14 de agosto del 2002

El golpe cotidiano y permanente

Ángel Cristóbal Colmenares
Rebelión

Contra el gobierno del presidente Chávez ha sido dirigida una serie de golpes, comenzando con el del mismo 6 de diciembre de 1998, montado sobre la estrategia de retardar la información de los resultados electorales, provocar una respuesta de la población y justificar así la intervención de las fuerzas coercitivas del Estado para restaurar el orden, por supuesto alterado por el "discurso violento de Chávez".

Los medios de difusión masiva se habían encargado durante la campaña electoral de construir una matriz de opinión según la cual el entonces "candidato de la violencia" tenía planes para despojar de sus bienes a la población, cerrar escuelas e iglesias, eliminar las fuerzas armadas y tomar otras medidas de esa índole con cuyo anuncio esperaban aterrorizar al movimiento popular y restarle simpatías al comandante Chávez. Por cierto, es interesante constatar cómo la mayoría del colectivo nacional daba ya mostraba ser relativamente inmune al virus de la peste emocional que tan generosamente siguen esparciendo los medios.

Tales golpes han tenido expresiones --llamémoslas "macro"-- en movimientos de oficiales de alto rango durante aquel diciembre, en llamados a paros por la aristocracia sindicalera cetevista y por sus fedecamaradas, desembocando en el baño de sangre que desde abril ha venido sufriendo el pueblo de Caracas. Y puede incluirse, en ese escenario, la variable "institucional" que ahora ponen en práctica mediante prejuicios, antejuicios y juicios en el aparato estatal respectivo, algunos de cuyos componentes han dado muestras de una increíble limitación pues no se han enterado de que aquí hubo un golpe de Estado, como lo gritan los hechos y ha sido reconocido hasta por organismos internacionales. Un estudioso de la oftalmología pudiera concluir en que la obtención masiva de dólares produce miopía y ceguera.

El movimiento popular, con la carga negativa de dispersión, división y desmovilización a que ha sido sometido, enfrenta a pecho descubierto pero con firmeza e impresionante madurez política muchos de esos intentos y especialmente a los de abril, luego de los cuales los golpistas quedaron debilitados militar y políticamente, como indica el hecho público de que algunos sectores de la llamada "clase media" pudieron comparar entre los discursos y los hechos y reaccionaron saludablemente dando la espalda al golpismo fascistoide. Quizá no se incorporaron al movimiento bolivariano pero al menos se mantienen neutrales, lo cual posibilita la puesta en práctica de un acercamiento efectivo mediante el cual entiendan, definitivamente, que no somos enemigos pues muchos de los problemas presentes nos afectan por igual y que el proyecto que la Constitución detalla no excluye sino presupone incorporación de todos a la tarea de construir y consolidar lo que hasta ahora es una propuesta de país en el cual podamos vivir dignamente.

El gobierno, inexplicablemente, no avanzó consolidando posiciones sino que se mantuvo a la defensiva dando a los golpistas oportunidad de reagrupar fuerzas y volver a la ofensiva. Es tan obvio el hecho que hoy vivimos una realidad en la cual los únicos presos son los partidarios de la "tiranía" mientras los golpistas y sus apoyadores siguen libres y conspirando abiertamente.

Paralelamente a ese cuadro pervive un golpe cotidiano y permanente cuyas características no son tan escandalosas como un pronunciamiento militar y por ello no atacables por movimientos masivos, sino que discurre silenciosamente causando daños considerables a la imagen del proyecto, toda vez que éste tiene una estrecha vinculación con el gobierno central y con lo que éste haga o deje de hacer.

Se trata de la intocada, omnipresente y letal capa burocrática del Estado, conocedora de cuanto vericueto tiene la Administración Pública y por ello capaz de frenar y hasta impedir su funcionamiento. Es el directivo del instituto educacional, presa de incontrolable inclinación sindicalera por el paro y la marcha; es el docente que lleva a una manifestación de la "sociedad civil" a niños de cinco a ocho años, a quienes entrega pancartas con textos como "Chávez no quiere a los niños" o "Chávez asesino"; es cualquier oficina pública cuyos procedimientos para atención al usuario parecen haber sido diseñados por sádicos; es el directivo de instituto de salud pública, quien sigue cobrando comisiones a los proveedores mientras para atender a los enfermos no hay medicamentos ni insumos, y si ayer pedía para el partido hoy lo hace "para la revolución". Puede ser la misma persona pero con diferente carné.

Es acción paralizante y desestabilizadora de una capa muy cercana al ciudadano común y que se mueve conviviendo con otro importante grupo de funcionarios que actúa correctamente, que se diferencia por hacer gala de una vocación de servicio inexistente en los especialistas de la inutilidad pública, esos artistas del cotidiano golpismo silencioso pero inclemente, quienes ante la protesta o el reclamo de los ciudadanos maltratados y burlados parecen tener manuales de respuestas que van desde "son órdenes de Chávez" hasta "es que Chávez no ha mandado los reales". ¿Cómo luchar contra la corrupción administrativa en un ambiente que la promueve, oculta y legaliza, comenzando por ese elemental ejemplo de corruptela que significa cobrar por servicios que no se prestan? Ante el problema el gobierno muestra tener --como frente a otros eventos negativos-- las manos atadas y muchos representantes populares ante organismos colegiados parecen no estar conectados con el sentido estratégico del proyecto sino con objetivos inmediatos o mediatos de obtener o conservar posiciones personales o de grupos, con lo cual hacen el juego a los adversarios.

Una de las salidas que de ese laberinto vemos es la organización autónoma del movimiento popular y la puesta en práctica de los derechos y deberes constitucionales, entre ellos lo señalado en el artículo 62, cuyo texto reza:

"Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo tanto individual como colectivo.

Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica".

Seguirá siendo una posibilidad hasta que el movimiento popular la convierta en realidad y en estos momentos se abren otras vías de participación colectiva que la hacen posible ya que a Gobernadores, Alcaldes y Diputados se les cumple la mitad del período para el cual fueron electos y puede ser aplicado el principio de revocabilidad, una de las conquistas democráticas de la Constituyente, que en el artículo 72 del texto constitucional dispone:

"Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.

La revocatoria del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley.

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato".

En el cuadro político actual se observa que el golpe de Estado, eufemísticamente llamado "vacío de poder" por sus autores y sus cómplices, tuvo soporte práctico en gobernadores y alcaldes quienes durante los días 12 y 13 de abril desataron una represión como no había sido vista aquí en muchos años mientras tales acciones son justificadas por sus diputados, y ahora esos mismos factores juegan un gambito en el Poder Judicial con la decisión del Tribunal Supremo, a cuyo fin están cuadrando una mayoría para declarar sin fundamentos el enjuiciamiento de los golpistas.

Después vendrán los juicios al presidente Chávez, su inhabilitación (por crímenes de lesa humanidad, por peculado, por ser mestizo, por no dejarse derrocar o por cualquier cosa que se les ocurra) y así esa judicatura --"enceguecida" por el verde brillante de los billetes norteños-- dará continuidad al golpe por otros medios.

Todo ese andamiaje puede venirse abajo con el referéndum revocatorio, gracias al cual el movimiento popular puede remover a gobernadores, alcaldes y diputados a la Asamblea Nacional y exigir que ésta declare una reorganización total del Poder Judicial, independientemente de la decisión que en lo inmediato éste tome respecto a los militares golpistas.

Otra limpieza a los establos de Augías, pero esta vez más profunda y tratando de no cometer los errores que tan caros han costado como la elección del Alcalde Mayor, el encumbramiento de algunos señores con malas costumbres y el espaldarazo a diputados que para los intereses populares resultaron tan útiles como el Ángel de la Guarda de los Kennedy.

Tomado de Rebelión