Febrero 13 de 2003
Carlos Iaquinandi Castro
Equipo Nizkor
Una vez más, el anuncio de medidas de ajuste aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional, ha desatado la protesta social.
A 72 horas de conocerse la intención del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de aplicar un impuesto progresivo al salario de las personas que ganan más de 880 bolivianos (el equivalente a unos 116 dólares) la reacción popular provocó graves incidentes en pleno centro de La Paz que dejaron un saldo provisional de 16 muertos y al menos un centenar de heridos.
El gobierno de Sánchez de Lozada, dispuso crear un Fondo para disminuír el déficit fiscal. La forma acordada para nutrir ese Fondo, fue aplicar un impuesto del 12 % sobre los salarios de los trabajadores bolivianos. El "impuestazo" como lo denominó la gente, debía pasar el trámite parlamentario, por lo que la Central Obrera Boliviana, y diversos sectores políticos y sociales del país anunciaron protestas y movilizaciones.
Pero quienes primero dispusieron medidas concretas de rechazo a la iniciativa del gobierno fueron suboficiales y tropa del Grupo Especial de Seguridad, -GES- una unidad antimotines de la policía, que se rebeló en la noche del martes. Otras unidades policiales se acuartelaron y anunciaron que dejaban de cumplir sus funciones hasta que fuera retirado el "impuestazo".
Estas circunstancias fueron aumentando la tensión en la capital boliviana. Los incidentes callejeros se iniciaron en la mañana de ayer miércoles, cuando un grupo de estudiantes comenzó a lanzar piedras contra la sede del gobierno en La Paz. A ellos se fueron sumando policías amotinados en su cuartel próximo a la Plaza Murillo . Momentos después, la custodia del Palacio presidencial, militares del regimiento Colorados, comenzó a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes.
Minutos mas tarde, ya pasado el mediodía, comenzaron a escucharse disparos de armas de fuego, aparentemente utilizados desde las posiciones del Ejército. A las dos y media de la tarde, los primeros informes consignaban la muerte de tres policías y una decena de heridos.
El gobierno reunido de urgencia, convoca a la calma, pero los informes que le llegan advierten de que hay síntomas de que la rebelión social puede extenderse a otras ciudades del país. El presidente anuncia al país que retira el proyecto de impuesto a los salarios. Sin embargo, la tensión generada por los enfrentamientos y el conocimiento de que se han producido muertos y numerosos heridos, hace que una hora mas tarde se reanuden los disparos en la Plaza Murillo, y se produzcan manifestaciones populares en Santa Cruz y en Cochabamba.
En Potosí los trabajadores consideran que el mensaje al país del presidente es "vacío e hipócrita". Un dirigente minero, Edgar Rojas afirma que Sánchez de Lozada "vive encerrado en su soberbia, lejos de la realidad de millones de bolivianos y de sus esfuerzos infrahumanos para subsistir con mínimos ingresos." Añade una evidencia: el presidente retrocedió en su intento de imponer por la fuerza la aprobación del "impuestazo", únicamente para salir del momento crítico creado por el solo anuncio del proyecto.
Mientras la Plaza Murillo seguía siendo escenario del enfrentamiento con armas de fuego entre policías amotinados y militares del Regimiento de Colorados, cientos de manifestantes atacaron la sede del Ministerio de Trabajo, incendiando algunas de sus oficinas. La inactividad policial facilitó que mientras tanto, otros grupos saquearan algunas tiendas y atacaran sedes bancarias. Después fueron las sedes de los partidos políticos de la coalición de gobierno los que fueron atacadas por los manifestantes. La primera fue la del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y luego la del Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido al que pertenece el presidente, y por último la del minoritario Unidad Cívica. Como bien saben muchos de nuestros lectores, hace ya muchos años que lo que expresan estas siglas partidarias no tiene nada que ver con el contenido de sus políticas. A pesar de sus nombres populistas, los tres partidos desde hace años son fieles ejecutores de políticas neoliberales y guardan obediencia debida a los mandatos de la Casa Blanca y de los grandes centros mundiales de poder económico. Los partidarios de Sánchez de Lozada que se habían atrincherado para resistir en la sede su partido, el MNR, debieron escapar como pudieron para evitar a los enfurecidos manifestantes que terminaron prendiendo fuego al local.
Reviviendo las circunstancias de la revolución de 1.952, cuando la policía se sumó a la sublevación de mineros, campesinos y otros sectores populares y terminó enfrentándose con el Ejército Boliviano, ayer el comandante de la Policía, Gral. Pardo, se sacó su uniforme y lloró en la Plaza Murillo junto a los cuerpos de los policías asesinados por los disparos de los militares, mientras sus subordinados le reclamaban armas y municiones para vengar a los caídos y atacar a los miembros del Regimiento Colorados, custodia del Palacio de gobierno.
En ese momento, el caos era total en La Paz. Manifestantes habían forzado el acceso a la sede de la Vice presidencia y habían provocado un incendio.
También fueron atacados el Banco Central y las sedes de tres canales de televisión, que debieron dejar de emitir su señal por la presión de los manifestantes que reclamaban que "dijeran la verdad de lo que sucedía". Aprovechando la situación de caos y ante la total ausencia de efectivos policiales, algunos grupos se dedicaron a atacar comercios y saquear cajeros automáticos. En muchos casos, los propios comerciantes armados, asumieron la defensa de sus establecimientos.
El retiro del plan de descontar obligatoriamente el impuesto de los salarios de los trabajadores, no fue suficiente para aplacar la indignación de los bolivianos. Es que el propio mensaje presidencial por radio y televisión, demostraba la insensibilidad de Sánchez de Lozada ante el drama social que atraviesa la mayoría de la población. Lo sienten lejano, ausente y por supuesto ajeno al sufrimiento que padecen para afrontar una vida sin horizonte.
E inevitablemente surge la reflexión: ¿El presidente ignora cual es el sentimiento de su pueblo? ¿Creía realmente que el "impuestazo" sería aceptado sin más por la población? ¿O puede ser parte de un plan para que una situación de caos e ingobernabilidad facilite que al menos una parte de la población reclame que "alguien ponga orden como sea" ?
El máximo dirigente de la oposición, el líder campesino Evo Morales ( segundo en las últimas elecciones a pocos votos de Sánchez de Lozada ) denunció que en el Alto Mando Militar boliviano, hay sectores que respaldan al gobierno y piden que se implante el estado de sitio, y hay otros que abiertamente plantean un golpe de estado con el pretexto de restituír el orden.
Evo convocó a la población para que se preparen para una resistencia civil ante cualquiera de estas dos medidas que significarían el quiebre de la democracia. Propuso como salida a la crisis el alejamiento del presidente y el vice y una convocatoria a todas las fuerzas sociales. También recordó que los dirigentes de la Confederación de Empresarios Privados han rechazado también la política económica gubernamental.
Uno de ellos, Carlos Calvo, tras reunirse con el líder de la oposición, confirmó que ambos habían coincidido en el rechazo común al "impuestazo".
Evo Morales, líder del MAS, Movimiento al Socialismo, segunda fuerza política del país, afirmó que "Sánchez de Lozada y Carlos Mesa deben irse por incapaces y asesinos".
La convocatoria de una huelga general de protesta por la Central Obrera Boliviana, encuentra respaldo en todo el país, mientras en muchos casos se producen pronunciamientos espontáneos de organizaciones sociales, políticas y sindicales.
En Chuquisaca, la Central Obrera confirmó que los trabajadores se unirán al paro nacional, reclamando la renuncia del presidente.
En Santa Cruz, 1.500 miembros de la policía - oficiales, suboficiales, cabos y tropa - se amotinaron en el patio del Penal de Palmasola e impidieron el ingreso a esa unidad del Comandante Departamental. Grover Durán, dirigente de la Asociación de Sargentos, Clases y Oficiales, dijo que toda la guarnición de Santa Cruz asumió la medida de protesta.
Esta madrugada, tras varias horas de tensa negociación, los policías amotinados y el gobierno llegaron a un acuerdo. Según el anuncio oficial, un documento de 19 puntos acordado por las partes, permitirá que la policía retome sus funciones habituales. Los dos primeros artículos son una consideración especial hacia los policías muertos en los choques con el Ejército. El gobierno se compromete a entregar una indemnización de diez mil dólares a cada una delas viudas de los policías fallecidos y el Comando General asignará un puesto de trabajo a las viudas o hijos de los uniformados muertos en la Plaza Murillo. Pero la lectura íntegra del documento permite presagiar que su alcance no se prolongará por mucho tiempo. Allí el gobierno -entre otras cosas- se compromete a mejoras salariales, sociales, planes de formación, adecuación de instalaciones y cuarteles policiales. No es la primera vez que ante una situación extrema el gobierno boliviano firma acuerdos donde prácticamente concede todos los reclamos. Salva la circunstancia, pero sigue hipotecando el futuro. Porque su más que probable incumplimiento, sólo servirá como detonante de nuevos y graves conflictos.
Las portadas de hoy en algunos de los medios de la prensa boliviana , son especialmente expresivos: "Violencia y muerte anulan el impuestazo", titula "Los Tiempos". "Presidente anuló impuestazo y pide que Dios salve a Bolivia", escribe "El Mundo". Por su parte, "El Deber" titula: "El impuestazo se borró con sangre".
Aparentemente controlado el motín policial, el país amaneció con una paralización laboral extendida. A pesar de la descompresión tardía intentada con la "marcha atrás" del proyecto presidencial, la tensión social es muy grande. Estas últimas 72 horas parecen haber puesto en evidencia la incapacidad de Gonzalo Sánchez de Lozada y de la coalición de gobierno para ejercer las funciones. Su dependencia de los dictados del Fondo Monetario Internacional, se agravó por la insensibilidad de las medidas que pretendió aplicar, y sus formas irresponsables de hacerlo. Como ocurrió hace poco mas de un año en Argentina, se han necesitado más muertes para conseguir que el pueblo sea escuchado. Pero la brecha que separa a la población civil de gran parte de los políticos se ha hecho más profunda. Está visto que la clase dirigente solo repite una y otra vez las políticas que marca la dependencia y que postergan indefinidamente el desarrollo y la justicia Y como indicábamos en la presentación de esta crónica, el pueblo boliviano percibe cada vez con mayor claridad que sólo de sus propias fuerzas, organizadas, coordinadas, desde abajo, podrá sobrevenir la profunda transformación que reclaman desde hace tantos años y a la que tiene sobrado derecho.
[Fuente: Carlos Iaquinandi Castro, Redacción de Serpal, Reus, Esp, 13feb03]
Tomado de Equipo Nizkor
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