EL INDULTO DEL ESCÁNDALO
La evidencia de que la Secretaria Privada del Presidente, suspendida de su cargo unas horas antes, estaba en su oficina destruyendo documentos, apresuró la actuación policial. Por instrucciones del Presidente de la República fue llamado el Director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Orlando Jordán Petit. Media hora después una delegación de la PTJ, junto al Edecán de Guardia y al Viceministro de la Secretaría se dirigían hasta los espacios de la Secretaría Privada. El comisario de la PTJ invitó a la Secretaría Privada a que lo acompañara hasta la sede de ese organismo: ella accedió. Por los solitarios pasillos de Miraflores, en la noche del miércoles 27 de octubre, las cuatro personas escenificaban el arresto de una de las personas más cercanas al Presidente de la República. Comenzaba así el caso conocido como el Narcoindulto.
LA SECRETARIA QUE LLEGÓ HASTA LA CUMBRE
El Colegio La Presentación fue una importante referencia educativa para señoritas de toda la región andina. Situado en Tovar, población del estado Mérida, ese colegio regentado por estrictas monjas, vería crecer y formarse desde el año 1944 hasta diez años después, a una joven nacida en el lugar. María Auxiliadora Jara Rangel, antes de contraer nupcias por primera vez, con una supuesta participación en actividades políticas en contra del dictador Marcos Pérez Jiménez vino a Caracas y luego, con AD en el gobierno comenzó a trabajar en lo que para aquel entonces se denominaba Secretaría General de la Presidencia. Allí formó parte del pequeño ejercito de funcionarios que, guiados por el Secretario de la Presidencia, Ramón J. Velásquez, servían al Presidente Rómulo Betancourt. La señora Jara Rangel sería la encargada de asistir a Ramón J. Velásquez en todo el trabajo secretarial necesario para la elaboración de los primeros números del Boletín Archivo Histórico que Velásquez creó en aquella época.
Su hoja de vida la muestra como taquígrafa del Ministro de Relaciones Interiores de Betancourt (Carlos Andrés Pérez), Secretaria del Director de la Imprenta Nacional, Secretaria Privada del expresidente Rómulo Betancourt, Jefe de Secretaría del Consejo Nacional de Universidades, Secretaria Particular del Ministro de Educación, Secretaria Privada del Ministro de Sanidad y Asistencia Social, Adjunta al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, responsable de la correspondencia del candidato presidencial y posterior Presidente de la República Jaime Lusinchi, Secretaria del exministro y para entonces dirigente de AD José Ángel Ciliberto, Coordinadora de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República (Jaime Lusinchi), jefe de Secretaría del Senador Vitalicio Carlos Andrés Pérez, y de nuevo, Coordinadora de la Secretaría Privada del Presidente de la República.
Al momento de planificar las acciones de organización de la gestión de Ramón J. Velásquez en Miraflores, el apoyo secretarial surgió como uno de los puntos críticos. Durante los días en los cuales Octavio Lepage despachó desde Palacio en su condición de Presidente encargado, dejó escuchar sus quejas porque en Miraflores no había quedado una secretaría que lo atendiera. Pero además, dentro del sistema de funcionamiento del gobierno venezolano, la Secretaría Privada de Miraflores es algo más que una oficina para recibir y responder correspondencia de ocasión: es una instancia intermedia entre el Presidente y las altas instancias del gobierno.
Ramón J. Velásquez llegó a pensar en que ese cargo fuera ocupado por Edgar Otálvora o por Gustavo Velásquez, hijo del Presidente y quien venía de ejercer como Viceministro de Relaciones Interiores. Pero la decisión final fue que Otálvora se encargara de la Dirección General del Ministerio de la Secretaría, y que Gustavo Velásquez colaborara directamente con su padre, especialmente en el área de la Secretaría Particular, pero sin detentar cargo alguno.
Tal como alguna vez lo dijera, Ramón J. Velásquez decidió designar a la señora Jara Rangel de Tarazona como Secretaria Privada, con base en un recuerdo de treinta años atrás. Se necesitaba, en aquel momento de emergencia cuando asumió Velásquez, alguien que conociera la dinámica secretarial de la Presidencia, porque se sentía que no había tiempo para aprender. El 7 de junio, por instrucciones de Ramón J. Velásquez, el Ministro de la Secretaría juramenta a la señora Tarazona como nueva Secretaria Privada de la Presidencia. Desde entonces, su oficina estaría separada del despacho presidencial sólo por una delgada puerta. Su oficina sería visitada por periodistas que la entrevistaban, por ex rectores y obispos de provincia que pedían ayudas rememorando tiempos de otras secretarias privadas. Su nueva oficina, presidida por un retrato de Carlos Andrés Pérez, era el lugar más alto donde se podía imaginar que llegaría una secretaria.
El diario de finanzas Economía Hoy, publicaría una larga entrevista donde la periodista Eva Feld analizaba las diferencias entre la señora Tarazona y Madame Bovary, y donde la secretaria del Presidente confesaba entre otras cosas que admira a Carlos Andrés Pérez tanto como a su sucesor. Anunciaba la recién designada Secretaria Privada que se encontraba preparando un manual de ortografía y redacción que le pudiera servir de inspiración a otras generaciones de secretarias.
DUDAS RAZONABLES PERO NO SUFICIENTES
El Presidente Ramón J. Velásquez, hasta la llegada a la Secretaria de la Presidencia de Pedro Beltrán, quien sustituyera a Jara Rangel, se quejó amargamente de que lo mantenían incomunicado. No le presentaban la correspondencia, las secretarias respondían cualquier disparate y a su escritorio llegaban las cosas con retrasos. El no sabía quien le escribía y a quién y qué le respondían.
Situaciones que limitaban entre el ridículo y lo absurdo tuvieron lugar en repetidas ocasiones. Una de ellas fue cuando el Embajador de los Estados Unidos llamó al Ministerio de la Secretaría por haber recibido un telegrama donde a nombre del Ciudadano Presidente de la República, la Secretaria Privada le notificaba que el Presidente no asistiría a la recepción con motivo del aniversario de la Independencia de ese país: extrañado estaba el Embajador Skool porque el propio Presidente le había prometido asistir a este compromiso diplomático, como en efecto asistió.
Otras situaciones, menos ridículas, fueron creando un manto de dudas sobre el tratamiento que en la Secretaria Privada se le estaba dando a los asuntos presidenciales. Situaciones que se sumaban al hecho, comentado generalmente en Palacio, según el cual la señora Tarazona visitaba frecuentemente la Residencia Presidencial La Casona para informar a Carlos Andrés Pérez de las actividades de Velásquez.
Un primer caso que dejó razonables dudas fue el relativo a la designación de la Junta Directiva de la empresa aérea estatal Aeropostal. El día 27 de julio, el Ministro de Transporte y Comunicaciones, José Domingo Santander, presentó a consideración de Ramón J. Velásquez la constitución de la nueva Junta Directiva de Aeropostal. En ella se contemplaba la continuación de Andrés Duarte Vivas como Presidente. Entre otros miembros de la junta se incluían al abogado Alejandro Fuenmayor como quinto director principal y a Eduardo Colmenares Finol como su suplente. Este punto de cuenta debidamente certificado por la señora Tarazona fue remitido por el Ministro a Duarte Vivas para la elaboración de la respectiva acta. Pero la copia que llegó a manos de Duarte Vivas incluía una diferencia con respecto al original: escrito a mano aparecía el nombre de la “Sra María Auxiliadora Jara de Tarazona” en sustitución de Eduardo Colmenares y el nombre de Gustavo Velásquez en sustitución de Alejandro Fuenmayor.
Esa situación fue detectada por Andrés Duarte Vivas tal como se desprende de la comunicación que remitiera el día 9 de agosto al Ministro de la Secretaria de la Presidencia. El Presidente ratificó que su decisión había sido aprobar el listado original y la inclusión de la Secretaria Privada y de su propio hijo en un acto por lo demás torpe de forjamiento a mano de un documento, había sido obviamente una maniobra de alguien... que quería crear escándalo en contra de la Presidencia utilizando por mampuesto al propio hijo del Presidente. De hecho, sin que este suceso se hubiera hecho público, en una columna publicitaria semanal dedicada a temas turísticos, aparecida el 6 de agosto en el diario El Nacional, Ramón J. Velásquez fue objeto de ataques por la supuesta inclusión de su hijo en la Junta Directiva de Aeropostal, aún cuando esto no era cierto sino sólo en una fotocopia firmada por la señora Tarazona y que pocas personas llegaron a conocer.
El día 9 de septiembre recibí en mi condición de Director General del Ministerio de la Secretaría, un Memorando mediante el cual la Secretaria Privada me informaba sobre la decisión Presidencial para designar una nueva Junta Directiva de la empresa estatal propietaria del canal de televisión Venezolana de Televisión. Dicho documento no podía pasarme desapercibido en tanto por instrucciones del propio Presidente me encontraba encargado de revisar las bases legales y adelantando consultas para las designaciones de los Presidentes de las corporaciones de desarrollo de la región andina y de la región llanera (CORPOANDES y CORPOLLANOS) así como de la empresa Venezolana de Televisión. Inmediatamente consulté al Presidente, quien se encontraba presidiendo un Consejo de Ministros, sobre el contenido de esa comunicación. El desconocía el listado de nombres contenido en el Memorando, y se asumió que el memorando de la señora Tarazona era producto de la confusión con una lista de posibles candidatos a formar parte de dicha Junta Directiva que alguna persona había llevado al Presidente, pero que éste jamás había dado como definitiva. Pocos días después, por intermedio de la revista Zeta nos enteraríamos que la señora Tarazona había también enviado el mismo Memorando a la Presidencia de Venezolana de Televisión.
De hecho, los dos casos anotados pueden entenderse como errores secretariales de otros organismos, y no necesariamente adjudicables a la Secretaría Privada de la Presidencia, en especial el referido a AEROPOSTAL. Pero forman parte de un historial burocrático donde la ausencia de un equipo propio en manos del Presidente, hacían que sus colaboradores más inmediatos debieran estar en permanente atención. El personal secretarial de la Secretaría Privada así como prácticamente todos los directores y funcionarios de Miraflores seguían siendo los mismos de cuando Carlos Andrés Pérez o antes.
EL ENGAÑO AL PRESIDENTE
El más penoso incidente del gobierno de Ramón J. Velásquez, y posiblemente de toda su vida pública fue una combinación, explosiva sin duda, de política, comercio de estupefacientes y confianzas violadas.
El 27 de octubre la prensa de Caracas informó sobre la decisión del gobierno de Ramón J. Velásquez de emitir un decreto indultando a Larry Tovar Acuña, quien se encontraba preso aún sin sentencia y al cual se le adjudican diversos delitos en Venezuela y Estados Unidos relacionados con el comercio de narcóticos. El Decreto apareció en la Gaceta Oficial, publicación cuyo contenido es decidido por el Ministro de la Secretaría, sin la firma del Ministro de Justicia que debía refrendar el acto presidencial. El prisionero fue sacado de la cárcel sin que la juez que le seguía juicio hubiera firmado la necesaria boleta de excarcelación. Las irregularidades saltaban por doquier.
El 27 de octubre Ramón J. Velásquez solicitó a la Policía Técnica Judicial abriera las investigaciones; señaló al Procurador General de la República y al Ministro para la Descentralización la tarea de redactar un decreto derogatorio de aquel que concedía el indulto. Se reunió con el Consultor Jurídico, Manuel Peña López, para precisar si el indulto había salido de ese Despacho. Se reunió con el Ministro de la Secretaría y con el Jefe de la Oficina del Consejo de Ministros, Ezequiel Alfaro López, para conocer los originales del indulto y el proceso que se siguió para su inclusión en la Gaceta Oficial.
A principios de la tarde, en presencia de testigos, Ramón J. Velásquez se reunió con la señora Tarazona. Ella había puesto sobre el despacho del Presidente el proyecto de indulto acompañado de un estudio elaborado por la Consultoría Jurídica: pero en aquella oportunidad al parecer, la señora Tarazona olvidó mencionarle al Presidente que el informe que servía de base al indulto había sido elaborado por Gustavo Velásquez, Consultor jurídico de Miraflores durante el gobierno de CAP y que en ningún caso aquel informe recomendaba la decisión de indultar al procesado. En algún momento de la reunión, el Jefe de la Casa Militar hizo entrega a Ramón J. Velásquez de un telegrama mediante el cual la Secretaria Privada había notificado a los padres de Tovar Acuña, sobre las gestiones hechas por la Secretaría para reactivar la solicitud del indulto.
Velásquez preguntó insistentemente por qué ella habla tomado la iniciativa sin hacer pasar la solicitud por los canales regulares del Ministerio de Justicia o de la Consultoría Jurídica de Miraflores. Le preguntó por qué había enviado aquel telegrama. Ella respondió que se trataba de las rutinas secretariales: siempre se respondía a las solicitudes que se le hicieran al Presidente.
Ramón J. Velásquez asistió al final de la tarde al Fuerte Tiuna donde en compañía de los Ministros de Defensa y Sanidad, procedió a condecorar con la Orden “Rafael Urdaneta” a un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Los periodistas que cubrían el evento le preguntaron por las responsabilidades del hecho, y dijo que el caso estaba en manos de la PTJ,
Al regresar a Miraflores, el Presidente ordenó al Ministro proceder a sustituir a la señora Tarazona de su cargo. Se designaría provisionalmente a Alfaro López. Este se reúne con Tarazona, y acuerdan que al día siguiente procederían a la entrega formal. Pocos minutos después, un asistente de Ramón J. Velásquez informa que la señora Tarazona está procediendo a destruir documentos en su oficina y a enviar diversos paquetes al vehículo asignado. El jefe de seguridad de la Casa Militar comentaría, mientras la PTJ procedía a revisar el vehículo, que poco tiempo antes una pariente de la señora Tarazona lo había llamado para pedirle ayuda para movilizarla hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía.
Comenzó así una de las más graves crisis del gobierno. Funcionarios de Miraflores, desde el asesor en Asuntos Culturales del Presidente, Rafael Ramón Castellanos, la abogado Alicia Lira, asistente del Director de Personal Gonzalo Urrutia; el abogado Cipriano Heredia hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de mismo nombre, pasando por toda suerte de funcionarios fueron llamados a declarar primero en la PTJ y luego en el tribunal que sigue la causa. Igualmente Gustavo Velásquez fue citado a declarar, mientras que el Presidente de la República y su Ministro de la Secretaría debieron responder a cuestionarios escritos remitidos por la juez del caso. Otro tanto ocurría en el Ministerio de Justicia.
El sensacionalismo noticioso de un caso de narcotráfico llenó páginas enteras. Los cables internacionales se dieron banquete. La agencia EFE distribuyó a todo el mundo un despacho fechado el día 28: “Largo brazo del narcotráfico llega a palacio de gobierno”. AFP anotaba que “El Narcotráfico penetró palacio presidencial venezolano”. La UPI titulaba con “Narcotráfico penetra altas esferas del poder en Venezuela”.
En un primer momento, la juez decidió dictar autos detención a diez personas, tres de ellas funcionarios de la Presidencia. Igualmente dejó abiertas las averiguaciones en el caso de ocho personas: cuatro de ellas funcionarios civiles de la Presidencia, un Edecán del Presidente y el propio hijo de Ramón J. Velásquez.
Al momento de escribirse estas notas, el caso fue cerrado para prácticamente todos los inicialmente señalados. La señora Tarazona permanece detenida bajo proceso judicial, así como otras dos personas. El juicio continua y en algún momento del futuro se podrá conocer exactamente cómo se armó un proceso que permitió la salida en libertad a un traficante de narcóticos que aún permanece libre.
Por su parte, Ramón J. Velásquez evidenció su total franqueza ante la opinión pública. Desde el primer momento explicó lo ocurrido en lo que a él correspondía; no ocultó el error, abrió Miraflores para que la policía, una comisión parlamentaria y los tribunales investigaran todo lo necesario, no se escudó en su figura presidencial para obviar explicaciones al tribunal, y esencialmente, decidió que en primer lugar estaba la credibilidad de la Presidencia antes que posibles amistades o solidaridades.
Aquella Secretaria Privada pasaría a los anales como símbolo de una crisis política, que pudo dar al traste con el gobierno de Ramón J. Velásquez a sólo un mes de las elecciones. El caso pasó a la voz callejera claramente dibujado por la expresión de Ramón Escobar Salóm de apoyo al Presidente y acusando a “una mano peluda” como causante del caso.
Ezequiel Alfaro, Jefe de la Oficina del Consejo de Ministros, antes de presentarse en la sede central de la PTJ, tras la decisión de la juez de dictarle auto de detención, fue a Miraflores y se reunió con Ramón J. Velásquez. En presencia del Ministro y del Viceministro de la Secretaría, Velásquez pidió disculpas a Alfaro.
-Le pido disculpas porque a causa del engaño de que fui objeto por una persona que merecía toda mi confianza, muchas personas están viendo mancharse su reputación.
Transcripción del capítulo VI del libro "La Paz Ramónica", por Edgar C. Otálvora.