11 de junio del 2003
| El pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó ayer la extradición
a España del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo por los delitos de
genocidio y terrorismo, no así por el delito de tortura, el cual consideró
prescrito. Ante la trascendencia del amparo que interpuso Cavallo -quien participó en la guerra sucia en Argentina con el alias de Sérpico- para impedir su entrega a las autoridades españolas, los ministros ejercieron su facultad de atracción para resolver de una sola vez el asunto y fijar también la posición del máximo tribunal de justicia del país. Así las cosas, se prevé que a más tardar este jueves la Corte termine el engrose con los votos de minoría y el voto particular del ministro Humberto Román Palacios, y la Secretaría de Relaciones Exteriores esté en condiciones de entregar al ex militar una vez que concluya los trámites administrativos. La defensa del gobierno mexicano al ''empresario'' argentino terminó cuando el 24 de agosto del mismo año 2000 intentara darse a la fuga, luego de que se hizo pública su participación en la dictadura militar de la nación sudamericana: Ricardo Miguel Cavallo era también Miguel Angel Cavallo (Sérpico o Marcelo), quien entre los años 1973 y 1983 estuvo involucrado en el secuestro, tortura y ejecución de por lo menos 227 personas, en la tortura de otras 110 y en la desaparición de 16 recién nacidos, cuyas madres fueron detenidas en las instalaciones de la ESMA (Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada). De igual forma, en su calidad de ''especialista en temas de inteligencia'', Cavallo estuvo relacionado con la ubicación y señalamiento de los blancos (personas a secuestrar) y la planificación de operativos de secuestro y/o ejecución de disidentes. Asimismo, fue responsable de cientos de interrogatorios bajo tortura a los prisioneros en la ESMA. Otros testimonios que forman parte del expediente del juez Garzón, señalan al ex director del Renave en la ''selección de prisioneros'' que, primero, eran adormecidos con pentotal y posteriormente subidos a aviones militares, ''desde donde se les arrojaba, vivos aún, al mar''. Otros métodos utilizados por el capitán de corbeta para ''tratar'' a los detenidos son el ahorcamiento, la aplicación de descargas eléctricas, inyección letal e incineración de cuerpos a campo abierto, dentro del perímetro de la ESMA. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sienta ''un precedente extraordinario'', afirmó en Madrid Carlos Slepoy, uno de los abogados de la causa en contra del ex militar argentino en España. ''Es extraordinario, porque esto cierra lo que no se pudo cerrar con (Augusto) Pinochet'', precisó el litigante, quien confió en que el juicio en contra de Sérpico pueda dar comienzo antes de fin de año. Por otro lado, en México, agrupaciones de exiliados argentinos expresaron su beneplácito por la resolución del máximo tribunal. Pero en medio del júbilo, entre los integrantes del Grupo de Seguimiento del Caso Cavallo y la organización Genocidio Nunca Más, hubo cierta ''decepción'' por el hecho de que no se le juzgue también por el delito de tortura. Siria Oliva, abogada de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos manifestó: ''Celebramos que la SCJN haya accedido a la extradición, pero lamentamos que no haya tomado en cuenta la jurisprudencia internacional ni los acuerdos y tratados internacionales que México ha signado, para que hubiera considerado la tortura como delito de lesa humanidad e imprescriptible''. Por su parte, Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que la decisión es muy importante porque confirma que esta línea de la jurisdicción internacional ''empieza a tener un peso concreto en el país y muestra que es posible poner fin a la impunidad aunque ésta tenga por origen distintos países, como en este caso Argentina, y se resuelve en México después de un largo camino e historia''. Las organizaciones sociales, civiles y de defensa de los derechos humanos agrupadas en la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional destacaron que es relevante la decisión, y el mensaje que se envía desde México es que en los delitos de lesa humanidad no habrá impunidad para nadie. |
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