14 de abril del 2002
Los medios elogiaban el cambio político que beneficiaba a los intereses estadunidenses
Jim Cason y David Brooks
La Jornada
El gobierno estadunidense, algunos de los medios nacionales y varios analistas celebraron el derrocamiento de Hugo Chávez en Venezuela como un "rescate" de la democracia y Wall Street aconsejaba a inversionistas "lucrar con la transición", pero todos enfrentaban un hecho curioso: cómo evitar comentar que los medios utilizados --un golpe de Estado, o como se dice diplomáticamente, una "interrupción del proceso democrático"--, para llegar al fin que todos deseaban, la caída del presidente constitucional de Venezuela, fueron ajenos a los principios democráticos que dicen defender.
Más allá de si resulta que todos aquellos que en Estados Unidos se congratularon por el cambio de régimen en Venezuela podrían arrepentirse por su precipitación --dados los sucesivos y rápidos acontecimientos en ese país--, el hecho es que la crisis provocó un gran problema para los que dicen ser campeones de la democracia: cómo no condenar un golpe mientras se elogia un cambio que conviene a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos.
El editorial principal del New York Times afirmó hoy: "con la renuncia ayer del presidente Hugo Chávez, la democracia venezolana ya no está amenazada por un pretendido dictador". Y agrega: "Washington tiene un fuerte interés en la recuperación de Venezuela. Caracas satisface ahora 15 por ciento de las importaciones petroleras estadunidenses, y con políticas más sanas podría dar más. Una Venezuela estable y democrática podría ayudar a anclar una región en problemas, donde Colombia enfrenta una guerra de guerrillas ampliada, Perú está viendo el renacimiento del terrorismo y Argentina lucha con una crisis económica devastadora".
El Times afirma que "sabiamente" Washington nunca atacó directamente a Chávez, evitando así convertirlo en un "mártir nacionalista". Asegura que "su remoción fue un asunto puramente venezolano". El diario opina que debería convocarse a nuevas elecciones lo más pronto posible y elogia la activa participación de las clases medias en el movimiento civil, lo cual "podría" ayudar a revitalizar la democracia del país y "mantener un involucramiento militar... a un mínimo".
En Washington hoy no hubo declaraciones oficiales formales sobre los acontecimientos en Venezuela, aunque ayer tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado culparon a Chávez por la crisis política y evitaron criticar la participación de los militares en el derrocamiento del gobierno constitucional.
Algunos funcionarios del gobierno estadunidense comentaron a La Jornada que el hecho de que Washington haya firmado la Carta Democrática Interamericana lo coloca en una situación complicada al expresar su posición sobre Venezuela en esta coyuntura. Así, no hubo un reconocimiento formal legitimando al gobierno de facto anunciado ayer, pero sí un reconocimiento de que tenía autoridad.
"Estamos haciendo un esfuerzo muy decidido para no llamarlo golpe", comentó al Washington Post un ex oficial militar estadunidense que analiza la política exterior hacia América Latina.
"Fue una acción abrumadoramente popular, pero fue un golpe militar", declaró J. Samuel Fitch, experto en las fuerzas armadas latinoamericanas de la Universidad de Colorado citado por el Post. "Estados Unidos no desea decir que consiguió algo que anhelaba --sacar a Chávez-- mediante un mecanismo que no aprueba", dijo.
Wall Street esperó sólo unas horas para declarar su satisfacción por el cambio de gobierno, y menos de ocho horas después que se informó de la supuesta "renuncia" de Chávez, la correduría más grande de Estados Unidos, Merrill Lynch, en un comunicado que tituló Lucrar con la transición dijo a sus clientes que el panorama para las inversiones en Venezuela había mejorado.
Las políticas de Chávez, señaló, y en particular esa preocupación por el "respeto a la propiedad privada" bajo su gobierno, ya se despejaban. Estas afirmaciones, comentaron a este diario algunos analistas, provocaron incredulidad y hasta risa por revelar tan explícitamente los intereses financieros internacionales y su aparente desinterés en el tema de si el cambio de régimen fue o no consecuencia de un proceso democrático.
Washington no ocultó su desprecio por Chávez desde hace mucho tiempo, señalando siempre sus pronunciamientos "antiestadunidenses". En octubre pasado Washington demostró su ira abiertamente al llamar a consultas a su embajadora Donna Hrinak de regreso a Washington, en respuesta a críticas de Chávez a la guerra de Estados Unidos contra Afganistán. En aquella ocasión el mandatario venezolano declaró que se estaba "luchando contra el terror con el terror" y mostró fotos de niños muertos en ese país.
En ese tiempo un funcionario estadunidense comentó a los medios estadunidenses que cuando la embajadora regresó a Caracas sostuvo una reunión muy difícil con Chávez, en la cual le dijo que "se callara la boca sobre estos asuntos importantes".
En febrero de este año, el Departamento de Estado y la CIA expresaron su "preocupación" por las actividades de Chávez y su gobierno. Para entonces ya se le acusaba de tener vínculos sospechosos con países enemigos de Estados Unidos, entre ellos, claro, Cuba. Ese mismo mes, el secretario de Estado, Colin Powell, declaró ante el Congreso que Chávez visitaba países "extraños", en referencia a sus viajes a Libia, Irán e Irak; todos están en la famosa lista de estados que fomentan terrorismo.
Frecuentemente funcionarios y analistas en esta capital mencionaban los vínculos de Chávez con "Castro y Saddam". Además, empezaron a generarse acusaciones de que el gobierno de Chávez estaba apoyando a grupos antigubernamentales en otros países, según "informes de inteligencia" citados por el Washington Post. En este sentido se le acusaba de tener ínculos con las FARC de Colombia.
Ese mismo mes, el gobierno estadunidense empezó a expresar su preocupación por la intensificación de la crisis política en Venezuela, especialmente por sus posibles consecuencias para el abasto de crudo, al ser el país sudamericano el tercer suministrador de petróleo extranjero, sin descontar los posibles efectos en la región.
En una nota publicada en febrero por el Washington Post, un funcionario del Departamento de Estado pronosticó que Venezuela está "en una posición precaria y peligrosa", y que "si Chávez no arregla las cosas pronto, no terminará su periodo". Al mismo tiempo, otro funcionario afirmó que Estados Unidos buscaba evitar inmiscuirse en el asunto: "no vamos a ofrecer la solución".
En esa coyuntura, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, reiteró la política oficial de Washington: "nuestra posición sigue siendo la misma... y esa es que las instituciones democráticas en Venezuela y otros lugares necesitan ser respetadas y que cualquier cambio que ocurra necesita ser democrático y constitucional".
Ahora, dos meses después, mantener esa línea resulta muy complicado ante lo ocurrido en Venezuela. Por eso el gobierno de George W. Bush está enviando un mensaje poco claro y decidió responsabilizar directamente a Chávez de la crisis, por sus acciones al reprimir las manifestaciones en su contra y censurar a los medios masivos de comunicación, entre otras cosas.
Washington continúa evitando comentar cuáles fueron los medios para resolver la misma, y si es válido suspender el proceso democrático en un país a nombre de la democracia.
En ese sentido, casi todos los medios de comunicación difundieron la noticia de que Chávez había "renunciado" (hubo algunas excepciones; se establecía que los militares decían que había renunciado), y casi ningún medio nacional consideró si en realidad se trataba de algo más parecido a un golpe de Estado. Para suerte de los políticos, aquí no hubo gran presión para que explicaran su caracterización de lo ocurrido, ya que todo el día el enfoque y la atención nacional fueron casi exclusivamente para la crisis de Medio Oriente.
Pero con los acontecimiento de hoy, cuando se reportó que el "nuevo" gobierno ordenó a la policía reprimir manifestaciones pro Chávez y contra el golpe con gas lacrimógeno, balas de plástico, y cuando las cadenas de televisión venezolanas no trasmitieron los mensajes de los militares y políticos que denunciaron una violación del orden constitucional --es decir, aplicaron censura--, algunos de los mismos argumentos que funcionarios y analistas en Washington utilizaron contra Chávez como justificación de su derrocamiento fueron utilizados por el "gobierno de transición" que lo sustituyó.
Al mismo tiempo no cabe duda de que a pesar de los problemas de cómo maquillar el mensaje oficial y el de los grandes centros de opinión, la posición estadunidense es obvia y abiertamente a favor de expulsar a Chávez del poder.
Otro sector en Estados Unidos que podría quedar decepcionado por haber celebrado demasiado rápido es la comunidad venezolana en Miami, la que festejó la noticia del derrocamiento de Chávez y la instalación del nuevo gobierno. El Miami Herald reportó que cientos salieron a la calle para expresar su felicidad y decir que ya estaban pensando en regresar a su país después de abandonarlo cuando Chávez llegó al poder.
Aunque la cifra oficial de venezolanos en Florida es de 41 mil, expertos dicen que alcanza a cerca de 100 mil, entre ellos un amplio número de personas de clase media que salió después de la elección de Chávez.
Tomado de La Jornada