despido, producto de las denuncias hechas por los trabajadores sobre supuestas arbitrariedades de la directiva, hubo parcialización, según cuenta Luisana Ramírez, por parte del Ministerio del Trabajo (Mintra), el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco) y la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop).
Aseguran que la Inspectoría del Trabajo en Aragua no admitió a varios de los trabajadores con el pretexto de que era competencia del Sunacoop; éste por su parte dice que la intervención en el conflicto no es de su competencia.
Pese a la solicitud de destitución de Edgar Peña y Alexis Hornebo, de la directiva de Invepal, la titular del Milco ratificó al primero en dicha directiva, aunque más adelante, Peña, junto a otros directivos, fue cambiado por la ministra. Uno de los nuevos directivos, el señor Elio Almeida, es, al mismo tiempo, coordinador de la zona central del Ministerio del Trabajo, según Gaceta Oficial Nº 38.366.
La intervención de Almeida en el asunto, dicen las trabajadoras, ha sido para darle largas, contradiciendo lo expresado en la primera entrevista y dejando la solución del problema en manos de la Inspectoría del Trabajo, cuya titular es subordinada del coordinador de la zona central del Ministerio del Trabajo.
-Esto quiere decir, que Almeida es juez y parte en el conflicto.
Instancias como la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo de Aragua, el despacho de la Presidencia de la República, Sunacoop, han sido visitadas por los trabajadores despedidos en aras de promover un acercamiento con los directivos de la empresa, pero éstos no han asistido. Afirma Ramírez que la situación laboral de los compañeros que se encuentran dentro de la planta sigue siendo precaria, con predominio del ambiente discriminatorio y constantes amenazas contra su estabilidad laboral.
Los despedidos proponen la planificación de un proceso de integración de manera que, en un plazo prudencial, queden incorporados a la cooperativa todos los trabajadores, sin subcontratación de otras para los procesos productivos.
Otra de las propuestas es la eliminación de cargos burocráticos, y que sea otorgada a los trabajadores la facultad de tomar decisiones, ya sea a través de las instancias de la cooperativa o por asamblea general.
-La figura de gerente debe ser eliminada, pero, sobre todo, los antiguos ejecutivos de Venepal, quienes no comparten la idea del proyecto y durante años han desarrollado un profundo menosprecio por los obreros.
Finalmente, exhortaron a la Asamblea Nacional a iniciar cuanto antes un proceso participativo para dotar a las empresas en cogestión de un marco legal adecuado.
El rechazo de los directivos hacia el grupo de trabajadores proviene aparentemente de que éstos venían ejecutando la contraloría social dentro de la empresa, fiscalizando todo lo concerniente al movimiento económico.
Pese a los sinsabores que han vivido durante estos meses, los trabajadores no se darán por vencidos en esta lucha por sus aspiraciones de tener participación plena dentro de la empresa, sin discriminación de ninguna naturaleza.
Luisana Ramírez acotó que están ofreciendo su respaldo y solidaridad a los trabajadores de Invepal en Morón, estado Carabobo, tras indicar que las denuncias hechas por Invepal Maracay al inicio de la lucha son las mismas que ahora hacen los del lado carabobeño.
Tomado de El Carabobeño