5 de noviembre del 2002
Javier Ponce
La Insignia
"Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y el consumo de todos los países". Burguesía que, "espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, (...) recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes"
-Carlos Marx-
¿Es posible imaginar un mundo en el que, desde el lustrado de zapatos hasta la provisión de agua potable sea materia de un mercado internacional sin control y sin soberanías? No estamos lejos de ese peligro.
Existe ya un acuerdo en vigencia desde 1994 del cual no escapa América Latina y que es un antecedente de lo que será el ALCA cuando imponga una liberalización de servicios.
Ese curioso acuerdo de 1994 se denomina "Acuerdo General sobre Comercio de Servicios" y parte, como todas las propuestas de liberalización de mercados, de un eufemismo común:
"La mayor apertura de los mercados dará mejores posibilidades a los países en desarrollo de mejorar los servicios a sus ciudadanos a la vez que les dará mejores oportunidades comerciales para su crecimiento económico."
La culminación de este acuerdo tiene también la misma fecha mágica del ALCA: el año 2005.
¿Quién podrá asegurar tanta belleza cuando los que "provean" de esos servicios, particularmente los públicos, no estén bajo control de Estado alguno? Más aún, si los términos de este tipo de acuerdos son tan generales y ambiguos que sólo la práctica de los más fuertes acabará definiendo qué es y qué no es un servicio.
El mandato del grupo de negociación del ALCA que trata el tema de los servicios es el de aplicar un libre mercado masivo. "Establecer disciplinas para liberalizar progresivamente el comercio de servicios, de modo que permita alcanzar un área hemisférica de libre comercio".
Por tanto, hasta el inofensivo lustrado de zapatos puede entrar a ser materia de la liberalización de los servicios.
Ni qué pensar de temas mayores y donde las transnacionales se juegan sus mejores cartas, como la explotación de los recursos naturales con afectación del medio ambiente.
Es lógico suponer que un servicio que tiene que estar lejos de las manos de las transnacionales es precisamente el monitoreo ambiental, pues se da por descontado que es necesario poner límites a un negocio por razones de protección ambiental. Pero éste será también un servicio puesto en venta.
La perversidad del mercado no contempla esas limitaciones extra-comerciales.
Y no las contempla, a nombre de la imparcialidad que deben guardar los Estados frente a la liberalización de los servicios.
Otro tanto se puede pensar de los servicios públicos de salud, de agua potable, de energía o de policía.
El acuerdo de liberalización de servicios, al igual que las propuestas del ALCA, guarda una secreta amenaza: volver irreversibles todos los pasos que se den. Esto es, si se llegan a liberalizar los servicios de la salud pública, su ingreso al mercado será irreversible.
Y el que quiera desandar el camino, ha de pagar gigantescas compensaciones.
Es cierto que las negociaciones del ALCA hablan de otorgar a los gobiernos el derecho de regular estos servicios, pero a renglón seguido se dictamina que sólo lo podrán hacer de manera compatible con "las disciplinas establecidas en el contexto del tratado"; esto es, un derecho sujeto al derecho superior de las transnacionales de servicios.
Por primera vez en un acuerdo de comercio internacional, las empresas de servicios transnacionales contarán con derechos competitivos (igual que si se tratara de una empresa nacional o estatal), en una gama completa de suministros de servicios gubernamentales, y tendrán el derecho de enjuiciar a cualquier gobierno que se resista a indemnizarlas financieramente. Y las indemnizaciones serán no sólo por las supuestas pérdidas al momento de la intervención gubernamental ¡sino también sobre las pérdidas futuras!
Sobra decir que un Estado no podrá aplicar criterios de calidad al momento de despojarse de los servicios de salud. Tampoco podrá dar un trato preferencial a una empresa nacional.
Todos son iguales ante la ley del mercado. Y éste será un sofisma indiscutible e irreversible en el año 2002.
Si algún país quiere dar un trato especial a un servicio, si quiere aplicar estándares sociales o ambientales en función de las condiciones y características culturales, sociales o ambientales de su población y de su región, puede ser denunciado ante esta extraña "comunidad de naciones" por cualquiera que se sienta perjudicado.
Con la imposición del ALCA, se cerrará el círculo en torno al control privado de los servicios: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, destinado a restringir las acciones de los gobiernos nacionales por medio de un conjunto de limitaciones jurídicas, que tendrán como soporte las sanciones comerciales que imponga a los que incumplan la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que sirven de base del ALCA, que ampliará aún más la liberalización de servicios.
Los tres asegurarán una "cobertura universal de todos los sectores de servicios".
Los acuerdos de liberalización de los servicios provocan cuatro preocupaciones básicas:
I. La posibilidad de que los gobiernos se vean impedidos de definir políticas públicas en sectores clave para garantizar ciertos servicios básicos a la ciudadanía.
II. La irreversibilidad del proceso, que hace que lo que se compromete en cada ronda de negociación no pueda deshacerse sin un costo económico de consideración para los países más pobres.
III. El peligro real de que los términos generales que se establezcan en este tipo de liberalizaciones del mercado, acaben colocando temas de importancia nacional en manos de algún arbitraje internacional controlado por los países de mayor influencia y poder.
IV. Todos los intentos - fallidos hasta ahora - de privatizar en el Ecuador servicios como la seguridad social, encontrarán en el ALCA el escenario propicio para hacerlo de manera obligatoria e irreversible.
En 1996, la Metalclad Corporation, una empresa estadounidense de eliminación de residuos, acusó al gobierno mexicano de violar el TLCAN, cuando el Estado de San Luis de Potosí denegó el permiso para reabrir las instalaciones de eliminación de desechos. El gobernador de San Luis había ordenado la clausura del sitio, luego de que una auditoría geológica demostró que las instalaciones de la Metalclad Corporation contaminaban el suministro local de agua; y declaró al sitio una zona de protección ecológica.
La Metalclad consideró aquello como una expropiación. Finalmente, un tribunal internacional del Tratado de Libre Comercio expidió un fallo a favor de la empresa y ordenó al gobierno mexicano pagar una indemnización de 16,7 millones de dólares.
Lo que ocurre con México dentro del Tratado de Libre Comercio es un anuncio de lo que le podrá ocurrir al Ecuador dentro del ALCA.
El control de los servicios por parte de las multinacionales y por ende, de su país de origen (en gran parte de los casos, Estados Unidos) va más allá de las expectativas de un mejor servicio para la población.
Hay un caso extremadamente grave y ejemplar: el agua dulce.
Es posible "sospechar" que, en el caso del agua, no es ni siquiera el hacer buenos negocios la motivación más profunda de las transnacionales. ¿Por qué afirmamos esta sospecha?
Porque para el año 2005, el ya famoso año 2005, la demanda de agua dulce en el mundo será superior en un 56% a los recursos de agua existentes.
Y las potencias económicas prefieren controlar este recurso ahora, a través de acuerdos como el ALCA, que verse obligadas a emprender las guerras por el agua en el futuro.
El ALCA habla claramente de que el agua debe ser tratada como una mercancía cualquiera y no como un recurso estratégico de un país. Y la aplicación de esta norma ya tiene un antecedente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): la empresa californiana Sun Belt ha entablado un juicio contra el gobierno de Canadá, por motivo de la prohibición impuesta por la provincia de Columbia Británica sobre las exportaciones de agua.
La empresa argumenta que la decisión precautelatoria de esa provincia atenta contra los derechos que el TLCAN concede al inversionista y exige una indemnización de 10 mil millones de dólares.
Y varias de estas transnacionales se encuentran desarrollando tecnologías para el traslado de grandes cantidades de agua potable remolcadas por vía marítima. Y dentro del ALCA, nadie podrá impedirles esta "exportación legal", hecha a nombre de la liberalización de los servicios.
La suerte que puede corresponderle al agua dulce de países como el Ecuador, si no lo impedimos, acabará convirtiendo a un patrimonio de todos los seres humanos, a un patrimonio de la tierra, en patrimonio de unas cuantas transnacionales.
¿No hay acaso un absurdo en todo esto?
¿Acaso el agua debe pertenecerle a alguien?
¿Qué derecho tienen las grandes multinacionales para controlar los sistemas hidrológicos como si fuesen cualquier mercancía?
El ALCA pone en peligro la preservación del dominio público sobre el agua, que debe someterse a rigurosas normas nacionales.
(*) Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.
Ficha técnica:
Edición, diagramación y producción original de la serie:
Javier Ponce, Susana López Olivares y David Villamar
Coordinación:
Alberto Acosta
Tomado de La Insignia