25 de octubre del 2003
econoticiasbolivia.com
Replegadas las masas insurrectas, amainada la tormenta social, el presidente Carlos Mesa ha dejado en claro en su primera semana de gobierno que el neoliberalismo continúa plenamente vigente en Bolivia y que hay continuidad en las políticas emprendidas por el depuesto Gonzalo Sánchez de Lozada. Todo un revés para las organizaciones sociales y populares que confiaban en él. En el MAS, de Evo Morales, hay desilusión y malestar.
Desde su posesión, el pasado viernes 17 de octubre, Mesa ha hecho muchos gestos de conciliación con los sectores sociales opuestos al modelo de libre mercado, pero ha desarrollado, en los hechos, una política que no tiene, en lo sustancial, diferencias marcadas con su antecesor, considerado como uno de las mayores impulsores del neoliberalismo en Bolivia.
Así, tras posesionar a un gabinete de "tecnócratas neoliberales", el gobierno de Mesa se ha comprometido públicamente a cumplir estrictamente los acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a suscribir hasta fin de año un Tratado de libre comercio con Chile, a impulsar la exportación de gas a Estados Unidos, a revisar la Ley de Hidrocarburos en acuerdo con las transnacionales que operan en el país y a no interrumpir la política de erradicación forzosa de coca en el Chapare.
Estas políticas de libre mercado no se parecen en nada al "principio del fin del neoliberalismo", como esperaba el Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, que había confiado en que Mesa rompa con el neoliberalismo y modifique varias leyes que sustentan el modelo.
"Empezando a cambiar estas normas, uno (Mesa) desde el Palacio, otro (el MAS) desde el Congreso, poco a poco tiene que cambiarse el modelo económico orientado a que nuestras empresas y recursos naturales tienen que ser de los bolivianos", había dicho Morales a poco de ser posesionado en el Congreso el presidente Mesa.
En esa ocasión, el discurso de Mesa y sus promesas para realizar un referéndum sobre la exportación de gas a Estados Unidos y convocar a una Asamblea Constituyente habían sido consideradas por Morales, en un 80 por ciento, como un mensaje del propio MAS.
Pero ahora el lenguaje es distinto. "El presidente Mesa no puede dar continuidad a la política de Sánchez de Lozada", reclamó el jefe del MAS, partido que tuvo gran influencia en los medios sindicales a la hora de viabilizar la sucesión presidencial a favor de Mesa.
Mucho más crítico, el "Mallku" Felipe Quispe, líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, dijo que vencida la tregua de tres meses irían tras la cabeza del nuevo Presidente.
"Sabemos que Mesa es la ficha alterna de los Estados Unidos, pero le estamos dando una oportunidad para dar respuesta a las demandas de nuestra gente, sin transar con estas demandas, como ya lo ha hecho el traidor de Evo Morales", dijo al recordar que el jefe del MAS participó muy poco de la sublevación popular pero que influyó mucho para llevar a la presidencia a Mesa.
La orientación neoliberal del régimen se puso oficialmente de manifiesto cuando el ministro de Hacienda, Javier Cuevas, aseguró que se daría estricto cumplimiento a los programas suscritos con el organismo internacional, a pesar que éstos habían sido severamente cuestionados por las organizaciones sociales y laborales al considerarlos como causantes del mayor agravamiento de la crisis económica, el aumento del desempleo y el crecimiento de la pobreza, factores que impulsaron la reciente rebelión popular en Bolivia.
Es más, Cuevas, asesor económico por muchos años de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, defendió los programas del FMI como si fueran propios.
"Los programas son del gobierno de Bolivia, no son programas que imponen los organismos. Lo que si, cuando uno va a pedir plata tiene que cumplir ciertas condiciones", advirtió al anunciar que se proseguiría con la implementación del nuevo Código Tributario y la adopción de medidas restrictivas del gasto público para alcanzar las metas comprometidas del déficit fiscal.
Esta política también ha sido respaldada por el embajador de Estados Unidos, David Greenlee, quien donó ocho millones de dólares para ayudar a cerrar la brecha fiscal.
Otro elemento fundamental de la política gubernamental es la continuidad de la erradicación forzosa de coca en el Chapare, donde no hay tregua ni pausa, pese a los devaneos de Evo Morales con el nuevo régimen.
Esta política, sostenida también con firmeza desde la Embajada de Estados Unidos, provocó este jueves en el Chapare la muerte de un soldado de la Fuerza de Tarea Conjunta de erradicación y heridas en otros seis, cuando estalló un "cazabobos" (explosivo casero), muy cerca del Parque Nacional Isiboro Sécure.
La labor de erradicación de los cultivos de coca es permanente, así como los conflictos entre los productores de la hoja y efectivos de la fuerza antidroga.
Un tercer elemento que retrata a la actual administración es la prometida revisión de la Ley de Hidrocarburos, en acuerdo con las empresas transnacionales que actualmente son las propietarias del gas y el petróleo que se extrae de Bolivia.
Inicialmente, el presidente Mesa había anunciado que se intentaría lograr que la explotación de estos recursos beneficie en partes iguales a las compañías petroleras y al Estado, revirtiendo la desigual distribución de ahora (82% para las petroleras y 18% para el Estado).
Sin embargo, días después, el ministro de Hidrocarburos, Alvaro Ríos, anunció oficialmente que no había un parámetro definido sobre una nueva distribución de beneficios y, por el contrario, adelantó que cualquier posible modificación en la Ley no debería ahuyentar a la inversión extranjera. En este tema, otra vez la Embajada de Estados Unidos y la de España demandaron no afectar los intereses de las empresas de esa nacionalidad que trabajan en el país.
Pero lo que más molestó a los dirigentes de las organizaciones sindicales y populares que le dieron tregua a Mesa, fue el anuncio oficial de que el nuevo gobierno continuaba con la idea de exportar gas a los Estados Unidos por un puerto del Pacífico, proyecto que desató la sublevación civil de septiembre y octubre.
En la misma línea del depuesto Sánchez de Lozada, el ministro de Hidrocarburos de Mesa había señalado que este proyecto era vital para Bolivia y que el referéndum, que aún no tiene fecha, versaría sobre las características del proyecto de exportación. Todo esto está muy lejos de la promesa inicial de Mesa para poner en consideración de la población si se ejecutaba o no el proyecto.
Este retroceso molestó mucho a los dirigentes como Evo Morales y Jaime Solares de la Central Obrera Boliviana (COB), que hasta ahora habían dado muestras de entendimiento con el nuevo régimen.
"La posición del ministro Ríos al parecer responde al interés de las transnacionales. Las organizaciones cívicas y sociales ratifican su determinación de no vender ese recurso energético, cuya comercialización debe ser en beneficio de los bolivianos", dijo Solares.
Oscar Olivera, de la Coordinadora de Defensa del Gas, advirtió por su parte que "el Presidente está dando una mala señal al no escuchar lo que el pueblo quiere, que es no vender gas en las condiciones que pretendía imponer Gonzalo Sánchez de Lozada y las transnacionales".
Otros, más desconfiados, señalaron que las medidas anunciadas por Mesa ya se venían venir y que no cumpliría con las demandas sociales, económicas y políticas planteadas por los sectores sociales y populares movilizados hasta el 17 de octubre.
"Sabemos que el actual Presidente, Carlos Mesa, no nos va responder, sabemos que está rodeado por una logia chilenófila, sabemos que está rodeado por intereses de la oligarquía, de las transnacionales y de los Estados Unidos", dijo Roberto de La Cruz, el principal dirigente de la Central Obrera regional (COR) de El Alto.
Entre los campesinos, la protesta también se hizo sentir cuando el Canciller de la República, Juan Ignacio Siles, informó oficialmente que antes de fin de año Bolivia firmaría un tratado de libre comercio con Chile, que, según los dirigentes campesinos, sería letal para la agricultura campesina del occidente del país y muy favorable para los agroexportadores.
Desde la óptica campesina, este Tratado ahondaría la crisis productiva del agro boliviano y afectaría negativamente a los pequeños productores por la pérdida de mercados e ingresos, a partir de su aplicación en el próximo quinquenio. La eliminación de aranceles, prevista en el Tratado, acrecentará y masificará el ingreso de productos chilenos más baratos como cebolla, trigo, papa, tomate, frutas, lácteos, carnes, hortalizas y otros, lo que ocasionará que los campesinos bolivianos abandonen su producción.
"Sabemos que Mesa no es lo mejor para Bolivia. Estamos en vigilia en nuestras comunidades. No hemos bajado la guardia, la lucha continúa. Y si no cumple con nuestras demandas en 90 días, lo vamos a sacar", ratificó el "Mallku", diputado y jefe del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), donde también hay fisuras y criterios encontrados.
"No es momento de amenazas ni de dar plazos al presidente Carlos Mesa, porque el país necesita un respiro, necesita un tiempo (...) Dejémoslo trabajar, yo diría que todos los parlamentarios, todos los dirigentes estamos en la obligación de dar un hombro, una manito", replicó Juan Gabriel Bautista, diputado del MIP.
Tomado de Rebelión