Nicaragua, 8 de enero del 2003
Óscar-René Vargas (*)
El Nuevo Diario
Un hecho poco divulgado en numerosos países de la región es que el ALCA implicaría pérdidas de soberanía nacional, que las empresas transnacionales tratarían de transformarlas en irreversibles, concediéndoseles privilegios que sobrepasan y anulan las legislaciones nacionales. Los EE.UU. busca incluir artículos existentes en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América Norte (TLCAN o NAFTA), cuyas implicancias negativas al respecto son muy claras y ya se han demostrado, en la práctica, consecuencias nefastas para los intereses nacionales de Canadá y México en sus relaciones con consorcios norteamericanos. De esta manera, las transnacionales conquistan plenamente en el ámbito regional prerrogativas que no pudieron imponer en el ámbito mundial en el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI).
El artículo 1110 del capítulo 11 del TLCAN obliga a los estados suscriptores a compensar a los inversionistas extranjeros en caso que decisiones soberanas de las autoridades nacionales sean consideradas expropiaciones. El artículo proporciona a los inversionistas atribuciones de sujetos de derecho internacional, reservados antes del Tratado exclusivamente a los Estados. El grado muy elevado de transnacionalización de las economías de la región tendería así a expandirse y consolidarse, independientemente de la voluntad soberana futura de nuestros países. Ello, desde luego, también es plenamente válido para los sistemas financieros.
21. El ALCA va a impulsar más el capital financiero especulativo y la quiebra de las industrias nacionales: Latinoamérica nunca experimentó un "boom" económico real bajo la égida del sistema "neoliberal". Una significativa expansión tuvo lugar en los especializados sectores mineros, en los mercados de valores y en el sistema financiero, pero ninguna de ellas acarreó importantes innovaciones y nuevas líneas de producción capaces de sostener el crecimiento de forma sostenible. El "boom" en los denominados "mercados emergentes" fue en gran parte el resultado de flujos a gran escala de inversiones en cartera que inflaron artificialmente el valor monetario de las acciones por encima de su capacidad para generar ganancias.
La privatización encaminó al capital extranjero y nacional a la compra de las empresas nacionales ya establecidas, no a añadir nueva capacidad productiva, mientras los regímenes usaban los ingresos obtenidos por la venta de las empresas públicas o estatales para pagar a los acreedores extranjeros. El efecto neto fueron cambios en los títulos de propiedad, pero poco crecimiento real de las fuerzas productivas y la pérdida de futuros ingresos públicos. El problema clave en la transferencia de propiedad, desde la propiedad nacional a la extranjera y desde lo público a lo privado, es la pérdida de control sobre resortes estratégicos de la economía (energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones).
Las decisiones para reinvertir las ganancias al expandirse la producción local están ahora basadas en una comparación con las tasas de ganancia internacionales, no en consideraciones estratégicas nacionales de empleo, ahorro de divisas o en profundizar las ligazones hacia atrás y hacia delante de la economía nacional. Asimismo, la privatización impide la toma de decisiones, clave sobre la financiación de la investigación y el desarrollo tecnológico, nuevas líneas de productos y nuevas estrategias de comercialización, trasladándolas fuera del alcance de los policy makers nacionales y hacia los consejos de administración de compañías extranjeras.
La movilidad de capitales financieros de corte especulativo se desarrolla desde el derrumbe, a comienzos de la década de los setenta, del tratado de Bretton Woods y la desregulación de los mercados financieros. Antes de Bretton Woods, el 90% de todas las transacciones de moneda correspondía a operaciones comerciales e inversiones a largo plazo. Después de su colapso, el 90% son transacciones de tipo especulativo. El flujo financiero diario que responde a actividades especulativas es mayor a las reservas monetarias de todos los Estados del G 7.
La liberalización de los mercados financieros, junto con la liberalización de los cambios monetarios ha creado una situación de enorme inestabilidad económica, con enormes flujos de capital financiero, de tipo especulativo, cuyo poder es mayor que el de cualquier Estado. Este poder se basa en su capacidad de movimiento, penalizando a aquellos gobiernos que se distancian de lo que estos mercados financieros consideran como aceptable. De ahí que se considere como un objetivo primordial de los gobiernos ser "creíbles" y "aceptables" desde el punto de vista financiero, favoreciendo aquellas políticas monetarias que aquellos mercados dicten.
Esta es la conducta dominante en los gobiernos de la región, con mayor razón cuando se ven obligados o por decisión propia suscriben acuerdos con el FMI. En estas condiciones, la autonomía de las políticas nacionales es todavía menor, como se comprueba en Argentina.
Sin duda, el mercado de capitales es el más globalizado en el ámbito mundial y al interior de él tiene una dimensión muy grande el movimiento de capitales financieros. La carencia de regulaciones internacionales conduce a que se transforme en una fuente de inestabilidad, especialmente al predominar el desplazamiento de los recursos de corto plazo, tras la obtención de elevados beneficios.
22. El ALCA no permitirá el desarrollo sustentable de América Latina. El desarrollo sustentable intenta reconciliar el crecimiento económico, sobre todo de las naciones menos desarrolladas, con la preservación y regeneración de los recursos naturales para lograr crecimiento social e integración de los países ricos y pobres a largo plazo, sin poner en peligro el medio ambiente. En la lógica desarrollada en el TLCAN no se tiene en cuenta estos factores.
Por ejemplo, debido a la búsqueda por abatir costos y atraer capitales en la competitividad salvaje, se ha deteriorado aceleradamente el medio ambiente mexicano y se han mermado los recursos naturales, ya que cuesta a México 63 mil millones de dólares (10 por ciento del PIB, tres veces la producción de petróleo) paliar anualmente el deterioro ambiental causado por este modelo de "desarrollo" impulsado por el Tratado de Libre Comercio (Banco Mundial, La Jornada, 3/11/02).
Después de nueve años del Tratado de Libre Comercio, en la agricultura mexicana el fenómeno más notable ha sido el crecimiento de las importaciones norteamericanas, particularmente de granos. Así, mientras que entre 1987 y 1993 (antes del TLCAN) llegaron 52 millones de toneladas, entre 1994 y 1999 (después del TLCAN) se compraron 90 millones. Un incremento de casi 40 por ciento, que en el caso del maíz fue aún mayor, pues si en el primer lapso entraron 17 millones de toneladas, en el segundo se compraron casi 30 millones, con un incremento cercano a 70 por ciento. El resultado ha sido que al terminar el siglo XX los mexicanos dependen de los Estados Unidos en 60 por ciento del arroz, la mitad del trigo, 43 por ciento del sorgo, 23 por ciento del maíz y casi toda la soya.
Por otro lado, las corporaciones estadounidenses buscan introducir en los mercados los alimentos transgénicos. Los alimentos modificados genéticamente no son, hasta donde sabemos, "veneno". Mientras exámenes adecuados sobre seguridad tienen que ser todavía llevados a cabo, no hay, aún, evidencias convincentes de que sea un poco peor para la salud humana que los alimentos convencionales.
El problema real con las cosechas producidas por manipulación genética es que les permite a las grandes compañías biotecnológicas estadounidenses colocar un candado en la cadena alimentaria. Al patentar los genes y todas las tecnologías asociadas con ellas, las corporaciones norteamericanas están maniobrando a una posición en la cual pueden ejercer un completo control sobre lo que comemos. Esto tienes implicaciones devastadoras para la seguridad alimentaría en países pobres y para su desarrollo sustentable.
(*) Autor del libro: ¿Qué es el ALCA? Globalización, Estados Unidos y América Latina (2002).
Tomado de La Insignia