28 de febrero del 2002

Cartas a la SIP

Luis Alfonso Godoy

Ciudadano
Presidente Y Demás Miembros De La SIP

Me dirijo a ustedes con el carácter de ciudadano venezolano que sólo representa sus propios sentimientos y preocupaciones, sin que esto signifique que en mis expresiones no esté representada la manera de pensar y sentir de muchos connacionales.

Motiva la presente, mi convicción de que es necesario y útil hacerles llegar observaciones concretas, objetivas e imparciales sobre la situación de los medios de comunicación en nuestro país, vista desde la óptica de un ciudadano común que no teniendo intereses particulares ni en los medios ni en el gobierno, lo único que lo mueve, en este caso, es su preocupación por lo que está ocurriendo y las perjudiciales consecuencias que el juego irresponsable de intereses de poder sobrepone a los de la nación.

Una valoración seria e imparcial conduce a la conclusión de que el problema preciso de lo que está ocurriendo es que LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN VENEZUELA HAN DEJADO DE SER LOS INTERMEDIARIOS ENTRE EL HECHO NOTICIOSO Y EL CONSUMIDOR PARA CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLÍTICO DE OPOSICIÓN, EN DETRIMENTO DE LOS PARTIDOS EMERGENTES Y DEL LIBRE JUEGO Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO.

Esta aberración y usurpación inconcebibles, con todo el poder comunicacional que representa tener en sus manos la casi totalidad de los medios de comunicación social dedicados a atacar al gobierno de manera confabulada e ilimitada con franca e inocultable intención desestabilizadora, ha creado, como es obvio, un enfrentamiento entre ése, el partido más poderoso de oposición, el gobierno y sus seguidores. Dado que éstos están constituidos mayoritariamente por los más necesitados y resentidos, víctimas de la subestimación de los gobiernos anteriores, que nunca habían tenido quien se ocupara de ellos y que ahora ha encontrado a su salvador, están decididos a dar hasta sus vidas para mantener a su líder en el gobierno. Este sentimiento lo manifiestan con fuerza y vehemencia justificados. En este sentido, pueden tener ustedes la absoluta certeza, y ojalá pudieran constatar el hecho, por demás comprensible estando tan sensibilizados y celosos por su Presidente, que no hace falta la convocatoria cada vez que perciban la necesidad de salir a la calle a manifestar para defender su permanencia al frente del gobierno, al que se le atribuye la autoría de algunas manifestaciones que cualquiera puede comprobar son espontáneas. Es más, yo me atrevería a apostar a que, si a alguien se le ocurriera decirles que no salgan a manifestar, pero ellos consideraran la necesidad de hacer lo contrario, ni el propio Presidente los detendría. Es un estado de necesidad, de supervivencia y de convicción.

Como simple observador objetivo de una realidad cuya existencia no se puede negar, y después de haber constado de manera intencional, in situ, las marchas realizadas el 4 y 27 de febrero del presente año he llegado a la conclusión de que ni la Fuerza Armada Nacional podría derrocar al Presidente Chávez. Para lograrlo, ésta tendría que masacrar alrededor de dos millones de venezolanos que estimo están dispuestos a morir por su líder. De esto están convencidos los líderes militares. Créanmelo, como si se los estuviera diciendo un miembro de la SIP. Porque el fervor entrañado que yo comprobé allí es el producto del liderazgo de un fenómeno político que se llama Hugo Chávez. Gústenos o no. Eso está allí como una realidad histórica para ser comprobada por todos los observadores internacionales que lo duden. No me equivoco cuando asevero que mientras más lo ataquen más fortalecen la pasión de sus seguidores convencidos. Y más aumenta el riesgo de la confrontación social con quienes saben que los sectores sociales y de poder que los confrontan son corresponsables de su situación de marginados. Aparte de que, aunque a ustedes pueda sorprender debido a que no están viviendo la realidad cotidiana de estos años, está muy claro para la inmensa mayoría de los venezolanos que no hay sustituto para el Presidente Chávez por mucho tiempo; y lo que es más peligroso aún: este país es ingobernable si sacaran a Chávez de la Presidencia. Sus seguidores no dejarían gobernar y, finalmente, habría que pedirle a Chávez que regrese para recuperar la gobernabilidad.

Yo estoy persuadido de que esto que les estoy aseverando puede ser increíble por ustedes. Pero, es que resulta muy distinta la óptica de quien, no estando en ningún bando, disfruta de la plena libertad de pensamiento para el ejercicio de la observación y la expresión sin compromisos con parcialidades. Por esto les puedo informar también, con la objetividad de la vocación por la verdad de quien puede examinar esta situación sin ningún sesgo, que los hechos denunciados de "agresión a El Nacional" no es como han pretendido presentarla. Esa fue una provocación, urdida con una periodista que poniendo en duda su ética profesional se prestó para falsear la verdad, inventando un "cacerolazo" contra el Presidente en un acto público, donde el pueblo congregado manifestó el júbilo que le produce siempre estar con su líder. Esto, perfectamente entendible por cualquier observador imparcial, provocó el disgusto y el desmentido del Presidente, y por supuesto de los ciudadanos que se sintieron agredidos, irrespetados, burlados por ese medio a causa de la publicación de una mentira. A partir de esta provocación, la relación pueblo-medios de comunicación tomó el camino de la confrontación irreductible que hoy se vive y la recurrencia a organismos internacionales, con temeridad y mala fe.

En Venezuela no se había dado este conflicto con la magnitud de ahora. Porque los propietarios de medios siempre habían estado en simbiosis y complicidad con los gobiernos de turno y tampoco había ocurrido que los medios de comunicación abandonaran su rol social para degenerar en partido político de oposición con claro propósito desestabilizador, y esta degeneración confabulada tiene un precio: ser objeto de los ataques de sus opositores políticos, que incluye al Presidente y los seguidores de un líder que, gústenos o no, ha resultado un fenómeno político. Aparte de que el escenario es el de cambios estructurales que reduce privilegios y poder en búsqueda de justicia social para que haya paz.

La SIP, si quiere mantener una posición de respeto, debe actuar con objetividad e imparcialidad, reconociendo el error de los propietarios de medios al haberse convertido en partido político al servicio de los intereses del pasado, y exigirles su regreso a su función social. De no proceder de esta manera, estarían haciéndose corresponsables de lo que pueda ocurrir, al no aplicar los correctivos de fondo del asunto que está planteado, prestándose para respuestas ciegas y complacientes. Hay que dictaminar sobre las causas, no alrededor de las consecuencias, resultantes de la autoría de los directivos de medios al abusar de su poder comunicacional que debe estar al servicio de la sociedad de manera veraz y objetiva. Al contrario, lo han puesto al servicio de sus propios intereses y de los sectores copartícipes de la ruina del país, en perjuicio también de los comunicadores sociales, a quienes han constituido en víctimas de sus decisiones abusando de sus necesidades de empleo y de los reducidos espacios de trabajo del periodista, que se ve obligado a someterse a la extorsión de los propietarios empleadores, o al desempleo. Esto debe preocupar y ser corregido por la SIP, actuando para persuadir a los dueños de medios en el sentido del restablecimiento de la dignidad de los profesionales del periodismo y para que puedan hacer uso, libremente, del derecho del ejercicio de la profesión y de la libertad de pensamiento, de expresión y de conciencia. Lo contrario los expone al rechazo y la agresión.

La SIP, si realmente se precia de cumplir una función que merezca credibilidad y respeto, no debe aceptar que los dueños de medios de comunicación social se conviertan en un superpoder político que esté por encima hasta de la soberanía popular, que es la fuente natural del poder en toda democracia verdadera. De ser así, su futuro en Venezuela puede tener consecuencias inéditas, pues no debe soslayarse que la situación política de nuestro país es muy particular, y los venezolanos estamos viviendo verdaderamente un momento histórico de profundos cambios estructurales, dentro de una concepción muy propia y singular, que no conviene observar ni evaluar a la luz de superficialidades de la ortodoxia, ni de manera prejuiciada. Aparte de que, en Venezuela, no es verdad que sólo los marginales e "impensantes" son los seguidores del proyecto revolucionario constitucionalizado del Presidente Chávez. No podemos obviar que la arquitectura de la República, aprobada mayoritariamente mediante referéndum democrático inédito, está contenida en la Constitución vigente y cuya ingeniería constructora -yo observo- desarrolla de manera incansable su protagonista dentro de ese marco constitucional, contra el cual ni la Fuerza Armada puede actuar legítimamente.

Señores representantes de la SIP, disculpen mi inmodestia: considero que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la Carta Magna de concepción más avanzada en cuanto a derechos humanos, amplitud democrática y procura de beneficios sociales que tiene nuestro Planeta, contra lo cual me parece no va a ser exitoso luchar quienes se opusieron a ella en el referéndum porque preveían la pérdida de excesivos privilegios y la disminución de sus intereses de poder, con los cuales han mantenido secuestrados a nuestros gobiernos, la soberanía popular y victimizado al pueblo. No es poca cosa lo que está en juego: la vida de una República distinta, plasmada en su Constitución. Allí los profesionales de la comunicación social tienen un papel fundamental. Pero, también un dilema esencial: sus empleadores son enemigos del proyecto. Y de todos los que estén de ese lado. El dilema es existencial: estar empleado indignamente o desempleado con dignidad. Defender el libre ejercicio de la profesión y el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión, o aceptar se les degrade a mercenarios de la profesión. Me permito sugerirles tomen cuidado con su informe final, porque no se logra engañar con pronunciamientos subjetivos e interesados. Ustedes también tienen ese mismo dilema existencial: si favorecen a los dueños de los medios para que continúen siendo un partido político de oposición, estarían destruyendo la profesión de periodista, y si deciden exigiendo la reposición al rol de transmisores veraces de lo hechos noticiosos, se convierten en enemigos de los dueños de medios de comunicación. Y con respecto a la nación venezolana, tampoco pueden callar el hecho público y notorio del propósito desestabilizador de los propietarios de los medios, como recurso extremo y extremadamente dañoso para todos los venezolanos. Con esta conducta desplegada se está ante un hecho punible de un sector que invoca la impunidad para su dirigencia a pesar de esa posición extremista criminosa, que propicia hasta el daño desde el exterior, y eso podría tener un precio, que no está claro quiénes ni cuándo lo pueden cobrar en nuestro país, porque para muchos constituyen actos de traición, y los traidores, en las páginas de nuestra Historia Patria, aparecen fusilados.

Cuando se emiten pronunciamientos alejados de la verdad que cualquier observador imparcial tiene a la vista, el único efecto que produce es que el colectivo destinatario lo desecha con la satisfacción de quienes no le dan ninguna importancia, porque revela falta de objetividad, parcialidad por solidaridad gremial automática, predisposición, que los descalifica como opinadores autorizados y destruye la seriedad de su existencia, por ausencia de credibilidad. En el caso concreto de ustedes, la población venezolana sabe que ya vienen prejuiciados y comprometidos a dar una opinión contraria a lo que realmente está sucediendo en Venezuela y a favorecer intereses de poder que ustedes representan. Así, su opinión no tienen ningún valor. No se puede ser juez y parte. En analogía con principios y requerimientos del derecho que validan el arbitraje en la justicia, ese procedimiento de la SIP constituye un fraude procesal, punible y viciado de nulidad, por lo tanto inexistente. Sin idoneidad ni imparcialidad ni transparencia, no se puede cumplir prerrequisitos esenciales del derecho a ser juzgado por el juez natural -calificado apto para arbitrar la dialéctica entre las partes- sin lo cual no puede existir la garantía del debido proceso, como lo reconoce el Pacto de San José de Costa Rica para los órganos jurisdiccionales, y en esta analogía ustedes no pueden erigirse en árbitros válidos para un dictamen con aceptación espontánea e internacional de fuerza pública. Los miembros de la SIP tienen el inconveniente de estar recusados por el colectivo imparcial y más pensante, antes de iniciar su procedimiento. O se es juez o se es parte. O se confirma la intencionalidad de hacer demostraciones de suprapoder para satanizar y secuestrar a los gobiernos que tienen la dignidad y el coraje para revelarse ante abusos confabulados, so pena de intimidarlos y desestabilizar para el derrocamiento facineroso y agresor de soberanías. Ustedes, es demasiado evidente, han venido en auxilio a prestarse como cómplices o cooperadores externos del plan desestabilizador de las mafias del poder que se oponen a los cambios estructurales que las ubican en su exacta dimensión mercantilista. No es fácil venir a engañar a los venezolanos, creyéndonos incapaces de desentrañar el verdadero fondo de su visita.

Señores representantes de la SIP, mi intención ha sido cooperar de algún modo a su tarea -confusa- que pretende ser de un elevado valor institucional en nombre de la libertad de expresión, aunque no siempre exista la pulcritud para impedir se descienda hasta el fondo de la perversidad humana, sin valores ni ética, donde sucumbe la noble y loable intención de sus creadores.

Tomado de www.rebelion.org