Tamayo, relacionado con la oposición golpista de Venezuela

Las declaraciones del diputado rebelde contra el presidente de Venezuela causaron un incidente diplomático entre ambos países. Tamayo amenazó al Presidente Hugo Chávez con la cárcel.

La dirección del PSOE desautorizó el pasado mes de agosto de 2002 al diputado rebelde de Madrid Eduardo Tamayo después de que éste apoyara, en nombre de los socialistas, una acusación penal por violación de los derechos humanos contra el presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Los hechos, que se produjeron durante una visita que Tamayo realizó al país sudamericano en calidad de parlamentario socialista y observador internacional, tuvieron lugar tras las revueltas que vivió Venezuela desde abril -en las que murieron 18 personas-, el pronunciamiento de un Gobierno de transición que duró unas pocas horas y el derrocamiento y posterior vuelta al poder del presidente Hugo Chávez.

Durante su visita al país, Tamayo apoyó en nombre del PSOE la acción por crímenes de lesa humanidad que abrió la familia de José Antonio Gamallo, un español de origen gallego que quedó parapléjico al ser herido en las revueltas y que falleció tras permanecer cuatro meses ingresado en estado vegetativo en un hospital de Orense.

"Desde el PSOE vamos a poner a disposición de todos los abogados que asuman causas penales en defensa de las víctimas de la 'Masacre del Silencio'", afirmó el diputado socialista, quien comprometió "todos aquellos medios materiales, logísticos y personales para facilitarles su acción penal en la Audiencia Nacional española".

INCIDENTE DIPLOMÁTICO

Del mismo modo, Tamayo puso de relieve "la fractura profunda" de la sociedad venezolana, lo que provocó un incidente diplomático entre ambos países. "Mi impresión es que tienen ustedes un país absolutamente roto desde el punto de vista de la convivencia -apuntó-, de la convivencia política, me refiero. Hay una falta de garantías democráticas en este país, que es obligado recomponer por parte del Gobierno".

También indicó que de proceder una sentencia condenatoria contra el presidente venezolano, y de existir un acuerdo internacional de extradición entre Venezuela y España, procedería la extradición. Y si ésta es negada, Chávez no podría volver a pisar suelo español, porque de inmediato sería puesto tras las rejas.

Las reacciones del Ejecutivo venezolano no se hicieron esperar, ya que el 13 de agosto el ministro de Asuntos Exteriores, Roy Chaderton, criticó la presencia de Tamayo en Venezuela y lo acusó de hacer "unas declaraciones sumamente fuertes y comprometida con el sector golpista de la oposición en Venezuela".

Por su parte el vicepresidente, José Vicente Rangel, calificó a Tamayo de "irresponsable" y le acusó de formar parte de una maniobra urdida por la oposición para derrocar a Chávez. El 13 de agosto, durante el sepelio de Gamallo, su familia manifestó la intención de no emprender ninguna acción legal contra el Gobierno venezolano.

REACCIÓN DEL PSOE

Ante esta situación, la directora adjunta de Relaciones Internacionales del PSOE, Miren Irigoyen, comunicó a la Embajada de España en Caracas su sorpresa por el contenido de las declaraciones de Tamayo y explicó que las desconocía y que no fueron autorizadas por la dirección de ese partido.

Por su parte, Tamayo aclaró todas las confusiones que se generaron tras sus declaraciones y aseguró que el PSOE no planeaba iniciar ni respaldar acciones penales contra el presidente Chávez por crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos.

No obstante, el diputado socialista se quejó del trato recibido por parte de las autoridades venezolanas y exigió una explicación al vicepresidente José Vicente Rangel por haberlo tildado de "golpista".

Tomado de Rebelion