13 de Enero de 2002
Tras la caída del gigante energético
LA NACION
Ayer se designó un fiscal para el caso
WASHINGTON.- La caída del gigante energético Enron abre la puerta de una investigación del Congreso que abarca a todo el aparato político de la Casa Blanca y de la oposición demócrata, 250 de cuyos miembros gozaron de contribuciones electorales de la empresa en bancarrota.
El Departamento de Justicia solicitó ayer al fiscal Joshua Hochberg, especializado en fraudes de ese organismo, que investigara el escándalo que rodea el colapso de Enron, una empresa con sede en Houston (Texas) que proporciona servicios de gas y electricidad, así como de gestión financiera en todo el mundo, y que amenaza con salpicar al presidente George W. Bush.
Fuentes oficiales reconocieron ayer que los directivos de Enron tuvieron acceso frecuente a los más altos niveles en los Departamentos de Energía, Comercio y del Tesoro.
Pero también han asegurado que no se concedieron favores especiales a esa empresa que, hasta hace unos meses y con 21.000 empleados, era una de las líderes mundiales en el sector de la energía, las materias primas y los servicios a empresas.
Entre los mayores accionistas de Enron han figurado el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld; el asesor de Bush, Karl Rove; la subdirectora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Linda Fisher; el subsecretario del Tesoro para Finanzas Nacionales, Peter Fisher, y el Representante de Comercio Exterior, Robert Zoellick.
El secretario de la Marina, Thomas White, fue vicepresidente de Enron antes de asumir su puesto en el Pentágono, y en esa época poseía acciones de la empresa valoradas entre 50 y 100 millones de dólares.
En 2000, Enron tuvo ingresos por 101.000 millones de dólares, pero tras presentar bancarrota el 2 de diciembre último, su valor en el mercado de valores cayó de los 90 dólares a que cotizaba un año antes a algo menos de un dólar. Además, miles de sus trabajadores se quedaron sin empleo y perdieron también todos sus ahorros jubilatorios, depositados en acciones de la empresa.
El presidente y director ejecutivo de esa empresa, Kenneth Lay, tuvo dos conversaciones con los secretarios del Tesoro, Paul O´Neill, y de Comercio, Don Evans, a quienes intentó persuadir -sin éxito, según fuentes oficiales- para que lo ayudaran.
La dirección de Enron no sólo se puso en contacto varias veces con el subsecretario del Tesoro para Finanzas Nacionales en los últimos meses del año pasado, sino que también intentó valerse de influencias demócratas para intentar que el Departamento del Tesoro intercediera en su favor ante los bancos a los que debía dinero.
Un vocero del Departamento del Tesoro dijo que Fisher recibió varias llamadas de Robert Rubin, que durante la presidencia de Bill Clinton fue el titular de ese ministerio, para tantear si su interlocutor estaba dispuesto a interceder para que las agencias privadas de crédito no rebajasen el de Enron e imposibilitaran a la empresa acceder a más préstamos.
Rubin preside ahora el comité ejecutivo de Citigroup, una entidad bancaria que habría concedido al menos 750 millones de dólares a Enron y que podría tener responsabilidad sobre pólizas de seguros que una de sus subsidiarias extendió a nombre de la empresa en bancarrota. Las gestiones de Rubin, según ese vocero, no tuvieron éxito, porque junto a Fisher -confirmó un vocero del ex secretario del Tesoro- ambos decidieron que podría no ser apropiado interceder en favor de Enron.
El caso está siendo investigado en cuatro instancias diferentes, como son los Departamentos de Justicia, de Trabajo, en el Congreso y en la Comisión del Mercado de Valores. Un subcomité del Senado envió ya 51 citaciones a ejecutivos de Enron -incluyendo a su presidente- y de su empresa auditora, Arthur Andersen, que reveló que entre septiembre y noviembre de 2001 destruyó miles de documentos relacionados con la caída de la compañía cuando el mismo Congreso se los estaba pidiendo. Seis comités del Congreso tienen abiertas investigaciones sobre la bancarrota de Enron, la mayor de la historia de este país.
Por su parte, el Centro para Políticas Responsables, un grupo privado, informó que al menos 250 congresistas demócratas y republicanos recibieron contribuciones políticas de Enron entre 1989 y 2001.
El propio secretario de Justicia, John Aschcroft, recibió 61.000 dólares de una treintena de ejecutivos de Enron para sus campañas políticas.
Ese organismo reveló que 71 senadores y 187 representantes recibieron contribuciones políticas durante esos tres años y que los mayores receptores de ese dinero fueron los de Texas, el Estado en que Enron tiene su base.
Entre ellos, los senadores republicanos Kay Bailey Hutchison y Phil Gramm recibieron 99.500 y 97.350 dólares, respectivamente. Conrad Burns (Montana) y el demócrata por Nueva York, Charles Schumer, aceptaron cada uno alrededor de 23.000 dólares.
Los representantes que recibieron más dinero son también de Texas y demócratas, como Ken Bentsen, que aceptó contribuciones por 42.750 dólares, y Sheila Jackson Lee, 38.000 dólares.
Agencias EFE y ANSA
Tomado de LA NACION