23 de mayo del 2002
David Hernández Castro
Rebelión
Uno de los aspectos más polémicos y criticados del fallido golpe de Estado en Venezuela ha sido la aparente connivencia, cuando no pura complicidad, de los grandes medios de comunicación de masas con los golpistas . En particular, El País es el ojo del huracán que ha levantado la indignación de muchos de sus lectores en España, algunos de los cuales le acusan abiertamente de manipular la información al servicio de oscuros intereses. Fruto de la lluvia de críticas recibida en la redacción del diario, y tal vez demasiado consciente, dado el giro que tomaban los acontecimientos, de que algo no había funcionado como debiera, el pasado domingo, 21 de abril, el Defensor del Lector (Ombudsman) se hacía eco de la polémica corrigiendo alguna de las afirmaciones más lamentables que el periódico había vertido a lo largo de la semana anterior en sus páginas.
Dada la autoinculpación, por tibia que parezca, que el propio País se ha visto obligado a asumir a través de la intervención del Defensor del Lector, el debate ya no se encuentra situado en el terreno de las pruebas de cargo, sino en el del calado de los hechos, y sobre todo, en el de la lógica interior que ha movido a un diario de referencia como El País ha jugarse el tipo de forma tan estúpida. ¿Ha sido culpa del "caos", "incertidumbre", y "desinformación", que según el Defensor del Lector, un golpe de Estado provoca "por definición"? ¿O ha sido, por el contrario, una acción deliberada, dirigida conscientemente por la dirección del periódico con la intención de justificar y promover un clima de opinión social favorable a los golpistas? Y en este caso, ¿hay que establecer la causa en la adversión política y moral que les inspiraba el "autócrata peligroso" de Chávez, o hay en liza otra clase de intereses más profundos, lo suficientemente poderosos como para arriesgar la reputación de un diario que se tiene a sí mismo por el Decano de la prensa de la transición democrática?
Lo que sigue es una aportación al debate que han abierto estas preguntas. El trabajo está dividido en dos partes. La primera pretende demostrar la afirmación de que El País vulneró flagrantemente la deontología periodística y su propia declaración de principios, manipulando la información, mintiendo, ocultando datos relevantes, y mezclando improcedentemente opiniones con informaciones; todo lo cual hizo de forma consciente y coordinada, con la clara intencionalidad de deslegitimar al gobierno democrático de Venezuela y promover un clima de aceptación social del golpe de Estado. Para demostrar estas imputaciones, se analiza con cierto detalle el contenido de las ediciones de El País en la semana que sucedió a la asonada, comparando este contenido con las recomendaciones y prescripciones del famoso Libro de estilo del diario. El análisis, aunque minucioso, no contempla todas las incidencias del texto , ya que un repaso completo obligaría a una reproducción integra. En cualquier caso, el resultado final sería el mismo.
La segunda parte es la interpretación del autor sobre las razones por las que El País cayó preso de esta fiebre progolpista, ofreciendo al lector información sobre las actividades comerciales del grupo PRISA en América Latina y Venezuela, sin pasar por alto los vínculos de Jesús Polanco con el magnate Gustavo Cisneros, a quien todos los dedos señalan como uno de los financiadores del golpe. Los propietarios de los media venezolanos y las inversiones de empresas españolas en el nuevo continente, añaden nuevos perfiles a un capítulo que admite varias lecturas. Si el lector no termina convencido de la interpretación defendida por el autor, por lo menos encontrará de provecho los datos que se ponen a su alcance. Como la parte anterior, ésta tampoco pretende ser definitiva. Es una aportación más para el debate que ofrezco a la crítica de los lectores, la cual agradezco por adelantado y aceptaré con sumo gusto.
El País esta dotado desde noviembre de 1977 de un Libro de estilo, que según se recoge en el prólogo de la tercera edición, explica que "los lectores son los propietarios últimos de la información, y los periodistas tan sólo los mediadores entre aquéllos y ésta. Por ello entendemos que han de existir unas directrices que comprometan al periódico con sus lectores, una especie de control de calidad que defina quiénes somos y cómo trabajamos".(1) Además, existe también un Estatuto de la Redacción, aprobado por la Junta General de Accionistas del Diario y en vigor desde 1980, que ofrece al colectivo de periodistas "una serie de garantías ante un posible cambio en la línea editorial del diario".(2)
En el mismo prólogo, firmado por el entonces Director Joaquín Estefanía, se subrayan "tres cláusulas que pueden considerarse como de conducta: la primera, que los rumores no son noticia; la segunda, que en caso de conflicto hay que escuchar o acudir a las dos partes, y, por último, que los titulares de las informaciones deben responder fielmente al contenido de la noticia. Estas tres reglas, además del uso honesto de las fuentes de información y la separación tajante entre información, opinión y publicidad, forman parte del equipaje básico que nos esforzamos en aplicar a diario".(3)
A lo largo de las siguientes páginas el lector podrá comprobar como El País fulminó en dos jornadas las tres cláusulas mencionadas por Joaquín Estefanía. Para ello he tomado únicamente doce de las contradicciones más flagrantes. Dejamos el resto al joven estudiante de periodismo o al lector que sienta una especial inquina por El País.
"1.1. El País se define estatutariamente como un periódico independiente, nacional, de información general, con una clara vocación de europeo, defensor de la democracia pluralista según los principios liberales y sociales, y que se compromete a guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución".(4)
"Defensor de la democracia" no es precisamente el calificativo que más se ajusta a la posición de El País en las 48 horas decisivas del golpe de Estado. El sistema democrático, para los auténticos valedores del mismo, debe ser defendido con independencia del carisma del presidente de turno, y en cualquier caso, ser defendido sin paliativos contra quienes pretenden conculcarlo a través de la violencia. La defensa de la democracia es incompatible con la defensa o justificación de quiénes la asaltan con las armas. Cuando un presidente elegido democráticamente es apartado del poder por un grupo de militares sublevados, el auténtico defensor de la democracia debe manifestar su condena explícita y contundente, pero además, queda moralmente obligado a cerrar filas con la figura del presidente electo, que ya no encarna, desde el momento en que se ha producido el golpe, a una opción política determinada sino al conjunto de la sociedad democrática, y más aún cuando se encuentra preso de los golpistas y ni siquiera existen garantías sobre su seguridad personal. Más o menos, y a una escala diferente, algo parecido a la editorial que El País ofreció a sus lectores el 23 de abril con motivo del ascenso, por cierto democrático, de la extrema derecha en Francia. Allí se dice que "el demagogo (Le Pen) no pasará la prueba de la segunda vuelta, pero para ello los franceses tendrán que olvidar sus convicciones de derecha o izquierda y atrincherarse en lo compartido, los valores republicanos de tolerancia y libertad". Y más adelante podemos leer: "Ascensos de la extrema derecha como el producido en Francia se han registrado recientemente en Austria, Italia, Dinamarca, Holanda o Bélgica. Lo único positivo de este terremoto es que supone un aldabonazo, hay que aislar y anular al radicalismo neofascista, y, para ello, afrontar desde los valores democráticos los problemas que lo alimentan. No sólo está en juego el futuro de Francia, sino el de toda Europa". Es decir, que los franceses, ante el enemigo común del neofascismo, deben borrar sus diferencias políticas y mostrar su respaldo a los valores democráticos votando a Chirac en la segunda vuelta. Como es lógico, no se puede encontrar en las páginas de El País ni un solo comentario que puede remotamente parecerse a un elogio de la opción lepenista. Por el contrario, el profundo rechazo que despierta al diario el Frente Nacional suscita amplias reflexiones entre sus articulistas y lleva a la Editorial a justificar y alentar el frente común propuesto por socialistas, comunistas del PCF, y ecologistas, en torno a la candidatura del derechista Chirac, que ha dejado de encarnar en este proceso a una opción política determinada, para representar los valores republicanos compartidos por la mayoría de los franceses.
Ante un doble rasero tan evidente como el que aplica El País a los fascistas según sean venezolanos o europeos, uno no puede más que poner en cuarentena su presunto talente democrático. Y es que en las dos ediciones que salieron impresas en el breve intervalo durante el que periódico conoció la existencia del golpe pero no su fracaso (13 y 14 de abril), El País se refería en sus editoriales al presidente electo Chávez en estos términos: "caudillo", "caudillo errático", "ex golpista", "autócrata peligroso para su país y el resto del mundo", "caudillo fustigador del sistema de partidos". Le culpaba directamente de "hacer un uso abusivo" del poder que le habían otorgado las urnas, "con un autoritarismo que llegó incluso a las aulas de los colegios".(5) En aquellos momentos decisivos en los que se estaba dirimiendo el futuro de la democracia en Venezuela, los editorialistas de El País imputaban a Chávez la responsabilidad del golpe. No es posible encontrar en ninguna de las dos editoriales una condena explícita ni implícita al golpe de Estado. Mientras el Presidente electo es presentado como un autócrata peligroso, los golpistas quedan exentos de las más leve crítica. Y lo que es más grave, las condenas exaltadas al "régimen de Chávez" que rezuman las dos editoriales parecen una justificación de los golpistas, cuya intervención providencial sólo puede ser interpretada como la de los libertadores que van a restituir la democracia a Venezuela. ¿Cómo sino pueden entenderse los siguientes comentarios?: "Sólo un golpe de Estado ha conseguido echar a Hugo Chávez del poder en Venezuela. La situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón. El ejército, espoleado por la calle, ha puesto fin al sueño de una retórica bolivariana encabezada por un ex golpista que ganó legítimamente las elecciones para, convertirse desde el poder en un autócrata peligroso para su país y el resto del mundo". Y más adelante: "Su final se veía venir tras las cada vez más numerosas declaraciones de diversos militares, el deterioro de la situación económica y la marea de protesta de la clase media"; "a la luz de los hechos, hay que elogiar al menos que la decisión de la cúpula militar de ceder el poder a un civil, aunque resulte singular que el elegido sea el presidente de la patronal"; "Chávez ha jugado con fuego dentro y fuera", "Chávez no parecía haberse percatado de cómo ha cambiado el mundo tras el 11-S: evitó condenar los atentados de Nueva York y el Pentágono, viajó a Bagdad para expresar su apoyo a Sadam Hussein, apoyó la guerrilla colombiana de las FARC, estrechó sus relaciones con Castro y acogió a Montesinos, la mano negra de Fujimori"(6); "En sólo tres años, Hugo Chávez, un paracaidista reconvertido en caudillo fustigador del sistema de partidos, ha dilapidado el masivo favor popular con el que contó hasta transformarlo en alivio mayoritario ante su destitución"; "Está de más que el ex teniente coronel haya sido obligado a abandonar el poder -sólo Cuba parece hoy apenada por su derrocamiento". Ante la supresión dictatorial de los poderes públicos emanados de la Constitución votada por el pueblo, El País manifiesta sus convicciones democráticas de forma peculiar: "El nuevo gobierno ha empezado por liquidar las demasías de Chávez: una Asamblea fabricada a su medida, un Tribunal Supremo de corifeos, una directiva del negocio petrolero adulterada de compinches".
Aunque podríamos extendernos más en este punto, y teniendo en cuenta que en cierta manera recalaremos en él cuando abordemos los siguientes, consideramos suficientemente evidenciada la conculcación hecha por El País de su propia carta de principios. En primer lugar por no salir al paso de un golpe de Estado, pero en segundo lugar por ponerse en aquellos dramáticos momentos ha echar paletadas de tierra sobre el cuerpo todavía vivo del presidente Chávez, señalando que sería bueno que él "y algunos de sus colaboradores detenidos rindieran cuentas de sus desmanes autoritarios y corruptos ante los tribunales de su propio país". Para terminar de cubrirse de gloria, los editorialistas escriben que "un minoritario grupo de seguidores se resiste de hecho a la detención del ex presidente": se referían a las decenas de miles de personas que bajaban de los cerros de Caracas ha defender con sus cuerpos la vida del Presidente y la República, más o menos como hicieran muchos españoles en un remoto mes de julio del que El País ha perdido la memoria.
"1.1. (...) En este marco, acoge (El País) todas las tendencias, excepto las que propugnan la violencia para el cumplimiento de sus fines."(7)
A lo largo de la semana que sucedió al golpe de Estado, descontando editoriales, noticias y reportajes, El País publicó:
El sábado 13, una crónica desarrollando el perfil del "nuevo presidente", al que se describe como un hombre "tranquilo" y "frugal" que "raramente pierde las buenas maneras"; dos artículos de opinión contrarios al presidente electo y celebrando las consecuencias del golpe; y una entrevista a un conocido opositor de Chávez.
El domingo 14, una crónica que ofrece los testimonios de siete testigos, de los cuales sólo uno parece partidario del presidente secuestrado, mientras que los otros seis se declaran contrarios. En líneas esto se traduce en un 15% de texto favorable a Chávez, y un 85% de testimonios recogidos en su contra.
El martes, 16 de abril, se publican fragmentos de una entrevista que el Presidente había concedido la noche del domingo anterior a la cadena SER.
El miércoles, 17, encontramos una entrevista a William Lara, Presidente del Parlamento venezolano y partidario de Chávez; y un artículo de opinión de Ignacio Ramonet.
El viernes, 19, entrevistas a Pedro Carmona y Carlos Andrés Pérez, de quienes huelga decir su posición respecto al golpe.
En resumen: dos crónicas, dos artículos de opinión, y tres entrevistas recogiendo la tendencia de los golpistas; frente a 10 líneas de crónica, un artículo de opinión y dos entrevistas de la tendencia contraria. Las entrevistas y el artículo de opinión de los defensores del Gobierno sólo aparecen a partir del quinto y sexto día de haberse producido el golpe.
Esta, a pesar de todo, breve recapitulación nos aporta dos conclusiones irrefutables: primera, que El País, contrariamente a lo prescrito en su Libro de estilo, abrió sus páginas a una tendencia que no sólo "propugna la violencia para el cumplimiento de sus fines", sino que visiblemente la pone en práctica con algo tan dramático para la historia de los pueblos como es el golpe de Estado; y segunda, que El País, además de faltar a sus propios principios, ni siquiera guarda las apariencias ofreciendo sus páginas a todas las tendencias de la misma forma: la de los que respaldan al gobierno legítimo aparece tarde y en mucha menor medida.
Así es como la tendencia de los golpistas es presentada en las páginas de El País como un movimiento pacífico, presidido por el tranquilo y frugal Carmona; mientras que la tendencia de los demócratas es descrita como la de los violentos pistoleros que han provocado una matanza, dirigidos por el peligroso Hugo Chávez, asesino y protector de terroristas.
"1.2. El País se esfuerza por presentar diariamente una información veraz, lo más completa posible,(...) y de alta calidad"(8)
Más bien, parece haberse esforzado en lo contrario, a la vista de las informaciones publicadas. A pesar de que la tarde del sábado ya era conocido que decenas de miles de partidarios del gobierno y militares fieles a la V República habían pasado a la ofensiva, El País cerró su edición dominical con una información falsa, incompleta, y más propia de la prensa amarilla que de un medio de sus recursos.
Las informaciones suministradas por El País fueron incompletas y tendenciosas. Incompletas porque callaban partes sustanciales de la noticia, y tendenciosas porque tanto lo omitido como lo narrado contribuía a reforzar la postura de los golpistas. Para no extendernos en un punto que no lo precisa, basta con resaltar el titular que abría la portada de la edición del sábado 13: "Los militares de Venezuela entregan el poder al líder de los empresarios". El golpe de Estado, que es la auténtica noticia, no figura como tal ni en los titulares, ni en las entradillas, ni en el cuerpo de la información. Chávez, que sigue siendo el presidente constitucional, es descrito como el "ex presidente", y Pedro Carmona, cuya descripción más apropiada hubiera sido la de jefe político de los golpistas, o jefe político de la Junta impuesta por los rebeldes, es presentado, sin comillas, cursiva o algo que se le parezca, como el nuevo presidente de Venezuela.
"1.3. (...) La información y la opinión estarán claramente diferenciadas entre sí"(9)
Reproducimos a continuación el párrafo que cerraba una de las noticias del sábado 13, firmada por la ínclita corresponsal de Caracas Ludmila Vinogradoff: "Carmona es un hombre sencillo que intentará conducir la transición en paz, democráticamente y con el respaldo de los factores representativos de la sociedad civil".
Es difícil encontrar frases impresas en El País que encierren una cantidad semejante de disparates. En este sentido constituye un verdadero record que tardará años en ser batido. Carmona, que ha interrumpido el orden constitucional con la violencia que lleva implícita, por definición, el golpe de Estado, es presentado como un hombre sencillo que "intentará conducir la transición en paz" y, para más inri, "democráticamente".
"1.12. El periodista transmite a los lectores noticias comprobadas, y se abstiene de incluir en ellas sus opiniones personales (...).
1.13. Los rumores no son noticia"(10)
En cuanto a las opiniones personales, nos atenemos a lo anterior. En cuanto a las noticias comprobadas, en la edición del sábado 13, la misma redactora del caso anterior señala directamente al presidente Chávez como el inductor de los disparos que causaron la muerte a los manifestantes. Vinogradoff afirma que "Los militares se opusieron y desobedecieron su orden de utilizar la fuerza armada para reprimir al pueblo"; y termina sentenciando, en otro párrafo para los anales históricos del periodismo, que "Fue necesario sacrificar varias vidas para que dejara (Chávez) el cargo, del cual sale con las manos manchadas de sangre. Ya no puede lucir una imagen glorificada de mártir o víctima de la oposición, sino de "asesino", como se lo echaron en cara sus compañeros de armas". Además, en otro lugar del texto acusa directamente "a los grupos armados de los llamados Círculos Bolivarianos" como los autores materiales que dispararon "a mansalva contra los indefensos manifestantes".
Aunque la investigación que ha puesto en marcha la Asamblea de Venezuela no ha emitido sus resultados a la fecha de la redacción de este trabajo, no era difícil contrastar esta información en el momento en que se produjeron los acontecimientos. Las declaraciones de ministros y responsables del Movimiento Quinta República, negando toda participación de los círculos bolivarianos en los tiroteos, no fueron tomadas en consideración. Vinogradoff y El País juzgaron y sentenciaron a partir de rumores. Debió de parecerles un hecho molesto que la mayor parte de los muertos fueran partidarios de Chávez, pero este ligero contratiempo no iba estropearles una buena noticia.
El Libro de estilo afirma que "Los titulares responden fielmente a la información. (...) Los titulares y la entrada deben satisfacer la curiosidad del lector, que ha de quedar enterado de lo que ocurre sin necesidad de acudir al resto de la información".(11) Sin embargo, ni en el titular ni en la entrada se explicita el aspecto más importante de la información: que un grupo de militares ha dado un golpe de Estado en Venezuela.
Falso. Chávez seguía siendo el presidente de Venezuela. El artículo 233 de la Constitución de la República es bastante explícito en cuanto a las formas posibles de de cambios presidenciales. En el caso de que verdaderamente Chávez hubiera renunciado al cargo, la renuncia sólo podría hacerse efectiva ante la Asamblea Nacional. Entonces el Vicepresidente Ejecutivo asumiría temporalmente la Presidencia hasta la celebración de una nueva elección universal y directa, que debería producirse dentro de los treinta días consecutivos siguientes.
En este caso, así como en las múltiples ocasiones que se repite a lo largo de las páginas del periódico, es absolutamente improcedente, por las razones dadas en el punto anterior, llamar a Pedro Carmona "Presidente de Venezuela". Lo apropiado sería calificarlo de jefe político de los golpistas, o jefe político de la Junta impuesta por los militares rebeldes.
Falso. En un proceso democrático sería concebible que la presión de sindicatos y empresarios, pero en ningún caso la de los militares, provocara la caída del Presidente. Y a la inversa, en un proceso golpista es concebible que la presión de los militares provoque la caída del presidente, pero sólo podrá reconocerse la presión de sindicatos y empresarios si estos han participado en la organización del golpe. De hecho, Chávez se entregó a los militares rebeldes no porque se sintiera impelido a hacerlo por la manifestación que acababa de producirse, sino porque los sublevados amenazaron con derribar a cañonazos el Palacio de Miraflores, donde se encontraba reunido con los miembros de su Gobierno.
Tanto como decir que José María Cuevas, líder de la patronal española, representa a la mayoría de los trabajadores.
Nos remitimos a la investigación que se encuentra en curso, y a los datos entonces disponibles que señalaban a partidarios de Chávez entre los muertos. También existían testimonios gráficos y documentales que apuntaban a grupos de las Brigadas Rojas, en lugar de los círculos bolivarianos.
Dicen que rectificar es de sabios, y dentro de la vergüenza en la que han caído los editorialistas de El País, por lo menos podrían haber conservado la dignidad que reporta la rectificación. Pero en lugar de ello han aprovechado el amago de disculpa que el Defensor del Lector, Camilo Valdecantos, publicó el domingo, 21 de abril, para hacer más grande la fosa que ha trazado un antes y un después en la trayectoria histórica de este periódico. Dice Valdecantos que la Dirección le ha asegurado que cuando se dijo en la editorial del domingo 14 que "Está de más lamentar que el ex teniente coronel haya sido obligado a abandonar el poder", se quiso decir justo lo contrario de lo que entendieron los lectores, que la condena sobraba por obvia. Dado los enfermizos ataques contra Chávez, y la entusiástica defensa de los golpistas que hizo en aquellos días El País, esta aclaración de los editorialistas suena a sarcasmo torticero.
Algo semejante a lo que pudo verse poco antes en un reportaje emitido por la televisión. Unos periodistas destaparon en directo el fraude de unas presuntas apariciones marianas, y lo hicieron, como dice el refrán, con luz y taquígrafos. La noche en la que grabaron a la estafadora vestida de Virgen, su compinche gritó una frase que fue recogida por las cámaras de televisión. Decía: "¿por qué nos habéis descubierto?". Cuando pasaron estas imágenes en directo, las timadoras, en lugar de reconocer lo que era evidente para los millones de personas que habían presenciado lo hechos, todavía exprimieron sus últimas gotas de desvergüenza afirmando que lo que se decía era:"¿por qué - no - os- habéis descubierto?", en lugar del inculpador "porqué nos habéis descubierto? que verdaderamente habían pronunciado la noche que las cogieron infraganti. No veo ninguna diferencia entre este mísero recurso a la gramática y la justificación a posteriori de los editorialistas; una justificación que por la forma y el fondo viene a confirmar que, efectivamente, está de más lamentarlo.
Después de lo ocurrido, y de la puntilla indecorosa que ha supuesto en realidad la columna del Defensor del Lector, El País ha arrastrado su credibilidad por los suelos. La única puerta que le queda abierta para limpiar su expediente, digámoslo claro, progolpista, es la dimisión en pleno de su Consejo Editorial, con el Director a la cabeza. No recomiendo a los lectores que guarden muchas esperanzas.
Cualquiera que se pregunte por las raíces del golpe de Estado en Venezuela, pronto llegará a la conclusión de que el camino más recto es el descarte de los que no estaban implicados. Como en las tramas de las películas de Hitchcock, casi todos los personajes del escenario socioeconómico venezolano tenían un motivo para cometer el crimen. Las política petrolífera, exterior, y el proceso de reformas interno que ha caracterizado al Gobierno de Chávez, constituyen motivos suficientes para dar unidad de propósito a la amalgama de sujetos que participó o apoyó el golpe. Probablemente sólo un círculo cerrado conociese los detalles de la operación, pero a tenor de la rapidez con la que muchos la celebraron y se pusieron a disposición de los golpistas, es obvio que si no estaban en el ajo por lo menos mojaron como si lo estuvieran. La patronal venezolana FEDECÁMARAS, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), las embajadas estadounidense y española, los medios de comunicación nacionales y gran parte de los internacionales, fueron los primeros en tomar partido por los rebeldes. Hablaré particularmente de los últimos, detallando, hasta donde yo conozco, sus vínculos socioeconómicos con el grupo PRISA. Trataré de responder a la pregunta que en estos días se han hecho muchos de sus lectores: ¿Hay algo más que pura animadversión política en los escarceos progolpistas de El País?
Precisamente el día que abrió su portada con la noticia de la caída de Chávez (sábado 13 de abril), El País también informaba en su páginas de sociedad de la alianza que acababa de formalizarse entre los grupos empresariales PRISA y Bavaria.
El grupo PRISA, propietario de El País, Cinco Días y la Cadena Ser, participaba desde 1999 de un 19% de las acciones de Caracol Radio, la cadena líder en Colombia cuyo socio mayoritario es el grupo empresarial Valores Bavaria. El mismo año PRISA y Caracol Radio habían constituido a partes iguales el Grupo Latinoamericano de Radiodifusión (GLR), que fue, según reza la información que citamos, "el primer paso de un importante proyecto de expansión internacional del mercado de la radio en español centrado en América Latina". El segundo paso se alcanzaba con la firma del acuerdo del que daba cuenta la noticia, que supone la creación de una sociedad conjunta, "participada inicialmente por PRISA en un 60% y por Valores Bavaria y otros accionistas minoritarios en un 40%". Ambos grupos aportan a la sociedad la totalidad de sus acciones en Caracol Radio.
Por su parte, el grupo empresarial colombiano Valores Bavaria es "uno de los más sólidos de América Latina, y además de su potente división de medios de comunicación, cuenta con participación en un amplio abanico de sectores (medios y telecomunicaciones, aviación, petroquímico y servicios). Entre sus socios estratégicos figuran Bellsouth (USA), Carrefour (Francia), Grupo Cisneros (Venezuela), entre otros". ValBavaria tiene como accionista mayoritario al hombre más rico de Colombia, Julio Mario Santo Domingo. La matriz del grupo es la compañía de bebidas Bavaria, de la que obstenta la mayor parte de las acciones. De ella desgajó Valbavaria en el año 1997 como compañía holding para el resto de sus inversiones ajenas al negocio cervecero. En el año 1999 Valbavaria tenía fuertes inversiones en la compañía de telefonía Celumóvil y en la aerolínea colombiana Avianca, uno de cuyos aviones fue secuestrado ese año por la guerrilla del ELN. El español Javier Aguirre asumió la presidencia del holding después de los resultados catastróficos del 2001, que supusieron para la compañía 1 billón de dólares de pérdidas. Gran parte de la sangría tuvo su origen precisamente en Avianca y Celumóvil, por lo que Aguirre decidió deshacerse de la mayoría de las acciones de Celumóvil, que fueron adquiridas por la compañía estadounidense Bellsouth.
Jesús Polanco, propietario del Grupo PRISA, ha estrechado sus relaciones comerciales con el colombiano Julio Mario Santo Domingo. Presentamos a continuación el tercer hombre de la tríada prodigiosa de los media en América Latina.
Antes de asociarse con Valbavaria, Polanco ya había puesto el pie en el nuevo continente. En 1996, Sogecable, sociedad que preside y que es propietaria de Canal Plus de España, alcanzó un acuerdo con DirecTv, que cuenta con una participación importante en su accionariado del Grupo Cisneros.
Gustavo Cisneros, de origen cubano, posee una de las mayores fortunas de Venezuela y, como sus homólogos español y colombiano, tiene una interminable lista de inversiones en diferentes sectores, especialmente en el mercado inmobiliario y en el de los medios de comunicación. Cisneros es el principal impulsor de Galaxy Latin America (GLA), una asociación estratégica multinacional que agrupa a compañías de Brasil, México y Venezuela. Entre las empresas y medios de comunicación vinculados al grupo Cisneros podemos citar al Canal 13, Chilevisión, DirectTv Latin America, Galavision, Miss Venezuela, Playboy Tv Latin America, Playboy Tv International, Uniseries, Univision, Vale Tv, Venevision, y AOL Latin America.
Se ha hablado bastante de la relación insostenible que existe en Venezuela entre los medios de comunicación y el poder político. Por un lado, los media más importantes del sector privado acusan al gobierno de Chávez de prácticas corruptas y autoritarias, y de censurar la libertad de expresión. Por otro, Chávez, en sus intervenciones semanales en el programa Aló Presidente de la televisión pública, defiende que nunca ha estado tan garantizada la libertad de expresión como durante su mandato, y acusa a los propietarios de los medios de comunicación de poner en marcha una campaña de difamación contra su persona con la finalidad de desacreditar el proceso revolucionario bolivariano. En más de una ocasión ha señalado directamente a Gustavo Cisneros como el promotor de esta campaña, que buscaría la vuelta al sistema anterior en el que los partido Copei y Acción Democrática (AD) se repartían el poder en un bipartidismo sin sobresaltos.
Es evidente que las reformas impulsadas por el Gobierno de Chávez han chocado con los intereses de lo más granado de los poderes económicos. Los tres aspectos de la política gubernamental que más ampollas han levantado son la política petrolífera; la política exterior y de defensa; y de entre las 49 leyes promulgadas por la Ley Habilitante, la Ley de Tierras, la de Pesca, y la de Hidrocarburos.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ha despertado el rechazo radical de los grandes ganaderos y latifundistas. La reforma agraria es uno de los debates históricos de Venezuela, y la determinación del Gobierno de Chávez de ponerlo sobre la mesa ha abierto la caja de los truenos. Sin embargo, la reforma de la Ley de Tierras es bastante moderada, ya que en su artículo 7º establece que sólo los fondos superiores a cinco mil hectáreas, ociosos o incultos, pueden ser considerados latifundios y objeto de expropiación con pago de indemnización de común acuerdo o mediante juicio. Los grandes latifundios que estén bien trabajados quedan fuera de las expropiaciones.
La Ley de Pesca regula la actividad industrial de acuerdo a criterios de sostenibilidad medioambiental, y protege a los pescadores artesanales frente a las grantes industrias pesqueras.
En materia de seguridad Chávez ha demostrado que los artículos referentes a la soberanía nacional de la Constitución Bolivariana no son mera retórica. El artículo 13 dice taxativamente que "el espacio geográfico venezolano es una zona de paz", y que, por consiguiente, no se pueden establecer en él bases militares extranjeras. Justo lo contrario a la política ideada por el gobierno Bush para la zona en torno al Plan Colombia. La renuncia de Chávez a bajar la cerviz ante la política imperial estadounidense ha enrarecido las relaciones diplomáticas entre ambos países. Estados Unidos se siente atacado por la actitud de Venezuela en tres asuntos: la mencionada insumisión al Plan Colombia; la actuación de Chávez en el seno de la OPEP; y las relaciones con Cuba. En cuanto a lo último, la administración Bush está presionada por el influyente grupo de cubanos afincados en Miami, que no sin razón han visto en el gobierno de Chávez un balón de oxígeno para la revolución cubana. El acuerdo en materia de médicos y petróleo, y las excelentes relaciones diplomáticas y personales entre los jefes de Estado cubano y venezolano, han movilizado también a los anticastristas contra el presidente Chávez.
Sin embargo, lo que ha tocado la fibra más sensible de los intereses políticos y financieros de Estados Unidos es el artículo 12 de la Constitución Bolivariana:"Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional (...) pertenecen a la República, son bienes de dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles". Este artículo, sumado a la Ley de Hidrocarburos y a la política defendida en el seno de la OPEP, es la auténtica raíz de la oposición de Bush al gobierno de Chávez. Venezuela provee a Estados Unidos de un tercio de su consumo petrolífero, y Estados Unidos depende demasiado del petróleo como para dejarlo al pairo de la guerrila de las FARC o de la línea política de los países árabes de la OPEP. El Plan Colombia ha sido articulado para garantizar la seguridad del suministro y de los oleoductos, y el cambio de gobierno en Venezuela o la privatización de los hidrocarburos es visto por la Administración Bush como la única garantía para preservar sus intereses en la zona.
Ahora resulta más fácil comprender lo que decíamos al principio. ¿Había alguien en el círculo del poder socioeconómico de Venezuela que no saliera beneficiado con la caída de Chávez? Si nos tomamos en serio la pregunta, deberíamos empezar el descarte por el influyente grupo de cubanos anticastristas; las grandes empresas petrolíferas susceptibles de coger tajada en la privatización de PDVSA, o simplemente librarse del incremento impositivo decretado por la Ley de Hidrocarburos; y la administración Bush, que vería reforzarse el Plan Colombia y el bloqueo de la Isla de Cuba, a la vez que ganaría más autonomía de la política de precios de la OPEP. Después tendríamos que seguir con los grandes partidos que han sido desbancados por el Movimiento Quinta República (MVR) y que acostumbraban a repartirse la prebendas del poder político, Copei y AD; también la CTV, sindicato afín a AD y al que los bolivarianos le achacan las mismas prácticas corruptas y clientelares; la jerarquía eclesiástica, cuyos privilegios han sido duramente atacados por Chávez; parte de la cúpula militar, que podía sentirse tentada por los cantos de sirena del gran capital; los grupos empresariales cuyos interes hayan sido tocados por alguna de las 49 leyes de la Habilitante; y por último, aunque no menos importante, dentro del 20% de clase media que existe entre la población venezolana, la parte que percibe la revolución bolivariana como un proceso que puede poner en peligro su situación privilegiada. Al final, no queda mucho.
Fue la CTV la que convocó la Huelga general que allanaría el terreno para el golpe de Estado. La jerarquía eclesiástica y FEDECÁMARAS se sumaron inmediatamente a la convocatoria. Aunque el paro se presentó como una medida reivindicativa de ciertas mejoras laborales, lo que realmente se pedía era la dimisión de Chávez. La representación pública de los manifestantes la obstentaban Carlos Ortega, presidente de CTV, y Pedro Carmona, presidente de la patronal venezolana. Aunque después del fracaso del golpe, Carmona ha declarado varias veces que no hubo conspiración, hay que reconocer que para no haberla, los actores del drama actuaron perfectamente sincronizados.
Fueron Ortega y Carmona los que animaron a los miles de personas que se concentraron en la urbanización del Chuao, al este de Caracas y frente a la sede de PDVSA, a que marcharan al Palacio de Miraflores ha exigir la salida de Chávez. Esto ocurría a la 12:30 del jueves, 11 de abril. El golpe comenzaría poco después, y contrariamente a lo que se ha venido diciendo en los medios de comunicación, antes de que se produjera el tiroteo en las cercanías de Miraflores que los militares sublevados utilizarían como pretexto. Según se ha sabido por unas declaraciones de Pedro Carreño, diputado del MVR, a las dos de la tarde el general Román Betancourt ya había tomado la alcabala 1 de Fuerte Tiuna y el general de brigada Martínez Vidal, la alcabala 4 de la misma plaza y el Batallón José Trinidad Morán.
Alertado por informes de los servicios secretos, según sus propias declaraciones, de que "el plan insurreccional estaba en marcha", el Presidente ordenó al general Manuel Antonio Rosendo, jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada de Venezuela (CUFAN), la puesta en marcha del Plan Ávila, que es un mecanismo militar de defensa que prevé el despliegue de las Fuerzas Armadas. El general Rosendo se negaría, y el Plan Ávila nunca sería activado.
A partir de las 14:30 y hasta las 18:00 horas se produciría el tiroteo en las cercanías del Palacio de Miraflores. Algunas cadenas de televisión privadas empezaron a emitir unas imágenes en las que se veía a unas personas disparando contra la multitud. Estas personas fueron inmediatamente identificadas por todos los media como miembros de los círculos bolivarianos. A las 15:45 Chávez llamaba a la cordura a la prensa en su último mensaje televisado, y tres cuartos de hora más tarde, ordenaría las suspensión de la emisión de las cadenas de televisión y emisoras de radio privadas.
Mientras pasaba todo esto, los presidentes de Fedecámaras y la CTV se encontraban en la sede de Venevisión invitados por el magnate Gustavo Cisneros. Les acompañan el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Baltazar Porras; Rafael Poleo, propietario de El Nuevo País; y el ex ministro de Interior Luis Miquilena. Durante toda la tarde del jueves y la madrugada del viernes, la sede de Venevisión se convirtió en el búnquer donde permaneció reunido lo más granado de la oposición al Gobierno. Sólo a las dos de la madrugada Carmona abandonaría la reunión, según dijo a Poleo, "para dormir en un hotel, ducharse y cambiarse de ropa". En realidad se dirigía a Fuerte Tiuna para unirse a la comandancia del Ejército y formar gobierno.
A las siete de la tarde un grupo de generales de la Guardia Nacional, encabezados por Héctor Ramírez, desafía la autoridad de Chávez y pide la renuncia de la cúpula militar. A la nueve y media otros generales se suman a la rebelión bajo el pretexto del "atropello" de Chávez contra los civiles.1 Media hora más tarde la cadena pública Venezolana de Televisión es ocupada por militares que interrumpen sus emisiones, mientras son restablecidas las de las cadenas y emisoras privadas.
Diez minutos antes de la medianoche la policía política Disip desconoce la autoridad de Chávez. A la una y media de la madrugada del viernes, el general de División y comandante del Ejército Efraín Vázquez, convertido en portavoz de los militares insurrectos, da a conocer que se está negociando la salida de Chávez de la Presidencia. El ministro de Educación Aristóbolo Istúriz, que se encontraba con Chávez en esos momentos, ha explicado posteriormente lo que el general Vázquez llamaba negociación2: o Chávez se entregaba o el Palacio de Miraflores sería bombardeado. A pesar de la decisión unánime de los ministros del Gobierno de resistir en el Palacio, el propio Presidente les convenció de que era un sacrificio inútil: "suicidarnos aquí es suicidar al pueblo". Chávez conminó a sus ministros a organizar la resistencia, asegurándoles que nunca renunciaría al cargo.
A las 3:20 el general Lucas Rincón, jefe constitucional de las Fuerzas Armadas, afirma que ha pedido a Chávez que renuncie y que éste lo ha hecho. Rincón sería desprovisto esa madrugada de la jefatura de las Fuerzas Armadas, que recaería dentro de la Junta constituida por los rebeldes en el general Vázquez. Eran las 4:00 cuando Chávez ingresó en el complejo militar de Fuerte Tiuna. Poco antes de las cinco, Pedro Carmona anunciaba al país que asumiría la Presidencia de Venezuela al frente de un Gobierno de transición cívico-militar.
Mientras se formalizaba la entrega de Chávez un segundo grupo de personas, paralelo al que estaba reunido en la sede de Venevisión, se reunía en la Comandancia del Ejército para redactar la primera alocución del Gobierno provisional. En la reunión estaban presentes Pedro Carmona, que se incorporó como hemos visto poco después de las dos de la madrugada, y su secretario, Juan José Mejías; el jurista Allan Brewer; Isaac Pérez Recao, de 32 años, heredero de la familia del mismo nombre; y Daniel Romero, secretario privado del ex presidente Carlos Andrés Pérez, bajo cuyo mandato se produjo la muerte de 5.000 manifestantes en uno de los más trágicos episodios de la historia de Venezuela.
Se estaba produciendo lo que algunos han descrito como el segundo golpe, un golpe dentro del golpe, que sucedería al que había sido consumado por la "rebelión de los generales".3 Según esta versión de los hechos los golpistas estarían divididos en dos facciones: la que estaba reunida en Venevisión y la que se encontraba en Fuerte Tiuna. La facción más reaccionaria, representada por Carmona, sería la que asumiría la dirección del proceso y la que acuñaría las primeras medidas del "Gobierno de transición". Rafael Poleo, que estaba con los del primer grupo, no ha dejado de repetir a quien ha querido escucharle que fueron traicionados por Carmona, y que fueron las medidas extremistas que promovió las que decidieron la suerte del golpe. Esta patética declaración de amor cortés traicionado no exime a Poleo de su obligación de responder a la embarazosa pregunta de qué hacían él y el resto de sus compañeros periodistas reunidos con el aprendiz de dictador Carmona.
El papel de los medios de comunicación fue el de legitimar el golpe de Estado, cosa que hicieron antes, durante y después del mismo. Durante los años que lo precedieron llevaron a cabo una feroz campaña de desinformación contra el proceso bolivariano, aglutinados en torno al llamado Bloque de Prensa Venezolano. Esta campaña fue denunciada el pasado 5 de enero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por un grupo de más de cien periodistas, que informaron de "las peligrosas actuaciones de algunos medios de comunicación y sus intenciones desestabilizadoras contra un gobierno elegido democráticamente por una indiscutible mayoría ratificada en seis elecciones". En el documento que subscribieron señalaban explícitamente al Bloque de Prensa Venezolano y a las Cámaras Venezolanas de Radio y Televisión, que se habían eregido "tal cual una agrupación política, en una fuerza opositora al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, y que se expresa clara e invariablemente en el contenido tendencioso, manipulado y tergiversado de las informaciones diarias, dirigidas a la opinión pública a través de los distintos medios". Tras especificar que los firmantes defienden la libertad de expresión y valoran la crítica periodística como un recurso socialmente positivo, diferencian la crítica del comportamiento de estos media, que transmiten informaciones repudiables porque "distorsionan la verdad" y "faltan a la dignidad de las personas".4
Dos meses después, la Comisión se reunía con la parte contraria. A la reunión asistieron el presidente del Bloque de Prensa Venezolano, David Natera Febres; el representante legal del Bloque, Asdrúbal Aguiar; Andrés Mata, por el periódico El Universal; Miguel Henrique Otero, propietario de El Nacional; Alberto Federico Ravell, de Globovisión; Marcel Granier, de Radio Caracas TV; y Gustavo Cisneros, de Venevisión. En el transcurso del encuentro los periodistas denunciaron el incremento de la violencia contra los medios de comunicación. David Natera responsabilizó al Gobierno de estas agresiones y sostuvo que en Venezuela hay "un régimen totalitario".5
Por su parte Hugo Chávez llevaba tiempo advirtiendo de una conspiración de los medios de comunicación para desestabilizar la democracia en Venezuela. El 20 de marzo declaró, por enésima vez, que "hay unos medios que lo que hacen es mentir, difamar, y algunos ya se metieron a conspiradores". En otra ocasión el Presidente anunció que demandaría a Caracol TV por difundir la falsa información de que la Guardia Nacional de Venezuela estaba suministrando armas a la guerrilla colombiana. En la opinión de Chávez, la cadena de televisión emitía este tipo de noticias para "justificar cualquier cosa".
Podríamos extendernos reproduciendo aquí las alegaciones que cada una de las partes aduce en la defensa de su punto de vista, pero hay una serie de hechos objetivos que nos permiten decantarnos por la versión del Presidente sin necesidad de hacernos prolijos. La realidad objetiva es que la V República está sobradamente legitimada como sistema democrático por seis elecciones; que no existen pruebas que relacionen con el Gobierno a las agresiones sufridas por algunos medios de comunicación; que los medios de comunicación gozan de una libertad de expresión equiparable a la de cualquier democracia europea, sin que se pueda decir lo mismo de la época en la que se repartían el poder AD y Copei; y que el equilibrio de fuerzas en la suma de las emisiones de los medios de comunicación disponibles en Venezuela (prensa, radio, y televisión, públicas y privadas) es claramente desfavorable a las tesis del Gobierno, lo cual no puede calificarse precisamente de censura. En cuanto a la parte conspirativa, uno no puede más que maravillarse de la extraordinaria sincronización de la que hicieron gala los golpistas y los media: el paraguas ideológico que utilizaron los rebeldes para justificar su pronunciamiento fueron precisamente las imágenes manipuladas que emitieron las cadenas privadas. El jefe político de los golpistas, Pedro Carmona, pasó la tarde del golpe reunido con los propietarios de los más importantes media venezolanos en los estudios de Venevisión. Y Gustavo Cisneros, como veremos más adelante, hizo todo lo que estuvo en sus manos para que el golpe cuajara.
¿Cuál era el plan de los golpistas? Al respecto, y hasta que la Comisión de Investigación nombrada por la Asamblea no concluya sus trabajos, ya se están avanzando las primeras hipótesis. Para Aram Rubén Aharonián "una de las consecuencias del golpe era la desnacionalización del petróleo: privatización de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), para dejarla en manos de una empresa estadounidense ligada al presidente George Bush y a la Repsol española; vender la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, a Gustavo Cisneros y sus socios del mismo país norteño, y fin de la reserva del Estado venezolano en el subsuelo"6 . Con la brevedad del golpe, ninguno de estos puntos llegó a consumarse. Pero Pedro Carmona sí tuvo tiempo de decretar la duplicación de la cantidad de petróleo exportado por Venezuela, decisión lanzada directamente contra la línea de flotación de la postura sostenida por los países de la OPEP, y en particular, por la desión de Irak de reducir sus exportaciones en solidaridad con Palestina7.
La primera decisión de Carmona parecía tomada al dictado del Gobierno estadounidense, y este papel, el de trasmitir las órdenes de la administración Bush a los golpistas, ha sido adjudicado por algunos periodistas a Otto Reich, subsecretario de Estado norteamericano para asuntos hemisféricos. Joseph Contreras y Michael Isikoff explican, en el Newsweek International del 29 de abril, que el propio Reich ha confesado que habló con Cisneros "dos o tres veces" durante el Golpe8 . The New York Times apoyaría esta tesis sobre el papel desempeñado por el subsecretario de Estado9 . Cisneros también se habría dirigido desde el Palacio Presidencial a Carlos Ortega para recabar su apoyo, y habría puesto su avión particular a disposición de los militares sublevados para la evacuación del presidente Chávez.
Existen suficientes indicios que comprometen al Gobierno estadounidense en la organización del golpe. Para empezar, Wayne Madsen, ex agente de los servicios secretos de la Marina estadounidense, declaró al periódico The Guardian que desde junio del año pasado Estados Unidos estaba considerando la posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela. De hecho, "James Roger, asesor militar destacado en la embajada de EE.UU. en Caracas, se fue allí en junio pasado para preparar el terreno". En la operación, según Madsen, también estarían implicados "algunos de nuestro agentes antinarcóticos".
Por otra parte, el congresista estadounidense Roger Condon ha acusado abiertamente al embajador de este país en Venezuela, Charles Shapiro, y a dos asesores militares de la representación diplomática, James Rodger y Ronald MacCammon, de estar implicados en el intento golpista. Según el congresista, los últimos habrían estado en Fuerte Tiuna la noche del golpe, mientras que Shapiro habría sido visto abandonado el Palacio de Miraflores abrazado a Pedro Carmona. El embajador estadounidense había llegado recientemente a Caracas en sustitución de su homóloga Donna Hrinak. Shapiro es conocido por representar a su Gobierno en países en los que se han generado desestabilizaciones democráticas. Fue agregado militar en Chile cuando se produjo el golpe de Estado que terminó con la vida de Allende; en El Salvador, donde fueron perseguidos los grupos revolucionarios; y también en Nicaragua, donde el gobierno Reagan financió la tristemente célebre contra nicaragüense.
Jorge Rondón, diputado del MVR, ha revelado en una rueda de prensa celebrada el 24 de abril, que un francotirador estadounidense y otro salvadoreño fueron capturados el día del golpe. Confirmó que dos militares estadounidenses de alto rango estuvieron ese día en Fuerte Tiuna, aunque El Pentágono sigue negando los hechos.
Finalmente, la entrada en escena de Otto Reich, que según The New York Times mantuvo conversaciones telefónicas con Cisneros y Carmona, empaña todavía más el comportamiento estadounidense durante las jornadas del golpe. Reich es de origen cubano y es conocido por sus posiciones políticas ultraderechistas y su ardiente defensa del bloqueo estadounidense contra el pueblo cubano.
De las mil maneras en las que se puede explicar las excelentes relaciones que unen a Gustavo Cisneros con el Gobierno de los Estados Unidos quizá la más gráfica sea la de la amistad que mantiene con el padre del Presidente. El mes de febrero del año pasado, George Bush (padre) pasó una semana de vacaciones en la mansión de Cisneros. En el breve encuentro informal que Bush tuvo con Chávez, éste aprovechó para aclararle su relación con Castro y Hussein. "Una cosa le garantizo: a mi no me dirige nadie", fue una de las frases que utilizó el Presidente venezolano.
Cuando se anunció la presunta salida del poder de Hugo Chávez y la ocupación de Pedro Carmona de la presidencia del Gobierno de transición, varios de los grupos financieros más importantes de España se frotaron las manos. Pocos candidatos se ajustan más que Carmona al perfil neoliberal que conviene a los intereses del gran capital, tal y como puso de manifiesto el inmediato respaldo de la CEOE a la efímera presidencia del responsable de FEDECÁMARAS. España tiene una importante relación económica con Venezuela. Una noticia del diario El Mundo10 daba cuenta de "la incursión de importantes grupos financieros como el BBVA, accionista mayoritario del Banco Provincial, y el Grupo Santander Central Hispano, propietario del 94% de las acciones del Banco de Venezuela, y más recientemente, del Banco de Caracas. Esta última fusión se aprobó el pasado lunes". También se dice que "España ha invertido en diversos sectores, además del bancario. Seguros, telecomunicaciones, petróleo, hoteles, industrias", y que "la oficina comercial de España registra en su base de datos más de 80 empresas con presencia en el país entre las que sobresalen Repsol YPF, Mapfre, Editorial Planeta Venezolana, Grijalbo y Editorial Santillana, Fomento de Obras y Construcciones S.A., Fospuca (equipos para tratamientos de residuos y desechos) y Aldeasa (comercialización y distribución). Además, figuran Hesperia Hotel Isla Bonita, Hotel Gran Meliá Caracas, Zara de Venezuela S.A. -Grupo Inditex-, Sanitas Venezuela, Indra Sistemas, Terra Networks y Atento".
En cuanto al grupo PRISA, ya hemos explicado su relación con el grupo Cisneros a través de la doble vía de Sogecable y del holding de inversiones Valbavaria. El acuerdo reciente que se ha firmado en España para integrar Sogecable y Vía Digital estrechará todavía más las relaciones entre Polanco y Cisneros, ya que Direct TV, como sabemos adscrita al grupo Cisneros, posee un 6'9% del accionariado de Vía Digital. Televisa participa con otro 10% en la plataforma de Telefónica, que por cierto, también ha invertido en Venezuela.
El grupo Santillana es otra de las líneas del emporio de Polanco con una fuerte presencia en el país. Además, gracias al acuerdo alcanzado con el holding Balbavaria, PRISA ha entrado en Caracacol Radio, la emisora más importante de Colombia. También le pertenecen Radiópolis, quinto grupo de radio en México; y ATB, líder de radio en Bolivia. Con la entrada en Radiópolis Polanco iniciaba relaciones comerciales con su anterior propietario, el consorcio Televisa.
Los medios de comunicación más importantes de Venezuela han formado un grupo compacto de oposición al gobierno de Chávez, aglutinado en torno al Bloque de Prensa Venezolano y a las Cámaras de Radio y Televisión.
Galavisión; Univisión, que realiza el 80% de las emisiones hispanoparlantes en Estados Unidos; Venevisión y la televisión de pago Direct TV, son algunos de los medios vinculados al grupo Cisneros. Durante la campaña de Chávez para su reelección, se dirigió a Gustavo Cisneros a través de las ondas advirtiéndole que "se preparara" para cuendo ganara las elecciones.
Globovisión es propiedad del Grupo Mezerhane. El presidente del grupo, Nelson Mezerhane, es el presidente del Banco Federal, que ocupa el quinto puesto entre los grupos financieros más importantes de Venezuela.
El Nacional y El Universal, son dos de los periódicos más influyentes del país. Sus propietarios son Miguel Henrique Otero y Andres Mata, respectivamente. Las relaciones de Otero, propietario también del diario Así es la Noticia, con el Presidente son pésimas.
El semanario de información económica y financiera, América Económica, publicaba el 18 de enero una información reveladora:"la clase empresarial sigue conspirando y buscando apoyos para desalojar a Chávez. Hace unos días un grupo de 30 notables, formado por empresarios, políticos, periodistas y altas jerarquías de la iglesia se reunieron en Macondo, la residencia del editor Miguel Henrique Otero, para hablar de la situación política del país, la crisis de gobernabilidad y para elaborar un plan de reconstrucción democrática. Se dice que estuvieron presentes personalidades como el cardenal Ignacio Velasco11 o Gustavo Cisneros."(12)
Cualquier afirmación en el sentido de una deposición popular es contraria a lo ocurrido en Venezuela. Fueron militares los que instalaron a Carmona en el sillón presidencial, después de levantar a su legítimo ocupante con argumentos tan cívicos como el de los cañones apuntando a Miraflores.
El grupo PRISA se implicó totalmente en la estrategia informativa de desestabilización social. Ludmila Vinogradoff, corresponsal de El País en Caracas, ha sido el altavoz en España de exactamente el mismo discurso propagado por los medios del grupo Cisneros. Los presidentes y propietarios de los dos grupos empresariales, Jesús Polanco y Gustavo Cisneros, junto con el magnate colombiano José María Santo Domingo, forman la tríada más poderosa en el ámbito de las telecomunicaciones del mundo hispano. El grupo Cisneros tiene importantes inversiones en Estados Unidos, donde es propietario del 80% de las emisiones televisivas en castellano. También ha invertido en sectores tan diversos como el de los refrescos (Coca-Cola) y el inmobiliario. Por su parte, el grupo PRISA tiene presencia en Venezuela a través de la participación de Sogecable en un 5,17% del accionariado del BBVA, a su vez accionista mayoritario del Banco Provincial de Venezuela, y la fuerte implantación del Grupo Santillana, sin olvidar las relaciones comerciales que mantiene con los grupos Televisa, Valbavaria y Cisneros.
El golpe de Estado que se desencadenó el 11 de abril contó con la connivencia de los medios de comunicación. Los medios del interior aportaron el pretexto que necesitaban los militares rebeldes responsabilizando a Chávez de la muertes que se produjeron por la tarde. En las dos ediciones de prensa que tuvieron la oportunidad de imprimirse antes del fracaso del golpe, la información y las editoriales de los media venezolanos lo justificaron explícitamente, empezando por el uso del neologismo cívico-militar, como si el adjetivo cívico pudiera exortizar los demonios que evoca el vergonzante militar.
El País descendió a los abismos de la prensa más reaccionaria exigiendo castigos ejemplares para los representantes del gobierno más democrático de la historia de Venezuela, eximiendo a los golpistas de cualquier responsabilidad, y celebrando la usurpación violenta del poder con alabanzas al nuevo presidente. Se comprometió al límite de sus fuerzas con la consolidación del proceso valiéndose de todas las herramientas a su alcance para dotarlo de una base de legitimación social, recurriendo sin pudor a la mentira, la omisión, y la manipulación. En la jornada del 11 al 12 de abril, cinco mentiras fueron repetidas hasta la saciedad: primera, que Chávez había ordenado a los círculos bolivarianos y al Ejército la represión violenta de los manifestantes; segunda, que los círculos bolivarianos, siguiendo las órdenes de Chávez, habían abierto fuego contra los manifestantes; tercera, que las personas que cayeron abatidas por los disparos eran todas opositoras de Chávez; cuarta, que Chávez había renunciado al poder voluntariamente; y quinta, que la inmensa mayoría de ciudadanos celebraba y respaldaba lo que estaba ocurriendo, mientras que los partidarios del Gobierno democrático eran "un minoritario grupo de seguidores".
Mientras se iniciaban los primeros movimientos militares en las alcabalas de Fuerte Tiuna y los manifestantes se dirigían hacia el palacio presidencial, la plana mayor del bloque opositor se concentró en el edificio de Venevisión. Durante el resto de la jornada los reunidos, representantes del mundo de los medios de comunicación y la gran empresa, del sindicalismo y los partidos políticos vinculados a los anteriores gobiernos, de la más alta jerarquía eclesiástica, y del sector militar directamente implicado en el golpe, estudiaron, tal y como ellos mismos han confesado, la forma política que debía adoptar la insurrección militar y los nombres de las personas que ocuparían los cargos en el nuevo órgano de gobierno.
La madrugada del viernes la facción más reaccionaria asumió la dirección del proceso. En el círculo interior de Pedro Carmona se encontraban el empresario Isaac Pérez Recao; Daniel Romero, secretario del ex presidente Carlos Andrés Pérez; el jurista Allan Brewer; y el general Vázquez. Los dos asesores militares de la representación diplomática estadounidense, James Rodger y Ronald MacCammon, estuvieron también esa noche en Fuerte Tiuna.
A pesar del golpe de mano del grupo de Carmona, el bloque de opositores no rompió con el proceso golpista. No lo hizo Gustavo Cisneros, que todavía la tarde del sábado seguía intentando recabar apoyos, y no lo hicieron tampoco los medios de comunicación, que aquella tarde tan crucial para el futuro de la democracia en Venezuela expresaron su compromiso con la emisión de Pretty Woman.
El País fue más explícito en la expresión de su postura editorial. Cuando ya se sabía que todos los poderes públicos habían sido suspendidos por los golpistas, que se habían realizado cientos de allanamientos y detenciones arbitrarias, y cuando varias ONG'S estaban denunciando la violación de los derechos humanos, El País manifestó, en su editorial del 14 de abril, que Venezuela necesitaba que se convocasen elecciones urgentes. Ni una palabra de condena por la violación de los derechos humanos; la suspensión de las libertades públicas; los arrestos arbitrarios; los asesinatos de los partidarios de Chávez (sus vidas no valían tanto como las de los opositores); el secuestro del Presidente y varios de sus ministros; la clausura de los círculos bolivarianos (asociaciones legales amparadas por la Constitución); o la violencia armada de la policía de Caracas bajo el mando del alcalde de la ciudad. Ninguno de estos dramáticos acontecimientos merecía la más mínima observación de los editorialistas de El País. Únicamente había que convocar elecciones y juzgar a "Chávez y alguno de sus colaboradores detenidos" para que "rindieran cuentas de sus desmanes autoritarios y corruptos".
Es imposible que un periódico con los recursos de El País sufra una ceguera de esta envergadura de forma accidental. La dirección del periódico sabía lo que hacía, y dijo exactamente lo que quiso decir. Jesús Polanco, a punto de firmar el acuerdo con Vía Digital y estrechar lazos con Cisneros, no podía sentirse más satisfecho del trabajo realizado por sus empleados. Había prisa por derribar a Chávez, prisa por suspender las reformas del Gobierno que socavaban los intereses de los aliados estratégicos de Polanco en Venezuela, prisa por destruir la peligrosa influencia de la revolución bolivariana, prisa, mucha prisa por el golpe.
En el momento en que terminaba estas líneas pude entrevistarme con David Velásquez, Secretario General de la Juventud Comunista de Venezuela. En el transcurso de la larga conversación que mantuvimos en Murcia tratamos algunos de los aspectos menos difundidos del proyecto de liberación nacional encabezado por Chávez. Los logros en la profundización de la democracia; la mejora de la sanidad; la educación; y la lucha contra la exclusión de la mujer, el pueblo indígena, o los discapacitados; ocuparon gran parte de nuestro tiempo. Pero además, cómo no, hablamos del golpe. Me contó que en la precipitada huida de Carmona del Palacio Presidencial, había abandonado un papel con los nombres de los ministrables. Patricia Poleo, que es junto a su padre, Rafael Poleo, la fuente más recurrida por El País en sus informaciones sobre el golpe, figuraba en la lista. Sobre la catadura del padre el lector puede hacerse una idea ya no con lo que llevamos dicho, sino con lo que él mismo cuenta sobre su participación en los sucesos de abril. Ignoro si el grupo PRISA participa en el accionariado del periódico de Poleo, pero de lo que no me cabe duda es de que el viejo y el nuevo País se hermanaron en su apoyo al golpe.
Como he indicado en otro parte, este trabajo no pretende ser un estudio definitivo. Se puede completar y matizar la primera parte; y en la segunda apenas se ha empezado a esbozar unas relaciones complejas de las que por supuesto no presumo de haber dicho la última palabra. El valor de este trabajo debe enjuiciarse desde la urgencia que ha impelido al autor ha tomar postura en esta ignominiosa batalla mediática que están librando los poderosos medios de comunicación contra el pacífico, generoso, y emancipador proceso de la revolución bolivariana.
Creo que la red de vínculos e intereses socioeconómicos que se activó el 11 de abril no funcionó como una maquinaria bien engrasada. Los poderosos magnates de la comunicación no pudieron controlar todos los tentáculos de sus imponentes criaturas mediáticas. Un ejemplo de ello fue el reportero colombiano de la Cadena Caracol, que estuvo emitiendo una información contrastada desde el Palacio Presidencial. El Grupo Caracol, como sabemos en manos de PRISA, emite en Venezuela a través del cable de Direct TV. Aunque finalmente la emisión de la cadena colombiana fue sacada del aire, este ejemplo nos muestra que el golpe tuvo un componente de improvisación, y que el factor personal, la profesionalidad de algunos periodistas que se negaron a participar en el golpe mediático, debe ser reconocido públicamente y tenido en cuenta.
El gobierno de Chávez, y el propio Chávez, no están exentos de mácula. Soy de los que piensan que la crítica y la autocrítica son valores consustanciales para los proyectos de transformación social, son imprescindibles para su supervivencia, y debe ser planteados incluso en los peores momentos. Pero mi visión crítica de la utopía bolivariana no me impide admirar la realidad de sus conquistas, ni reconocer en ella, dadas las actuales circunstancias, la única alternativa posible para la emancipación del pueblo venezolano.
Tomado de Rebelión