26 de agosto del 2002
El petróleo es la clave
Aram Ruben Aharonián
Brecha
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) descartando el delito de rebelión militar en un golpe de Estado, es una demostración de la impunidad en Venezuela y un paso en dirección a una nueva situación explosiva en el país.
"Ya no se trata sólo de asegurar la impunidad de los poderosos, sino ahora se trata de demostrar que ni siquiera tuvieron culpa, lo que traerá consecuencias catastróficas desde el punto de vista político, con un impacto severo, moral y ético, sobre la población", señaló Ana María Sanjuán, directora de la Cátedra por la Paz de la Universidad Central de Venezuela. El problema inicial es que, según la Constitución de 1999, el tsj debe abrir antejuicio de mérito a los oficiales superiores, lo que desmonta el control civil y deja sin instrumental político para prevenir un golpe de Estado. De esta forma, los magistrados -ayudados por una pésima presentación de un fiscal general, quien omitió al menos seis delitos cometidos y asumidos por los mandos castrenses golpistas, dejando en duda su idoneidad para el cargo- avalan la hipótesis del vacío de poder, incitan a Hugo Chávez a que desconozca su decisión para demostrar su autoritarismo, y dejan las puertas abiertas para lograr desde un escenario "legal" la salida del mandatario.
El domingo Hugo Chávez aseguró tener "elementos que conforman pruebas" de que hay "magistrados manejados desde afuera por gente que tiene mucho dinero".
Dijo estar dispuesto a revelar sus nombres y también los de quienes los manipulan "para que vayan a las reuniones con una orden preestablecida". Advirtió que el país "no se va a calar" una sentencia que declare que no hubo rebelión militar. Preguntó: "¿Qué van a hacer los millones de venezolanos que salieron a defender la constitucionalidad? ¿Qué harán los militares conscientes de su deber constitucional?". Luego remató: "¡No señores, no lo vamos a permitir!".
El lunes, diputados oficialistas mostraron una grabación magnetofónica entre Carmelo Lauría, dirigente de Acción Democrática y hombre de la banca, y el empresario Tobías Carrero -socio del ex hombre fuerte del chavismo y hoy acérrimo opositor Luis Miquilena, quien recibió en su cuenta un millón y medio de dólares del bbva supuestamente dirigidos a la campaña electoral de Chávez-, donde buscan influir en las decisiones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para favorecer a los militares investigados por el delito de rebelión, lo que demostraría la presión de los grupos económicos sobre el tsj.
LA JUGADA DESDE EL NORTE
El 11 de abril fue un duro golpe para buena parte de la oposición venezolana. La sospecha de que Estados Unidos alentó, de alguna forma, la acción golpista provocó que el Senado de ese país exigiera al Departamento de Estado un reporte sobre las actividades de varias agencias estadounidenses en Venezuela, lo que bloqueó los fondos que provee la National Endowment for Democracy (ned) a varias entidades de la sociedad civil venezolana (la mayor cantidad en país alguno en 1999, casi un millón de dólares). La percepción que tienen en el Departamento de Estado es que Venezuela avanza, a pasos agigantados, hacia una "ausencia de gobernabilidad", cuya consecuencia a largo plazo será un drama social similar al que se vive en Colombia o Centroamérica. Y así, al igual que en el Perú pos Fujimori, la ex Yugoslavia de Milosevic o el Congo de Kabila, Estados Unidos prevé para Venezuela un período de inestabilidad política que debe ser encauzado hacia una transición "democrática y pacífica". Bajo esta premisa, Washington planea abrir en las próximas semanas una oficina "para la transición" en Caracas, por dos años, con el objetivo de responder rápidamente a los imprevistos de una crisis de gobernabilidad mediante asistencia y asesoría en campos tan disímiles como la protección de líderes opositores, o respaldo para organizar un referéndum.
De acuerdo con una versión del semanario Quinto Día, la instalación de esa oficina fue postergada gracias a una negociación petrolera. El consorcio Exxon-Mobil había sido excluido entre los accionistas del megaproyecto gasífero Mariscal Sucre, lo que generó desagrado en Washington. El semanario señala que a Exxon le fue adjudicado el Bloque 5 de la Plataforma Deltana (sobre el Atlántico, en la desembocadura del Orinoco), donde se perforó el pozo Dorado y buscando gas se halló petróleo condensado, crudo de mayor valor comercial que el pesado venezolano, descubrimiento que no fue revelado. La ley de hidrocarburos exige mayoría accionaria estatal en cualquier explotación petrolera, pero no para las gasíferas.
ARMANDO EL ROMPECABEZAS
El sociólogo Tulio Hernández señalaba que "la confrontación política tiene que adquirir cada vez más la forma de ideas y proyectos de futuro no meramente reactivos, de manera que se puedan desmontar las reacciones carismáticas y exclusivamente emocionales. Y que, aunque sea difícil aceptarlo psicológicamente, es una tarea colectiva desactivar los rumores, minimizar las tentaciones de la autodefensa y acostumbrarnos a la idea de convivir con la crisis, es decir, aceptar que no hay una salida abrupta".
Desde la vereda socialdemócrata, Beatrice Rangel, alta funcionaria del último gobierno de Carlos Andrés Pérez, señala que "es un disparate pensar de manera cortoplacista y puntual, porque es un país que tiene demasiados problemas para que se vea únicamente la punta del iceberg. Hay que ver el iceberg completo, porque de lo contrario podría pensarse que Chávez es el único problema".
Más adelante, en clara referencia a la oposición, afirma que nadie va a participar en la idea de agregar voluntades, si piensa que quien propicia esa plataforma tiene una agenda propia o quiere, simplemente, llegar al poder sin hacer nada constructivo para el país.
Y, en una posición que ha dividido a sectores de la oposición, el presidente del partido Unión, Francisco Arias Cárdenas, señaló la necesidad de dar racionalidad a la salida de la crisis y a la lucha de la oposición: "Hay que decirle claramente al país que no habrá una salida democrática antes de diez meses". Arias, compañero de Chávez en la intentona golpista de 1992, también aseveró que hay sectores de la oposición que no están interesados en la conformación de la Comisión de la Verdad, y dijo claramente que "no hay posibilidad militar para derrocar a Chávez" y que los oficiales que pudieran parecer que se reúnen para hacerlo "no tienen posibilidades". "Quienes están aupando la salida por la vía militar están pelando y engañando a la gente", dijo.
Mientras el gobierno de Estados Unidos parece ahora proclive a apoyar el diálogo y anunció estar dispuesto a invertir dos millones y medio de dólares en ello, algunos medios de comunicación social parecen sabotear este proceso, enfrascados en destacar toda manifestación de confrontación y violencia, en exaltar las figuras de todos aquellos que participaron en el golpe de Estado de abril y en rezar para que un procónsul estadounidense se establezca en Caracas.
EL BOTÍN DEL GOLPE
A Teodoro Petkoff pertenece la definición: "La oposición venezolana es tan sui generis que reza para que bajen los precios del petróleo". Y tiene razón, no sólo reza para que baje el petróleo sino que hasta canta loas al genocida paramilitar Carlos Castaño, todo ello con un solo fin: ayudar a la caída de Chávez. Pero aquí retorna la vieja interrogante de "salir de Chávez para qué". Ya intentaron desprenderse de él con un golpe de Estado cuyo fin pareciera ser el apropiarse de las riquezas petroleras del país y de los tantas veces negociados fondos de pensiones. Sin dudas, al decir de un periodista británico, Petróleos de Venezuela (pdvsa) era el gran botín del golpe.
Hay algo que preocupa a los países centrales: de los tres negocios más lucrativos en el mundo -narcotráfico, armas e hidrocarburos-, sólo el último es en parte controlado por países en desarrollo, pero de él depende en su totalidad el destino del llamado Primer Mundo. La batalla está entablada y los países centrales y sus empresas trasnacionales están dispuestas a quedarse con el dominio de las reservas energéticas. Bombardean Afganistán, amenazan a Irak e intentan golpear a Venezuela, para tratar de quebrar a la petrolera estatal y apoderarse de sus reservas.
Si el golpe hubiera prosperado, los escenarios hubieran variado dramáticamente.
Se hubiera debilitado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep), a cuya recuperación y cohesión tanto ayudó el actual gobierno venezolano. Se hubiera avanzado en la privatización de pdvsa y en la entrega del subsuelo al capital trasnacional. Carmona "el breve" comenzó por desconocer la Carta Magna, y no se trata solamente de eliminar la Asamblea Nacional. Expresamente, la Constitución de 1999 reserva al Estado la actividad petrolera.
En tercer lugar, hubiera cesado el abastecimiento preferencial de petróleo a Cuba - quizá la única victoria de los golpistas, porque el suministro quedó suspendido-, pero también a más de 15 países de Centroamérica y el Caribe. Además, hubieran caído los precios del crudo, con el solo anuncio de que Venezuela iba a desconocer las cuotas opep.
Sin dudas la conflictividad política puede oscurecer no sólo la realidad sino también la potencialidad petrolera del país. Pero, ¿hay empresas nacionales capaces de administrar los fondos de pensiones o la mismísima pdvsa? No, seguramente no.
Para los fondos hay muchos interesados: los chilenos, los bancos españoles, por ejemplo. Para el petróleo, el "lomito" del golpe, hacen cola: ahí están atentos los amigos texanos que quebraron a la Enron y los españoles de Repsol, que se quedaron con ypf argentina, además de aquellos que desde hace años quieren quedarse con Citgo, la filial de pdvsa con 15.075 estaciones de servicio y ocho refinerías en EE UU. pdvsa cuenta hoy con 11 refinerías alrededor del mundo, tres veces más que en Venezuela.
Tomado de Rebelión