Caracas, domingo 15 de marzo de 1998
Marta Colomina
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Conspirar no sólo es el intento de sacar del poder a mandatarios democráticos (cosa hecha de vez en cuando por los medios de comunicación (MC), en acción más eficaz y desde luego mucho menos sangrienta que la de hoy desmemoriado candidato presidencial Hugo Chávez). Es también crear tramas en torno a la vida privada de las personas y propiciar intrigas con el fin de hacer crecer los ratings televisivos, como le ocurrió a la indefensa Alicia Machado. O acusar injustamente a alguien y emitir sentencia condenatoria en su contra antes de que los tribunales en el veredicto, que podría ser de inocencia. Conspirar es difundir el engaño o el enredo en perjuicio de un político, ministro o empresario, sólo porque no se muestra sumiso a las peticiones de quienes controlan la información. Se conspira en contra de la credibilidad de las audiencias cuando, sin presentar pruebas que demuestren sus acusaciones, se divulgan denuncias de políticos deslenguados cuyo único oficio es el de someter al escarnio público a quienes no estén de acuerdo con su visión del mundo y cuyo propósito es el de acabar no sólo con los 'partidos del status', sino con el Presidente, su gabinete en pleno y todos los gabinetes y presidentes por venir, con excepción, claro está, de los suyos, si alguna vez tenemos la desgracia de que lleguen al poder.
Tocqueville vislumbraba los abusos que podían cometerse al amparo de la libertad de expresión, cuando asombrado por los insultos que cierta prensa norteamericana (1831) dirigía a las altas figuras del gobierno revelaba no profesar 'a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide, más que a los bienes que realiza'. El autor de 'La democracia en América' confiaba en el poder equilibrador de una prensa libre que actuase como vigilante de los derechos ciudadanos y evitara los tradicionales abusos de los gobiernos. Ciento sesenta y siete años más tarde, a juzgar por los contenidos y fines de ciertos massmedia, convendría preguntarnos si la ecuación tocqueviliana no ha cambiado y en la actualidad esos MC estarían propiciando males e impidiendo bienes.
Casos recientes comprueban algunas aberraciones practicadas por no pocos MC, violando así su función de mediadores entre los poderes públicos y la sociedad, de modo que, en vez de ser eficaces defensores de los derechos democráticos de los ciudadanos en contra del tradicional abuso de los gobiernos, han devenido ellos mismos en los principales abusadores. Hace menos de un mes, José María Ansón, presidente de Televisa de España y ex director del conservador ABC de Madrid, confesó a la revista Tiempo que un grupo de empresarios de la comunicación entre quienes se cuenta, de común acuerdo con dirigentes del derechista Partido Popular (hoy en el gobierno gracias a los buenos oficios del complot mediático) a principios de 1990 conspiraron descaradamente al poner en marcha una 'campaña de acoso y derribo' para apartar de la presidencia del gobierno 'al socialista Felipe González'. Sin sonrojo alguno Ansón confesó que el diario El Mundo (con su hoy desprestigiado director Pedro J. Ramírez, de quien circula un video pornográfico del que es protagonista) y los irectores de El Independiente, Diario 16, Antena 3 TV y Radio crearon un 'honorabilísimo' sindicato de guerra sucia financiado por el corrupto banquero _hoy preso por estafa Mario Conde y firmaron un acuerdo de 'caballeros' para 'erosionar la imagen de González, elevando o inventando las críticas contra él. Había que terminar con el líder de PSOE, no tanto por los posibles abusos cometidos, si es que los hizo, sino por el riesgo de que volviera a ganar las elecciones'. González perdió por un mínimo porcentaje de votos a consecuencia de esa guerra sucia, lo que demuestra que ciertos MC no sólo violentan las reglas de la ética, sino que usurpan para sí un suprapoder que está por encima de los poderes legal y democráticamente establecidos.
Algo parecido hicieron algunos MC en Venezuela con el hoy ex ministro Matos Azócar. Había que sacarlo del despacho de Hacienda a toda costa. Como no dio resultado el caso del canje de los bonos Brady a Globales (ahora reeditado de nuevo por el PPT en su intento de 'llevarse por los cachos' hasta al mismísimo presidente Caldera) se inició contra Matos la campaña persistente e insidiosa del caso Samana. No importaba que otros medios sensatos como El Universal, por ejemplo recogieran los argumentos del apaleado ministro demostrando que cuando ocurrieron los hechos, él no era titular de Hacienda. No hubo día en que los MC muchos de ellos movidos por tantos periodistas de grabadora que nunca han investigado y que son pasto fácil de los declaradores de oficio no publicaran el mismo libreto del diputado Paravisini que siempre concluía con 'las irregularidades y omisiones delictivas que el ministro Matos había cometido en la estafa de Samana'. Tan fuerte fue la campaña, que durante esos días, muchos desprevenidos entrevistados alcanzados por las encuestas, expresaban estar convencidos de que Matos estaba hasta el cuello en el 'guiso' de Samana.
¿Qué han hecho o dicho esos medios, periodistas y el diputado de marras, después que la exigente Contraloría General de la República declarara que Luis Raúl Matos Azócar no tiene culpabilidad alguna en el caso Samana'. ¿Quién le devuelve al acosado ex ministro la honorabilidad perdida ante los ojos y oídos de tantos lectores y audiencias que ignoran el veredicto contralor, porque esos MC se niegan a publicar el derecho democrático de réplica? Algo habrá que hacer con quienes, prevalidos de ser ahora los dueños del espacio público protagonizan abusos de poder que antes eran sólo esperables de los gobiernos. Esa extralimitación mediática se está arrogando tareas propias de los órganos del Estado, convirtiéndose así en un poder superior a la propia Constitución. En la reciente cumbre de presidentes de Cortes Supremas de Justicia realizada en Caracas de cuyo tema hablaremos en un próximo artículo los magistrados dirigieron razonadas críticas al papel de los MC por su injerencia en las funciones propias del Poder Judicial, expresada en la declaración de inocencia o culpabilidad de los indiciados, mucho antes de que los tribunales emitan su sentencia (lo que no impide que los MC cumplan con el deber de convertirse en perros de presa de los jueces corruptos a través de un riguroso periodismo de investigación y no de panfletos como 'Cuánto vale un juez').
¿Quién recoge esas envenenadas flechas que dañan la reputación de personas e instituciones indefensas a quienes se les somete al escarnio público y se impide que el ciudadano común sepa que ellas no son culpables de las imputaciones de que fueron víctimas? ¿Quién nos defiende de una libertad de expresión así concebida?