20 de Marzo de 2003

La doble moral

Álvaro Agudelo
El Mundo

Los voceros, los numerosísimos voceros de la oposición, provocan risa o asco a quienes aún conservan suficiente racionalidad para analizar los hechos. Aprovechan para mentir el deterioro de la capacidad crítica de la clase media, buena parte de la cual sustituyó el cerebro por el odio, la razón por el rencor social y la cordura por el temor de que Chávez les quite lo que no tienen para dárselo a quienes son aún más pobres.

El tema de las decisiones judiciales es de antología. Buena parte de cuatro años de embustes se basa en que Chávez es el dueño de todos los poderes públicos.

Los ejemplos que emplean son realmente cómicos. Por ejemplo, el Presidente es un dictador que impide el funcionamiento de las instituciones porque controla la Asamblea Nacional. Como allí hay mayoría chavista, en la peregrina lógica de los opositores se está vulnerando la separación de poderes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Ministerio Público.

Resulta que para que haya separación de poderes, al menos en la óptica de esos opositores desquiciados, el Fiscal General tendría que ser un enemigo a muerte del Presidente. O el Contralor tendría que ser un antichavista de toda la vida. También siguiendo esa postura demencial, el Defensor del Pueblo no es apto para el cargo, pues jamás ha pedido que ahorquen al Jefe del Estado en plena Plaza de Altamira. Y muchas personas normalmente pensantes e instruidas, de la declinante clase media venezolana, sostienen esas cosas sin ruborizarse y sin darse cuenta de su absurdo.

En materia judicial, las cosas alcanzan el paroxismo. Por ahí sale un fiscal adeco, con un prontuario de este tamaño, a pedir el enjuiciamiento del general Melvin López Hidalgo. Resulta que a ese oficial, junto al general Néstor González González, los señalaron de haber cometido irregularidades en la ejecución del Plan Bolívar 2000 en Guárico y Monagas respectivamente.

Pero como el segundo está ahora en Altamira, de golpe se convirtió en honrado a carta cabal, insospechable e inacusable.

Algo parecido sucedió con el general Rosendo, que de ser la "bestia negra" del régimen, el general que recibía más insultos, se transformó en santo por obra y gracia de haber participado en el golpe de Estado de abril.

Resulta que Chávez es un tirano que controla y domina los poderes públicos.

No obstante, cuando el Tribunal Supremo decide aquella abominación de que el 11 de abril no hubo un golpe sino un "vacío de poder", se trata de un triunfo de la legalidad. Eso sí, cuando el mismo tribunal sostiene, por ejemplo, que la huelga petrolera era ilegal, se trata de una nueva muestra de la tiranía chavista.

Si un juez ordena capturar a los responsables de la huelga petrolera, a los sujetos que en su maldad sin límite fueron capaces de dejar sin gas a millones de familias la víspera de Navidad, se trata de un atropello más del chavismo y una evidencia de persecución política. Si otro juez, con toda la evidencia de haber recibido argumentos contantes y sonantes, revoca la orden de captura, hay que verlo como una victoria de la justicia.

Si cuatro venezolanos languidecen en la cárcel por los sucesos de Puente Llaguno, sin recibir ningún beneficio procesal y siendo los únicos personajes en el mundo acusados de homicidio sin que nadie jamás haya dicho a quién mataron, pues se trata del legítimo castigo a unos chavistas. Pero si se le da arresto domiciliario a un criminal responsable de miles de millones de dólares de pérdidas a la República, pues entonces hablamos de terrorismo judicial, para usar las palabras de la sensual multa Albis Muñoz.

Porque de acuerdo a esa aberrante óptica opositora, si un grupo chavista abuchea a un opositor, se trata de una horda, del lumpen agrediendo a honorables ciudadanos. Pero es una legítima acción política colocar bombas frente a embajadas, asaltarla y destruir sus vehículos, mientras que se trata de la sociedad civil ejerciendo cívicamente sus derechos, cuando dos docenas de facinerosos trancan una autopista.

Porque en la óptica opositora, repetida ad nauseam, quienes dejaron a Venezuela sin exportar petróleo cuando su precio era altísimo y, por el contrario, obligaron a importar gasolina precisamente en ese momento de cotizaciones elevadísimas, deben permanecer sin castigo.

Porque en esas versiones falaces, cualquier cosa que se haga contra este gobierno es lícita.

Tomado de Red Bolivariana