14 de febrero del 2003
Las alternativas del FMI eran o "gasolinazo" o "impuestazo", y terminó siendo "pueblazo"
Bolivi@press
El Gobierno venía anunciando la necesidad de hacer ajustes importantes al Presupuesto General de la Nación para el 2003 con el fin de reducir el déficit fiscal que el 2002 llegó a un 8 %. Se supo que el FMI presionaba al Gobierno para reducir dicho déficit hasta un 3,5 %, y que en ningún caso llegara a superar el 5,5 %, y para ello el propio FMI sólo veía dos caminos:
o incrementar el precio de los carburantes ("gasolinazo") o incrementar los impuestos ("impuestazo"). El Gobierno descartó la primera alternativa y la sustituyó por el incremento del IEHD (ver arriba Noticia 3) y anunció públicamente que sumando el aporte de las petroleras a la recaudación del impuestazo y a una reducción de gastos en la burocracia estatal se lograría contar para el PGN con 39 mil millones de bolivianos (el PGN 2002 había sido de 29 mil), cantidad que permitiría encarar un programa de inversiones y de "obras con empleos".
El mero anuncio desató reacciones airadas que cualquiera hubiera entendido como peligrosas, pero que el gabinete económico simplemente no escuchó. Las personas entrevistadas en la calle expresaban que "no estaban locas" para seguir sacrificando sus ingresos en beneficio de un estado que no hacía nada por ellas. Analistas de diversas áreas comentaban que la burocracia se come el 65 % de los impuestos. Los empresarios privados advertían que dando gusto al FMI sólo se lograría aumentar la recesión y el desempleo, que al comprimir la capacidad de gasto de la población se produciría una reducción de las transacciones y un incremento en la mora bancaria, y que el resultado final sería un achicamiento de la economía y un agravamiento de la crisis.
De manera general hubo un rechazo a esa obediencia ciega al FMI. Para colmo el anuncio de reducción de salarios en los poderes Ejecutivo y Legislativo a título de compartir el peso del ajuste presupuestario, nunca llegó a concretarse en cifras (Presidente y Parlamentarios ganan Bs 30 mil, ministros 29 mil y viceministros 22 mil, y muchos superintendendentes ganan más que el Presidente, sin contar "bonos" y otras prebendas).
El Presidente lo proclamó el domingo 9 por la noche. La medida resultaba más dura de lo previsto: a partir de dos salarios mínimos (Bs 880) empezaba el descuento tributario de un 4,2 %, para incrementarse gradualmente hasta un 10,3 % para sueldos superiores a 5.000. Además ya no era posible descargar el descuento del IVA con facturas (dizque porque mucha gente utiliza facturas irregulares.). El anuncio fue breve, hizo hincapié en la necesidad perentoria de reducir el déficit y posibilitar inversiones y prometió mejores días, la misma promesa que la población viene escuchando desde el 29 de agosto de 1985.
El lunes y martes transcurrieron con amenazas de tormenta, el rechazo al Impuestazo era unánime. Los economistas coincidían con los empresarios y con los dirigentes sindicales: no se puede solucionar los problemas del país a costa de esa minoría que son los 170 mil trabajadores de la economía formal; y abundaron las propuestas alternativas: los empresarios insistían en ampliar el universo de contribuyentes y en acabar con el contrabando, además de reducir el IVA al 8 %; los dirigentes sindicales hablaban de cobrar impuestos a los eternos evasores (al respecto La Razón informaba que Impuestos Internos sostiene 1.068 juicios por más de 523 millones de dólares, mucho más de lo que el Gobierno requiere para equilibrar el déficit), incluyendo entre los eternos evasores a uno de los socios del gobierno, el Sr. Johnny Fernández; dirigentes políticos de oposición insistía en eliminar los famosos "gastos reservados"; el llamado Estado Mayor del Pueblo proponía duplicar las regalías petroleras (del 18 al 37 %) y recuperar las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva; nosotros añadiríamos la propuesta de recuperar el dinero que se va por la corrupción (según el análisis conservador del Colegio de Economistas de Bolivia, son 1.200 millones de dólares por año, el 25 % del presupuesto 2002). El martes 11 se supo que la Policía Nacional se amotinaba contra el Gobierno exigiendo no sólo la derogación de la medida sino otra serie de reivindicaciones salariales y gremiales.
El país se incendia y el Gobierno se ve obligado a retirar el Impuestazo Pese a todo lo dicho, y a las amenazas de movilización, de batalla parlamentaria y de paro general en contra de las medidas, el Gobierno se limitó a afirmar que "no habrá marcha atrás" en las medidas. Tuvieron que producirse un montón de muertos y heridos (se habla de 17 muertos [al menos 22 al momento de publicar esta nota] y 70 heridos, la mayoría policías), y otro montón de daños materiales, para que el Gobierno entendiera.
Efectivamente el miércoles, con las fuerzas policiales acuarteladas, empieza la movilización. Una marcha de colegiales enciende la chispa apedreando las ventanas del Palacio de Gobierno. Las Fuerzas Armadas (Policía Militar) acuden a reprimir a los estudiantes y se produce un feroz enfrentamiento con las fuerzas policiales que se encontraban concentradas en el cuartel del GES (Grupo Especial de Seguridad). La refriega, transmitida a todo el país, recordaba los enfrentamientos del 9 de abril y llenaba de heridos el Hospital de Clínicas. Con los primeros muertos las fuerzas policiales redoblaron su furia, mientras la población civil se iba aglutinando y empezaba a expresar la ira contenida en años. En pocas horas se saqueó e incendió el Ministerio de Trabajo, la Vicepresidencia, el Ministerio de Desarrollo Sostenible, la casa del MNR, la casa del MIR, la casa de la UCS.
El Presidente y sus ministros tuvieron que ser evacuados del Palacio de Gobierno. El humo de los incendios se mezclaba con los gases de la Policía Militar.
Mientras tanto el Vocero Presidencial y el Ministro de Defensa hacían el ridículo informando que se estaba llegando a acuerdos entre las partes involucradas y que ya la paz estaba volviendo a las calles, cuando en realidad la sede de gobierno se convertía en un infierno, a los asaltos políticos sucedían asaltos económicos y saqueos de comercios, se intentaba incendiar la Cervecería, y el fuego saltaba también al Alto y a Cochabamba, y en Santa Cruz se temía la toma de la Prefectura por parte de las fuerzas policiales.
A las 16.30 el Presidente comunicó que retiraba la propuesta de incremento tributario y rogaba que "Dios salve a Bolivia" (¿reconociendo así que él no puede hacer nada?). Pero las cosas no cambiaron. Los incendios y saqueos se prolongaron hasta altas horas de la noche. El comandante de la Policía presentó su renuncia; la agencia de noticias FIDES anunció la remoción del ministro de Gobierno; los policías velaban a sus muertos y juraban venganza.
El ministro de Trabajo y el de Educación decretaron suspensión de actividades para hoy jueves, lo mismo que la Banca. Evo Morales y el Estado Mayor del Pueblo reclaman la renuncia del Presidente y del Vicepresidente y la convocatoria a Asamblea Constituyente, con el argumento de que la única solución es "refundar el país" en base a un modelo que definitivamente no es el del actual Presidente. Reyes Villa amenazaba con pedir otro tanto. Hoy jueves el país está paralizado y se inician movilizaciones que pueden ser muy fuertes, mientras los militares y los tanques salen a la calle.
No se puede adelantar nada. El Gobierno ha firmado un convenio con la Policía, pero parece que la mayor parte de la Policía Nacional rechaza el acuerdo. Por lo demás se ha comprobado que la población está cargada de frustración y de ira. Al respecto es interesante comparar esta movilización con el "Caracazo" que asoló hace unos años la capital de Venezuela: en Caracas la poblada fue directamente a los supermercados a saciar el hambre contenida, mientras en La Paz (y otras ciudades) se expresó en primera línea la bronca política, que se concentró en los inmuebles que expresan el poder del estado y el de sus usufructuarios que son los partidos de gobierno.
Parece que los discursos pacificadores de la Iglesia, la Prensa y el Gobierno llegan poco a los ánimos de una población que ha pasado los límites de la furia, y que además puede comprobar que detrás de los discursos gubernamentales sigue la amenaza de la represión. Habrá que ver cómo evolucionan las movilizaciones del día de hoy, incluyendo el entierro de los 12 policías muertos. Por el momento ya hay otros dos muertos (uno en El Alto y otro en el Chapare) y la tensión es creciente.
Por lo demás el Gobierno se ha quedado sin proyecto para lograr el equilibrio presupuestario, y no parece que pueda estar dispuesto a aceptar las contrapuestas que hemos mencionado (en cambio sí se discute la alternativa del "gasolinazo", que provocaría reacciones todavía más radicales que las que estamos viviendo). La incertidumbre es pues total.
LOS HECHOS. Al cabo de 2 semanas de movilización (ver boletín anterior) tres cosas estaban claras: primera, la capacidad de movilización y de resistencia del movimiento campesino era superior a la que el Gobierno había supuesto; segunda, las ciudades (excepto algunos sectores) no se movilizaban; tercera, el Gobierno estaba dispuesto a imponer su autoridad a cualquier costo. Sin embargo el anuncio del "Mallku" Felipe Quispe de unirse a la movilización empujó al Gobierno a negociar con el denominado Estado Mayor del Pueblo. Así el 28 de enero se firmó un "Acta de Entendimiento" suscrita por el Gabinete ministerial, los representantes de dicho "Estado Mayor" y los facilitadores del acuerdo (Derechos Humanos, Iglesia, Defensor del Pueblo). El entendimiento consistió en la instalación de varias "mesas de trabajo" como forma de consulta social sobre los temas enarbolados por la movilización:
Gas e Hidrocarburos, Capitalización, ALCA, Tierra y Territorio, Coca, Presupuestos regionales y sectoriales, Estabilidad Laboral, Fondo de Vivienda y otros. Al cabo de dos semanas no se conocen resultados de las mesas, sino más bien la amenaza de volver a la movilización.
COMENTARIO. Varios analistas han coincidido en calificar este resultado como "empate". Si bien la movilización no consiguió sus objetivos, el Gobierno tampoco pudo mantener el "principio de autoridad" y tuvo que reconocer a Evo Morales como portavoz principal de la oposición y aceptar la existencia del "Estado Mayor del Pueblo". Por otra parte la movilización tendía a seguir extendiéndose como mancha de aceite, pese a la implacable militarización del país. A 4 días de iniciado el conflicto ya se habían sumado 7 nuevos sectores sociales, y la víspera del "entendimiento" se produjo una protesta de los padres de los conscriptos porque éstos llevaban mes y medio sin ser licenciados. Por lo demás, y pese al "entendimiento", la interpelación a 7 ministros, a causa de la represión militar, demostró la creciente división entre lo que se ha dado en llamar "las 2 Bolivias": los parlamentarios del MAS fueron duros y agresivos contra unos ministros que los ignoraban y que contaban de antemano con que la mayoría simple que tienen en el Congreso los salvarían de cualquier censura. En el tema de análisis veremos que el conflicto social nomás se sigue agravando.
LOS HECHOS. En enero, durante la movilización social antes mencionada, el Presidente de la República, dirigiéndose al cuerpo diplomático, afirmó que había ONGs que, tal vez con la complicidad de algunos gobiernos, apoyaban a movimientos "desestabilizadores" que pretendían derrocarlo. A las tres semanas el Canciller Saavedra Bruno ratificó que "hay indicios de que algunas ONGs, no gobiernos, podrían estar financiando algunos hechos que no se enmarcan dentro del objetivo al que vinieron". Dijo que las pruebas se presentarían cuando terminen las investigaciones, y anunció que se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley "para que las ONGs que vienen a contribuir a Bolivia, que vienen a colaborar económicamente a diferentes regiones del país, se inscriban legalmente y puedan presentar su contabilidad una vez por año, para que sepa el Gobierno en qué se invierten y cómo se invierten esos recursos".
COMENTARIO. Es el cuarto gobierno consecutivo que intenta controlar a las ONGs, que intenta registrarlas y que luego calcula que más de la mitad siguen siendo "informales". En primer lugar ya se ha comprobado que dicho control es difícil, pues no sólo se trata de organismos privados que tienen muchos derechos asegurados por el mismo modelo neoliberal, sino que en una importante proporción pertenecen a la Iglesia. Pero fuera de eso resulta sorprendente que semejante afirmación no vaya acompañada de datos concretos, que es lo que enseguida han reclamado varias de las redes de ONGs existentes. ¿Cuál es la ONG que apoya la subversión? ¿Cómo la apoya, dónde, cuándo, a través de qué dirigentes? Por lo que se conoce, el problema en Bolivia son en primer lugar las ONGs que no hacen nada que valga la pena y se limitan a garantizar el sueldo de determinadas personas, y en segundo lugar las que de manera pragmática se vienen dedicando a reforzar el sistema y el modelo; no se ha sabido hasta ahora de ninguna que se dedique a subvencionar la subversión. ¿No será que el Gobierno, a falta del "comunismo internacional" y del "oro de Moscú", necesita desesperadamente alguien a quien echarle la culpa de la insostenible situación que vive el país?
LOS HECHOS. El Decreto Supremo 26926 (de fecha 24-01-03) establece el incremento del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), a través de la eliminación del margen de refinación, lo que significa que el costo del congelamiento de precios de los carburantes deberán asumirlo las empresas petroleras. De esta manera el Gobierno espera recuperar 70 u 80 millones de dólares para la gestión 2003, además de asegurar precios estables para los hidrocarburos durante todo el año. Por su parte las empresas, tras un análisis de la medida, pidieron audiencia con el Presidente para expresarle su molestia (cosa que el Presidente no aceptó), a la vez que transmitían sus quejas tanto al FMI (que aparentemente habría dado su visto bueno al decreto) como a sus respectivas embajadas (básicamente las de Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil y España). Cerca de 20 ejecutivos petroleros coincidieron en afirmar que el nuevo decreto viola las reglas del juego y afecta la seguridad jurídica. El Gobierno se mantiene fuerte y asegura que nada cambiará esta medida.
COMENTARIO. Será muy importante que el Gobierno realmente mantenga su posición. Diez días antes un Juez ya había tenido la osadía de emitir por primera vez un fallo en contra de la empresa Repsol-YPF (por el despido ilegal de 16 personas) y llegó a ordenar el congelamiento de sus cuentas.
Ahora es el Poder Ejecutivo el que recorta, aunque muy modestamente, las ganancias desorbitadas de las empresas que se llevan nuestros hidrocarburos sin rendir siquiera cuentas cabales de sus ganancias. Es poco, pero es un comienzo. Todos saben, incluido el Gobierno, que Bolivia es el único país del mundo que ha entregado sus recursos a las transnacionales perdiendo el 80 por ciento de los mismos, y que el resultado es el deterioro irreversible de la economía nacional. La única solución de fondo es recuperar el control sobre nuestros hidrocarburos, meta que evidentemente está muy lejos. Pero no deja de tener importancia, aunque sólo sea simbólica, que el Gobierno se atreva a promulgar un decreto que recorta esos beneficios y que sostenga su posición.
LOS HECHOS. A dieciséis meses de supuesta reforma e institucionalización del Servicio Nacional de Caminos (SNC), la prensa da cuenta de que el Ministro de Desarrollo Económico, Óscar Farfán, pretende desarticular la autonomía de dicha institución para convertirla en una "gerencia general" subordinada al control de su Ministerio y del Viceministerio de Transportes. Farfán acusa al presidente del SNC, José María Bakovic, de ineficiencia y de no aceptar ningún control gubernamental. Por su parte Bákovic había denunciado al ministro de haber amparado la "Resolución 125" que adjudicaba ilegalmente la construcción de la carretera San José-Taperas-Roboré a la empresa Ice-Astaldi, razón por la cual Bákovic había destituido al Gerente de Planificiación y a la Asesora Legal. En estos momentos el presidente ejecutivo del SNC es atacado también por otras instancias que piden su renuncia: la empresa de peajes Cono Sur, el "Movimiento Bolivianista", la Confederación de Chóferes y una "Asociación Paceña de Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas".
COMENTARIO. Es cosa sabida que los mayores montos de corrupción en Bolivia se dan en la construcción de carreteras (corrupción que siempre ha quedado impune). Por tanto a primera vista resultan creíbles las versiones de prensa en el sentido de que ahora el MNR y el MIR intentan por todos los medios recuperar el control del SNC, y más cuando se avecina la inversión de más de 2.400 millones de dólares para obras viales hasta el 2005. Como resulta verosímil que la empresa Cono Sur, denunciada por Bákovic por malos manejos, se sume a la tarea de defenestración de dicha autoridad. Por otra parte tampoco se puede desahuciar de antemano las acusaciones contra Bákovic en el sentido de que lo maneja todo en base a una rosca de personas allegadas. Lo que está fuera de duda es que detrás de unos y de otros se mueven los intereses de las empresas constructoras que eternamente se han beneficiado con adjudicaciones (acusadas de fraudulentas), como ser Andrade-Gutiérrez, Ice-Astaldi, Ferrovial-Agroman, Forte & León etc. El SNC sigue siendo un botín.
LOS HECHOS. El 28 de enero 4 organizaciones de prensa del país se declararon en emergencia contra una "campaña de control de los medios de comunicación" por parte del Gobierno. El instrumento de dicho control sería la "Unidad de Comunicación" que estaría realizando una selección de los medios para asignarles o no publicidad. A los dos días se produjo en La Paz una marcha de periodistas amordazados; uno de sus dirigentes acusó de control de la información a Sergio Molina (Unicom), a Mauricio Balcázar y al ministro Sánchez Berzain. En este contexto se produjo el despido del Jefe de Informaciones de La Prensa y del Jefe de Prensa de Unitel, lo que motivó un paro del los trabajadores del diario y la anulación del primer despido. Una reunión de empresarios y trabajadores de prensa ha convocado al Gobierno a la transparencia en el manejo de recursos publicitarios y afirmaron contar con un instrumento permanente de defensa de la libertad de información.
COMENTARIO. Es evidente que a partir del 11 de septiembre del 2001 el modelo neoliberal ha sido perforado desde arriba (sin contar las luchas que vienen de los movimientos sociales), y parte de esa perforación es el intento de control absoluto de la información por parte de los dueños del planeta, que no parecen dispuestos a tolerar que todo el mundo sepa la realidad de lo que pasa. En tales circunstancias es comprensible que sus gobiernos subsidiarios se sientan también autorizados para controlar más groseramente que antes a la prensa, y no parece fácil que los empresarios defiendan realmente la libertad de expresión cuando en realidad vienen demostrando que lo que realmente les preocupa son sus intereses económicos, para lo que se van agrupando en consorcios que tienden al monopolio. Sólo la lucha de los periodistas podría cambiar las cosas.
* Más de 50 delegados/as de Bolivia fueron parte de los/as 100 mil asistentes al Foro Social Mundial de Porto Alegre, con una gran pluralidad de actividades y preocupaciones, que coincidieron en el rechazo a la guerra, al ALCA y al modelo neoliberal, y en la afirmación de que "otro mundo es posible". La conferencia de Evo Morales (impedido por las movilizaciones) tuvo que ser sustituida por la lectura de una carta.
* Tras una larga sequía generalizada, hacia fines de enero seis departamentos del país fueron severamente afectados por lluvias torrenciales que causaron más de diez muertos y afectaron a 25 mil familias. Dentro de este panorama de desastre destaca la riada con granizo que por segunda vez (en once meses) asoló a la ciudad de La Paz, donde los daños alcanzaron a 1,3 millones de dólares.
* El ministerio de Salud califica de "extraordinariamente preocupante" la epidemia de dengue clásico. En sólo un mes se han registrado 560 casos en las áreas tropicales del país (3 de ellos son de dengue hemorrágico, cuyo índice de mortalidad alcanza el 50 por ciento).
* El Gobierno chileno ha mostrado su disposición a pagar "una parte sustancial" por el uso que hace de las aguas del río Silala (provincia Sud Lípez), quedando por negociar cantidades y plazos. Autoridades políticas y cívicas de Potosí mostraron su satisfacción por esta posible solución a un viejo conflicto.
* Chile liberó de aranceles a 6 mil productos para el libre comercio con Bolivia, pero aparte de que sólo 34 de esos 6 mil son realmente exportables, entre ellos no se cuenta productos de vital importancia para los exportadores bolivianos como la carne de res y el azúcar.
* El Gobierno aprobó un decreto supremo que reduce (en un 12 por ciento) y congela por un año el precio del jet fuel, con la intención de apoyar a la aeronavegación, precisamente en momentos en que trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano denunciaban oscuras intenciones de algunos políticos, accionistas de AIR-BP (la proveedora de dicho combustible), que estarían intentando estrangular a la línea aérea nacional.
* El Parlamento parece no ser capaz de cubrir los 48 cargos públicos importantes que dependen de él (por lo general con dos tercios de votos, y con serias dificultades para el "cuoteo"). Entre ellos destacan 5 ministros de la Corte Suprema, 4 del Tribunal Constitucional, 2 del Consejo de la Judicatura, 7 superintendentes, 2 vocales de la Corte Nacional Electoral, el Contralor de la República y el Defensor del Pueblo.
* La Justicia embargó bienes de ENTEL porque esta empresa (transnacional) incumplió contratos de interconexión con TELECEL (también transnacional).
Por su parte ENTEL afirma que más bien es Telecel la que debe 7,6 millones, y que estos problemas "no deberían trascender al público".
* Pese a los constantes problemas climáticos, políticos y de infraestructura, las estadísticas muestran que las oleaginosas (básicamente el complejo soyero) constituyen más de un tercio de las exportaciones del país, lo que plantea algunas dudas sobre la rentabilidad de la producción de minerales e hidrocarburos.
* Nuevamente se acumulan denuncias, esta vez en Sucre, sobre el maltrato que padecen los soldados en los cuarteles, llegando al caso extremo de lesiones craneales padecidas por el soldado Jerson Navarro a manos del subteniente Edmundo Andrade. Se anuncia sanciones pero no se sabe de ninguna.
* Mientras gobiernos como los de Alemania, Francia y Bélgica cuestionan seriamente el belicismo descontrolado de la administración Bush, el Canciller de Bolivia, atribuyéndose la representación de los bolivianos (que en su mayoría expresamente no quisieron votar por él), avala los argumentos de Bush y justifica de antemano la guerra contra Irak.
Bolivia Press 2003, Nr. 2 (13 de febrero) Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB ) afiliado a las redes UNITAS y UNIBAMBA.
Enviado por Revista Koeyu Latinoamericano
Tomado de Rebelión