Militarizan la pobreza

El aumento de la pobreza, la gravedad de la crisis social, han disparado una campaña alrededor de la "seguridad", mientras vienen sucediéndose una serie de movilizaciones en ciudades del interior como Arequito, de la Provincia de Buenos Aires, y en el mismo Conurbano contra la inseguridad. El gobierno respondió instaurando una militarización de hecho en el Gran Buenos Aires. A los 48.000 hombres que conforman la bonaerense, se sumaron 2.000 gendarmes y una cifra indeterminada de Prefectura y la Federal con el propósito de lograr "en un plazo de 180 días" "la disminución de las condiciones de inseguridad"1. Así, una de las regiones con mayor desempleo del país se convierte en un territorio ocupado por fuerzas represivas que -no quepa la menor duda- apuntarán hacia donde ya es su "maldita" costumbre: contra los pobres y los jóvenes. En Capital, beneficiados con la cuatdruplicación del presupuesto, ya hay más de 1.100 policías en la calle realizando operativos sorpresa y se ha instaurado una especie de "Ley seca" que prohíbe la venta de alcohol. Aguijoneados por anunciados "premios por productividad", los perros de presa están en la calle. En los hechos constituye una intromisión extraordinaria de las fuerzas represivas en la vida de la población.

Durante el menemismo se intentó legitimar el papel represivo de policía presentando a los agentes de esta fuerza como víctimas del crimen. En la actualidad, personajes nefastos como Patti o Rico, medios como canal 9 y Radio 10 siguen repitiendo el discurso de "meter bala". Pero luego de la asunción de Kirchner, y de que éste tomó en cuenta el desprestigio de las instituciones represivas por su papel en los levantamientos de diciembre de 2001 y en la represión del Puente Pueyrredon, el discurso oficial cambió. Ya no se trata de que los policías son víctimas sino que hasta se reconoce el papel de algunos como victimarios, autores de delitos (caso Sobrado). Los primeros operativos del actual plan de seguridad están dirigidos hacia los desarmaderos de autos, sospechados en forma generalizada de connivencia con la bonaerense.

Pero en realidad, pese a los discursos, la "reforma" de esta policía provincial se ha limitado a la limpieza de su cúpula y a cercenar, tan sólo un poco, el poder de los comisarios de distintas departamentales, mientras se pactó la continuidad de la mayoría en sus cargos.

Según la nueva argumentación, la intervención de las instituciones represivas para ponerle un freno a la "ola criminal" debe saldar cuentas con las mafias policiales. Pero la respuesta a la "ola de inseguridad" ha sido plagar de instituciones tan podridas y corruptas como la bonaerense al territorio provincial (ver recuadro "Los 'cruzados' contra el delito"). Con la movilización de escuadrones provenientes de distintas partes del país, el Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires dan el primer paso hacia poner en movimiento el llamado "Estado Mayor Metropolitano" destinado a coordinar los operativos y la actividad de las fuerzas de las Policías Federal y Bonaerense, la Gendarmería, la Prefectura y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este nuevo organismo Metropolitano depende directamente de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional. Como gustan decir los medios se ha declarado una "guerra" al crimen. Como en toda "guerra" la militarización de la sociedad es su consecuencia.

El gran operativo del gobierno para combatir a la delincuencia termina por darle más poder a las mafias de asesinos, violadores, torturadores y ladrones que conforman la Bonaerense, la Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Junto con esto, nuevas medidas -de corte represivo- otorgarán a los fiscales la posibilidad de encabezar allanamientos, sin necesidad de contar con la autorización de los jueces de garantías. Mientras, se impulsa desde el gobierno bonaerense un decreto que dará a policías, a gendarmes y prefectos, mayores facultades para realizar requisas a las personas y a sus bienes sin autorización judicial.

Esta es la respuesta supuestamente progresista a un problema, que hunde sus raíces en la crisis social y en la impunidad con la que actúan las fuerzas policiales. En nombre de "declararle la guerra al crimen", se monta un espectacular mecanismo represivo con el que se intenta paliar el delito en una zona -como la del conurbano bonaerense- castigada por niveles enormes de desocupación y pobreza estructural, que afecta esencialmente a los jóvenes quienes impedidos del derecho al trabajo se ven empujados a la marginalidad.

Menem, de quien Kirchner pretende estar en sus antípodas, calificaba al crimen como un elemento subversivo al cual había que extirpar. Con las nuevas medidas, Kirchner copia -con otras formas para impactar positivamente a la opinión pública- mucho del contenido de lo que propusieron los representantes más recalcitrantes de la derecha. Recordemos que Menem centró su campaña en hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en la cuestión de seguridad. En realidad lo que se está montando es un plan de salvataje de las instituciones represivas, para restituirles la legitimidad perdida a partir de la crisis abierta de la hegemonía burguesa en los últimos años. Mientras le lavan un poco la cara a estas instituciones corrompidas, les otorga más dinero y poder, el control de la calle, y la impunidad a una Jefatura que de su seno ha sabido destacar corruptos como Sobrado y asesinos como Fanchioti.

1 Página/12, 9/7/03.
 

Los "cruzados" contra el delito

El despliegue de nuevas fuerzas en el Gran Buenos Aires se debería a que la "bonaerense" está "sobrepasada" y cuestionada, por su alto grado de corrupción, hecho agravado porque al Comisario Alberto Sobrado, ex jefe de la Bonaerense, se le descubrió una cuenta secreta de 330.000 dólares. Pero las fuerzas llamadas a combatir el auge delictivo y la corrupción policial -"con manos limpias, transparencia y pleno respeto de los derechos humanos"1 - son ellas mismas antros de corruptos y violadores de estos derechos.

La Policía Federal no sólo ha sido la responsable del asesinato a sangre fría de los compañeros que cayeron en Plaza de Mayo en diciembre de 2001 sino una fuerza reiteradamente denunciada por abuso policial, tortura y gatillo fácil.

El caso de Walter Bulacio es emblemático pero no el único. Según un informe del CELS2 se verificó, en los últimos años, un incremento sostenido del 89% (comparado con 1996), de la cantidad total de civiles muertos, en enfrentamientos, en los que participó la Policía Federal. Si medimos la cantidad de civiles asesinados desde esa fecha a la actualidad los "federicos" no tienen mucho que envidiarle a los "bonaerenses", ya que ellos solitos se llevan el "mérito" de haber asesinado a 543 contra 672 de los provinciales.

Se podría hacer una voluminosa enciclopedia del crimen si nombramos los delitos en los que la Federal se vio envuelta. Son verdaderos especialistas en asociación ilícita con fines de robo, falsificaciones y ocultamiento de pruebas, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tentativa de defraudación y extorsión, privación ilegal de la libertad, extorsión, intimidación pública y falso testimonio, exacciones ilegales y amenazas, tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, violación y lesiones, defraudación, tentativa de homicidio y un largo etcétera. Esto sin contar "delitos menores" como la coima de quinieleros por lo cual, se sabe, recaudan alrededor de 70 mil pesos por mes en cada comisaría. En la policía, la división robos y hurtos, roba y hurta, en robo automotor roban coches para transformarlos en bombas, en narcotráfico se trafican drogas y la policía del barrio se entretiene con toda la línea de ilegalidades barriales. Estamos ante una institución criminal preparada para delinquir.

La gendarmería es la estrella de esta cruzada. Ella estuvo presente en la represión de casi todos los levantamientos de desocupados del interior del país. Cuenta en su haber con el asesinato a mansalva de Mauro Ojeda y Francisco Escobar, durante el gobierno de la Alianza. En ese entonces, comandada por Chiappe, un torturador y genocida de la dictadura, disparó salvajemente a los trabajadores que reclamaban en el puente Gral. Belgrano el pago de sus sueldos. El saldo -además de los muertos- fue de cientos de heridos. Pero quizás haya sido en el levantamiento de los desocupados de Mosconi donde Gendarmería hizo sus mayores "méritos". Según un relato de un desocupado de esa zona "Las fuerzas de seguridad esperaron al día del padre y atacaron a mansalva, causando la muerte de Carlos Santillán y también la herida de bala de Iván Dorado, su cuñado, que se encuentra en mal estado. Hay demasiadas muertes en Mosconi…".

En los últimos días la "hazaña" denunciada por la CTA de Florencio Varela fue que "La Gendarmería salió a las calles del conurbano a reprimir a los vecinos que mantienen deudas o están enganchados al tendido eléctrico de la compañía EDESUR". Los operativos marcaron similitudes "a los efectuados en la época del proceso militar". Los mismos "son encabezados por las cuadrillas técnicas de EDESUR y respaldados por efectivos con armas largas y escopetas de grueso calibre que pertenecen a la Gendarmería Nacional"3. Todo un arsenal de disuasión para amedrentar a los pobres y defender la propiedad privada.

No está de más decir que cualquier tipo de contrabando a través de las fronteras cuenta con la "pasividad" o la vista gorda de los integrantes de esta fuerza.

Por último, la Prefectura es la fuerza de menor perfil, pero tiene en su haber la participación en la represión del 26 de junio de 2002 que terminó con la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Así como cualquier contrabando que pase por las aduanas argentinas, es imposible pensarlo sin algún grado de colaboración de sus miembros.

Notas

1 Declaración de Béliz a Página/12, 9/7.

2 Centro de Estudios Legales y Sociales.

3 01/07/2003 - ACTA.
 

"Ellos son la inseguridad"

Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil, integrante del CeProDH y candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires en las listas del PTS

LVO: Contános cómo fue tu caso...

Carla: El 1º de junio de 2001 volvía de la facultad después de un largo día de trabajo. Me bajé en Mitre y Brandsen, en Quilmes, a media cuadra recibí un balazo por la espalda que me tiró al piso. Enseguida un grupo de policías de civil empezó a interrogarme, mientras me tironeaban el bolso donde traía libros de la facultad. Decían que yo era la campana de un robo en un Mc Donald's. Después quisieron arrastrarme, mientras me desangraba. Cuando vi cómo lo llevaban a Darío Santillán en la Estación de Avellaneda me di cuenta que era la misma forma de actuar que usaron conmigo...

¿Qué pasó después?

Los medios y la policía hablaron de un operativo exitoso "con el triste saldo de una desgracia", no se hacían cargo. Yo sabía que me había tirado la policía por el lugar de donde vino el balazo y lo que conté antes. Estuve tres días en los que no se sabía si iba a sobrevivir (la bala pasó a medio centímetro del corazón) y quedé paralítica. Mientras tanto el Fiscal General de Quilmes decía que "el accionar policial había sido correcto". Después vino "lo clásico" de todo gatillo fácil: trataron de cambiar la bala y "plantaron" un arma para encubrir al responsable. La primera pericia balística dio como si nadie me hubiera tirado. Ahí empezamos la denuncia en los medios y... oh, casualidad... la segunda pericia dio que me había tirado el oficial Salmo de la Comisaría 6º de Ezpeleta.

¿Cómo está el caso hoy?

El Juez Nolfi y el Fiscal Pelayo que llevaron la primera parte del caso mantuvieron a Salmo impune y en funciones en la misma Comisaría. Le imputan lesiones culposas, es decir, parece que me tiró por casualidad y no para matarme. Para colmo elevaron el caso a juicio oral sin pruebas fundamentales como la reconstrucción del hecho argumentando que "tienen la convicción personal que no hubo intencionalidad en el accionar de la policía". Es nefasto, pero no me llama la atención: hay más de 1300 casos de gatillo fácil impunes en todo el país. Y esta situación se mantiene gracias a la complicidad de la justicia y a sus autores intelectuales: partidos como el PJ y la UCR que mientras gobernaron el país y la provincia pusieron en práctica sus políticas de "mano dura". Bueno y hoy esto se continúa con Solá y ni hablar de fascistas declarados como Rico y Patti.

Contános algo de la lucha que llevás adelante...

Cuando el cuerpo me dio, aunque desde la silla, me reintegré al CeProDH y empezamos a juntarnos con familiares de otras víctimas de gatillo fácil, la represión policial y la impunidad judicial. Hacemos pegatinas, marchas y actos en toda la zona sur denunciando esta situación. No vamos a parar porque detrás hay un montón de pibes, de laburantes como yo, que no queremos que sufran esto.

¿Con tu caso empezaste la militancia en el campo de los derechos humanos?

No, desde antes. Mi papá era militante y se fue a Chile durante el gobierno de Allende. Ahí lo asesinó el ejército de Pinochet el 11 de septiembre del 73, el día del golpe. Esto lo supe ya de grande y ahí empecé a moverme, para luchar contra las fuerzas represivas que tienen un rol bien claro en nuestras sociedades.

¿Qué opinás del tema de la seguridad y del comité de crisis que se formó en la provincia?

Creo que este gobierno, que se pinta de democrático y respetuoso de los derechos humanos, mantiene la misma policía, la misma justicia, la misma gendarmería, en síntesis, el mismo aparato represivo que tuvieron Menem, De la Rúa y Duhalde. Los cambios son cosméticos. Y ahora con la discusión de la "inseguridad" se preparan para reforzarlo. Son unos caraduras. Primero que agarren a los milicos, empresarios y políticos que hundieron el país y llevaron a que casi la mitad de los argentinos vivamos en la indigencia. Después que solucionen con trabajo genuino el problema del hambre y la desocupación y ahí hablamos porque queda mucho. Poner más policías para acabar con la inseguridad es ridículo. En el Jagüel, cuando no había comisaría no había ni un robo de bicicleta. Después de que la instalaron está lleno de mafias organizadas, la conclusión sacala vos. Sobre el comité de crisis lo repudio con todas las fuerzas y vamos a salir a la calle a denunciar. Aparte de la policía meten gendarmes y prefectos que estuvieron en la represión del Puente Pueyrredon y hace poco mataron a un chico de Quilmes, Damián Rosende, cuando iba a la facultad. Repito, son los primeros delincuentes, ellos son la inseguridad.
 

¿Elección de los comisarios o disolución de la policía?

Frente a la campaña sobre seguridad y la corrupción policial, personalidades como Luis Zamora o corrientes como el MST en Izquierda Unida, centran su reclamo en la elección directa de los comisarios. Este es el modelo norteamericano, donde pese a la elección del sheriff, esas fuerzas policiales son conocidas mundialmente por su racismo y por el uso y abuso que hacen de su poder. Conceptos tales como "tolerancia cero", con los que se regodean los fascistas tipo Hadad, tienen su origen en la policía de Nueva York, famosa por su gatillo fácil, centralmente contra negros y chicanos.

La postura de IU y del diputado de Autodeterminación y Libertad no enfrenta la campaña de "seguridad" impulsada por los medios y el gobierno -que también plantea formas plebiscitarias de control civil a través de encuestas- y que tiene un objetivo preciso: reestablecer la legitimidad de las instituciones represivas, la policía en particular. Basándose en el hecho aceptado como natural por la población de que el monopolio de la violencia pertenece al estado, buscan reestablecer la idea de un ejercicio racional de la fuerza, que es recubierta por el discurso de la seguridad y el respeto de la ley. Por eso la actual campaña tiende a deslindar responsabilidades en policías descarriados que enturbian a instituciones "necesarias" para mantener el orden.

Esta ideología que se intenta sembrar es una gran mentira. Como correctamente denuncia una investigadora, no existe tal antinomia: "En el devenir de la historia argentina, la policía fue incorporando la metodología de los grupos con los que se enfrentaba. Este enfrentamiento muchas veces no estaba siquiera dentro de sus funciones originarias. Sino que fue una imposición del poder político y, por lo tanto, otorgó a la fuerza carta blanca para sus movimientos, ya fuera en forma clandestina o a través de legislaciones específicas." En consecuencia "no hay «policías buenos» y «policías malos»; hay una institución simultánea creada desde la ilegalidad para cumplir funciones ilegales. Estar dentro de la institución legal o estar dentro de la ilegal es una cuestión fortuita, ya que los mismos que a veces son reivindicados como «héroes» por el cumplimiento del deber; muchas otras integran la estructura simultánea» (Alejandra Vallespir. La policía que supimos conseguir).

En fin, el accionar policial depende de las necesidades del poder político, y sus "excesos" son una consecuencia -a veces indeseada- de su mismo accionar. La posición de Zamora y del MST-IU siembra la ilusión en que esta fuerza es reformable mediante el control de la población y lo que es peor las legitima como instituciones necesarias.

Para nosotros la principal amenaza a la vida y la seguridad de los trabajadores y el pueblo es la subsistencia del capitalismo, que genera producto de su descomposición, marginalidad y pobreza extrema. El reforzamiento del andamiaje represivo busca mantener este orden social, basado en la explotación del trabajo y la propiedad privada, aceitando los mecanismos de control sobre la población. Por eso es que desde el PTS levantamos claramente la disolución de la policía y de todos los organismos de seguridad, perros guardianes de este sistema. La defensa de la seguridad de la población debe estar en sus propias manos. Para tal fin hay que luchar por una milicia basada en las organizaciones de trabajadores, ocupados y desocupados, con participación en su dirección de integrantes de organismos de derechos humanos y victimas de la represión policial e institucional.

14/7/03