14 de diciembre del 2002

Estado y pueblo en la guerra venezolana

Heinz Dieterich Steffan
Rebelión

La declaración de la Casa Blanca sobre la necesidad de elecciones anticipadas en Venezuela y la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) demuestran que Washington ha decidido remover al gobierno de Hugo Chávez. La conclusión de Washington es que el ciclo productivo de este gobierno ha terminado, porque no garantiza el suministro de tres servicios que el imperio considera primordiales: 1. El abastecimiento seguro del petróleo; 2. El control de la población; 3. El sometimiento a sus intereses estratégicos, como el ALCA y el Plan Colombia.

Toda la praxis política de la democracia estadounidense parte del axioma, de que el gobierno de un país siempre debe estar en manos de sus dueños y nunca en manos de los pobres. Porque los dueños del país son los primeros interesados en preservar su patrimonio y, por lo tanto, ejecutarán una política moderada y razonable. Este axioma, reivindicado múltiples veces por los pensadores estratégicos del sistema, está siendo violado en Venezuela. La interpretación estadounidense del paro petrolero, de la impunidad de los traidores a la patria y de los saboteadores de la economía, es que el gobierno de Hugo Chávez no es el amo del petróleo, ni el garante de la convivencia cívica, ni el patrón del Estado. Por eso, la Casa Blanca ha decidido devolverle las riendas del Estado a los verdaderos dueños de la nación: la oligarquía cipaya y sus partidos políticos.

Con la intervención política directa del principal "señor de la guerra" (warlord) de las Américas en la guerra social venezolana, se unifican formalmente las estrategias desestabilizadoras del golpismo venezolano, de la Casa Blanca, de la OEA y de la Comisión Europea, en un gran plan de transformación contrarrevolucionaria transnacional. Este es el adversario antagónico del desarrollismo democrático latinoamericanista, que los sectores bolivarianos y patrióticos más conscientes del país han tratado de implementar. Entre ambos vectores de poder oscila la política del gobierno.

Hasta el día de ayer, los principales frentes de batalla eran dos: la logística económica del país y la guerra psicológica. Con la declaración de Washington se abrió un tercer frente que es su intervención directa. Paralelamente, los desestabilizadores avanzan tres teatros de operaciones complementarios que son la superestructura jurídica, particularmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); la superestructura legislativa (Asamblea Nacional) y la superestructura represiva, particularmente las policías municipales y estatales.

En la guerra social venezolana, el intento de estrangular la economía nacional y las exportaciones energéticas mediante sabotajes de producción y distribución del petróleo, es equivalente, en términos militares, al bloqueo bélico de un enemigo durante un conflicto convencional. Esa estratagema demuestra, que los desestabilizadores no diferencian entre frentes de batalla y zonas de comunicación (retaguardia) del "enemigo", sino que su ofensiva es total y sin cuartel.

En el frente psicológico se libra lo, que el Pentágono llamó durante la Guerra de Vietnam, la batalla por las "ideas y corazones" ---the battle for hearts and minds--- del adversario. Washington lleva a cabo actualmente una sofisticada campaña de guerra psicológica contra Irak que posiblemente logre una temprana disolución de las Fuerzas Armadas iraquíes, y el mismo tipo de ofensiva se realiza en Venezuela. Los ejecutores de esta guerra son los grandes medios que con la excepción del diario "Ultimas Noticias", son todos aparatos de guerra psicológica.

En las guerras sociales, como la de Venezuela, hay dos actores decisivos: el Estado y el pueblo. El Estado es la expresión formal del poder concentrado de la sociedad. En términos históricos, es la máxima expresión formal del poder de un proyecto social ---progresista o reaccionario--- en cuya defensa radica su razón de ser. Si no defiende ese proyecto, no tiene razón de existir. El pueblo, a su vez, es el sustrato difuso del poder del Estado, a diferencia del sustrato organizado que es la elite.

El Estado es un Leviathán; el pueblo organizado y consciente es un gigante; sin organización ni conciencia es un gigante miope e invertebrado, es decir, carente de poder real. La combinación del Estado revolucionario con la fuerza de las masas organizadas y conscientes es la óptima combinación para un proyecto de transformación social progresista en un país neocolonial. Es en este binomio de transformación, donde radican las principales debilidades y contradicciones del proceso bolivariano.

Una afirmación del vicepresidente José Vicente Rangel sobre los medios de comunicación venezolanos ilustra el problema. Rangel pidió respeto para los canales de televisión, repudiando acciones de acoso contra cualquier medio, pero afirmó que la población también tiene derecho a manifestarse y "defender su gobierno".

El dilema es obvio. Como líder de un Estado democrático sólo tiene dos opciones: defender la inviolabilidad de los medios de comunicación sobre la ficción de que son tales, o reconocer que son aparatos de guerra utilizados en una agresión sin cuartel contra un gobierno constitucional. La primera opción es sinónimo de rendición del proyecto bolivariano, porque es equivalente a defenderse de una agresión militar bajo la orden de batalla, de "respetar" y "no acosar" a las unidades de ataque del enemigo.

Si, en cambio, el Estado venezolano reconoce que se encuentra en una situación de guerra y que los supuestos medios de "comunicación" son unidades bélicas, tendrá que neutralizarlas por la vía de las leyes y con el poder del Estado; cosa que no ha sucedido, sea por falta de poder, sea por falta de voluntad.

Ante este dilema, el gobierno llama periódicamente al pueblo a defender la revolución y la constitución. Sin embargo, en una situación como la venezolana, las masas no pueden resolver las tareas que son propias del Estado. Cuando se enfrentan a los aparatos de guerra de la conspiración ---como son los medios, la Plaza de Altamira, cedida prácticamente con status extraterritorial por el gobierno federal a la conspiración, o los matones uniformados del intocable alcalde Alfredo Peña--- caen víctimas de las policías del Estado y de la justicia oligárquica.

El pueblo venezolano ha dado múltiples muestras de firmeza y heroísmo en la guerra social de Venezuela. Si esta guerra se pierde, será por la inoperancia del Estado.

Tomado de Rebelión