2 de septiembre del 2002

El fetichismo de la legalidad recorre a Venezuela

Isrrael Sotillo
Rebelión

Debemos conocer los medios del enemigo; debemos conocer también nuestra tarea en toda su amplitud.
Víctor Serge

A RICHARD PEÑALVER, A LOS DEMÁS COMPATRIOTAS Y CAMARADAS PRESOS DE LA JUSTICIA BURGUESA VENEZOLANA, A LOS PERSEGUIDOS Y A LOS CAÍDOS AQUÉL 11 DE ABRIL, TODO POR DEFENDER LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

El fetichismo de la legalidad es uno de los rasgos característicos de la democracia participativa que estamos construyendo los venezolanos, de allí que muchos consideren "como muy favorable" la colaboración entre las clases. Esto conlleva a que considerables cuadros bolivarianos crean ciegamente en la posibilidad de transformar el orden neoliberal existente en Venezuela, sin entrar en conflicto con sus beneficiarios.

Instalados en una sociedad que fingen combatir, los oportunistas pequeño- burgueses, recomiendan respeto a las reglas del juego: "respetamos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pero no la compartimos" -dicen-. Ahora bien, qué queremos señalar nosotros, en nuestra humilde opinión: se trata de "descubrir la realidad y de no inventarla" como recomendara en su momento el amauta José Carlos Mariátegui.

Hoy expresamos -¡Que cosa más buena!- cómo la propia realidad nos ha hecho caer en cuenta con meridiana claridad que la Constitución Bolivariana elaborada por una Asamblea Constituyente escogida mediante el voto popular, fue promulgada después con una gran influencia de los neoliberales en contra del pueblo y posteriormente administrada por jueces tarifados de la burguesía. Siendo las cosas así, vemos cómo la justicia es aplicada sin ningún apego a la verdad; observamos, al mismo tiempo y con gran estupor, que la ley es aplicada infaliblemente con un despiadado espíritu de clase.

Este ejercicio sistemático de violencia legal contra el pueblo quedó evidenciado con el dictamen del TSJ del día 14 de agosto -que ni siquiera permitió el inicio de un juicio contra los oficiales golpistas- y en la declaratoria de nulidad por parte de la máxima instancia jurídica venezolana de una decisión de un Tribunal de 1º instancia, que concedió la libertad al concejal bolivariano Richard Peñalver, uno de los acusados por la clase dominante de haber dado muerte a varias personas que pretendían llegar al Palacio de Miraflores el 11 de abril. Entonces, resulta evidente, que las masas populares venezolanas no pueden ya considerar la legalidad del Poder Judicial más que como un hecho, del cual se deben conocer los diversos aspectos, sus distintas aplicaciones, las trampas, las consecuencias -y también las ventajas- de las cuales deberá sacar provecho en algún momento, pero que no debe ser frente a las clases populares más que un obstáculo puramente material.

Se precisa antes que nada, que respetar esa legalidad es cosa de tontos. El húngaro Georg Lukács decía que "el obstáculo a esa acción es de naturaleza puramente ideológica". En ese sentido, se comprende la imposibilidad del sujeto de la revolución de liberarse de esa subordinación ideológica y de los modos de vida que la burguesía ha establecido, a menos que aprenda a proceder de manera tal que esas formas -devenidas indiferentes en tanto que motivaciones- no estén más en condiciones de influenciar interiormente su acción.

Cómo les cuesta a nuestros compatriotas y camaradas bolivarianos entender, en primer lugar, que en el conflicto social no hay verdad común para las clases oprimidas y para las clases opresoras; en segundo lugar, que no hay verdad -ni pequeña ni grande- impersonal, suprema, imperante que esté por encima de la lucha de clases; y en tercer lugar, que la verdad de ellos no es la nuestra. Por consiguiente, a partir de esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la verdad no se la debemos, sino a nuestro pueblo, a nuestra clase, a nuestro movimiento revolucionario. De allí, que sea imperativo, no ceder a la inclinación inculcada por la educación idealista burguesa, de establecer o restablecer "la verdad".

Para toda clase dominante, la verdad es su derecho: su derecho a explotar, a expoliar, a legislar; a acorralar a los que quieren un futuro mejor, a golpear sin piedad a los difusores de la conciencia de clase en las masas populares: denominan verdad a la artimaña útil. Verdad científica -dicen sus sociólogos- la eternidad de la propiedad individual. Verdad legal es una irritante falsedad: ¡la igualdad de pobres y ricos ante la ley! Verdad tribunalicia, la imparcialidad de la justicia, arma de una clase contra las otras.

A los jueces neoliberales, los revolucionarios no tenemos por qué darles cuenta de nuestros actos, ni tenemos por qué tenerle respeto a su pretendida verdad. Todos los compatriotas nuestros que han tenido que comparecer por ante esa justicia de toquecitos, llegaron coaccionados frente a ella, padecieron y sufrieron la violencia.

Por eso la única meta debería ser servir también aquí al pueblo, a la clase oprimida. Por ella, pueden hablar, hacer del banquillo de los acusados una tribuna, convertirse de acusados en acusadores. Por ella deben saber callar. O defenderse inteligentemente para reconquistar con la libertad sus posibilidades de acción.

Que si ellos son los más fuertes, entonces, nosotros somos a quienes necesariamente nos asiste la razón en contra de ellos; que si ellos defienden servilmente un orden inicuo, malvado, condenado por el mismo desarrollo histórico, nosotros trabajamos por la única causa noble de nuestra época: la transformación del mundo por medio de la liberación del pueblo oprimido.

Frente a esos jueces pequeño-burgueses, frente a esos policías de Peñita, de Lopito, de Mendocita, de Salas Feo y de los otros gobernadores y alcaldes neoliberales -no hay que olvidar- que todos ellos son sirvientes de los ricos, encomendados para los más viles trabajos, el partido de la revolución que estamos construyendo, debe evitar, lo más posible, ceder a la inclinación, inculcada por la educación idealista burguesa, de establecer o restablecer "la verdad".

Desde esta visión del proceso, los revolucionarios bolivarianos tenemos que renunciar con premura al sentimiento que abrigan muchos compatriotas y camaradas de que nuestra revolución no es legítima. La Revolución Bolivariana tiene la obligación histórica y el derecho intransferible a crear su propio orden jurídico. Pero se trata, más que eso, indefectiblemente, de que esa transformación sea realizada por hombres y mujeres, por hombres y mujeres que estén intelectual y susceptiblemente emancipados del poder del sistema judicial establecido por Hermann Escarrá y Luis Miquilena, hombres moralmente inseguros, que ya vimos cómo su falta de claridad se tradujo en corrupción abierta.

¡Que ningún revolucionario honesto! respete y acate el cretinismo de la legalidad y de la justicia impartida por magistrados como Franklin Arriechi, Pedro Rondón Hazz, Hadel Mostafá Paolini, Alberto Martín Urdaneta, Rafael Ángel Hernández, Antonio Ramírez Jiménez, Antonio García García, Alfonso Valbuena Cordero, Rafael Pérez Perdomo, Blanca Rosa Mármol y Marisol Moreno Marimón.

POST-SCRIPTUM: En el año 92 del Siglo XX el Comandante Zacarías jefe de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación inició en Venezuela la llamada "Operación Dignidad", el profeta-guerrillero citaba en sus comunicados la revelación hecha por el Señor al hijo de Berequías y nieto de Ido: "Juzguen con justicia y procuren la paz en los tribunales" (Zc 8-16). El pueblo-pobre -he oído por esos caminos de Dios- está esperando la venida del segundo Zacarías para que anuncie un nuevo sistema de justicia, pero antes que él venga, parece que llegará el juez Baltazar Garzón, hijo de María Real e Idelfonso García Cruz.

Tomado de Rebelión