Propaganda, petróleo y huelga general

Maurice Lemoine
Le Monde Diplomatique

Tras sufrir un hiriente fracaso en su intento de golpe de estado, el 11 de abril de 2002, contra el presidente Hugo Chávez, la oposición venezolana, minoría electoral liderada por la organización patronal Fedecámaras, la burocracia sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y un conjunto de partidos tradicionales y de organizaciones encuadradas en el seno de la Coordinadora Democrática, se ha lanzado a un nuevo intento de desestabilización. En muchos aspectos, éste recuerda la estrategia que preparó en Chile, a comienzos de los años 70, el derrocamiento de Salvador Allende. Si bien la huelga general, primero "ilimitada", luego "irreversible", lanzada por sus dirigentes -el patronato ha prometido pagar los salarios de los días de huelga- sólo ha conseguido un seguimiento parcial y pierde fuerza con el paso de los días, han vuelto a hacer acto de presencia todos los elementos del guión al que se ciñó el golpe de estado de abril:

llamamientos al levantamiento civil y militar, lanzados desde la "zona liberada" de la plaza Altamira (en un barrio elegante de Caracas) por un grupo de oficiales que participaron en la intentona del 11 de abril;
exacerbación de las tensiones por parte de un aparato mediático transformado en máquina de propaganda, que divulga durante 18 horas al día las tesis de la oposición e incita abiertamente al derrocamiento del presidente legítimo;
creación de condiciones propicias a los actos de violencia, que proporcionen un pretexto para hacer una llamada a la comunidad internacional con el fin de "poner fin al caos". Disparos realizados en circunstancias todavía no aclaradas causaron tres muertos y veinte heridos en las filas de la oposición el 12 de diciembre, cuanto un individuo, que ha sido detenido, disparo a la multitud en la plaza Altamira. Como el azar a veces es puntual, el drama tuvo lugar en el preciso momento en que uno de los dirigentes de la oposición, Carlos Ortega, intervenía en directo en televisión, lo que le permitió inmediatamente calificar de "asesino" al presidente, acusándolo de promover el crimen. Sin realizar investigación alguna ni analizar los hechos, los medios de comunicación privados recogieron esa acusación;
utilización de las víctimas de dicha "masacre de Altamira" para lanzar la operación "desestabilización económica" paralizando la compañía pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de sus cuadros superiores, la tecnocracia de los "generales del petróleo", favorables a la privatización del pulmón económico del país;

Esta última medida ha tenido repercusión. La suspensión de la producción ha golpeado duramente la capacidad exportadora del país, provocando unas pérdidas estimadas en 50 millones de dólares al día e interrumpiendo las entregas de PDVSA, especialmente a los Estados Unidos. En un contexto de "preguerra" en Irak, este debilitamiento de uno de sus principales proveedores ofrece un pretexto a Washington para incrementar su presión -entre otros medios, a través del secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, presente en Caracas para promover el diálogo-en favor de la organización inmediata de elecciones, al margen del marco constitucional. Aún más radical, la oposición exige la "renuncia" del presidente en ejercicio. Es cierto que con la actual relación de fuerzas, la oposición perdería muy probablemente las elecciones, a menos que se prohibiese la participación de Hugo Chávez, lo que constituiría sin duda una concepción muy particular de la democracia.

Tenemos un ejemplo en la evolución de la situación en estos últimos días. Desde el 11 de diciembre, exasperados por la propaganda de odio que difunden los medios de comunicación privados, los partidarios del presidente se manifiestan regular y pacíficamente al grito de "Digan la verdad" alrededor de las sedes de las cadenas de televisión y los diarios. Cada día, los defensores de la legalidad democrática toman la calle y afirman su presencia en número cada vez mayor. Con la ayuda de esta movilización popular y de las fuerzas armadas (depuradas de los oficiales facciosos del 11 de abril), el poder parece recuperar, siquiera hasta hoy parcialmente, el control de PDVSA.

El gobierno venezolano ha recibido estos últimos días numerosos mensajes de apoyo, entre otros del Grupo de los Verdes y de la Izquierda Unitaria Europea, del Parlamento Europeo; de 16 miembros de la Cámara de Representantes norteamericana; de 39 ONG; de cerca de 200 personalidades norteamericanas, que piden al presidente Bush el apoyo de Washington a los gobiernos democráticamente elegidos; de los sindicatos petroleros argentinos; de la Central Sindical Única, de Uruguay; de la Unión Sindical Obrera (USO) de la industria del petróleo colombiana; de la Central Única de Trabajadores de Chile (CUT); de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); etc.

Por razones de seguridad, el gobierno de los Estados Unidos ha autorizado a una parte de su personal diplomático a que abandone Venezuela. La necesidad que tiene la oposición de "víctimas", provocaciones y autoatentados, como el 11 de abril pasado, amenazan con ensombrecer el futuro inmediato. Del resultado de esta batalla, que desprende un fuerte aroma a petróleo, depende el futuro de Venezuela. Y las reformas sociales que con tanta urgencia necesita este país.

Tomado de Rebelión