En octubre de 1988 en el pequeño pueblo de El Amparo, estado
Apure, se produce una masacre en la que mueren 15 pescadores. La operación es
ejecutada por miembros del Comando Específico José Antonio Páez, integrado por
fuerzas militares y elementos civiles de los organismos de seguridad del Estado
que vigilan la región, ya bajo el asedio de las guerrillas colombianas.
El Comando Específico justifica su acción calificando al grupo de pescadores como guerrilleros que probablemente preparaban una acción.
Sin embargo, las ropas que visten, la ausencia de armas y el testimonio de dos sobrevivientes, hacen que la opinión pública se sienta burlada tanto por los jefes de la operación como por el propio presidente Lusinchi que ha avalado públicamente esta versión de los hechos. El suceso produce un escándalo de gran resonancia y un largo proceso judicial, finalmente elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que sentencia a favor de los familiares de los fallecidos y obliga al gobierno nacional a pagar una indemnización monetaria destinada a resarcir los daños materiales sufridos.