15 de febrero del 2003
Una nueva ola de conflictos asoma en el horizonte, y para neutralizarlos, el Poder Ejecutivo lanzó una estrategia: la estatización de los sindicatos
Econoticiasbolivia.com
El gobierno boliviano se ha lanzado a la tarea de descabezar a los sindicatos antineoliberales y busca controlarlos en previsión a nuevos enfrentamientos, denunciaron sindicalistas de varias centrales obreras regionales, que se reunirán este domingo en Cochabamba para definir el rumbo de la lucha popular que ha ensangrentado Bolivia.
Con el "impuestazo" al salario, la popularidad del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se fue a pique. Una revuelta cívico policial derrotó esta medida, aunque con un saldo de 24 muertos a bala, más de un centenar de heridos y la destrucción parcial de oficinas públicas, sedes de los partidos de gobierno y varios negocios privados. Los sectores sociales y sindicales ahora exigen la renuncia del Presidente y el Vicepresidente de la República. El diálogo con otros movimientos insurgentes no avanza y una nueva ola de conflictos asoma en el horizonte. Y para neutralizarlos, el Poder Ejecutivo lanzó una estrategia: la estatización de los sindicatos.
El incendio y saqueo del Ministerio de Trabajo le ha caído como anillo al dedo al gobierno para justificar su decisión de no otorgar reconocimiento legal a dirigentes de las centrales obreras contrarias a la línea gubernamental. Sin ese aval, los sindicalistas deben abandonar sus funciones y constituirse en sus fuentes de trabajo, para no perder su empleo y su comisión, advirtieron los denunciantes que ven en el accionar oficial una clara intención de descabezar a las organizaciones laborales rebeldes.
El ministro de Trabajo y ex gerente de medios de comunicación, Jaime Navarro, mostró sus argumentos: "Estas organizaciones están cuestionadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros gremios de base. Además, toda la documentación en trámite fue robada y quemada. Por lo tanto, no habrá reconocimientos sindicales hasta dentro de un mes".
Frente a esta decisión, que dejará al margen de la Ley a los dirigentes sindicales, las organizaciones sociales y gremiales se reunirán el domingo 16 de febrero, en la ciudad de Cochabamba, donde evaluarán también la nueva coyuntura política sindical que vive el país, signada por una explosiva radicalidad entre los de abajo y una profunda crisis ideológica y organizativa en la dirigencia sindical.
La estatización de sindicatos tiene su historia. El 6 de febrero, mientras varios periodistas reunidos en asamblea en La Paz analizaban y cuestionaban la "presión gubernamental" en la labor periodística de varios medios de comunicación de Bolivia, una comisión de dirigentes de varios sectores laborales pidió audiencia a la reunión.
Luego de respaldar a los trabajadores de la prensa en su lucha contra el intento gubernamental de controlar los medios de información, los sindicalistas entregaron una carta pública con el título "RECHAZO AL CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIONES SOCIALES".
En sus partes más sobresalientes, el documento denuncia que el Ministerio de Trabajo, en complicidad de algunos "falsos dirigentes", estaría desarrollando una política para "desarmar" y "controlar" las organizaciones sociales que son "contestatarias al régimen".
Las Centrales Obreras Departamentales de La Paz, Oruro, Cochabamba y Uyuni, la refundada Federación de Petroleros, la Federación de Fabriles de Cochabamba - comandada por el conocido dirigente Oscar Olivera-, la Federación de Luz y Fuerza y la Federación de Fabriles de La Paz, todas de línea "antineoliberal", serían las que están en la primera "lista negra" del gobierno.
"Por el hecho de no reconocer al supuesto Comité Ejecutivo de la otrora poderosa Central Obrera Boliviana que tiene aval del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Trabajo se ha puesto a escoger dictatorialmente los dirigentes que siguen en funciones y los que no 'están reconocidos', a través de Informes y Resoluciones. Todo esto tiene el fin de poner en manos del oficialismo a gran parte los sindicatos del país", denuncia la carta de los obreros.
El trabajador fabril Luis Choquetijlla, Secretario Ejecutivo de la influyente Central Obrera de Cochabamba -departamento donde hace dos años se desató la "Guerra del Agua" y hace dos semanas se conformó una organización que le declaró la guerra al gobierno, el "Estado Mayor del Pueblo"-, mostró una prueba de esta intromisión gubernamental en los sindicatos.
Presentó un informe interno del Ministerio de Trabajo (con CITE DGAJ.No.020/2003 y firmado por Vladimiro Ergueta Vega, Director de Asuntos Sindicales) donde ordena la "conclusión del mandato sindical" de la COD de Cochabamba y recomienda la "reincorporación a sus fuentes de trabajo" de todos estos dirigentes opositores al régimen.
Ante esta grave denuncia, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz envió una carta abierta al Ministro de Trabajo, Jaime Navarro, exigiendo el "RESPETO DE LA INDEPENDENCIA SINDICAL ANTE EL ESTADO".
"Consideramos que semejante denuncia (de estatización de los sindicatos) está al margen de la Ley General del Trabajo, la Constitución Política del Estado, las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, lo que sería más grave, el mismo sistema democrático".
Nuestra experiencia gremial nos enseñó que uno de los pilares de la democracia es la "pluralidad ideológica" dentro de las organizaciones sindicales y su total independencia del Estado. Recordamos que el control de sindicatos sólo se dio en regímenes "dictatoriales" de corte "fascista", en la primera mitad del siglo pasado, afirma el documento de los periodistas.
Amparados en la decisión gubernamental, los empresarios advirtieron que ellos solo respetarán la labor de los dirigentes reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Quienes no poseen este reconocimiento escrito y firmado por el Ministro de Trabajo no representan a los trabajadores. En otras palabras, los dirigentes que no tienen este documento ministerial están al margen de la Ley y pueden ser echados de sus fuentes de trabajo.
Esta figura legal en la que se respaldan los empresarios se encuentra estatuida en un Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo. Pero, por encima de está figura legal, de acuerdo a los abogados laboralistas, está la Ley.
Concretamente, el Convenio Internacional No. 87 "SOBRE LIBERTAD SINDICAL" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), elevado a Ley, en 1962, por el Estado boliviano, afirma que el gobierno y los empresarios "no pueden involucrarse" en las decisiones de los trabajadores organizados. "Los trabajadores gozan de completa autonomía y libertad sindical".
El reconocimiento de los dirigentes rebeldes ya es parte de la conflictiva situación que vive Bolivia, y todo indica que será la correlación de fuerzas la que defina si el gobierno logra estatizar a los sindicatos independientes. Hasta ahora, la cúpula de la COB y de otras organizaciones menores está bajo el control parcial de las autoridades de gobierno (MAPP).
Tomado de Rebelión