Más de 10.000 españoles afectados por el paro y el hambre partieron para trabajar en la Alemania de Hitler entre 1.941 y 1.943. Engañados por la propaganda franquista, se alistaron como voluntarios para trabajar en sus fábricas, donde se convirtieron en mano de obra semiesclava.
En 1.941, millones de varones alemanes fueron movilizados con destino al frente del Este. La necesidad de no dejar desatendidas las fábricas y los campos, lo que hubiera supuesto la paralización de la maquinaria bélica, puso de nuevo en funcionamiento la mente criminal de los dirigentes nazis. La solución iba a consistir en la importación de mano de obra esclava, compuesta por prisioneros de guerra, y semiesclava, proporcionada por los dirigentes de aquellos países que eran aliados de Hitler, como era el caso de España.
La petición le llegó al gobierno de Franco varias semanas antes de que la prensa española comenzase a hablar de la División Azul (la aportación militar del franquismo en beneficio del Tercer Reich), y se repitió en varias ocasiones a lo largo de la primavera y el verano de 1.941. Venía avalada por el recuerdo de la ayuda militar proporcionada a Franco en el transcurso de la guerra civil española, una parte de la cual continuaba pendiente de pago. Franco y su principal consejero, su cuñado Ramón Serrano Suñer, decidieron aceptar la solicitud. Desde su punto de vista, el envío de trabajadores (productores, de acuerdo con la terminología utilizada por el régimen) debía servir no solo para saldar una deuda económica, sino para conservar la buena relación con Berlín, sin perder de vista que esa operación ofrecía la posibilidad de disminuir el gran número de desempleados existentes en España.
El convenio hispano-alemán para el envío de trabajadores españoles a Alemania tiene fecha de 21 de agosto de 1.941. Unos días después se puso en marcha la operación. La recluta, contratos, suministro de equipos, organización de los viajes y representación de los trabajadores quedó a cargo de una Comisión Interministerial para el Envío de Trabajadores a Alemania (CIPETA), la cual inició su funcionamiento bajo la presidencia de Pelayo García Olay y con Marcelo Catalá Ruiz en funciones de secretario técnico.
En Octubre de 1.941, el Gobierno, a través de las oficinas de colocación de la Central Nacional Sindicalista, dio a la publicidad las Condiciones para el trabajo de productores españoles en Alemania. Buscaban facilitar la salida de la mano de obra no cualificada, y abrían las puertas a los menores de edad con autorización familiar. Los trabajadores firmarían contratos individuales de dos años de duración con las empresas alemanas interesadas en esta mano de obra. En teoría, los españoles disfrutarían de "todos los derechos de los trabajadores alemanes : jornales de 2,60 a 3,90 pesetas por hora y vacaciones anuales de 21 días". Descontado el coste de la alimentación (de 43 a 60 pesetas), “el resto podría ser enviado a las familias“. Además, una vez terminada la jornada laboral, disfrutarían de actos deportivos, excursiones y veladas artísticas, todo ello bajo el amparo de la Fuerza por la Alegría, organismo dependiente del Frente Alemán del Trabajo, en el que los obreros quedaban adscritos.
Entre vivas a Hitler y Franco, y el agitar de banderas nazis y falangistas, los primeros trabajadores partieron hacia Alemania el 24 de noviembre de 1.941. Eran un total de 570 obreros contratados en Huelva (una de las provincias que más mano de obra aportó) y Madrid, y fueron despedidos por el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, en la madrileña estación del Norte. Otras expediciones seguirían en las semanas siguientes y a lo largo de 1.942, y, ya en menor cuantía (por las presiones de EEUU y el Reino Unido), de 1.943, siempre utilizando el ferrocarril como medio de transporte.
Los más de 10.000 españoles que partieron para trabajar en Alemania firmaron contratos con más de 70 empresas. En casi todos los casos trabajaron como peones, albañiles y mineros, pero también como mecánicos de precisión, fresadores, torneros y carpinteros. Por ejemplo, en IG Farbenindustrie AG (Ludwishafen); en Junker Flugzeug und Motorenwerke
(Magdeburgo), fabricante de motores para aviones; la casa Baier (Berlín); Robert Bosch, SA (Stuttgart); la empresa minera Hiespasulzbach, y en varios hoteles berlineses. En Huelva y Córdoba, las empresas alemanas contrataron sobre todo mineros para perforar y construir galerías bajo tierra y peones con experiencia en la industria metalúrgica. En Ciudad Real el reclutamiento tuvo connotaciones políticas, pues el Gobierno había enviado a Alemania a 300 mineros despedidos de las minas de Almadén por su notorio rechazo al régimen.
En enero de 1.943 finalizaron las vacaciones de los trabajadores que habían acudido a Alemania en las primeras expediciones. Pese a las penalidades sufridas, bastantes de ellos decidieron regresar y agotar el contrato firmado. Otros optaron por quedarse en España.
Aunque en líneas generales los españoles recibieron un trato privilegiado en comparación con otros trabajadores extranjeros, lo cierto es que tuvieron que afrontar una situación que en poco se parecía a lo prometido. Para empezar, el envío a las familias del dinero ahorrado suponía una operación complicadísima con interminables trámites. Pero mucho peor efecto sobre los trabajadores tuvieron la pésima alimentación recibida, las larguísimas jornadas de trabajo y las barracas en las que fueron alojados.
La comida resultó ser poco apetitosa y muy escasa. En el campamento de los trabajadores de los ferrocarriles alemanes, en el centro de Berlín, la alimentación, de acuerdo con el informe de la inspección española, era “un plato de sopa de un litro por la mañana y otro litro de rancho, compuesto de zanahorias, patatas, etc.; por la noche semanalmente se les da 3 kilos de pan, 250 gramos de embutidos, 100 gramos de queso o mermelada, un trozo de carne y una sopa azucarada“. Al mismo tiempo, se vivían a menudo situaciones de explotación de los trabajadores extranjeros que hay que calificar de infrahumanas. Un informe remitido al presidente de la CIPETA, en enero de 1.942, deja constancia de que en varias ciudades los españoles estaban siendo obligados a trabajar en oficios distintos a aquellos para los que habían sido contratados, y de la lamentable situación vivida en las minas de la región de Metz : “Todos los obreros van inmediatamente al fondo de la mina habiéndose dado casos de vómitos de sangre y de hernias. Yo mismo vi a un muchacho muy joven, con una hernia que va abriéndose cada vez más, obligado a empujar vagonetas de mineral. Los obreros dicen que los hemos mandado a morir“.
