28 de junio de 2006
Diferentes grupos de trabajadores intercambian acusaciones
ERNESTO J. TOVAR
El Universal
Ramón Lagardera, representante de la cooperativa Covinpa ante la junta directiva de la empresa de cogestión Invepal, reiteró que no avalarán la auditoría que presentará la ministra de Industrias Ligeras y Comercio, María Cristina Iglesias, sobre el ejercicio fiscal de 2005 de la referida factoría, hasta que dicho informe sea discutido en una asamblea formal donde participen todos los accionistas.
Lagardera aseguró que la auditoría que presentará el Gobierno debe ser revisada a fondo y supervisada por algún organismo de control fiscal. Insiste en que el análisis contable realizado por Covinpa _propietaria de 49% de la industria papelera Invepal_ arrojó la desaparición de 900 millones de bolívares durante la gestión de la anterior junta directiva.
Asimismo, el representante de Covinpa indicó que "la ministra Iglesias expresó, durante la primera reunión que mantuvimos en 2006, que en la empresa no había ninguna irregularidad y que pediría a su amigo el contralor general, Clodosbaldo Russián, que hiciera las investigaciones necesarias sobre irregularidades".
Las denuncias y la documentación sobre la presunta desaparición de 900 millones de bolívares estarían en poder de los diputados de las comisiones de Contraloría y de Desarrollo Integral de la Asamblea Nacional, informó Lagardera.
A su juicio, "no se puede tapar el Sol con un dedo, ocultando la verdadera situación que denunciamos". Aseguró tener los elementos que respaldan sus acusaciones.
Por otra parte, un grupo que asegura representar a 315 cooperativistas de Covinpa y 285 empleados fijos de Invepal envió un comunicado de prensa donde amenazan con "solicitar la destitución del trabajador Ramón Lagardera, representante de Covinpa ante la Junta Directiva de Invepal, si éste no desiste de su objetivo de crear conflicto en el seno de los trabajadores y desconocer la representación gubernamental".
En la misiva, Ronny Bastardo, miembro de Covinpa, afirma que Lagardera "además de intentar sembrar el caos entre los trabajadores, está buscando paralizar la planta a fin de presionar a las autoridades para que cumplan con peticiones al margen de la ley".
Continua Bastardo, indicando que "Lagardera está haciendo solicitudes que consideramos injustas, como querer despedir a ocho trabajadores sin justificación alguna, o abrir una averiguación administrativa sobre la falta de un dinero cuando no ha presentado las pruebas que comprueban tales denuncias, aunque dice tenerlas".
Según Bastardo, "esto no se logrará, porque los trabajadores de Invepal están dispuestos a resistir este intento de cierre a como dé lugar".
Por su parte, Armando Montilla, otro empleado de Invepal, manifestó que "contamos con el apoyo del Gobierno, porque este Lagardera no se ha percatado de los serios problemas que padecemos".
Asimismo, Luis Guillén, trabajador contratado, hizo un llamado a toda la plantilla fija y temporal de Invepal para que permanezcan unidos "a fin de contrarrestar la matriz de opinión negativa que se ha reflejado en los medios de comunicación social".
Solicitan a Lagardera que asista a la reunión del próximo viernes en la sede de Invepal en Morón, "para que puedan constatar los resultados de la auditoría financiera".
No obstante, Lagardera rechazó estas acusaciones indicando que estos trabajadores son un grupo aliado de la anterior junta directiva.
Tomado de El Universal